Frentes judiciales, menos medios amigos, la sombra del Capitolio, rivales fuertes… Trump vuelve cuesta arriba a la carrera presidencial

«Devolver la gloria» a Estados Unidos; un país «en decadencia», «invadido» y «de rodillas»; «voy a ser vuestra voz»; «soy una víctima»… Con un discurso lleno de sus habituales hipérboles, y recurriendo una vez más al victimismo, al populismo y al nativismo más básico, Donald Trump confirmó este martes oficialmente que volverá a intentar ser el candidato de su partido en las elecciones presidenciales de 2024, abriendo así la carrera por la nominación republicana.

Trump, de 76 años, escogió la opulencia de su mansión de Mar-a-Lago en Florida para hacer un anuncio que venía insinuando desde hace meses, y que ahora llega en un momento en que su estrella política no es lo que solía ser, con problemas, además, tanto con la Justicia como en el Congreso.

Será la tercera vez que compita por ser candidato a la Casa Blanca. Lo hizo en 2000 por un partido alternativo, después ya como republicano en 2016 —su por ahora único intento victorioso—, y finalmente en 2020, cuando acabó siendo vencido por el hoy presidente, Joe Biden, aunque nunca haya admitido su derrota y siga atribuyendo el resultado de las elecciones a «un robo».

Antes de él, únicamente seis expresidentes han intentado regresar a la Casa Blanca después de haberla abandonado, y solo uno, Stephen Grover Cleveland, lo logró… en 1893.

En su anuncio del martes, Trump se mostró seguro de que logrará más votos en 2024 que en 2016, sin llegar a mencionar siquiera que para ser candidato deberá primero ganar las primarias republicanas.

Sin embargo, las encuestas sobre intención de voto para esas primarias le son adversas, y hay numerosos políticos republicanos que, discretamente, señalan ya que Trump no debe ser la opción.

Por si fuera poco, medios de comunicación que fueron sus mayores propagandistas le han dado la espalda, o ya no le tienden la alfombra roja que solían poner a su disposición.

‘Hombre de Florida hace anuncio’

Su tradicional bastión, Fox News, por ejemplo, no retransmitió íntegramente su anuncio del martes, que interrumpió para dar paso a sus analistas, eso sí, después de dejar hablar al expresidente durante unos 40 minutos (CNN aguantó solo 20, y MSNBC no llegó ni a conectar en directo).

La cadena conservadora de televisión no es, además, la única rama del imperio mediático de Rupert Murdoch que se ha distanciado de Trump, que parece haber sido abandonado a su suerte por el magnate australiano, mientras antiguos aduladores le culpan ahora de que el Partido Republicano no haya sido capaz de lograr una victoria clara en las elecciones de medio mandato (han conseguido la mayoría en la Cámara de Representantes, pero no el Senado).

Aparte del más previsible ataque de The Wall Street Journal, uno de cuyos editoriales llevó por título «Trump es el mayor perdedor del Partido Republicano», la bofetada más dura desde los medios de Murdoch (hasta ahora) ha llegado nada menos que desde el tabloide New York Post. En la parte de abajo de su portada de este miércoles, apenas destacado, podía leerse: «Hombre de Florida hace anuncio».

Y un ejemplo más: la revista National Review, toda una institución en el periodismo conservador en EE UU, publicó este mismo miércoles un editorial titulado escuetamente «No», en el que describe la candidatura presidencial de Trump como una «invitación a redoblar los atropellos y fracasos de los últimos años que los republicanos deberían rechazar sin vacilar ni dudar».

Rivales de peso

Otra de las grandes diferencias con respecto a su anterior carrera para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca es que esta vez sus posibles rivales no se lo van a poner tan fácil.

Los últimos sondeos indican que el flamante reelegido gobernador de Florida, su exaliado Ron DeSantis —que aún no ha desvelado si se presentará o no—, le sacaría una ventaja significativa si finalmente se diera un duelo entre ambos en las primarias. A tenor de los recientes ataques y burlas de Trump contra la emergente estrella republicana, a quien el expresidente llama «Ron DeSanturrón», puede avecinarse una guerra sin cuartel. Más aún teniendo en cuenta que el gobernador está ganando cada vez más apoyo en medios como la propia Fox News.

El otro nombre que suena con fuerza es Mike Pence, que fue su vicepresidente, y que acaba de sacar un libro en el que Trump no sale nada bien parado. «Hay mejores opciones», dijo Pence sobre su antiguo jefe en una reciente entrevista. En cuanto a sus intenciones de competir él mismo por la nominación tan solo mencionó que lo «está considerando».

Ante la Justicia, frente al Congreso, y sin sus hijos

Trump atraviesa además por un periodo especialmente difícil, con diferentes frentes abiertos ante la Justicia y en el Congreso. En el primer caso, por las finanzas de su empresa familiar, y en el segundo, por el asalto al Capitolio de enero de 2021 por parte de una turba de seguidores suyos, a los que antes había arengado en un mitin para que defendiesen su supuesta victoria electoral.

En su discurso de este martes, Trump no dudó en describirse como «una víctima», «perseguido» por una confabulación de toda clase de fuerzas y peor tratado que el gángster Al Capone.

Por otra parte, tampoco parece que vaya a tener en esta ocasión el apoyo directo de sus hijos con el que ha contado otras veces. Durante su esperado anuncio de este martes no estuvo presente ninguno de ellos. En un comunicado tras el discurso, Ivanka dijo que «amo a mi padre», pero que «esta vez he decidido darle prioridad a mis hijos pequeños y la vida privada», añadiendo que «no tengo planeado estar involucrada en política». Donald Trump Junior alegó por su parte haber perdido un avión, y Tiffany se encuentra de luna de miel. Solo estuvo, entre el público, Eric, su hijo con Melania, de 16 años.

Y aún así…

Trump confía en que el anuncio de su entrada en las primarias republicanas insufle un nuevo aire de optimismo en las filas de un partido que había apostado por lograr mejores resultados en las elecciones de mitad de mandato aprovechando la caída de popularidad de la Administración de Biden. 

En la tarea pesarán, sin duda, sus años al frente de la Casa Blanca, incluyendo su criticada gestión de la pandemia o el dudoso honor de ser el primer presidente de Estados Unidos en haberse tenido que enfrentar a dos juicios políticos.

Y a pesar de todo, la candidatura de Trump, que provoca tanto entusiasmo como temor dentro de su propio partido, es, a día de hoy, la favorita. No en vano, el magnate sabe bien lo que es moverse en unas primarias: en 2016 no dudó en atacar con especial virulencia a la docena de oponentes que se postulaban como candidatos, provocando perplejidad dentro del partido, pero las delicias de un electorado de base que más tarde se convertiría en el principal activo de su mandato. 

Esa base incondicional sigue siendo, de momento, su principal esperanza.


Con información de Efe y Europa Press.

Elecciones legislativas en EE UU: por qué son cruciales, qué está en juego y cómo llegan republicanos y demócratas

Estados Unidos celebra este martes día 8 elecciones legislativas, unos comicios que decidirán la nueva composición de las dos cámaras del Congreso (la Cámara de Representantes, o Cámara Baja; y el Senado, o Cámara Alta), y que determinarán por tanto el margen de maniobra que tendrá Joe Biden durante el resto de su actual presidencia. Las legislativas se celebran cada dos años, por lo que tienen lugar a medio mandato. Son consideradas por ello, además, una oportunidad para que los votantes se pronuncien, aunque sea indirectamente, sobre la labor presidencial.

En 36 estados se celebrarán además votaciones para elegir gobernadores y secretarios estatales. Estos últimos son los encargados de ratificar el recuento de votos en las elecciones presidenciales, una labor crucial, a la vista de lo ocurrido en los últimos comicios.

Biden lleva semanas intentando convencer a los votantes de que estas serán unas elecciones decisivas en temas clave como el aborto, las armas o el matrimonio igualitario, sobre los que ha prometido legislar a nivel federal si logra conseguir mayorías suficientes en el Congreso. «Estas son las elecciones de medio mandato más importantes de nuestras vidas. Y eso no es una hipérbole. Van a dar forma a cómo será este país durante la próxima década o más. No es una broma», dijo el presidente hace una semana, al votar por adelantado en Delaware, su estado natal.

El presidente ha llegado a decir, varias veces, que «la democracia está en peligro», durante una campaña que tanto el actual mandatario como su antecesor, Donald Trump, han convertido en una especie de continuación de los comicios de 2020, y en un adelanto de lo que puede pasar en los de 2024. 

Biden ha arremetido contra los candidatos apoyados por Trump —a los que llama «republicanos MAGA», acrónimo de «Make America Great Again» (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo), el eslogan de campaña y de la presidencia de Trump— y ha definido los comicios como «una batalla por el alma» de EE UU.

«Esta es una elección entre dos visiones diferentes de Estados Unidos», dijo Biden este domingo en Filadelfia, durante un mitin multitudinario en el que apareció junto al expresidente Barack Obama, y en el que el mensaje principal fue pedir a los ciudadanos que voten. Unos 36 millones de personas ya lo han hecho por adelantado, pero los demócratas necesitan lograr una alta participación para ganar las batallas claves.

Trump, vivito y coleando

Por su parte, Trump, que sigue siendo el líder de Partido Republicano, ha jugado durante la campaña un papel cuya intensidad no tiene prácticamente precedentes. 

Históricamente, los expresidentes suelen adoptar un perfil político bajo tras dejar la Casa Blanca. Trump, sin embargo, sigue sin reconocer su derrota frente a Biden, ha continuado propagando sus mentiras sobre fraude electoral, ha recaudado millones de dólares para los candidatos que le son fieles y, lo más importante, ha ido dejando cada vez más claras sus intenciones, adelantando que «muy probablemente» volverá a ser candidato en las presidenciales de 2024.

Estas elecciones serán, además, las primeras que celebra el país desde el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Trump irrumpió en el Congreso para impedir que se ratificara la victoria de Biden. Es una herida que aún no ha acabado de cicatrizar, en un contexto en el que se ha disparado la polarización ideológica.

A mediados de octubre, el grupo de expertos Soufan Group alertaba en un informe sobre la posibilidad de un nuevo estallido de violencia política durante estas elecciones legislativas, debido a la situación de «hiperpartidismo» que, señalaban, atraviesa el país, alimentado en particular por redes sociales de ultraderecha. Este estado de crispación alcanzó su máxima expresión en el ataque sufrido el 28 de ese mes por Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Soufan describió la situación actual como resultado de multitud de temas de discordia entre demócratas y republicanos durante los dos primeros años de la administración Biden, incluyendo la histórica decisión del conservador Tribunal Supremo contra el aborto, la lucha contra la pandemia, la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania (en especial la subida de la inflación), los procesos judiciales contra los participantes en el asalto al Capitolio, o la investigación abierta contra Trump.

En este contexto se ha vuelto especialmente complicado llegar a pactos que hagan posible que una formación apruebe nuevas leyes, a menos que ostente tanto la presidencia como el liderazgo de las dos cámaras.

Así, si los republicanos recuperan el poder legislativo pueden obstaculizar los intentos de la Administración demócrata de Biden de sacar adelante nuevas propuestas. Ya han avisado de que se plantean utilizar una potencial mayoría para impulsar una avalancha de investigaciones, entre ellas una sobre las razones del registro de la mansión de Trump en Florida, y no descartan incluso la puesta en marcha de un juicio político (impeachment) contra el actual presidente.

Qué está en juego

La Cámara de Representantes se renueva íntegramente cada dos años. Sus 435 escaños se reparten en función de la población de cada uno de los estados (California, el más poblado, cuenta con 52 congresistas; Wyoming, el de menos habitantes, con solo uno).

Actualmente, los demócratas controlan este órgano legislativo gracias a sus 220 escaños, ocho más que los republicanos, lo que permite al partido de Biden aprobar sin problemas cualquier proyecto, o incluso impulsar iniciativas como la investigación por el asalto al Capitolio.

El Senado, por su parte, se renueva por tercios, con dos escaños por estado, independientemente de su población. Cada senador obtiene un mandato de seis años y, en esta ocasión, están en juego 35 escaños procedentes de un total de 34 estados.

La Cámara Alta, que tiene entre sus competencias avalar o tumbar cargos públicos o jueces nombrados por el presidente, está actualmente dividida, con 50 escaños para cada uno de los dos grandes partidos. Sin embargo, técnicamente, está controlada por los demócratas, ya que el voto de desempate recae en la Presidencia del Senado, ejercida por la ‘número dos’ de Biden, la vicepresidenta del país, Kamala Harris.

Controlar al menos una de las cámaras es clave para cualquiera de los dos grandes partidos, ya que permite promover una agenda legislativa propia u obstaculizar la del contrario. El presidente, no obstante, tiene margen para promulgar o vetar las leyes que emanen del Congreso.

Qué puede ocurrir

Tradicionalmente el partido en la Casa Blanca se ve penalizado en las elecciones de medio mandato, y esta vez no parece ser una excepción: tras un inicio de campaña optimista para el bando demócrata, la balanza en los sondeos se ha ido inclinando cada vez más en favor de los republicanos, espoleados, más allá de las llamadas ‘guerras culturales’, por una campaña centrada en culpar a las políticas demócratas de la inflación desbocada que sufre el país.

La media ponderada de encuestas elaborada por la web FiveThirtyEight otorga a los demócratas un 45% de posibilidades de mantener su ventaja en el Senado y solo un 16% de hacerlo en la Cámara de Representantes.

El escenario más probable apunta, por tanto, a una victoria republicana en la Cámara de Representantes. De ser así, Biden y sus seguidores perderían capacidad para promover algunas de las medidas que han prometido impulsar, como una ley federal para el derecho al aborto, salvaguardar el matrimonio entre personas del mismo sexo, o introducir nuevos controles a la venta de armas de asalto.

El Partido Republicano, además, lograría revertir la tendencia de las últimas elecciones en un contexto clave, previo a las presidenciales de 2024, y contaría con uno de sus miembros como tercera máxima autoridad del país. El actual líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, es la opción más probable para presidir el órgano.

Mientras, en el Senado, los demócratas tienen, en principio, más opciones de conservar el control, aunque todo indica que no habrá grandes desequilibrios en favor de ninguna de las dos partes. 

Si los republicanos diesen la sorpresa y controlasen también la Cámara Alta, se complicaría la estabilidad política de Biden, al que solo le quedaría recurrir a la herramienta del veto y esperar una suerte mejor a dos años vista. Sin ninguna de las dos cámaras bajo su control, el presidente estaría abocado a centrarse en temas que no dependan tanto del aval del Congreso, como propuestas en política exterior, si quiere dejar algún legado de calado en sus últimos años o reforzar su campaña de cara a la potencial reelección en las presidenciales de 2024.

Los estados clave

Pensilvania, Nevada, Georgia, Ohio, Arizona, Michigan y Wisconsin ocuparán la atención en la noche electoral.

La carrera será particularmente dura en Arizona, Georgia o Pensilvania. En Georgia, Raphael Warnock y Herschel Walker están empatados en intención de voto al 48% para el Senado. Lo mismo ocurre en Arizona, donde el demócrata Mark Kelly saca ventajas de apenas entre uno y dos puntos al republicano Blake Masters. 

En Pensilvania, todo apunta a que el «gigante» John Fetterman, demócrata, obtendrá la victoria sobre el candidato republicano, el cirujano y presentador de televisión Mehmet Oz, un candidato emergido, como Walker, al calor del trumpismo. Pero no es descartable un vuelco.

Pensilvania, que podría determinar qué partido controla el Senado, tiene además un gran significado simbólico: Obama ganó este estado en los comicios de 2008 y 2012, Trump se lo arrebató a los demócratas en 2016, y Biden lo recuperó en 2020.

Aborto, armas, marihuana…

Al margen de las elecciones legislativas, en 36 estados se celebrarán votaciones para elegir gobernador y multitud de cargos estatales y locales, entre ellos las mencionadas Secretarías de Estado.

Los sondeos pronostican suertes diversas para los partidos: los demócratas pueden recuperar Masachusets y Maryland y los republicanos Nevada, Wisconsin e incluso Oregón, donde la irrupción de un tercer candidato ha marcado la carrera.

También habrá elecciones locales en decenas de ciudades, mientras que se someterán a votación más de un centenar de medidas de ámbito estatal.

En varios estados se votarán propuestas que pueden restringir el derecho al aborto tras el histórico fallo del Tribunal Supremo en su contra (California, Míchigan y Vermont buscan blindar su acceso, mientras que Kentucky y Montana quieren limitarlo más aún), y la lista total incluye iniciativas sobre las armas, el juego, la marihuana (cinco estados plantean su uso con fines recreativos), o la prohibición de la llamada «servidumbre impuesta» como castigo, un punto que afecta a las personas encarceladas y al trabajo que en ocasiones efectúan en prisión sin remuneración a cambio.


Con información de Efe y Europa Press

EE UU intenta superar el trauma del asalto al Capitolio un año después, con Trump cada vez más contra las cuerdas

El 6 de enero de 2021 fue un día que quedará grabado para siempre en la memoria de los estadounidenses. En un ataque sin precedentes, retransmitido en directo por televisión, una turba de simpatizantes del entonces presidente, Donald Trump, destrozaba las puertas y ventanas de la sede del Congreso, en Washington DC, e irrumpía en el Capitolio, interrumpiendo la sesión conjunta del poder legislativo que se disponía a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

El asalto se produjo justo después de un incendiario mitin de Trump, en el que el mandatario agitó sus mentiras sobre un supuesto fraude electoral, y alentó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y «luchar». Tras el discurso, unas 10.000 personas se dirigieron hacia el Congreso y, tras rodearlo, cerca de 800 lograron entrar en el emblemático edificio, superando las barreras policiales y obligando a los legisladores a buscar refugio a toda prisa.

Las imágenes surrealistas que se produjeron entonces, con energúmenos campando a sus anchas por las instalaciones, ataviados con exóticas vestimentas y parafernalia trumpista, y causando destrozos mientras ondeaban banderas confederadas, dieron la vuelta al mundo y continúan aún en la retina de los ciudadanos.

La jornada terminó con el trágico balance de cinco muertos, cerca de 140 agentes heridos y el trauma colectivo de haber visto amenazado el corazón mismo de las instituciones democráticas del país.

Ya de madrugada, el Congreso cumplió con su misión de certificar la victoria de Biden en las elecciones y la derrota de Trump, quien posteriormente se convertiría en el único presidente de la historia de EE UU en superar un segundo impeachment (juicio político), impulsado esta vez bajo la acusación de incitar la insurrección.

Un año después, la herida sigue abierta: el 68% de los votantes republicanos piensa todavía que a Trump le robaron las elecciones y que, por tanto, Biden ejerce su poder de forma ilegítima, según una encuesta de noviembre de la firma demoscópica PRRI.

Contra «el odio» y «las mentiras»

Biden, por su parte, dará este jueves un discurso en el que, según ha adelantado la Casa Blanca, condenará el «odio» que provocó el ataque y las «mentiras» que desde entonces han difundido Trump y sus aliados, apoyándose en teorías de la conspiración, según las cuales los asaltantes no fueron seguidores del entonces presidente, a pesar de que varias investigaciones han demostrado ya que sí lo eran.

«El presidente hablará del significado histórico del 6 de enero [de 2021], y de lo que supone para el país un año después», dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Tanto Biden como la vicepresidenta, Kamala Harris, pronunciarán sendos discursos desde el mismo Capitolio, donde hay programados varios actos solemnes con motivo del primer aniversario del asalto.

«El presidente hablará sobre la verdad de lo que ocurrió, no sobre las mentiras que algunos han difundido desde entonces, y sobre el peligro que ha supuesto para la legalidad y para nuestro sistema de Gobierno democrático», recalcó Psaki. Además, Biden pedirá seguir trabajando para «asegurar y fortalecer la democracia y las instituciones», para «rechazar el odio y las mentiras que vimos el 6 de enero», y para «unir al país», agregó.

No está claro si Biden criticará directamente a Trump en su discurso, pero Psaki aseguró que el actual mandatario tiene claro que su predecesor «intentó bloquear la transición pacífica de poder» tras las elecciones de 2020 y «defendió a la turba que atacó el Capitolio y a los policías» que lo custodiaban.

En cuanto al propio Trump, el expresidente tenía previsto dar una rueda de prensa sobre el aniversario también este jueves, pero finalmente anunció en un comunicado este martes que había decidido cancelarla, debido a «la total parcialidad» del comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto.

Culpables materiales e intelectuales

Porque, entre tanto, la justicia y la investigación siguen su curso. Un año después del asalto, centenares de procesos, tanto judiciales como políticos, continúan buscando a los culpables materiales e intelectuales del ataque, y estrechando cada vez más el cerco sobre Donald Trump. 

Las investigaciones se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la persecución policial (encabezada por el FBI) y judicial a centenares de personas que protagonizaron actos violentos o vandálicos en esa jornada; por otro, el proceso político centrado en miembros de la órbita del exmandatario, que lleva a cabo el comité del Congreso al que se refería Trump este martes.

Hasta la fecha se han presentado cargos contra más de 700 personas por delitos que van desde atacar físicamente a policías hasta impedir el ejercicio de sus funciones, pasando por destruir propiedad del Gobierno o entrar en un edificio de acceso restringido. La mayor condena emitida hasta ahora —dada a conocer el pasado 17 de diciembre— recayó sobre un hombre que atacó a agentes de policía con un extintor y que fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.

Los hombres del presidente

Y mientras el FBI y la Justicia lidian con los ciudadanos anónimos que protagonizaron los hechos, el mencionado comité de la Cámara de Representantes —controlada por el Partido Demócrata— desarrolla una investigación paralela sobre qué ocurrió el 6 de enero y los días precedentes en las más altas instancias del Gobierno estadounidense. 

Este comité fue creado por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y está formado por una mayoría de congresistas demócratas, aunque hay también dos integrantes republicanos ‑Liz Cheney y Adam Kinzinger- que están enfrentados con Trump. Su misión es investigar por qué ocurrió el asalto, quién fue responsable y qué puede hacerse para evitar otro suceso similar.

El Congreso no tiene capacidad de sancionar, por lo que la investigación es meramente informativa, pero si alguno de los llamados a testificar se niega a hacerlo, el comité puede declarar en desacato a esa persona, para que el Departamento de Justicia decida después si presenta cargos. 

Es lo que ha sucedido, precisamente, con tres excolaboradores de Trump: su exasesor y exjefe de campaña Steve Bannon, su exjefe de gabinete Mark Meadows, y el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark, todos ellos declarados en desacato. Si son hallados culpables, podrían ser condenados a varios meses o incluso un año de prisión.

Denuncias directas contra Trump

En el fondo del debate tras los casos de Bannon, Meadows y Clark está la figura del propio expresidente, y la incógnita sobre si el comité pedirá al Departamento de Justicia que presente cargos criminales contra Trump, en función de lo que encuentre. La prensa estadounidense asegura que los demócratas lo tienen sobre la mesa, pero incluso entre las propias filas progresistas existe división de opiniones.

Por lo pronto, tres policías demandaron este mismo martes al expresidente por su papel durante el asalto al Capitolio, con lo que ya son diez las acciones legales impulsadas contra Trump, después de que dos agentes denunciaran al exgobernante republicano en marzo y siete más en agosto del año pasado.

Los policías acusan a Trump de asalto y agresión, complicidad en el asalto y la agresión, y violación del estatuto de seguridad pública del Distrito de Columbia, entre otros delitos.

Los documentos secretos

Por otra parte, sigue en pie la batalla judicial de Trump por mantener ocultos una serie documentos sobre el asalto al Capitolio que están ahora en poder de los Archivos Nacionales de Estados Unidos. 

A principios de octubre, Biden autorizó que los Archivos entregasen los documentos al comité del Congreso que investiga el asalto, rechazando así los argumentos de Trump, que defiende que esos informes deben mantenerse en secreto porque podrían poner en peligro la seguridad nacional. El 18 de octubre, Trump interpuso una demanda ante la Corte Federal de Washington, pero en noviembre una jueza de esa instancia falló en su contra. Trump recurrió, y el pasado 9 de diciembre un tribunal federal de apelaciones rechazó su recurso. No obstante, el exmandatario aún puede acudir al Tribunal Supremo.

El contenido exacto de esos documentos se desconoce, pero supuestamente se trata de correos electrónicos, borradores de discursos y registros de visitas que podrían revelar qué pasó exactamente en la Casa Blanca durante el asalto al Capitolio y en los días que rodearon el suceso.


Con información de Efe

Temperaturas de casi 50 grados, cientos de muertos… Así es la histórica ola de calor que achicharra Canadá y EE UU

Más peligrosa que el coronavirus. Así han llegado a calificar las autoridades de Columbia Británica la letal ola de calor que está sufriendo esta provincia de la costa oeste de Canadá, y que afecta también a estados del noroeste de Estados Unidos, especialmente a Washington y Oregón, desde hace unos cinco días.

Según explicó este miércoles la directora forense de la provincia canadiense, Lisa Lapointe, en un comunicado recogido por Efe, entre el 25 y el 28 de junio, coincidiendo con la ola de calor, ha habido un exceso de cientos de muertes respecto a la media de fallecimientos en esta época del año. El promedio de muertos entre esas fechas debería haber sido en torno a 165, pero se ha disparado hasta 486, el triple.

«Aunque es demasiado pronto para decir con certeza cuántas de estas muertes están relacionadas con el calor, se cree que es probable que el aumento significativo en las muertes reportadas sea atribuible al clima extremo que ha experimentado Columbia Británica, y que continúa afectando a muchas partes de la provincia», explicó Lapointe.

Lapointe señaló que muchos de los fallecidos eran personas que vivían solas y que fueron encontradas en viviendas mal ventiladas y expuestas a temperaturas muy altas.

La situación es también grave en EE UU, donde las autoridades informaron este miércoles de al menos 63 muertes en el estado de Oregón, uno de los más afectados, junto al de Washington (fronterizo con Columbia Británica). Un total de 45 de las 63 muertes habrían ocurrido en el condado de Multnomah, con Portland como principal foco, informa Efe. En Washington, las autoridades aún no habían revelado cifras oficiales, por lo que el balance podría subir. Este miércoles se había informado de cinco decesos.

El calor ha provocado además que se multipliquen los incendios forestales incontrolados. En Columbia Británica, tres fuegos seguían activos este miércoles por la noche, con cientos de vecinos evacuados. Entre ellos, los de la localidad de Lytton, cuyo alcalde, Jan Polderman, declaró a la televisión pública canadiense, CBC, que «la ciudad entera está en llamas». «En solo 15 minutos pasamos de tener las primeras señales de humo a, de repente, estar ardiendo», añadió.

En Estados Unidos, al menos 36 incendios se habían declarado en estados como California, Oregón, Washington, Colorado y Arizona, en muchos casos alimentados por la intensa ola de calor que golpea la costa oeste del país.

Reventando los termómetros

Las altas temperaturas están siendo realmente históricas. El martes el termómetro llegó a marcar 49,6 grados centígrados en la mencionada Lytton, un récord absoluto en todo Canadá, que ha dado a conocer internacionalmente a esta pequeña localidad del oeste del país. Era, además, el tercer día consecutivo que Lytton batía máximos de temperatura, tras alcanzar el domingo y el lunes 46,6 y 47 grados, respectivamente. Hasta entonces, la mayor temperatura registrada en el país había sido de 45ºC. Fue hace 84 años, en 1937, en la localidad de Midale, provincia de Saskatchewan.

En declaraciones a la CBC, Armel Castellan, portavoz de al Agencia de Meteorología de Canadá, expresó que se encontraba «sin palabras» ante las consecuencias de estas temperaturas extremas, aunque admitió que era de esperar que este calor «resultara mortal».

«Vancouver nunca ha experimentado un calor como este y, lamentablemente, decenas de personas están muriendo», lamentó por su parte este miércoles el portavoz de la Policía de la mayor ciudad de Columbia Británica, Steve Addison, añadiendo que los agentes están haciendo «lo posible» por llevar a cabo su labor, pero se encuentran «al límite», informa Europa Press.

Los ancianos, los niños, los trabajadores y las personas sin hogar son los que mayor riesgo corren ante estas temperaturas extremas, que han provocado un aumento extraordinario de las llamadas a los servicios de emergencia en Columbia Británica. Solo entre el viernes y el lunes por la mañana se produjeron unas 239 llamadas de este tipo.

El peligro se intensifica al no producirse un descenso relevante de las temperaturas durante la noche, lo que implica además un aumento de la demanda energética para el uso de ventiladores y aire acondicionado.

«Cúpula de calor»

El fenómeno, denominado «cúpula de calor», consiste en un cúmulo de aire caliente en las capas altas de la atmósfera que afecta a la presión y los vientos. Según explicó a Efe la portavoz de la organización medioambiental Climate Power, Antonieta Cádiz. esta «cúpula de calor» es esencialmente una montaña de aire caliente asociada a la presión alta que «se ha quedado atascada» en la costa oeste de ambos países.

La «cúpula» empezó este miércoles su desplazamiento hasta el este de Canadá, en dirección a las provincias de Alberta y Saskatchewan. Alberta, vecina de Columbia Británica, ya ha empezado a registrar temperaturas récord: la localidad de Grande Paririe, que el martes marcó también su máximo histórico con 40,2 °C, esperaba llegar en unas horas a los 41°C, informa Efe.

El Servicio Meteorológico de Canadá emitió este miércoles avisos de calor extremo en la vecina provincia de Saskatchewan y advirtió de que las condiciones de calor asfixiantes se van a mantener toda la semana y puede que persistan la próxima.

Por contra, Columbia Británica empezará poco a poco a aliviarse, ya que el desplazamiento de «la cúpula de calor» hacia el interior de Canadá está permitiendo la llegada de aire oceánico a la costa de esta provincia, que reducirá las temperaturas extremas.

Biden lo vincula al cambio climático

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una subida temporal del sueldo de los bomberos contratados por el Gobierno federal a un mínimo de 15 dólares la hora, en un intento de contener el impacto de los incendios en el oeste del país.

Biden volvió a vincular la ola de calor con la crisis climática, que a su juicio ha convertido los incendios en un problema que «ya no es estacional, sino del año entero», por lo que su Gobierno ha permitido que los bomberos que trabajan en terrenos federales mantengan su puesto más allá de la temporada estival, informa Efe.

«El cambio climático está provocando una confluencia peligrosa de calor extremo y sequías prolongadas. Estamos viendo incendios de mayor intensidad y que avanzan más rápido», advirtió el presidente, añadiendo que su Gobierno intensificará su uso de tecnologías emergentes y de satélite para detectar rápidamente nuevos incendios, y que añadirá datos sobre esos fuegos a una aplicación de móvil con la que los estadounidenses pueden vigilar la calidad del aire en su zona.

Habrá más en el futuro

Sobre calentamiento global ha hablado también el profesor de Climatología en la Universidad de British Columbia Simon Donner, quien, en declaraciones a la CBC, señaló que «esperamos ver más olas de calor extremas en el futuro, porque estamos agregando gases de efecto invernadero a la atmósfera». Donner, no obstante, admitió que «esto está más allá de mis expectativas: una ola de calor tan larga y tan caliente en Canadá no tiene precedentes en la historia».

«Hay algo que se siente un poco diferente en esta [ola de calor], y que no puedo identificar», dijo por su parte Joseph Shea, profesor de Geomática Ambiental en la Universidad de Northern British Columbia, también a la CBC. «Estaba tratando de pensar en una palabra para definirlo, y creo que la palabra es ‘amenazante’. Realmente se siente como un calor peligroso».


Con información de Efe y Europa Press

Los nombres del gabinete de Biden: estos son los elegidos para dar un giro de 180 grados a Estados Unidos

Aunque aún deben ser confirmados por el Senado, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene ya prácticamente decididos a todos los miembros del equipo con el que arrancará su legislatura, cuatro años en los que el demócrata pretende dar un giro total al maltrecho país que le deja en herencia Donald Trump.

Y esa intención de cambio es, precisamente, lo primero que destaca en el nuevo Gobierno. Trump llegó a las elecciones con un gabinete compuesto por 20 hombres y cuatro mujeres, un único afroamericano (a la cabeza del Departamento de Urbanismo) y solo una latina (encargada de pequeñas y medianas empresas). 

Por contra, y aparte del hecho histórico de que Kamala Harris vaya a convertirse en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de EE UU, el gabinete de Biden será el más diverso de la historia del país y el primero con paridad de género. «Como prometí, este es un gabinete que representa cómo es Estados Unidos, y que aprovecha todo el abanico del potencial que tenemos en nuestra nación», dijo el presidente electo.

Doce de los 24 nominados por Biden para su gabinete son mujeres (incluyendo dos candidatas para liderar Inteligencia Nacional y el Departamento del Tesoro, algo sin precedentes), menos de la mitad de todos los designados son de raza blanca (cuatro son latinos, uno de ellos al frente de inmigración), y habrá, si son confirmados, afroamericanos al frente de puestos tan importantes como el Departamento de Defensa o la representación ante la ONU.

Tranquilidad para el ‘establishment’

La diversidad —presente no solo en los puestos de dirección, sino también en la composición de los departamentos en sí—, no es, en cualquier caso, el único denominador común del nuevo gabinete: la mayoría de los nombrados tienen una larga experiencia en cargos públicos de responsabilidad (a diferencia de muchos de los elegidos por Trump: millonarios, ideólogos o fieles al magnate que ocupaban puestos de gobierno por primera vez), y casi todos trabajaron anteriormente en la Administración de Barack Obama.

Se trata, además, de perfiles ampliamente reconocidos en sus respectivos campos, y también afines, en principio, al ala más moderada del Partido Demócrata

De momento no habrá en el nuevo Gobierno estadounidense ningún Sanders (Biden reveló que estuvo a punto de incluir al senador por Vermont en su equipo, pero no quiso poner en riesgo el control demócrata del Senado) ni ninguna Ocasio-Cortez. Nadie a quienes los republicanos puedan acusar de ‘socialistas’, o que puedan despertar recelos en los demócratas más conservadores.

Porque aunque el Senado tenga ahora mayoría demócrata, y el riesgo de que los candidatos de Biden sean rechazados en la Cámara Alta sea menor, la lucha interna en el Partido Demócrata entre ‘moderados’ y ‘radicales’ no solo sigue existiendo, sino que es probable que marque muchos momentos clave de la nueva legislatura.

Estos son, uno a uno, los nuevos hombres y mujeres más importantes del presidente:

Relaciones internacionales y seguridad nacional

Secretario de Estado: Antony Blinken

Centrista y moderado como el propio Biden, Antony Blinken (58 años) se encargará de las relaciones internacionales al frente del Departamento de Estado (equivalente a un Ministerio de Exteriores), uno de los puestos con más peso en el Gobierno. 

Antony Blinken, conocido como Tony, ya fue número dos del Departamento durante los dos últimos años de la presidencia de Barack Obama. Habla francés de manera fluida y es un firme defensor del multilateralismo, por lo que tratará de reforzar las desgastadas relaciones con los países aliados, castigadas por la Administración de Trump durante los últimos cuatro años. 

El que con toda probabilidad será nuevo secretario de Estado cree en la acogida de refugiados en EE UU, y en Europa como socio principal. Con respecto al conflicto palestino-israelí no parece razonable esperar un gran cambio en la política estadounidense: Blinken defiende que la solución de dos Estados es «la única manera de defender el futuro de Israel como un Estado democrático y judío».

Tendrá en sus manos, por ejemplo, la gestión de los planes de Biden de volver a integrar a EE UU en el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Secretario de Defensa: Lloyd Austin

La nominación del general retirado Lloyd Austin para secretario de Defensa (y jefe del Pentágono) es tan histórica —sería el primer afroamericano en ocupar el cargo— como polémica

La controversia radica en una ley creada en 1947 y modificada en 2008, según la cual tienen que pasar al menos siete años para que los militares retirados puedan ocupar el cargo de secretario de Defensa. Puesto que Austin solo lleva cuatro años como civil, para incorporarse al gabinete de Biden, necesitará no solo el visto bueno del Senado, sino la aprobación de una excepción por parte de ambas cámaras del Congreso que le permita sortear la ley.

Biden afirmó al proponerlo que «no pediría esta excepción si no creyera que este momento en la historia lo exige».

Austin, de 67 años, fue jefe del Comando Central encargado de las operaciones en Irak, Afganistán, Yemen y Siria, la mayoría de los países en los que EE UU está en guerra. Como general del Ejército de Tierra, ocupó ese cargo entre 2013 y 2016, cuando se retiró tras casi 40 años de servicio.

Secretario de Seguridad Nacional: Alejandro Mayorkas

El equipo de Seguridad Nacional de Biden estará encabezado por un latino, el cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas, quien ya ocupó un cargo en ese grupo durante el Gobierno de Obama. Mayorkas, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entre 2013 y 2016, encabezará una agencia que tiene a su cargo asuntos claves como la seguridad fronteriza y la inmigración.

Nacido en La Habana en 1959, Mayorkas ha sido además director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE UU, una de las dependencias que maneja el DHS. Durante su gestión, lideró el desarrollo y la implementación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), el plan que la Administración de Obama diseñó para proteger de la deportación a los miles de jóvenes traídos por sus padres indocumentados a EE UU cuando eran niños (los conocidos como dreamers, soñadores).

Su nombramiento ha sido interpretado com un guiño de Biden a la inmigración tras cuatro años de mano dura de Trump.

Directora de Inteligencia Nacional: Avril Haines

De ser confirmada por el Senado, Avril Haines, de 51 años, se convertirá en la primera mujer en dirigir el Departamento de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

Haines sirvió en la Administración de Obama como abogada de Seguridad Nacional y fue subdirectora de la CIA entre 2013 y 2017. De hecho, fue también la primera mujer en ocupar ese segundo cargo, y durante el tiempo que estuvo en el puesto decidió no aplicar medidas disciplinarias contra el personal de la agencia al que un comité del Senado acusó de haber entrado de manera improcedente en sus ordenadores.

Embajadora ante las Naciones Unidas: Linda Thomas-Greenfield

La veterana diplomática Linda Thomas-Greenfield, de 68 años y nacida en Baker (Luisiana), será el rostro de Washington ante las Naciones Unidas, en lo que se prevé como el regreso de EE UU al multilateralismo.

Thomas-Greenfield fue la secretaria de Estado Asistente para Asuntos Africanos entre 2013 y 2017. Desde ese puesto se encargó de coordinar las políticas de la Administración de Obama para África.

Durante sus más de 35 años de experiencia en el servicio exterior de EE UU, ha sido embajadora en Liberia entre 2008 y 2012, y ha desempeñado diversos cargos en las legaciones de Kenia, Pakistán o Suiza.

Abandonó la carrera diplomática en 2017 en medio de la controvertida renovación llevada a cabo por Trump en el Departamento de Estado.

Política económica

Secretaria del Tesoro: Janet Yellen

Si, como se espera, el Senado la ratifica como secretaria del Tesoro, Janet Yellen, antigua responsable de la Reserva Federal (Fed), será la primera mujer en ocupar esta esencial cartera (equivalente a un Ministerio de Finanzas, o de Economía), un hito que ya marcó al ser la primera presidenta del banco central estadounidense, entre 2014 y 2018.

Yellen será la encargada de liderar el trabajo del Gobierno en la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia. En la Fed, destacó por prestar más atención de lo habitual en sus predecesores al mandato de promover un mercado laboral fuerte, además de al mantenimiento de la inflación, lo que le costó algunas críticas de republicanos que consideraban que se estaba extralimitando.

A sus 74 años, Yellen es una figura muy respetada en Washington. Es doctora en Economía por la Universidad de Yale y ha sido profesora en centros tan prestigiosos como Harvard, la London School of Economics, o Berkeley.

Directora del Consejo de Asesores Económicos: Cecilia Rouse

Cecilia Rouse es economista laboral y decana de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton. Fue miembro del Consejo de Asesores Económicos (CEA) durante la Administración de Obama, y del Consejo Económico Nacional durante la Administración de Clinton. Si es confirmada, Rouse será la pimera persona afroamericana en presidir la CEA.

Representante de Comercio Exterior: Katherine Tai

La letrada Katherine Tai ya trabajó para la Oficina del Representante de Comercio Exterior durante la presidencia de Obama, como la principal abogada encargada de asuntos con China. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, Tai era la asesora comercial jefe de los demócratas en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja.

Fue la segunda mujer de origen asiático nominada por Biden para ocupar un puesto de rango ministerial en su gabinete, después de que el presidente electo propusiera a Neera Tanden como directora de la Oficina de Administración y Presupuesto.

Secretaria de Comercio: Gina Raimondo

La elegida para liderar el Departamento de Comercio es la actual gobernadora del estado de Rhode Island, y fue una de las candidatas que Biden llegó a considerar como vicepresidenta, antes de decidirse por Kamala Harris. 

Al principio de su carrera, Gina Raimondo fundó una empresa de capital de riesgo y fue la tesorera general de Rhode Island. Como gobernadora se ha centrado en formación laboral, préstamos para pequeñas empresas y energías limpias.

Jefa de la Administración de Pequeñas Empresas: Isabel Guzmán

Primera mujer latina elegida para el gabinete, Isabel Guzmán creció en California, trabajando junto a su padre en pequeños negocios veterinarios. Es, desde abril de 2019, la directora de la Oficina de Promoción de Pequeñas Empresas en ese estado, una posición para la cual fue designada por el gobernador Gavin Newsom. 

Guzmán es también fundadora de un negocio llamado GovContractPros, que ayuda a las empresas pequeñas en los trámites de contratos con el Gobierno federal. Durante el Gobierno de Obama ocupó un puesto ejecutivo en el mismo departamento del que ahora se hará cargo.

Otros miembros del gabinete

Fiscal General: Merrick Garland

En 2016, Obama designó a Merrick Garland para el Tribunal Supremo, pero la mayoría republicana en el Senado bloqueó durante meses su confirmación para poder colocar a un magistrado más conservador después de las elecciones de ese año. La maniobra rompió el sueño del meticuloso juez federal, que lleva más de dos décadas en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Ahora, Joe Biden ha decidido darle una segunda oportunidad, nominándolo como Fiscal General (equivalente a un ministro de Justicia) de EE UU.

Garland, de 68 años, se estrenó hace décadas en el Departamento de Justicia como asistente del que entonces era fiscal general, Ben Civiletti. Ha asegurado que sus prioridades, si le confirma el Senado, serán «asegurar la igualdad racial en el sistema de justicia» y combatir «la amenaza cambiante del extremismo violento».

Secretario de Salud: Xavier Becerra

Actual fiscal general de California, Xavier Becerra, de origen mexicano, tiene más de 20 años de experiencia legislativa. Llegó a ser el hispano con mayor rango en el Congreso, ayudó a impulsar la aprobación de la ley conocida como Obamacare, y lideró en noviembre su defensa ante el Tribunal Supremo.

Si es confirmado por el Senado, Becerra será el primer latino en dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano: Marcia Fudge

Marcia Fudge, de 68 años, es congresista por Ohio en la Cámara Baja desde 2009 y anteriormente fue alcaldesa de la ciudad de Warrensville Heights, también en ese estado.

Si es confirmada por el Senado, la legisladora demócrata será la segunda persona afroamericana con rango ministerial en el gabinete de Biden, junto al general retirado Lloyd Austin en Defensa.

Secretario de Agricultura: Tom Vilsack

Tom Vilsack, de 69 años, fue secretario de Agricultura durante los ocho años de la presidencia de Obama. Antes de llegar al Gobierno federal, Vilsack fue gobernador de Iowa, senador estatal y alcalde.

Secretario de Asuntos de los Veteranos: Denis McDonough

Denis McDonough es también un viejo conocido de Joe Biden. Trabajó en la Administración de Obama como jefe de Gabinete, viceasesor de Seguridad Nacional y jefe de Gabinete del Consejo de Seguridad Nacional.

Secretario de Trabajo: Marty Walsh

Marty Walsh, actual alcalde de Boston, fue miembro de la Cámara de Representantes de Massachussets y, anteriormente, presidente sindical. Durante sus dos legislaturas al frente de la alcaldía de Boston se ha centrado en cuestiones como el aumento del salario mínimo. Cuenta con el respaldo de los grandes sindicatos del país. 

Biden desveló que se planteó nominar como secretario de Trabajo a Bernie Sanders, su principal rival en las primarias demócratas y una de las figuras progresistas más influyentes de EE UU. Sin embargo, tras constatar el ajustado resultado de las elecciones al Senado en Georgia, decidió que no podía arriesgarse a dejar vacante el escaño por Vermont que ocupa Sanders, y que los republicanos pudieran conquistarlo y quitarles las riendas de la Cámara Alta.

Secretario de Transporte: Pete Buttigieg

Pete Buttigieg, exrival de Biden en las primarias demócratas y uno de los rostros emergentes del Partido Demócrata, podría convertirse en el primer miembro de la comunidad LGTBI en ser confirmado por el Senado de EE UU para un puesto de secretario en el Gobierno.

Catapultado a la fama por las primarias, el exalcalde de South Bend (Indiana), pasó de ser un desconocido para la mayor parte de los estadounidenses a ser el favorito en la bancada moderada del partido, después de ganar por un estrecho margen los caucus de Iowa.

Buttigieg, de 38 años y abiertamiente gay, se perfiló como un milenial modélico que mezclaba su mensaje de esperanza con valores profundamente cristianos y la constante reivindicación de su condición como veterano del Ejército, ya que combatió en Afganistán.

Secretaria de Energía: Jennifer Granholm

Gobernadora de Michigan entre 2003 y 2011, Jennifer Granholm es una defensora del vehículo eléctrico y del desarrollo de tecnologías energéticas alternativas, por lo que su nombramiento se interpreta como un espaldarazo de Biden al combate a la crisis climática.

El Departamento de Energía está encargado del mantenimiento del programa de armas nucleares, algo en lo que Granholm no tiene experiencia y que consume aproximadamente el 75% de su presupuesto, unos 27.000 millones de dólares.

Secretaria de Interior: Deb Haaland

La legisladora Deb Haaland será, si es confirmada por el Senado, la primera nativa americana al frente del Departamento de Interior. Su elección supone un punto de inflexión en los 171 años de historia del departamento encargado de administrar los recursos naturales del país, incluidos los territorios tribales, y que ha tenido una relación complicada con las 574 tribus reconocidas a nivel federal en EE UU.

Haaland prometió que convertirá el departamento en una institución que mitigue la crisis climática, tras años en los que ha sido el principal promotor de los combustibles fósiles.

Secretario de Educación: Miguel Cardona

El latino Miguel Cardona es un antiguo profesor de escuela pública y el actual encargado de supervisar todos los centros educativos en el estado de Connecticut. Con la propuesta de Cardona, Biden cumple con su promesa de elegir a un profesor como secretario del Departamento de Educación. 

Nacido en Connecticut de padres puertorriqueños, Cardona ejerce desde 2019 como secretario de Educación de ese estado, un puesto desde el que ha tenido que supervisar la enseñanza a distancia de miles de estudiantes debido a la pandemia. Cuando los centros de enseñanza cerraron sus puertas, Cardona se apresuró a entregar 100.000 ordenadores portátiles a los estudiantes de su estado para asegurarse de que podían seguir las clases.

Otros puestos clave

Director de la CIA: William Burns

Willliam J. Burns es un veterano diplomático que acumula tres décadas de experiencia en el servicio exterior (desde 1982) y que, entre otros cargos, ha sido embajador en Rusia (2005–08) y adjunto al secretario de Estado (2011–14).

Biden ha asegurado que Burns comparte con él la convicción de que los servicios de inteligencia deben ser «apolíticos» y que sus servidores han de ser vistos con «gratitud y respeto», al tiempo que señala que los estadounidenses «dormirán más tranquilos» con él al frente de la CIA.

Será el primer jefe del servicio de inteligencia, espionaje y contraespionaje que procede del Departamento de Estado, con lo que su perfil se adapta más al de un diplomático que al del más típico «halcón» nombrado tradicionalmente al frente de la CIA.

Burns suma a su largo currículum su experiencia en el proceso de paz en Oriente Medio y en el acuerdo nuclear con Irán durante la Administración de Obama.

Administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional: Samantha Power

Samantha Power trabajó para la Administración de Obama como embajadora de EE UU ante las Naciones Unidas y, anteriormente, formó parte del personal del Consejo de Seguridad Nacional como asesora especial del presidente y directora sénior de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

De origen irlandés y licenciada en Artes por la Universidad de Yale, Power comenzó su carrera como corresponsal de guerra en Bosnia y, antes de su servicio en el Gobierno, fue directora ejecutiva fundadora del Centro Carr para Políticas de Derechos Humanos en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades: Rochelle Walensky

La doctora Rochelle Walensky, experta en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de Harvard, y que ejerce actualmente en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, es la elegida como próxima directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Walensky será uno de los principales nombres en la lucha contra la pandemia, junto al propuesto como secretario de Salud, Xavier Becerra; el epidemiólogo principal del país, Anthony Fauci (como asesor médico jefe de Biden); Jeffrey Zients, un exfuncionario de la Administración de Obama y que dirigirá la respuesta a la COVID-19 desde la Casa Blanca; y el doctor Vivek Murthy, nominado a cirujano general de EE UU, cargo que ya ocupó en los últimos años de Obama.

Director de la Agencia de Protección Medioambiental: Michael Regan

Michael Regan es actualmente es el máximo responsable de calidad ambiental en Carolina del Norte y previamente trabajó en la Agencia de Protección Medioambiental durante las administraciones de Bill Clinton (1993–2001) y de George W. Bush (2001–2009).

«Vamos a actuar con urgencia contra el cambio climático, protegiendo el agua e implementando un marco de justicia medioambiental», ha prometido Regan, quien, no obstante, también ha tendido una mano a la industria de los combustibles fósiles para encontrar «puntos en común» y trabajar por un futuro mejor.

De ser confirmado por la Cámara Alta, será el primer afroamericano en liderar el organismo.

Casa Blanca, consejeros y enviados especiales

Jefe de Gabinete: Ron Klain

Abogado y asesor de Biden durante años (incluyendo la etapa del Gobierno de Obama, la etapa en el Senado y la campaña electoral), Ron Klain será el Jefe de Gabinete del nuevo presidente, un puesto de gran influencia cuyo responsable es el encargado de dirigir la Casa Blanca en nombre del mandatario.

Klain, que fue el responsable de la respuesta de la Casa Blanca a la crisis del ébola en 2014, ha sido muy crítico con la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno de Trump,

Consejero de Seguridad Nacional: Jake Sullivan

Jake Sullivan, de 43 años, se perfila como uno de los asesores de Seguridad Nacional más jóvenes que ha tenido la Casa Blanca en décadas (el segundo más joven después de McGeorge Bundy, que ocupó el cargo con 41 años bajo el mandato de Kennedy). 

Con una amplia trayectoria en exteriores, fue también asesor de seguridad nacional de Biden durante su segundo mandato como vicepresidente de Obama, y subjefe de Gabinete de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien le definió como «un talento que se encuentra una vez en cada generación».

Sullivan tuvo un papel determinante en las negociaciones que condujeron al acuerdo nuclear con Irán en 2015.

Enviado Presidencial Especial para el Clima: John Kerry

Biden ha escogido a un peso pesado de la política estadounidense, John Kerry, para el nuevo cargo de Enviado Especial para el Clima (el llamado zar del clima), con el que el presidente electo quiere recalcar la urgencia de la lucha contra el calentamiento global por parte de su Administración.

De 76 años y nacido en Aurora (Colorado), Kerry es exsenador, ex secretario de Estado (entre 2013 y 2017, con Obama) y exaspirante demócrata a la Presidencia en 2004. En 2015, fue precisamente él quien ratificó la entrada de EE UU en el Acuerdo del Clima de París.

Su nombramiento no requiere la confirmación del Senado.

Director del Consejo Económico Nacional: Brian Deese

Como su principal asesor económico, Biden ha elegido a Brian Deese, quien jugó un importante papel en la negociación del Acuerdo de París bajo el Gobierno de Obama. Es otro de los nombramientos que pone de manifiesto la intención de Biden de usar su política económica para luchar contra el cambio climático. Al igual que en el caso de Kerry, este puesto tampoco necesita ser ratificado por el Senado.

Deese, de 42 años, lleva casi dos décadas trabajando para políticos demócratas: primero asesoró al propio Kerry durante su campaña presidencial de 2004 contra el entonces presidente George W. Bush (2001–2009) y, más tarde, trabajó para Hillary Clinton y para el después mandatario Barack Obama en los comicios de 2008.

Secretaria de Prensa: Jen Psaki

Jen Psaki es miembro del equipo de transición presidencial de Biden. Anteriormente trabajó en la Administración de Obama como directora de comunicaciones y portavoz del Departamento de Estado. 

Psaki también trabajó en las dos campañas presidenciales de Obama y en la campaña presidencial de 2004 de John Kerry.

Directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales: Julie Chávez Rodríguez

La latina Julie Chávez Rodríguez, que trabajó también en el equipo de la campaña electoral de Biden, pasará a ocupar el puesto de directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. 

Chávez Rodríguez es nativa de California con ascendencia mexicana y nieta del líder de derechos civiles César Chávez. Estuvo trabajando en la campaña presidencial de Kamala Harris como directora político-nacional y jefa de personal itinerante.

Durante la Administración de Obama, fue asistente especial del presidente y subdirectora principal de la Oficina de Participación Pública. También ha trabajado en el Departamento de Interior.

Asesor Principal de la Primera Dama: Anthony Bernal

El elegido para el puesto de Asesor Principal de la Primera Dama (la esposa del presidente, Jill Biden) Bernal fue jefe de personal y subdirector durante la campaña y ha trabajado para la familia Biden durante más de una década. 

Nacido en Arizona y graduado de la Universidad de Texas en El Paso, Bernal trabajó con el presidente Bill Clinton y el vicepresidente Al Gore y también ha ocupado varios puestos en el sector privado, incluso en relaciones internacionales en Coca-Cola.

Jefa de Gabinete de la Primera Dama: Julissa Reynoso Pantaleon

Reynoso Pantaleon es socia de un bufete de abogados global y ha sido nombrada como jefa de personal de Jill Biden. En la Administración de Obama, desempeñó el cargo de embajadora de Estados Unidos en Uruguay y fue subsecretaria de estado adjunta para el hemisferio occidental. 

Es originaria de la República Dominicana y emigró a los Estados Unidos cuando tenía 7 años. Creció en el Bronx y se graduó entre la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge y la Facultad de Derecho de Columbia.

Vicesecretaria de Salud y Servicios Humanos: Rachel Levine

La elegida para ocupar la Vicesecretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos ha sido a la doctora Rachel Levine, que sería la primera persona abiertamente transgénero en ocupar un cargo de este nivel federal si recibe el apoyo del Senado.

Hasta ahora era secretaria de Salud de Pensilvania y una de las responsables de la gestión de la pandemia en el estado; puestos que, según el presidente electo, Joe Biden, ha alcanzado al demostrar una profunda experiencia y ser una servidora pública efectiva.

Ganar con menos votos que el rival: el peculiar sistema electoral de EE UU podría beneficiar de nuevo a Trump

En las elecciones de 2016 Donald Trump recibió unos 3,2 millones de votos menos que su rival demócrata, Hillary Clinton, a pesar de lo cual el candidato republicano obtuvo la victoria, al acaparar más votos en el Colegio Electoral. Cuatro años después, la historia podría repetirse.

Miles de simulacros por ordenador realizados en la Universidad de Columbia indican que, si el llamado voto popular (el número total de sufragios que recibe cada candidato) acaba siendo muy igualado, el peculiar sistema de Colegio Electoral por el que se rigen los comicios presidenciales en EE UU volverá a inclinarse la semana que viene a favor del actual inquilino de la Casa Blanca, aunque algo menos que en 2016, según señala un estudio publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), y recogido por Efe.

Los responsables del informe, Robert Erikson, un profesor de ciencias políticas, y Karl Sigman, profesor de ingeniería industrial, examinaron la forma en que los resultados del Colegio Electoral están condicionados por el modo en que los Estados votaron en elecciones previas. Tras analizar los desenlaces electorales desde el año 1980, y después de efectuar miles de simulacros, concluyeron que Trump tendrá ventaja en el Colegio Electoral frente a su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, en el caso de que el resultado sea, como se prevé, ajustado.

Los autores sostienen que, de acuerdo con los datos de su análisis, el punto de inflexión entre una probable victoria demócrata o republicana en el Colegio Electoral no está en un voto popular repartido 50 a 50, sino más bien en una horquilla de un 51% de voto demócrata frente a un 49% republicano. 

Actualmente, las encuestas dan a Biden el liderazgo con un 52,1% del voto popular, mientras que Trump acumula el 43%, según la media ponderada que elabora la web especializada FiveThirtyEight.

Erikson recuerda que Trump salió airoso del Colegio Electoral debido a su victoria por márgenes muy estrechos en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, pero que hay otros Estados, como Arizona, Florida, Georgia y Carolina del Norte, que «también podrían tener peso en 2020».

El voto delegado

A diferencia de la mayoría de las otras democracias del mundo, en Estados Unidos el presidente no resulta elegido directamente a partir del voto de los ciudadanos. No es, por tanto, el voto popular el que determina quién ocupará el Despacho Oval, sino el Colegio Electoral, en cuyos miembros los ciudadanos delegan esa función. 

Este Colegio está formado por 538 compromisarios o electores –nominados por los partidos y distribuidos en proporción a la población de cada estado– que, en nombre de los ciudadanos, votan en los 50 estados del país y el Distrito de Columbia (sede de la capital). Para ser elegido, el candidato debe tener una mayoría (al menos 270) de los votos emitidos por el Colegio Electoral, y si ninguno de los dos la logra, la decisión pasa al Congreso. Cada compromisario emite un voto electoral que debe ser, en principio, para el candidato más votado en el Estado, salvo en los casos de Nebraska y Maine, donde el voto electoral se distribuye en función del porcentaje de los votos obtenidos.

El candidato que recibe la mayoría de los votos de un Estado gana de esta forma todos los sufragios emitidos por los electores de ese Estado, y por eso las campañas electorales se concentran en ganar el voto popular en una combinación de los Estados que otorguen una mayoría de electores, en lugar de en conseguir el mayor número de votos a nivel nacional.

Mandato ciudadano

La consecuencia de este sistema es que cuando una persona deposita su voto por un candidato presidencial en EE UU, lo que realmente está haciendo es pedir a los compromisarios de su Estado que voten por su aspirante en el Colegio Electoral, algo que se da por hecho, al entenderse como un mandato ciudadano. Los compromisarios son personas consideradas leales al partido, y en algunos Estados sus nombres aparecen incluso en las papeletas junto a los del candidato a presidente y vicepresidente.

De hecho, la historia registra tan solo un puñado de casos (en 1948, 1956, 1960, 1968, 1972, 1976 y 1988) en los que algún elector se negó a apoyar al candidato con el que se había comprometido (en 2000 hubo un voto en blanco), y una sola vez en la que el Colegio Electoral no votó por el ganador, cuando, en 1836, el órgano le negó a Richard Mentor Johnson los votos necesarios para ser nombrado vicepresidente. En 2016 hubo siete compromisarios que se desmarcaron en la votación por el presidente y seis que lo hicieron en la del vicepresidente.

Precedentes

La victoria de Trump en 2016 pese a haber obtenido menos votos (el 46,15% frente al 48,17% de Clinton) no es el único caso en la historia de la democracia estadounidense en que el candidato más votado acabó derrotado. En 1825, ni John Quincy Adams ni Andrew Jackson consiguieron la mayoría de los votos electorales y finalmente la Cámara de Representantes eligió a Adams presidente, a pesar de que Jackson había recibido más votos populares.

En 1876 Rutherford B. Hayes obtuvo el apoyo casi unánime de los Estados pequeños y resultó elegido presidente, a pesar de que Samuel J. Tilden había logrado 264.000 votos más, y en 1888 Benjamin Harrison se impuso frente a su rival, Grover Cleveland, que había tenido más sufragios.

Ya en 2000, George W. Bush fue elegido con 271 votos electorales después de se le adjudicaran los compromisarios de Florida —por solo 573 votos— tras la impugnación del resultado y un nuevo recuento, aunque Al Gore había logrado casi 450.000 votos populares más en todo el país.

¿Un sistema injusto?

El Colegio Electoral fue creado por los representantes de los Estados que conformaron la república, antes de que la mayoría de la población pudiese votar, y con el objetivo de evitar el dominio de las zonas más pobladas del país. Los autores del estudio de la Universidad de Columbia señalan que «a menudo es visto como institución injusta que puede negar la presidencia al ganador del voto popular, una circunstancia denominada a veces como una ‘inversión’ electoral».

Erikson y Sigman añaden que hay quienes argumentan que «el Colegio Electoral favorece a los Estados pequeños, dado que sus cuotas siempre incluyen dos votos extra que representan a los dos senadores que cada Estado elige sea cual sea su población».

Otros, sin embargo, «opinan que el favoritismo se inclina hacia los Estados más poblados, puesto que el ganador se lleva todos los representantes, lo cual les da un poder enorme». California, por ejemplo, con 39,5 millones de habitantes, tiene 55 votos electorales (compromisarios); Montana, con cerca de un millón, tiene 3.

Según explica a Europa Press Jeremy Mayer, profesor asociado de Política y Gobierno en la Universidad George Mason, el sistema se ideó de este modo para «evitar que hubiera un presidente regional, por ejemplo del sur, lo que podría provocar una nueva guerra».

El experto subraya que, teniendo en cuenta que «beneficia a los Estados más pequeños», parece poco probable que estos accedan a respaldar una reforma, algo para lo que sería necesario enmendar la Constitución, con el respaldo de dos terceras partes del Congreso y de tres cuartas partes de los 50 estados.

Biden y Trump chocan por la pandemia, la inmigración y el racismo en un último debate muy duro pero menos caótico

El candidato republicano a la presidencia de EE UU y actual presidente, Donald Trump, y su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, protagonizaron este jueves en la Universidad de Belmont, en Nashville (Tennessee), un segundo y último debate electoral menos caótico que el anterior cara a cara, pero en el que no faltaron, al igual que en el primer encuentro, graves acusaciones y duros intercambios dialécticos.

A la mayor fluidez contribuyó, sin duda, la medida implementada por los organizadores de silenciar el micrófono del candidato que no estaba en uso de la palabra durante los primeros minutos de la intervención de su rival, al principio de los distintos tramos, para evitar interrupciones. También, el hecho de que la moderadora, la periodista de la cadena NBC Kristen Welker, no llegara a perder del todo las riendas, como le ocurrió en el anterior debate a su colega de Fox News, Chris Wallace.

Los candidatos chocaron en todos los tramos, pero especialmente en los referidos a la inmigración y los menores indocumentados separados de sus familias, la gestión de la pandemia del coronavirus, el racismo, y el supuesto dinero que ambos se acusaron mutuamente de haber recibido de gobiernos extranjeros. Y China volvió a ocupar, como en el anterior encuentro, un lugar predominante.

Una vacuna «en semanas» frente a «un invierno oscuro»

El debate arrancó con la pandemia de COVID-19 sobre la mesa, una crisis sanitaria que este jueves se saldaba ya con 8.399.689 casos y 222.965 muertos en Estados Unidos.

Los dos candidatos dibujaron un panorama completamente diferente del reto al que se enfrenta el país. «Creo que habrá una vacuna dentro de semanas, y será distribuida muy rápido, está lista», aseguró Trump. Interpelado por la moderadora, el presidente reconoció, no obstante, que no tiene «garantías» de que la vacuna vaya a distribuirse en ese plazo, pero insistió en que cree que llegará «antes de que acabe el año», a pesar de que muchos científicos apuntan más bien a 2021.

Preguntado sobre cuál será la farmacéutica que lo conseguirá, Trump respondió: «Johnson&Johnson lo está haciendo muy bien, Moderna lo está haciendo muy bien, Pfizer lo está haciendo muy bien».

Por su parte, Biden acusó al presidente de no asumir «su responsabilidad» por el impacto de la pandemia en el país, y sentenció: «Cualquiera que sea responsable por tantas muertes no debería seguir siendo presidente».

«Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, y él no tiene un plan claro» para combatir la COVID-19, subrayó el candidato demócrata, a lo que Trump replicó: «[A Biden] le gusta meterse en un sótano y quedarse ahí, pero la gente no puede hacer eso, tenemos que aprender a vivir con ello. El 99% de la gente se recupera. No podemos cerrar la nación, tenemos que abrir las escuelas».

«Dice que estamos aprendiendo a vivir con esto, ¡increíble! Estamos aprendiendo a morir con esto», le respondió Biden.

El dinero de Rusia y los impuestos

Otro de los momentos tensos del debate se produjo cuando ambos se acusaron mutuamente de haber recibido dinero de gobiernos extranjeros, lo que los dos negaron.

Trump acusó a Biden de haber recibido dinero de Rusia, de haber puesto a su hijo Hunter en una compañía gasística ucraniana y de haber facilitado negocios para sus hermanos en sitios como Irak: «Joe consiguió 3,5 millones de dólares de Rusia y vinieron de Putin porque fue muy amigable con el exalcalde de Moscú, y fue la esposa del alcalde de Moscú [sic], y usted obtuvo 3,5 millones de dólares», dijo.

Biden, que negó haber recibido «ni un centavo» de gobiernos extranjeros, respondió que los negocios de su hijo en Ucrania fueron «éticos». «El tipo que se metió en problemas en Ucrania fue este [Trump], que intentó sobornar al Gobierno ucraniano para que dijera algo negativo sobre mí, lo que no hicieron», añadió el demócrata.

Biden aprovechó también para recordar que Trump «paga más impuestos en el extranjero que en Estados Unidos» y que tiene «una cuenta bancaria secreta en China». «Yo he publicado mis impuestos durante toda mi vida, algo que tú no has hecho, ¿por qué? Publica tus impuestos». 

Trump replicó, sin presentar pruebas, que él ha «‘prepagado’ millones y millones de dólares en impuestos». Sobre la supuesta cuenta bancaria en China, el presidente alegó que estuvo activa entre 2013 y 2015 cuando estaba dedicado a negocios inmobiliarios.

La separación de familias inmigrantes, «criminal»

En el apartado dedicado a la inmigración, Biden, tachó de «criminal» la política de separación de familias inmigrantes sin papeles en la frontera, mientras que Trump defendió que su Gobierno «trata muy bien» a los 545 niños cuyos padres todavía no ha localizado después de implementar esa medida.

«Es algo criminal. Hace que seamos el hazmerreír del mundo y viola todo los conceptos de lo que somos como nación», dijo el demócrata. Trump respondió que su gobierno está «intentando muy en serio» localizar a los padres de esos menores, a pesar de que no es cierto que sea su Ejecutivo sino que los que lo hacen son abogados y grupos de derechos humanos. 

«Los estamos tratando tan bien, están en instalaciones que son tan limpias», afirmó el presidente, en referencia a los niños separados de sus padres. «A los niños los han traído ‘coyotes’ [traficantes] y mala gente», agregó, algo que Biden rebatió de inmediato al insistir en que vinieron «con sus padres».

Trump, además, insultó a los indocumentados que, una vez dentro de EE UU, siguen la ley y se presentan ante los tribunales de inmigración: «Odio decirlo, pero los únicos que podrían aparecer son los que tienen el coeficiente intelectual más bajo», dijo.

«El menos racista de esta sala», «el más racista de la historia»

«Creo que tengo buenas relaciones con todo el mundo, soy la persona menos racista de esta sala», dijo Trump, en el bloque del cara a cara dedicado al racismo en el país. El presidente recordó asimismo que su rival fue el impulsor en el Senado de una ley del crimen en 1994 que provocó que «miles de afroamericanos terminasen entre rejas», y que él aprobó una reforma en el sentido contrario poco después de llegar al poder.

También afirmó que ha sido el presidente que «más ha hecho por la comunidad negra en la historia de Estados Unidos, con la posible excepción de Abraham Lincoln», quien abolió la esclavitud en 1863.

Biden, por su parte, repasó el historial de comentarios racistas de Trump y recordó que en 1989 abogó por la pena de muerte para un grupo de adolescentes afroamericanos conocidos como los «Central Park Five» que fueron acusados de un crimen que no cometieron.

«Nunca hemos respondido del todo a nuestro ideal de que todos somos creados iguales, pero siempre nos hemos movido hacia allí, paso a paso. Este es el primer presidente que ha parado eso, es el presidente más racista de la historia moderna de EE UU», dijo el demócrata.

Las claves de un ‘acuerdo del siglo’ a la medida de Israel, inaceptable para los palestinos y oportuno para Trump

«Mi propuesta presenta una oportunidad con la que ganarían los dos lados, una solución realista de dos Estados que resuelve el riesgo que suponía para la seguridad de Israel un Estado palestino». Así desvelaba este martes Donald Trump en la Casa Blanca su «acuerdo del siglo» para Israel y Palestina, en una solemne ceremonia en la que el presidente estadounidense apareció acompañado del primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, y en la que, significativamente, no hubo representación palestina alguna, ni de ningún otro mandatario internacional.

El acuerdo fue rechazado de inmediato y con vehemencia por el presidente palestino, Mahmud Abás (lo calificó como «la bofetada del siglo»), y también por las distintas facciones palestinas, en una poco habitual muestra de unidad. En las calles de Gaza y Cisjordania el anuncio fue recibido con airadas protestas, mientras que Amnistía Internacional señalaba que se trata de «un manual para más sufrimiento y abusos».

Esperado desde hace más de dos años, el plan se ha dado finalmente a conocer en un momento políticamente crucial, tanto para Trump como para Netanyahu. El primero busca ponerle un broche histórico a su política internacional y, según muchos analistas, desviar también el foco del juicio político (impeachment) al que está siendo sometido en el Senado; el segundo, imputado por fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos de corrupción, y candidato asimismo en los comicios generales que celebrará Israel en marzo (los terceros en menos de un año), recibe un espaldarazo fundamental de su principal y más poderoso socio, y prácticamente carta blanca para consolidar promesas electorales que hasta ahora eran consideradas problemáticas, como la anexión de las colonias en los territorios ocupados.

¿Cuáles son los principales puntos del acuerdo?

En esencia, el plan de Trump mantiene la llamada solución de los dos Estados, reconociendo el derecho palestino a tener uno, pero anteponiendo en cualquier caso la seguridad de Israel y dando por muertas las demarcaciones que aún reconoce la ONU. Para ello contempla cambios fronterizos que permitirían a Israel anexionarse parte de Cisjordania. También amplía el territorio palestino, pero lo fragmenta más aún, dejando dentro los asentamientos israelíes. Además, en uno de sus aspectos más polémicos, apuntala Jerusalén como «capital indivisible» de Israel y, en principio, de un futuro Estado palestino que se antoja inviable.

¿Quién lo ha negociado y cómo?

Uno de los principales artífices del plan es Jared Kushner, yerno de Trump y asesor del presidente. Kushner elaboró la hoja de ruta junto con el embajador estadounidense en Israel, David Friedman, y el ahora exenviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Jason Greenblatt.

El equipo hizo un primer amago de presentar su acuerdo hace dos años, pero acabó aplazándolo una y otra vez, alegando que quería esperar a contar con un gobierno estable en Israel, y esperando conseguir asimismo más apoyos de los países árabes. Mientras, Trump seguía haciendo gestos políticos hacia Netanyahu, como el reconocimiento por parte de Washington de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

Los líderes palestinos se han negado a negociar en los términos previstos y, de hecho, no tienen contacto oficial con Washington desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel en 2017.

¿En qué se diferencia de acuerdos anteriores?

El acuerdo presentado por Trump incluye nuevas propuestas referentes al trazado de fronteras entre Israel y los territorios ocupados, y concreta el estatus de Jerusalén, que en procesos de paz anteriores se había dejado siempre como uno de los puntos finales sobre los que llegar a un consenso, una vez que se hubiesen conseguido los demás objetivos.

Resucita además la solución de los dos Estados, que empezó a gestarse tras el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP en 1993, a través de los Acuerdos de Oslo de ese mismo año, pero que estaba enterrada en la práctica.

Trump argumentó este martes que su plan de paz es «diferente» al de sus predecesores porque contiene muchos más detalles «técnicos» de partida, con 80 páginas de propuestas. «Esta es la primera vez que Israel ha autorizado la publicación de un mapa conceptual que ilustra las concesiones territoriales que está dispuesto a hacer para conseguir la paz», subrayó.

Lo más novedoso, no obstante, quizá sea que, a diferencia de todos los demás acuerdos de paz negociados por Estados Unidos, la Casa Blanca no ha buscado esta vez la aprobación de Palestina antes de cerrar el plan, sino que le ha bastado la luz verde israelí.

Enlace a YouTube: President Trump Delivers Joint Remarks with the Prime Minister of the State of Israel (White House)

¿Desde cuándo están estancadas las negociaciones?

El último plan de paz de Washington para la zona lo presentó Barack Obama en 2011, e incluía un Estado palestino basado en las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días de 1967, «con intercambios de tierra acordados mutuamente», algo que Netanyahu rechazó.

Aunque hubo un intento, fallido, de retomar conversaciones directas entre palestinos e israelíes en 2010, la negociaciones están estancadas desde 2008, cuando Israel lanzó la operación Plomo Fundido en la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes por Hamás, una operación que dejó más de 1.400 palestinos muertos.

¿Cómo cambiarían las fronteras actuales con el plan de Trump, y cómo sería el Estado palestino?

La Casa Blanca señala que su plan «quiere lograr un reconocimiento mutuo del Estado de Israel como una nación-Estado para el pueblo judío y el futuro Estado de Palestina como el Estado-nación del pueblo palestino, con los mismos derechos civiles para todos los ciudadanos».

El mapa que marca muestra, no obstante, un Estado palestino hiperfragmentado a modo de archipiélago, con asentamientos israelíes en su interior, conectados con el Estado israelí a través de corredores que parten el territorio.

Asimismo, concede a Israel zonas al oeste del valle del río Jordán, situadas en Cisjordania, con lo que este área ocupada quedaría sin salida directa a Jordania, a la que estaría vinculada por dos carreteras que cruzarían territorio israelí. «El valle del Jordán, que es crítico para la seguridad nacional de Israel, estará bajo la soberanía de Israel», sentencia el texto. Se trata de una zona que constituye alrededor del 30% del territorio de Cisjordania, y su anexión es un reclamo histórico de la derecha israelí.

Cisjordania y Gaza estarían unidas a través de un túnel que las conectaría y que atravesaría Israel.

Según el plan, las nuevas fronteras garantizan una «expansión territorial» a los palestinos a través de territorios en el desierto del Negev, que supondrían un territorio «comparable en tamaño» al que controlaban antes de 1967.

Mapa del plan del gobierno estadounidense de Donald Trump para Israel y Palestina. Mapa: Presidencia de Estados Unidos

¿Qué pasaría con los asentamientos?

Los asentamientos israelíes existentes en Cisjordania (considerados ilegales por la legislación internacional) serían incorporados al Estado de Israel, que se comprometería a no construir nuevos asentamientos, expandir los existentes o aprobar planes para construcción en las zonas que serán parte del Estado de Palestino.

Israel no procederá a demoler estructuras existentes, una moratoria que no incluye «construcciones ilegales» ni aquellas que «supongan un riesgo de seguridad, según determine el Estado de Israel», o «demoliciones de castigo por actos de terrorismo».

Cerca del 97% de los israelíes en asentamientos en Cisjordania quedarían en territorio israelí adyacente, cifra similar para los palestinos en Cisjordania que quedarían en territorio palestino.

¿Y con Jerusalén?

La propuesta de la Casa Blanca reconoce a «Jerusalén como capital de Israel» y reitera que «debería permanecer como una ciudad íntegra».

Además, sostiene que Israel debe ser guardián de los lugares religiosos en Jerusalén, tanto judíos, como cristianos y musulmanes, y aboga por mantener el «estatus quo actual».

En cuanto a la capital del hipotético Estado palestino, el plan recoge que debería ubicarse en Jerusalén Este, concretamente, en «todas las zonas al este y el norte de las barreras de seguridad existentes, incluyendo Kafr Aqab, la parte este de Shuafat y Abu Dis», y que podría ser renombrada como Al Quds (como la denominan los árabes) o con otra denominación que decidan los palestinos.

Esto significa que la posible capital palestina se localizaría en barrios ubicados en las afueras de la Jerusalén actual.

¿Algún cambio sobre Gaza?

El plan recuerda que Gaza ha estado gobernada por el grupo islámico Hamás, al que describe como una «organización terrorista, responsable de asesinatos y ataques a miles de israelíes», y concede a Israel la soberanía de las aguas territoriales de la franja, al considerar que son vitales para la seguridad del Estado israelí.

Advierte además de que «no habrá mejoras significativas en Gaza hasta que haya un alto el fuego con Israel, una desmilitarización completa de la franja y una estructura de gobierno que permita a la comunidad internacional invertir de forma segura y cómoda» para mejorar su economía.

La iniciativa propone también que Israel ceda territorio a los palestinos cerca de Gaza, que pueden ser «áreas pobladas y no pobladas».

¿Quién se encargaría de la seguridad, y cómo?

Israel mantendría una «responsabilidad de seguridad predominante» del Estado de Palestina, con las fuerzas palestinas encargadas únicamente de la seguridad interna, de la lucha antiterrorista, la seguridad fronteriza y la respuesta a desastres.

Israel sería responsable de la seguridad en los cruces internacionales y, en el caso de Rafá, en la frontera con Egipto, se abordarían acuerdos específicos con El Cairo.

Además, Israel mantendría el control del espacio aéreo al oeste del río Jordán, mientras que la Armada israelí podría bloquear la entrega de «armas y materiales para la fabricación de materiales en el Estado de Palestina, incluida Gaza».

¿Podrían regresar los refugiados palestinos?

La iniciativa aborda uno de los temas más espinosos en unas hipotéticas negociaciones entre israelíes y palestinos: el derecho de retorno de los refugiados.

A ese respecto, y pese a lo que establece la resolución 194 de la ONU, el plan marca que «no habrá derecho de retorno, o absorción de ningún refugiado palestino en Israel».

Establece, no obstante, tres opciones para los refugiados palestinos que busquen un sitio permanente de residencia: «absorción» para aquellos registrados en la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el futuro Estado palestino; integración en sus países actuales de acogida; o su reasentamiento en los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que los acepten.

En ese sentido, el plan indica que «los hermanos árabes tienen la responsabilidad moral de integrar a los refugiados en sus territorios del mismo modo que los judíos fueron integrados en el Estado de Israel».

¿Qué limitaciones tendría el nuevo Estado palestino

Entre otras, Palestina no podría alcanzar acuerdos militares, de Inteligencia o seguridad con ningún Estado u organización que «afecte de forma adversa la seguridad de Israel» ni podrá desarrollar capacidades «militares o paramilitares» dentro o fuera de su territorio.

Tampoco podría unirse a organizaciones internacionales sin el consentimiento de Israel, y debería retirar sus demandas contra Israel, EE UU y los ciudadanos de estos países ante el TPI, la CIJ o cualquier otro tribunal, así como no recurrir a Interpol contra ellos.

Así, el nuevo estado no podría tener «capacidades que puedan amenazar al Estado de Israel», mientras que Israel tendría derecho a «desmantelar o destruir» instalaciones utilizadas para producir armas o con «propósitos hostiles», así como para adoptar medidas de seguridad para mantener Palestina «desmilitarizada».

¿Recoge el plan alguna demanda palestina?

Según declaró a Efe el experto de la Universidad George Washington Nizar Farsakh, antiguo asesor del ex primer ministro palestino Salam Fayad y miembro en el pasado del equipo negociador palestino, cuando se lee el plan, «si se compara con la postura palestina publicada en la página web del Departamento de Estado, es exactamente lo opuesto a lo que los palestinos piden».

Trump prometió a los palestinos una inversión de 50.000 millones de dólares para duplicar su PIB y crear un millón de empleos, pero exigió a cambio un alto el fuego con Israel, cambios en su estructura de Gobierno y la desmilitarización de Gaza.

¿Hay un plazo para negociar?

Aunque Abás ya ha dicho «mil veces no» a la propuesta, Trump le ha dado cuatro años para superar sus reservas y sentarse a la mesa de negociación, y el Gobierno israelí ha indicado asimismo que está dispuesto a esperar ese tiempo.

¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional?

La ONU seguirá defendiendo una solución al conflicto que pase por la creación de dos Estados basados en las fronteras previas a 1967, según dijo este mismo martes el secretario general de la organización, António Guterres.

Entre los países árabes, Egipto llamó a Israel y Palestina a considerar «a fondo» el plan de Trump, y aplaudió los esfuerzos de Washington para lograr un acuerdo «amplio y justo». En una línea semejante se expresó Arabia Saudí, valorando positivamente los esfuerzos de EE UU y reafirmando su «apoyo a lograr una solución justa y completa al conflicto palestino».

Rusia considera que el plan debe ser analizado por el llamado Cuarteto de Madrid, formado por EE UU, la ONU, la UE y la propia Rusia, mientras que Irán afirmó que el acuerdo busca «humillar» a los musulmanes, y que «está muerto» antes de ver la luz. Es un plan que «nace muerto», indicó igualmente el Gobierno de Turquía.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó por su parte que el plan de paz «podría ser un paso positivo hacia adelante», y la Unión Europea señaló, a través de su Alto Representante para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, que la propuesta «supone una oportunidad para relanzar los muy necesarios esfuerzos» para lograr un acuerdo.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó por su parte que el plan de paz «podría ser un paso positivo hacia adelante», y la Unión Europea señaló, a través de su Alto Representante para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, que la propuesta «supone una oportunidad para relanzar los muy necesarios esfuerzos» para lograr un acuerdo.


Con información de Efe y Europa Press

El fin del pacto con Irán, otro clavo de Trump en el ataúd del legado de Obama

Donald Trump no ha ocultado nunca su intención de revertir hasta donde le fuese posible las iniciativas impulsadas y puestas en marcha por su predecesor en la Casa Blanca. Desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2017, el magnate ha intentado modificar, o directamente eliminar, los principales logros de Barack Obama, incluyendo algunos de los más emblemáticos, como los referidos a la sanidad o el medio ambiente. Trump no es, desde luego, el primer mandatario que trata de corregir el legado recibido, tanto en Estados Unidos como en cualquier otro país, pero pocos lo han hecho de un modo tan sistemático y tan poco sutil.

En este sentido, el anuncio hecho esta semana por el presidente de que EE UU abandona el pacto nuclear alcanzado con Irán puede interpretarse como un nuevo paso en lo que algunos expertos han definido como política negativa de Trump, más orientada a destruir lo anterior que a proponer novedades o mejorar lo alcanzado.

El acuerdo con Irán, firmado por Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, además de por Washington y Teherán, fue conseguido tras largas y duras negociaciones durante la anterior Administración estadounidense, con un fuerte coste político para Obama, quien tuvo que enfrentarse a una enorme presión, no solo parte del Partido Republicano, sino también de tradicionales aliados de EE UU en la región, como Arabia Saudí y, especialmente, Israel (junto con el poderoso lobby pro israelí en Washington).

‘America First’

Nada más asumir el cargo, en su primera jornada de trabajo, Trump firmó una orden ejecutiva (vendrían muchas más después, todas ellas rubricadas de forma teatral ante las cámaras) para sacar a EE UU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), un tratado impulsado por Obama y que EE UU había alcanzado junto con otros 11 países.

La decisión se enmarcaba en la nueva política proteccionista de la Casa Blanca (America First, Estados Unidos primero), que llevaría posteriormente a Washington a forzar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, y a imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, así como altas tasas a productos chinos.

Algunas de estas decisiones comerciales están aún en suspenso (en abril el Gobierno estadounidense afirmó que se estaba planteando volver al TPP porque «cree en el libre comercio», las espadas de la negociación del TLCAN siguen en alto, y los aranceles del metal a la UE y otros países no se han materializado todavía), pero el efecto publicitario, especialmente de cara a su base electoral, ya se ha conseguido.

Adiós a París

Más definitiva fue la que quizá haya sido, junto con la ruptura unilateral del pacto iraní, su decisión internacional más trascendental hasta ahora: la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, en junio de 2017.

Al abandonar el tratado, Trump anunció que EE UU «cesará todas las implementaciones» de sus compromisos climáticos en el marco de París «a partir de hoy», lo que incluye la meta propuesta por Obama de reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005.

El acuerdo, dijo el mandatario, fue «negociado mal y con desesperación» por el Gobierno de Obama, «en detrimento» de la economía y el crecimiento de EE UU. Después, la famosa frase: «He sido elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París».

Las ‘correciones’ de las políticas de Obama con respecto al medio ambiente también han tenido lugar de puertas adentro. En diciembre del año pasado, por ejemplo, Trump ordenó la mayor reducción de tierras públicas protegidas en la historia de EE UU, al recortar más de 9.200 kilómetros cuadrados en dos parques en Utah, una medida que fue alabada por los conservadores del estado y duramente criticada por ecologistas y tribus nativas. En concreto, Trump ordenó reducir sustancialmente la superficie de dos monumentos nacionales que habían resguardado tanto Obama, como Bill Clinton.

Además, Trump ha anunciado permisos para perforar el Ártico en busca de combustibles fósiles, y ha reactivado la construcción de polémicos oleoductos congelados por su antecesor en el cargo.

Soñadores y sanidad

Otro de los grandes caballos de batalla de Trump ha sido, y sigue siendo, la inmigración, y también aquí su medida más controvertida hasta ahora (aparte de la construcción del muro en la frontera con México) es un disparo directo contra el legado de Obama: la eliminación del plan DACA, una iniciativa aprobada por el anterior inquilino de la Casa Blanca, que protege de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad (los conocidos como dreamers, soñadores).

De momento, diversos reveses judiciales contra el Gobierno de Trump mantienen vivo el plan, y el propio presidente ha sido ambiguo sobre quién se vería afectado exactamente, al tiempo que es consciente del valor del DACA como moneda de cambio en la negociación que mantiene con el Congreso sobre su política migratoria (y el dinero que necesita para su muro).

Sin abandonar la política interior, la otra gran obsesión ‘anti-Obama’ de Trump es el sistema de protección sanitaria puesto en marcha por su predecesor, la norma conocida como Obamacare. Tumbarla fue una de sus promesas electorales estrella, y el magnate neoyorquino no se ha rendido aún, pero hasta ahora no ha contado con el apoyo suficiente en el Congreso para derogar y reemplazar la reforma.

El pasado mes de septiembre, la oposición de tres senadores hizo imposible aprobar el proyecto de ley impulsado por el presidente, en el que era ya su segundo intento. Días antes, no obstante, Trump anunció su intencion de asfixiar el programa, reduciendo en un 90% los fondos destinados a publicidad y ayuda para las inscripciones ciudadanas en el mercado de seguros médicos de la ley.

Frenazo en Cuba

Por último, y volviendo al exterior, Trump ha dado marcha atrás, o al menos ha frenado en seco, con respecto a una de las decisiones de la anterior Administración calificadas como «históricas»: la apertura con Cuba y la progresiva normalización de las relaciones bilaterales, tras medio siglo de hostilidades.

En un discurso pronunciado el pasado mes de junio en Miami (donde se concentra la mayor cantidad de exiliados y disidentes cubanos en EE UU), el presidente anunció un cambio, «con efecto inmediato», de la política estadounidense hacia la isla, que incluye el mantenimiento del embargo comercial y financiero que había empezado a aliviar Obama, y su oposición a las peticiones internacionales de que el Congreso lo levante.

Una vez más, sin embargo, también en el caso de Cuba es importante distinguir entre las palabras y los hechos. Pese al lenguaje habitual de cambios radicales empleado por Trump, lo cierto es que sus medidas no anulan las relaciones diplomáticas con La Habana restablecidas por Obama, ni prohíben las conexiones aéreas y marítimas con la isla. De momento, tan solo se revisan algunos aspectos de la relación bilateral encaminados a reducir los pagos de estadounidenses a empresas controladas por militares cubanos, o a aumentar las restricciones de viajes individuales a Cuba.

Escándalos sexuales en la Casa Blanca: nada nuevo bajo el sol

El arraigado puritanismo de la sociedad estadounidense es, a ojos de muchos europeos al menos, una de las grandes contradiciones del país norteamericano. La misma nación que venera la libertad individual y en la que el sexo es utilizado constantemente como reclamo comercial, censura cualquier palabra ‘subida de tono’ en la televisión generalista y no perdona el más mínimo ‘devaneo’ a sus políticos: un escándalo sexual, especialmente si está relacionado con el adulterio, puede acabar con la carrera del más popular de los personajes públicos. Como suelen bromear los propios estadounidenses, a nadie le importa cuántas amantes tiene un presidente de Francia, mientras que Monica Lewinsky sigue dando titulares.

Contradicciones aparte, sin embargo, el problema, con la ley en la mano, no suele ser la ‘aventura’ en sí. A pesar de que Estados Unidos es uno de los pocos países occidentales donde el adulterio puede ser considerado aún un delito (no a nivel federal, pero sí en hasta 21 estados), los procesos judiciales por ese motivo son muy raros. El problema real, sobre todo si se trata de políticos o cargos de la administración pública, es mentir sobre ello y, especialmente –como bien pudo comprobar Bill Clinton–, hacerlo bajo juramento. Cuando además se suman presuntos abusos de poder, o comportamientos claramente contradictorios con la moral que predica el propio personaje, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una crisis matrimonial.

El último en sumarse a la larga lista de presidentes de EE UU salpicados por escándalos sexuales ha sido, quién lo iba a decir, Donald Trump. Su presunto affaire con una actriz porno (ocurrido, supuestamente, antes de que el millonario accediese a la presidencia, pero cuando ya estaba casado), colocó hace solo unos días a más 22 millones de espectadores frente al televisor, cuando Stormy Daniels, la actriz que asegura haber mantenido relaciones con el magnate, detalló en el popular programa 60 Minutes de la CBS no solo los pormenores del encuentro («Me dijo que le recordaba a su hija, guapa, lista…»), sino cómo habría sido amenazada después para que guardase silencio.

Trump, pese a su demostrada verborrea en Twitter, no ha respondido aún personalmente a las acusaciones, y este mismo jueves un tribunal de Los Ángeles rechazó una petición de la actriz que le habría obligado a testificar bajo juramento, y reconocer, o negar, la existencia de un supuesto pacto de confidencialidad con la estrella porno.

No todos los escándalos sexuales relacionados con la Casa Blanca han resultado ser tan sórdidos (Daniels afirma que fue intimidada en un aparcamiento, al más puro estilo de las películas de gangsters), pero algunos no se quedan muy atrás. Muchos, en cualquier caso, no han podido ser probados, y en otros ni siquiera hubo adulterio. La lista se remonta nada menos que a uno de los «padres fundadores» del país, Thomas Jefferson.

Thomas Jefferson y Sally Hemings

Los primeros rumores acerca de que Thomas Jefferson había tenido un hijo con una de sus propias esclavas, Sally Hemings, los publicó en 1802 James Callender, un rival político del entonces presidente de EE UU. Jefferson, que ocupó la Casa Blanca entre 1801 y 1809, era entonces viudo. Hemings era hija de otra esclava y del suegro del propio presidente.

Durante años, los historiadores tendieron a tratar la acusación como simples cotilleos extendidos por los enemigos del presidente, pero en 1998 una prueba de ADN realizada a un descendiente de Jefferson mostró que, efectivamente, podía existir una conexión entre Jefferson y el último hijo de Hemings.

Un estudio posterior llevado a cabo por la Thomas Jefferson Foundation llegó a la misma conclusión, y apuntó incluso la posibilidad de que el padre fundador hubiera sido también padre no solo de uno de los hijos de Hemings, sino de los seis que tuvo ésta.

Grover Cleveland y Maria Halpin

Unos días antes de que Grover Cleveland se presentase por primera vez como candidato a la presidencia de EE UU, en 1884, Maria Halpin, dependienta en una tienda de Buffalo, aseguró que el aspirante demócrata era el padre de su «hijo ilegímito». La historia saltó a los periódicos durante la campaña electoral –sus oponentes le cantaban «Ma, ma, where’s my pa? Gone to the White House, ha ha ha!» («Mamá, mamá, ¿dónde está papá? ¡Se fue a la Casa Blanca, ja, ja, ja!»)– y el candidato, pese a que no llegó ni a confirmarla ni a negarla, sí admitió que pagaba la manuntención de un hijo con el nombre de Oscar Folsom Cleveland.

El escándalo no impidó que Cleveland ganase las elecciones (por tan solo 62.000 votos), una victoria que repetiría en 1893, siendo el único presidente de EE UU que ha tenido dos mandatos no consecutivos. En junio de 1886, Cleveland contrajo matrimonio con Frances Folsom, hija de un compañero de su bufete de abogados. Se casaron en la misma Casa Blanca (el único presidente que lo ha hecho), y Folsom se convirtió, con 21 años, en la primera dama más joven de la historia del país. Cleveland tenía 49.

Woodrow Wilson y Edith Bolling

El escándalo relacionado con Woodrow Wilson (presidente entre 1913 y 1921) no tuvo que ver ni con el adulterio ni con hijos ilegítimos ni con cualquier otra conducta castigada por la ley. En una época en la que se esperaba que los viudos guardasen como mínimo un año de luto, el presidente se comprometió con Edith Bolling Galt apenas siete meses después de la muerte de su esposa, llen Axson Wilson, fallecida a los 29 años, y que había sido primera dama durante tan solo 17 meses. Una parte de la prensa censuró su «falta de respeto», y entre los rumores más disparatados se llegó incluso a insinuar que Wilson había asesinado a su primera mujer.

Cuando Wilson sufrió un ictus severo en octubre de 1919, Edith, con la que se había casado nueve meses después de comprometerse, comenzó a supervisar los asuntos de Estado, llegando a dirigir de facto el poder ejecutivo del Gobierno durante el resto del segundo mandato del presidente, hasta marzo de 1921.

Warren Harding y Carrie Phillips (y Nan Britton)

Warren Harding (presidente entre 1921 y 1923) tuvo una relación extramatrimonial con Carrie Fulton Phillips que duró quince años, a pesar de lo cual el público en general no tuvo conocimiento de ello hasta décadas más tarde, cuando un biógrafo del mandatario, Francis Russell, halló en los años sesenta las cartas esritas por Harding a su amante. En 1971 esas cartas fueron donadas a la Librería del Congreso, aunque, como resultado de un litigio judicial, no pudieron ver la luz hasta 2014.

A Harding se le atribuyó otra amante, Nan Britton, quien en 1927 publicó el libro The President’s Daughter (La hija del presidente), en el que aseguraba que el padre de su hija Elizabeth era el inquilino de la Casa Blanca. El libro, dedicado «a todas las madres solteras», llegó a venderse como si fuera pornografía, puerta a puerta y envuelto en papel marrón para ocultarlo. Britton fue demandada por difamación y un jurado falló en su contra, pero en 2015 pruebas de ADN realizadas a miembros de las dos familias confirmaron finalmente que sí existía una relación.

Franklin D. Roosevelt y Lucy Mercer

En 1913, Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin D. Roosevelt desde 1905, contrató a una joven de 22 años, Lucy Mercer, como secretaria. Cuatro años después, Eleanor descubrió las cartas de amor que habían intercambiado Mercer y su esposo, y amenazó con pedir el divorcio. El futuro presidente (fue elegido por primera vez en 1933 y no abandonaría la Casa Blanca hasta su muerte, en 1945) prometió que daría por terminada la relación, pero no fue así.

El contacto entre Roosevelt y Mercer se mantuvo a lo largo de los años, y, cuando el presidente murió, en Warn Spring, ella se encontraba junto a él, un hecho que, al igual que la relación en sí, se ocultó al público hasta que fue revelado en 1966 por Jonathan W. Daniels, un antiguo asistente del mandatario, en su libro The Time Between the Wars (El tiempo entre guerras).

John F. Kennedy y Marilyn Monroe

El 19 de mayo de 1962, en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, una exuberante Marilyn Monroe se acercaba al micrófono y, ante el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, entonaba con voz sensual uno de los Feliz cumpleaños más famosos de la historia: Happy Birthday, Mr. President. La esposa del homenajeado, Jacqueline, no estaba entre las más de 15.000 personas que asistieron al evento porque, según las muchas informaciones filtradas a pesar del celo protector de la prensa, hacía tiempo que sabía de la (a día de hoy, aún ‘supuesta’) relación entre su marido y la gran estrella de Hollywood.

La fama de promiscuo de JFK está bien documentada, y numerosos artículos y libros han incluido entre sus romances, además de a Marilyn, a la actriz Marlene Dietricht (al parecer, la cosa no habría pasado de un breve encuentro), a una becaria de la Casa Blanca, a una secretaria personal de la propia Jacqueline e incluso a una joven, Judith Campbell Exner, a quien posteriormente el FBI relacionaría con la mafia. Kennedy y Campbell habrían sido presentados por Frank Sinatra en Las Vegas en 1960, cuando el futuro presidente aún era senador .

Bill Clinton y Monica Lewinsky

«Yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky. Yo nunca le dije a nadie que mintiera, ni una sola vez, nunca. Esas alegaciones son falsas». Así de rotundo se mostraba Bill Clinton ante la prensa el 26 de enero de 1998, tratando de zafarse del que era ya el mayor, el más publicitado, y el más utilizado como arma política escándalo sexual en toda la historia de la Casa Blanca. El presidente –acompañado en ese momento por su esposa, Hillay Clinton, quien le apoyaría a lo largo de todo el proceso– estaba, como se confirmó después, mintiendo.

En 1995, Monica Lewinsky fue contratada para trabajar como pasante (becaria) en la Casa Blanca, durante la primera presidencia de Clinton. La relación que la joven (tenía entonces 22 años) mantuvo hasta 1997 con el presidente (una serie de breves encuentros sexuales en el Despacho Oval) saltó a la luz a raíz de un caso distinto, en el que otra mujer, Paula Jones, había demandado a Clinton por presunto acoso sexual cuando este era gobernador de Arkansas.

Linda Tripp, una amiga de Lewinsky, empleada también en la Casa Blanca, y a quien la becaria había confiado su historia, había grabado en secreto conversaciones telefónicas en las que quedaba clara la relación entre Lewinsky y el presidente. Al enterarse de que Lewinsky se había comprometido a no declarar sobre su relación con Clinton en el caso Jones, Tripp decidió hacer públicas las cintas, y fue entonces cuando estalló la tormenta.

El 28 de julio de 1998, Lewinsky, tras recibir protección de testigo a cambio de dar testimonio acerca de su relación con Clinton, entregó a los investigadores el ya famoso vestido azul manchado con semen, cuyo ADN probó la relación. El 17 de agosto Clinton admitió ante el gran jurado que había tenido una «relación física impropia» con Lewinsky, aunque aclaró que «no había tenido relaciones sexuales» con la becaria, sino que se había limitado a recibir sexo oral.

Dos meses después, el presidente, sometido entre tanto a un juicio político de destitución (impeachment) por haber mentido bajo juramento sobre sus relaciones con Lewinsky en el proceso judicial, no relacionado, sobre acoso sexual, fue hallado culpable por desacato y multado con 90.000 dólares por falso testimonio. El Congreso, no obstante, lo absolvió de todos los cargos de perjurio, lo que le permitió permanecer en el cargo.