El Parlamento Europeo aprueba el polémico acuerdo comercial con Canadá

Fuente de empleos y de inversión para unos, amenaza a la soberanía de los Estados y regalo a las multinacionales para otros, el polémico acuerdo comercial entre Canadá y la Unión Europea conocido como CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global, por sus siglas en inglés) está ya a tan solo un paso de ser una realidad, tras haber recibido este miércoles el visto bueno del Parlamento Europeo.

A la espera de que sea ratificado definitivamente por los respectivos parlamentos nacionales de la UE, el acuerdo, el mayor pacto económico bilateral negociado por la Unión hasta la fecha, podría empezar a entrar parcialmente en vigor esta misma primavera. Para bien o para mal, afectará a las vidas y las economías de millones de personas, a ambos lados del Atlántico.

El acuerdo llega en un momento crucial para las relaciones comerciales internacionales, en plena tormenta por los movimientos proteccionistas del nuevo presidente de EE UU, Donald Trump, quien ya ha sacado a su país del tratado comercial del Pacífico (TPP), y ha puesto en cuidados intensivos al TLCAN (el Tratado de Libre Comercio de América del Norte), al menos en lo que respecta a su parte mexicana.

El CETA fue respaldado en la Eurocámara con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales (ALDE), Conservadores y Reformistas (ECR), y un voto divido según delegaciones nacionales en el seno de Socialistas y Demócratas (S&D). Los Verdes y la Izquierda Unitaria se opusieron: dudan de las garantías que ofrece el acuerdo en materia laboral, protección medioambiental y sanidad, y alertan del poder que da a las multinacionales frente a las leyes nacionales. También la líder del ultraderechista Frente Nacional francés, Marine Le Pen, anunció el voto en contra de su grupo.

«Puentes en lugar de un muro»

El ministro canadiense de Comercio Internacional, François-Philippe Champagne, calificó el pacto, en declaraciones recogidas por la CBC, de «un acuerdo para el pueblo». Por su parte, Artis Pabriks, del Partido Popular Europeo, indicó que «juntos podemos construir puentes, en lugar de un muro», en clara alusión al muro que el presidente de EE UU ha ordenado construir en la frontera entre su país y México. «El CETA será un faro para futuros acuerdos comerciales en todo el mundo», añadió.

Mientras, en el exterior de la sede europarlamentaria en Estrasburgo (Francia), las plataformas contrarias al acuerdo de libre comercio y que critican la opacidad de las negociaciones llevaron a cabo una protesta pacífica que dificultó la llegada de eurodiputados a la sesión.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, intervendrá este jueves ante el pleno del Parlamento Europeo, en la que será la primera ocasión en la que un líder de este país se expresa en esta cámara.

Canadá y la UE dieron por cerradas las negociaciones en agosto de 2014, pero el acuerdo definitivo no fue suscrito hasta octubre de 2016, tras superar los recelos de varios estados miembros, en especial de Bélgica por el bloqueo ‘in extremis’ de su región valona. La práctica totalidad de las disposiciones del acuerdo entrarán en vigor de manera provisional previsiblemente en el mes de abril, si la parte canadiense también ratifica en las próximas semanas el texto negociado. Sin embargo, la aplicación definitiva y total del pacto (incluidos elementos controvertidos como los tribunales de arbitraje) no será efectiva hasta que los parlamentos nacionales y regionales competentes en los países de la UE (hasta 38 cámaras) den su aprobación, lo que puede llevar varios años.

Un gran mercado abierto

Según la Comisión Europea (CE), el CETA “eliminará los derechos de aduanas y las restricciones del acceso a los contratos públicos, abrirá el mercado de servicios, ofrecerá condiciones previsibles a los inversores y contribuirá a evitar la reproducción ilegal de las innovaciones y los productos tradicionales de la UE”. El acuerdo fija cientos de medidas y normas que regirán los intercambios comerciales entre Canadá y la UE, desde el acceso a los mercados en los diferentes sectores hasta las tarifas aduaneras, pasando por la participación de empresas extranjeras en los concursos públicos, el reconocimiento de los títulos profesionales a ambos lados del Atlántico, los estándares de protección alimenticia, sanitaria y medioambiental, el desarrollo sostenible, o la protección de los inversores, este último, uno de sus puntos más polémicos.

La CE afirma que el acuerdo eliminará casi todos los derechos de importación, lo que supondrá para los exportadores europeos “un ahorro de cerca de 500 millones de euros al año”. Además, permitirá a las empresas de la UE presentarse a licitaciones en Canadá, y acceder a los mercados de servicios y de inversión de este país; facilitará los desplazamientos temporales de ejecutivos de empresas y proveedores de servicios entre la UE y Canadá; permitirá a los arquitectos, ingenieros y contables europeos prestar servicios en Canadá; contribuirá a «acabar con las reproducciones ilegales de las innovaciones, obras de arte, marcas comerciales y alimentos tradicionales europeos en Canadá», e incrementará la cooperación entre los organismos de normalización canadienses y europeos.

La Comisión prevé que el comercio de bienes y servicios entre Canadá y la UE se incrementará en casi un 25% y que el PIB de la UE aumentará unos 12.000 millones de euros al año. Sostiene además que el CETA creará empleo y asegura que “respetará plenamente las normas europeas en ámbitos como la seguridad alimentaria y los derechos del trabajador”.

Con respecto a la agricultura, la Comisión indica que «la apertura de los mercados permite mantener precios bajos y aumentar la oferta a los consumidores», y que «la UE, gran productora de alimentos de calidad, se beneficiará de la posibilidad de vender más en un mercado [el canadiense] de renta elevada». De acuerdo con la Comisión, «los productos canadienses solo podrán importarse y venderse en la UE si cumplen plenamente la normativa», «el acuerdo no afecta a las restricciones que aplica la UE a los OMG [organismos modificados genéticamente, o transgénicos] o la carne de vacuno con hormonas de crecimiento, y tampoco restringe, ni en la UE ni en Canadá, la adopción de disposiciones legislativas en ámbitos de interés público como el medio ambiente, la salud y la seguridad».

«Destrucción de empleo» y «pérdida de derechos»

Los detractores del CETA (desde ONG a partidos políticos y plataformas cada vez mas numerosas, como Stop TTIP, cuya petición contra ambos tratados han firmado ya más de 3.200.000 personas) ponen en duda las cifras manejadas por la UE y Canadá. Según los eurodiputados del grupo Progressive Caucus del Parlamento Europeo, los resultados oficiales de la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad del CETA prevén un aumento del PIB del 0,03%, «y otros estudios independientes anticipan la destrucción de más de 200.000 puestos de trabajo en toda la UE». «La Comisión Europea —agregan— dice que el CETA es sobre todo una manera de hacer que las pequeñas empresas prosperen, pero el 99% de las pymes no exportan más allá del Atlántico. En realidad el riesgo que corren es una caída de su cuota de mercado en la UE debido a la competencia con las grandes empresas canadienses».

Por su parte, el Consejo de los Canadienses, una de las mayores organizaciones de acción social de Canadá, vaticina que el CETA provocará una caída del 0,5% del PIB de la UE y del 1% del PIB de Canadá; conllevará la pérdida de 230.000 empleos de aquí a 2023, la mayoría en Europa, y presionará a la baja los salarios.

Las principales críticas, no obstante, hacen referencia, además de al secretismo en que se ha llevado a cabo el proceso, a la pérdida de derechos y garantías. Así, el movimiento No al TTIP sostiene que el CETA «busca una restricción deliberada de la soberanía democrática y del margen de maniobra política de gobiernos y parlamentos», y que beneficia a las multinacionales en detrimento de los trabajadores, mina los estándares de protección del consumidor y el medio ambiente, pone en riesgo los derechos laborales y favorece la privatización de los servicios públicos.

También se ha denunciado que el CETA limitará la capacidad de los gobiernos para desarrollar políticas sociales, medioambientales o de género en la adjudicación de servicios públicos, y que, en materia de seguridad alimentaria, abre la puerta a graves riesgos, ya que, afirman, las normas canadienses en lo que respecta a hormonas, colorantes o productos transgénicos son más permisivas que las europeas.

El problema del arbitraje

El principal problema se encuentra en el denominado Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que establece cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los Estados y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país.

Según la Comisión Europea, este sistema tiene como objetivo proteger a los inversores extranjeros de un trato discriminatorio o injusto por parte de las administraciones, especialmente en lo referente a licencias, permisos o promesas de funcionarios del gobierno: Para quienes se oponen al CETA, sin embargo, el ICS no es más que una forma de legalizar el poder de las multinacionales por encima de las decisiones de los Estados: las grandes empresas podrán reclamar millones de euros en concepto de compensaciones cuando las leyes limiten su capacidad de ganar dinero, o frenar reformas encaminadas a la protección del medio ambiente o a garantizar los estándares laborales.

«Al igual que TransCanada demandó al gobierno de Obama por poner fin al proyecto Keystone XL (un sistema de oleoductos entre EE UU y Canadá), las empresas canadienses podrían legalmente pedir a cualquier país europeo compensaciones si tomaran medidas que afecten a sus ‘expectativas legítimas’», indican los eurodiputados del Progressive Caucus.

Canadá ocupa el duodécimo lugar entre los socios comerciales de la UE. La UE, por su parte, es el segundo socio comercial de Canadá, después de Estados Unidos, y representa el 10% de su comercio exterior. El comercio de bienes entre la UE y Canadá asciende a unos 60.000 millones de euros al año, según datos de la Comisión Europea. La UE exporta a Canadá principalmente maquinaria, equipos de transporte y productos químicos. Los servicios comerciales (esencialmente transportes, viajes, seguros y servicios de comunicación) superan los 26.000 millones de euros (datos de 2012).

Las inversiones son otro elemento fundamental de las relaciones. La UE es el segundo inversor extranjero en Canadá, y Canadá el cuarto en la UE. En 2012, las inversiones europeas en Canadá alcanzaron un valor de casi 260.000 millones de euros, y las inversiones extranjeras directas canadienses en la UE superaron los 142.000 millones de euros.

Gas ruso: la nueva guerra fría

En plena ola de frío y con temperaturas bajo cero en medio continente, millones de personas en 18 países europeos han comenzado el año congeladas. La razón: sus calefacciones no han recibido el gas que necesitan para funcionar, un gas que viene de Rusia y que, para ello, ha de atravesar Ucrania. Rusia y Ucrania mantienen desde hace años una disputa por los precios del combustible que no es sólo económica, sino también política.

Y la guerra ha vuelto a estallar: el pasado día 1, la compañía gasística rusa, Gazprom, anunció que cortaba el grifo. Desde entonces se han sucedido las negociaciones y la tensión, y muchos países han llegado a declarar el estado de emergencia. Finalmente, la Unión Europea tomó cartas en el asunto, enviando observadores para supervisar los envíos de gas ruso por territorio ucraniano

Este viernes parecía haberse llegado a un acuerdo, pero aunque el suministro comenzase hoy mismo, en muchas zonas afectadas por el corte el gas no llegará hasta dentro de al menos tres días.

Ésta es la crónica de nueve días de ‘guerra fría’ en Europa, así como las claves del conflicto y sus orígenes, en 20 preguntas y respuestas.

1. ¿Cuándo decidió cortar Rusia el suministro de gas?

Rusia suspendió el suministro de gas a Ucrania el pasado 1 de enero, tras la ruptura, un día antes, de las negociaciones entre las empresas de gas de ambos países (la rusa Gazprom y la ucraniana Naftogaz).

2. ¿Por qué ha afectado a Europa?

Porque por Ucrania pasa la gran mayoría del gas natural ruso que Gazprom exporta a los países europeos. El corte del suministro ha afectado a un total de 18 países, muchos de los cuales reciben de Rusia el 100% del gas natural que necesitan para, entre otras cosas, alimentar sus calefacciones en invierno.

La mayoría han tirando de reservas o de fuentes alternativas, pero tras nueve días de enfrentamiento y en medio de una ola de frío, las reservas han caído con rapidez.

3. ¿Qué países lo han sufrido?

Las principales víctimas han sido los países balcánicos y los de Europa del Este. Así, el impacto ha sido especialmente grave en Bulgaria y Hungría (países sin recursos propios ni alternativas de suministro), Rumanía (las autoridades aseguraron que sólo quedaba gas para cien días), Macedonia, Croacia (en estado de crisis y con reducciones en el suministro a algunos consumidores industriales), Serbia (los precios de los calefactores eléctricos han subido hasta en un 50%), Bosnia (el 100% del gas que se consume en este país procede de Rusia, y los ciudadanos agotaron las existencias de estufas eléctricas en los comercios) y Turquía.

Pero la decisión rusa también se ha sentido con fuerza en Europa Occidental. A Francia dejó de llegar el 70% del gas; Alemania, que importa de Rusia el 37% de su gas, ha estado en alerta máxima y dependiendo por completo del combustible que recibe a través de Bielorrusia, y en Italia el gas ruso se ha reducido hasta en un 90%.

Eslovaquia se vio forzada a declarar el estado de emergencia tras registrar una caída de 70% en el suministro de gas ruso. La República Checa también dejó de recibir igual cantidad del carburante, y Austria tuvo que recurrir a sus reservas para suplir el corte del combustible en un 90%.

En Grecia también ha habido problemas, pero el corte ha podido paliarse con una estación de abastecimiento puesta recientemente en funcionamiento cerca de Atenas.

4. ¿Por qué cortó Rusia el suministro?

Tras meses de negociaciones, Rusia cumplió su amenaza de cortar el suministro después de que las negociaciones entre Gazprom y Naftogaz se rompiesen, el pasado 31 de diciembre. Ambas empresas no lograron llegar a un acuerdo sobre el precio que deberá pagar Ucrania por el carburante ruso en 2009, ni sobre las tarifas correspondientes al tránsito del gas.

En noviembre del año pasado, Rusia había exigido a Ucrania que pagase a Grazpom su deuda (2,4 millones de dólares). El 4 de diciembre, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, amenazó ya con reducir el suministro de gas si Kiev no pagaba lo que debía, así como una parte por las extracciones ilegales. El día 20 de ese mismo mes, Ucrania dijo haber pagado su deuda correspondiente a noviembre y diciembre (1,5 millones de dólares).

Antes de romperse las negociaciones, Moscú propuso a Ucrania elevar el precio del gas de 179,5 dólares por mil metros cúbicos en 2008 a 250 dólares en 2009, manteniendo la tarifa de tránsito en 1,7 dólares para el transporte de cada mil metros a cien kilómetros de distancia.

Kiev, por su parte pedía mantener el precio de 2008 y cómo máximo aceptaba su aumento hasta los 235 dólares si también subía la tarifa de transito. Naftogaz declinó seguir negociando incluso ante las amenazas rusas de elevar el precio a 418 dólares por cada mil metros cúbicos.

5. ¿Son Gazprom y Naftogaz empresas privadas?

No. Pese a ser una empresa privada sobre el papel, Gazprom está controlada por el Estado ruso (antes tenía hasta un ministerio exclusivo para su gestión), aunque el 6% de la compañía está en manos de empresas alemanas. Su valor de mercado, 270.000 millones de dólares, según una estimación de 2006, la convierte en una de las mayores corporaciones del mundo. Grazpom controla el 15% de las reservas mundiales de gas y una gran cantidad de las de petróleo. Naftogaz, por su parte, está controlada en un 100% por el Estado ucraniano.

6. ¿Qué son las extracciones ilegales?

Una forma eufemística para hablar de robos de gas. Cuando Naftogaz acusó a Rusia de reducir en una sexta parte el bombeo de gas para Europa, Gazprom denunció que ese carburante es sustraído ilegalmente de los gasoductos y depósitos subterráneos por Ucrania.

Gazprom acusó a Naftogaz de «desviar» (robar) el carburante exportado por su territorio a Europa, y acto seguido incrementó el bombeo a través de Bielorrusia y Turquía para compensar esta presunta sustracción de gas.

Expertos ucranianos consultados por El País explicaron que para bombear el combustible a través de Ucrania es necesario quemar gas, que se toma del flujo general.

7. ¿Paga Ucrania un precio de mercado por el gas?

No. Ucrania paga, según Rusia, menos de la mitad de lo que pagan los países europeos. Además, disfruta de moratorias especiales en el pago de sus deudas. Ucrania mantiene estas condiciones preferentes como herencia de la época en que estaba bajo la influencia soviética.

8. ¿Qué consecuencias tiene esto?

Desde que desapareció la Unión Soviética las crisis se repiten de forma periódica. Ucrania defiende su independencia frente a Rusia, pero a la vez pretende mantener sus condiciones especiales en el pago del gas. Rusia, por su parte, se niega a conceder este trato preferencial y trata de fijar precios de mercado y plazos para las deudas.

La postura de Rusia es más dura desde que el Gobierno ucraniano de Víctor Yúshenko, surgido de la Revolución Naranja, en 2004, comenzó a acercarse a Occidente y a tratar de alejarse de la órbita de Moscú, con pretensiones incluso de ingresar en la OTAN.

9. ¿Cuándo se produjeron los primeros cortes?

Las primeras disputas comenzaron nada más derrumbarse la Unión Soviética, en los años noventa. Alegando impagos por parte de Ucrania, Rusia cortó el suministro en varias ocasiones en 1992, 1993 y 1994. Ello condujo, a su vez, a las primeras extracciones ilegales de gas en suelo ucraniano.

10. ¿Cuándo fue la primera gran crisis?

El primer conflicto importante tuvo lugar en enero de 2006, cuando, tras muchos meses de intensas negociaciones, Gazprom cortó las entregas a Ucrania después de haber pretendido subir el precio de 50 dólares por 1.000 metros cúbicos a 230 dólares.

Como ahora, muchos países europeos se vieron entonces afectados en plena ola de frío, y, también como ahora, Rusia acusó a Ucrania de robar gas. Finalmente, y tras cuatro días con el grifo cerrado, Gazprom y Naftogaz llegaron a un acuerdo y fijaron el precio en 230 dólares.

La guerra volvió a estallar en octubre del año siguiente, justo después de que se celebrasen las elecciones legislativas en Ucrania, con nuevas amenazas por parte de Rusia, lo que muchos analistas vieron como un «castigo» de Moscú al nuevo Gobierno pro occidental ucraniano. Esta vez ambos países lograron llegar a un acuerdo, pero en marzo de 2008 Gazprom redujo sus entregas a la mitad, hasta que se firmó un nuevo acuerdo sobre los precios.

Pese a que Kiev y Moscú acordaron en octubre del año pasado un protocolo para ir pasando poco a poco a precios de mercado, el tema de la deuda seguía pendiente y las negociaciones volvieron a romperse el pasado 31 de diciembre.

11. ¿Por qué se repiten las crisis?

Se trata de un tira y afloja entre ambos gobiernos. Rusia tiene en sus manos el recurso de cortar el suministro, pero esto puede ser un arma de doble filo, ya que Europa es el principal cliente de su gas, por lo que, al final, acaba siempre cediendo. Las crisis, no obstante, se cierran en falso una y otra vez, y surgen de nuevo cuando la deuda vuelve a crecer, varían los precios de mercado o se conjugan intereses políticos en ambas partes.

12. ¿Qué papel juega Ucrania?

Ucrania, que acusa a Rusia de «chantaje», alega que el problema es político y no económico. Sus gobernantes juegan ante Europa el papel de víctimas, mostrando la carta del «peligro ruso» para ganar apoyo occidental, y convencidos de que ni la UE ni EE UU les dejaran tirados frente a Rusia.

Sumida en rivalidades internas (según Moscú, el origen de la crisis se encuentra en las disputas entre el presidente ucraniano, Víctor Yúshenko, y la primer ministro, Yulia Timoshenko), y sin haber hecho una necesaria reforma de todo su sector energético, Ucrania está inmersa en una grave crisis económica (en noviembre el FMI tuvo que darle un crédito de más de 16.000 millones de dólares), que pretende compensar con la importancia estratégica de su situación geográfica. Esta situación económica desesperada le lleva, al mismo tiempo, a tratar de impedir con todos los recursos a su alcance un incremento en los precios del gas ruso.

Según Ucrania, Gazprom, con su subida de precios, estaría tratando de provocar la bancarrota de Naftogaz para poder hacerse con el control del sistema de gasoductos.

13. ¿Qué intereses tiene Rusia?

Aparte de querer mantener a Ucrania lo más pegada posible a su área de influencia, y de tratar de impedir que un territorio tan importante (tanto en términos de población como geoestratégicos) pase «a manos» occidentales, Moscú aprovecha las crisis del gas para presionar a las empresas y gobiernos europeos sobre la necesidad de que apoyen la construcción de dos grandes gasoductos (a través del Báltico y del Mar Negro), que permitirán aumentar el suministro sin tener que pasar ni por Ucrania ni por Bielorrusia.

14. ¿Cómo ha reaccionado la Unión Europea?

En un principio, la UE, como en anteriores ocasiones, declinó intervenir directamente en la crisis actual, alegando que se trataba de un problema comercial entre Ucrania y Rusia. No obstante, y ante la magnitud del problema y el hecho de que muchos de sus miembros se estaban viendo directamente afectados (entre ellos, la República Checa, que ostenta actualmente la presidencia de turno en la UE), Bruselas comenzó a adoptar un papel más activo como mediador.

El pasado día 6, la UE exigió el restablecimiento «inmediato» del suministro de gas desde Rusia y calificó la situación como «completamente inaceptable», afirmando que los cortes se habían producido sin aviso previo y «en clara contradicción» con las garantías dadas por las máximas autoridades rusas y ucranianas de que sus tensiones bilaterales no afectarían al suministro.

Dos días después, Rusia accedió finalmente al despliegue de observadores europeos en sus instalaciones para revisar la entrada de gas por Ucrania. El primer contingente del equipo de 22 observadores llegó este viernes a Kiev, con la misión de verificar que no se producen por parte de Ucrania sustracciones del gas ruso destinado a la UE.

15. ¿Se ha logrado una solución?

El principio de acuerdo alcanzado sobre el despliegue de observadores internacionales parece haber puesto a la crisis en su recta final. No obstante, y aún en el caso de que Rusia comenzase a bombear gas de nuevo hoy mismo, la Comisión Europea explicó que el gas necesitará unas 30 horas hasta llegar a la frontera ucraniana, y entre 16 y 36 horas para atravesar toda Ucrania hasta la frontera de la UE, con lo que a muchos países no llegaría el suministro hasta dentro de, al menos, tres días.

16. ¿Cuánto depende Europa del gas ruso?

La crisis del gas entre Rusia y Ucrania ha reavivado la alarma sobre la dependencia energética que la UE tiene del exterior, especialmente de Rusia, y sobre la dificultad de poner fin a esta situación, debido a su escasez de recursos y a su limitada capacidad de almacenamiento.

Del gas que la UE importa del exterior (un 60%), el 42% viene de Rusia, que envía el 80% de sus exportaciones a través de Ucrania y el 20% vía Bielorrusia. Rusia es también el principal proveedor de petróleo a la UE, con un 33% de sus importaciones, y de carbón, con un 26% de sus compras al exterior.

Los estados bálticos, Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Grecia, Austria, Hungría y la República Checa dependen de las importaciones rusas de gas en más de un 70%.

17. ¿Qué gasoductos hay entre Rusia y la UE?

El más importante es el ucraniano, que atraviesa este país y se ramifica después para llegar a los países balcánicos, los de Europa del Este, los de Centroeuropa, Alemania y Francia.

El gasoducto «Yamal Europa» cruza Bielorrusia y llega hasta Alemania a través de Polonia, y el llamado «Corriente Azul» une Rusia con Turquía, esquivando Georgia a través del Mar Negro.

18. ¿Qué proyectos de nuevos gasoductos hay?

Gazprom tiene dos grandes proyectos: los gasoductos «Corriente del Norte» y «Corriente del Sur». El primero recorrerá 1.200 kilómetros siguiendo la costa del Báltico hasta el norte de Alemania, y el segundo cruzará todo el Mar Negro hasta Grecia y, después, Italia.

Por su parte, la Unión Europea confía en su proyecto «Nabucco», en cuya financiación participa también Estados Unidos, para acabar con la dependencia del gas ruso. Este gasoducto transportará el gas de Asia Central y el Caspio, desde Turquía hasta Austria, pasando por Bulgaria, Rumanía y Hungría.

El problema es que se calcula que «Nabucco» tan sólo proveerá el 5% de las necesidades totales de gas de la UE. Otro inconveniente es que una de las rutas de enlace hasta el gasoducto en Turquía pasa por Georgia, un país cuya estabilidad sigue en entredicho, especialmente tras la operación militar rusa del pasado verano.

19. ¿Ha afectado la crisis a España?

No. España es uno de los pocos países de Europa Occidental (junto con Gran Bretaña o Irlanda), cuyo aprovisionamiento de gas natural no depende del suministro de Gazprom.

20. ¿De dónde recibimos nosotros el gas?

Por un lado, y pese a que España depende por completo del exterior para abastecerse, nuestro país ha apostado tradicionalmente por el gas natural licuado, es decir, el que se transporta en buques y no a través de gasoductos. Este gas cubre cerca del 69% de todo el consumo total.

Por otra parte, el gas que llega por gasoductos lo hace principalmente de yacimientos situados en el Norte de África, sobre todo en Argelia. Este país suministra un tercio de todo el gas que se consume en España. El otro gran proveedor es Nigeria. Entre ambos cubren más de la mitad del consumo español.

Aparte de África, España también importa gas de Oriente Medio (especialmente de Qatar, un 13%) y de América (Trinidad y Tobago suministra un 11%), según datos publicados por la Cadena Ser.
El gas que nos llega de Europa (un 5%) lo hace desde Noruega.

Plan Bolonia: ¿El futuro laboral de Europa o la universidad en manos de los empresarios?

En la madrugada de este viernes, la Policía tuvo que intervenir para evacuar a varios profesores de la Universidad de Valencia que se encontraban retenidos en la Facultad de Derecho. Unos 50 estudiantes les impedían salir tras haber bloqueado todas las salidas del edificio. Los jóvenes formaban parte de un grupo que permanecía acampado desde hacía varias semanas en el centro para protestar por la aplicación del denominado Plan Bolonia.

Como ellos, cientos de estudiantes más, sobre todo en Barcelona y en la propia Valencia, pero también en otras ciudades, han protagonizado estos días protestas, ocupaciones y encierros, en un clima de tensión que no ha dejado de crecer.

Las protestas, no obstante, vienen de lejos y se extienden por toda la comunidad universitaria, prácticamente desde que se firmó la reforma, hace ya nueve años, y especialmente desde que la ratificó el Gobierno español, el año pasado.

¿Qué es el proceso de Bolonia? ¿Qué supone para las universidades europeas? ¿Por qué protestan? ¿Qué dicen sus defensores y sus detractores? Las claves, en 20 preguntas y respuestas.

1. ¿Qué es la declaración de Bolonia?

La Declaración de Bolonia es una iniciativa para reformar el sistema educativo europeo, que fue suscrita en esta ciudad del norte de Italia, el 19 de junio de 1999, por 29 países de Europa: todos los que conformaban entonces la Unión Europea, España incluida, y otros pertenecientes al Espacio Europeo de Libre Comercio y del este y el centro del continente.

Con la firma de esta Declaración se dio paso al llamado Proceso de Bolonia, o Plan Bolonia, que ha ido perfilándose posteriormente, con diversos cambios y la inclusión de más estados, a través de cuatro nuevos acuerdos, especificados en los Comunicados de Praga (República Checa, 2001), Berlín (Alemania, 2003), Bergen (Noruega, 2005) y Londres (Reino Unido, 2007). La próxima conferencia de seguimiento se celebrará el año que viene en Lovaina (Bélgica).

2. ¿Dónde tiene su origen?

El origen de la Declaración de Bolonia se encuentra en la Carta Magna de Universidades suscrita por varios rectores de universidades europeas en 1988. Pero el paso previo determinante no se dio hasta diez años después, cuando, el 25 de mayo de 1998, los ministros de Educación de Alemania, Italia, el Reino Unido y Francia (es decir, los cuatro países de la UE que pertenecen al G7, el grupo que conforman las naciones más ricas del mundo) firmaron en París la llamada Declaración de La Sorbona.

3. ¿Quién la elaboró?

Los gobiernos de los países firmantes, con la participación de representantes estudiantiles, de la Comisión Europea y de otras organizaciones.

4. ¿Cuáles son sus objetivos?

El objetivo del Proceso de Bolonia es llevar a cabo una profunda reforma del sistema universitario en Europa, mediante la construcción del denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), diseñado a partir del modelo anglosajón y organizado, según el propio tratado, teniendo en cuenta principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad.

En este sentido, el Plan pretende conseguir, entre otras cosas, la total movilidad estudiantil dentro del continente y la homogeneización de los estudios superiores en Europa, acabando con el actual laberinto de convalidaciones.

Se pretende asimismo lograr un sistema de educación superior competitivo, atractivo para el resto del mundo, y que atraiga a estudiantes e investigadores de otros países, así como adecuar las enseñanzas a las necesidades del mercado laboral.

En general, se busca el concepto de «educación a lo largo de toda la vida» (lifelong learning, en inglés), en un proceso permanente de interacción entre formación y trabajo, y un cambio en los métodos de enseñanza, con una atención más individualizada al alumno (más tutorías y trabajo personal, menos clases tradicionales).

El fin último es incrementar el empleo en la Unión Europea.

5. ¿Qué cambios introduce?

Fundamentalmente, habrá un nuevo sistema de créditos y de titulaciones, una nueva financiación de los estudios y más movilidad para estudiantes, docentes, investigadores y personal de administración y servicios.

6. ¿Cómo es el nuevo sistema de créditos?

El crédito se constituye en la unidad de medida académica en las enseñanzas universitarias oficiales, junto con el llamado Suplemento al Título (o Suplemento de Diploma, SD), un documento adjunto al título que facilita el reconocimiento académico y profesional de las calificaciones obtenidas.

En general, todas las carreras tendrán una formación inicial de 240 créditos, equivalentes en España a cuatro años (más tiempo en el caso de algunas carreras, como Arquitectura o Medicina). Con este primer nivel de estudios se obtendrá el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

7. ¿Cómo se obtienen los créditos?

Cuentan no sólo las horas de clases teóricas (las impartidas por el profesor y las horas de examen), sino también el trabajo que debe ser realizado por el alumno (elaboración de trabajos, seminarios, horas de estudio).

En términos generales, los estudiantes deberán hacer más prácticas y tener un papel más activo. Cada crédito ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, por sus siglas en inglés) corresponde a entre 25 y 30 horas semanales, de las cuales tan sólo 10 serán lectivas.

Los créditos se anexan al título, describiendo los estudios cursados para hacer posible la homologación a nivel europeo. Con ello, y partiendo de la experiencia del actual Programa Erasmus, se pretende favorecer la movilidad estudiantil y laboral.

8. ¿Cómo son las nuevas titulaciones?

El sistema de titulaciones está estructurado en dos ciclos: Grado, de educación más generalista, y Postgrado, de educación especializada. El acceso al segundo ciclo requiere haber completado con éxito el primer ciclo en un periodo mínimo de tres años (en España, salvo excepciones, cuatro). Con el segundo ciclo se obtiene el grado de maestría (Master) y/o doctor (Doctorado).

9. ¿Desaparecerán las diplomaturas?

Sí. Ya no habrá ni diplomaturas ni licenciaturas, sino, como en el sistema anglosajón, las mencionadas titulaciones de Grado (el bachelor inglés) y Postgrado.

10. ¿Qué implicaciones económicas tiene esto?

Importantes. La especialización (el segundo ciclo) tendrá un precio de entre 1.400 y 2.000 euros por curso.

El Gobierno español está elaborando un plan de financiación para la Universidad, del que no se descarta el modelo mixto, mezcla de fondos públicos y privados

11. ¿Cuáles son las principales críticas?

Los detractores del Plan Bolonia destacan que, en la práctica, el sistema de créditos introducido equipara el horario estudiantil a un horario laboral, debido al aumento de horas obligatorias, e impide compaginar los estudios con un trabajo.

Con respecto a las nuevas titulaciones, quienes se oponen al Plan denuncian que el incremento del gasto económico necesario para obtener las de segundo ciclo se traducirá en una elitización de la Universidad, ya que no todos los estudiantes podrán permitírselo.

En este sentido, señalan que dejarán de existir las actuales becas, que serán sustituidas por las llamadas becas-préstamos (préstamos bancarios a devolver con intereses). También critican que el título de Grado será comparable a la actual FP y que supondrá una formación básica y poco especializada encaminada a la obtención de trabajadores precarios.

Se critica también que las carreras que se impartan en las universidades estarán a partir de ahora basadas en criterios de pura rentabilidad, establecidos por la Agencia de Evaluación Nacional de Calidad y Acreditación (ANECA), lo que conllevará la marginación de las carreras menos técnicas o «prácticas».

Algunos críticos han señalado también el hecho de que, más allá de disfrutar de una beca Erasmus de un año, en España el número de alumnos que desea estudiar, o trabajar después, en otros países no es lo suficientemente grande como para justificar una reforma de estas dimensiones.

También se ha denunciado que el Plan se aprobó sin el necesario debate público previo.

12. ¿Cuál es la crítica de fondo?

La mayoría de las críticas contra el Plan Bolonia denuncian que las reformas introducidas tienden a la mercantilización del mundo universitario y se han hecho atendiendo más a los intereses económicos de los grandes conglomerados empresariales que a los de la comunidad educativa.

Los detractores del Proceso señalan que el pretendido objetivo positivo de crear un espacio común educativo esconde la idea de convertir la universidad europea en tan sólo una cantera para las grandes empresas, dejando a un lado su papel como lugar de formación y desarrollo humanos, y pasando a ser una mera fábrica de individuos válidos para el mercado laboral.

13. ¿Qué argumentan sus defensores?

Los defensores del Plan Bolonia sostienen que éste mejorará las salidas laborales de los universitarios, ya que sus títulos estarán reconocidos en todos los países firmantes, y los nuevos planes de estudios estarán más orientados a la formación de profesionales demandados por la sociedad, con una mayor especialización.

Con respecto al sistema de créditos, consideran que organiza de un modo más real el tiempo de los estudiantes, estableciendo límites de horas y creando la posibilidad de estudiar a tiempo parcial para poder trabajar, matriculándose en menos créditos. También defienden que se valore más el trabajo global del alumno y su iniciativa que el hecho de simplemente asistir a clases magistrales.

Argumentan asimismo que el sistema de Grado y Postgrado es el que funciona actualmente en la mayoría de los países del mundo.

Básicamente, los defensores del Plan entienden que se trata de una apuesta estratégica a medio y largo y plazo para mejorar la sociedad europea en su conjunto a través de la creación de empleo, y mediante un sistema universitario más racional y universal. La nueva sociedad europea, entienden, necesita universitarios formados más en consonancia con las necesidades laborales actuales, más adaptables y más dispuestos a cambiar de lugar y de puesto.

Esta misma semana, el consejero de Universidades de la Generalitat de Cataluña, Josep Huguet, advirtió a los estudiantes contrarios al Plan que «la alternativa no es nada más que la autarquía» y «el regreso a un modelo de universidad franquista».

14. ¿Es un tratado de cumplimiento inmediato?

No. Se trata de una declaración política realizada en torno a diversos acuerdos y compromisos, que establece un plazo, hasta el año 2010, para la consecución del EEES. Contempla fases bienales de ejecución, cada una de las cuales finaliza mediante la correspondiente Conferencia Ministerial, que revisa lo conseguido y establece directrices para el futuro.

15. ¿Qué países lo han firmado?

La Declaración de Bolonia ha sido firmada, hasta el momento, por 47 países. En 1999 lo hicieron Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza. Croacia, Chipre, Turquía y Liechtenstein la suscribieron en 2001. Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, el Vaticano, Macedonia, Rusia y Serbia lo hicieron en 2003; Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania, en 2005 y, finalmente, Montenegro, en 2007.

Kirguistán, Israel, Kosovo y la República Turca del Norte del Chipre han solicitado ser incluidos en el Proceso, pero han sido rechazados, los tres primeros, por no firmar parte de la Convención Cultural Europea del Consejo de Europa, y el cuarto, por no ser reconocido como entidad política independiente por ninguno de los firmantes de la Declaración.

16. ¿Cómo se está aplicando en España?

La Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, que modificó la Ley Orgánica de Universidades (LOU), de 2001, sentó las bases en nuestro país de cara a la plena integración del sistema universitario español en el EEES. Antes, en septiembre de 2003, el Consejo de Ministros ya había aprobado el nuevo Sistema Europeo de Créditos y el de Calificaciones en las titulaciones universitarias, y en octubre del año pasado hizo lo propio con el de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, que fija la nueva estructura europea de títulos.

En España, la aplicación del Proceso de Bolonia, cuya primera experiencia piloto se llevó a cabo en la Universidad de Murcia, en el curso 2005–2006, tenía previsto que a partir del presente curso 2008–2009 empezasen a desaparecer las licenciaturas y diplomaturas actuales. No obstante, hasta 2015 los universitarios que cursen estudios anteriores al Plan Bolonia podrán elegir entre continuar en el régimen en el que comenzaron u optar por el nuevo modelo.

Los estudios de Grado se completarán en nuestro país en cuatro cursos lectivos y 240 créditos, excepto Arquitectura, con 300 créditos y Medicina, con 360.

Para acceder a los estudios de Master, que decide cada universidad, será imprescindible el título de Grado y haber superado un mínimo de 60 créditos y un máximo de 120.

El tercer ciclo, o estudios de Doctorado (entre 3 ó 4 años), incluye un periodo de formación y otro de investigación, requiere la presentación de la tesis doctoral y es imprescindible haber superado un mínimo de 300 créditos entre el primer y segundo ciclo, con el requisito de que un mínimo de 60 correspondan a enseñanzas de Postgrado.

17. ¿Qué carreras habrá en España?

Para el presente curso 2008–2009 estaba previsto que pudieran cursase en España un total de 162 carreras, correspondientes a las ramas de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura, todas ellas adaptadas a la UE y validadas por la mencionada Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con el visto bueno del Consejo de Universidades.

De las 162 carreras diseñadas por las universidades, 92, es decir, el 57%, las impartirán 17 universidades privadas y de la Iglesia, y 16 públicas impartirán el resto.

18. ¿Qué es la ANECA?

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, fue creada en 2002 y tiene la misión de evaluar, certificar y acreditar las enseñanzas superiores, los profesores y las instituciones.

19. ¿Cuáles han sido y son las principales protestas?

Manifestaciones, huelgas, encierros… Estudiantes de toda España han salido a la calle en contra del nuevo modelo universitario, si bien las mayores protestas, que han explotado en las últimas semanas, se han centrado, sobre todo, en Granada, Barcelona, Murcia, Sevilla y Madrid.

En abril y mayo de este año un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona fueron expedientados tras asaltar el despacho del rector durante las protestas. Podrían ser expulsados de la Universidad por un periodo de hasta once años.

En Madrid, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, 200 estudiantes permanecieron encerrados entre abril y junio. En la Universidad de Barcelona más de 300 estudiantes seguían durmiendo hasta este viernes en pasillos y aulas de seis facultades. En la Autónoma de Barcelona 160 alumnos de Filosofía y Letras y de Comunicación realizaban «piquetes informativos» y prácticamente habían paralizado la actividad en los centros. En Valencia, esta semana había todavía encierros en siete centros de la Universidad: Historia, Filosofía, Filología, Medicina y Psicología.

En algunas de estas manifestaciones se han producido duros enfrentamientos entre los estudiantes y la Policía.

Fuera de España también ha habido numerosas protestas, las más importantes, en Grecia, donde el Gobierno se ha llegado a plantear una revisión a fondo de la reforma.

Contra el Proceso de Bolonia se han manifestado no sólo los estudiantes, sino también profesores y políticos.

20. ¿Qué postura tiene el Gobierno?

El Gobierno, al igual que los principales partidos políticos, apoya el Plan. No obstante, y según informó el diario El País, el Ejecutivo ha accedido a revisar las «cuestiones que no estén funcionando bien» y «está abierto a realizar ciertos cambios», como la eliminación del exceso de documentación que pide a los centros la ANECA para aprobar las nuevas titulaciones, o la revisión de los equipos de evaluación que las realizan.

Por su parte, y según señaló el mencionado diario, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, mantendrá en los próximos días un encuentro con los rectores de los cinco centros universitarios más afectados, y el día 4 se ha convocado, además, una sesión extraordinaria de Consejo de Universidades para abordar el problema.

Garmendia afirmó el pasado día 17 que la implantación del EEES en España, «no supondrá la mercantilización de las universidades». «Yo les preguntaría a los estudiantes: ¿Te gustaría tener que estar dos años para homologar tu título en un país diferente al tuyo?», dijo.