El 94% de las empresas incluidas en el IBEX35 (el principal índice de referencia de la Bolsa española) tenían en 2011 presencia en territorios considerados como paraísos fiscales, y en ocupaciones que no están directamente relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios, sino con actividades financieras de sociedades de cartera o de tipo holding. El dato pertenece al último informe del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), presentado el pasado mes de mayo.
Otro dato: aunque no es posible dar una cifra exacta, el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, calcula que la evasión fiscal anual en España supone unos 88.000 millones de euros, una cantidad que hay que unir a los 245.000 millones de euros (el 23,3% del PIB) a los que se calcula que asciende el volumen de la economía sumergida.
Y dos datos más: un estudio publicado en 2012 por la organización británica Tax Justice Network señala que el dinero que los multimillonarios ocultan en los paraísos fiscales año a año supera los 21 billones de dólares, una suma equivalente a un tercio del PIB mundial, o al PIB combinado de EE UU y China. Por otra parte, la UE calcula que los países miembros pierden dos billones de euros anuales en evasión fiscal, una cantidad que supone cuatro veces el dinero dedicado a educación en toda la Unión.
Los impuestos que generaría todo este dinero, de ser declarado en los países de origen, significarían, obviamente, un buen pellizco para las maltrechas arcas de muchos de los estados afectados, algo especialmente importante en estos tiempos de crisis, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de los gobiernos europeos (el español incluido) están apostando por combatirla, además de con recortes, aumentando la presión fiscal.
Y la conclusión de muchos expertos es que, en consecuencia, esta presión fiscal, es decir, los mayores impuestos que tienen que pagar los ciudadanos, sería menor si el Estado contase con ese dinero que las grandes empresas y fortunas tienen en sus ‘paraísos’.
Otros van más allá y establecen directamente una relación de causa-efecto: para compensar el hecho de que muchos se llevan parte de su riqueza fuera para no tributar por ella, los estados suben los impuestos a quienes no lo hacen. Dicho de otro modo: no pagar aquí impuestos supone que quien sí los paga tiene que pagar más.
En este sentido, el director del mencionado informe del Observatorio de la RSC, Carlos Cordero, señala que «esta apuesta de gestión empresarial por estrategias fiscales elusoras [eludir el pago de impuestos], aunque no es ilegal en el modelo normativo actual, no es recomendable desde el punto de vista de incrementar la competitividad, pues no aumenta valor, sino que aprovecha una ventaja irregular por no pagar lo que corresponde por los beneficios».
Cordero añade que estas prácticas son «socialmente irresponsables y éticamente reprochables, ya que la capacidad elusora de estas empresas traspasa a otras empresas y personas la carga fiscal que ellas no aportan, una carga que deberían soportar, puesto que disfrutan, igual que el resto, o a veces más, de los resultados generados por los bienes y servicios públicos y por las políticas públicas».
La Plataforma 2015 y Más, un colectivo que agrupa a 17 ONG españolas, indica que, a menudo, los esfuerzos de los estados dirigidos a incrementar sus ingresos fiscales «chocan con un volumen de evasión considerable por parte de empresas o particulares que operan a través de paraísos fiscales». «El resultado –añade– ha sido una disminución de los ingresos fiscales o una mayor presión fiscal sobre los perceptores de rentas no móviles, sectores que en su mayoría se encuentran por debajo de la banda de renta alta, lo que redunda en una merma de la progresividad del sistema fiscal».
La expresión ‘paraíso fiscal’ es una traducción incorrecta del término inglés tax haven, que significa ‘refugio fiscal’. Los defensores de una mínima participación del Estado en la economía y de un nivel impositivo lo más bajo posible suelen aludir a la traducción literal para destacar las teóricas ventajas de que existan estos territorios.
Cordero destaca que es necesario «reconsiderar la responsabilidad fiscal de los distintos actores, porque no parece razonable, ni justo ni sostenible, que la carga fiscal la soporten fundamentalmente las personas, ya sea a través de los impuestos a la renta o de los impuestos al consumo, y las pymes, mientras que la tasa efectiva sobre los beneficios de las grandes empresas es cada vez menor».
Lo que hay que saber de los paraísos
1. ¿Qué es un paraíso fiscal? Un territorio o un Estado que aplica un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes en el mismo que se domicilian a efectos legales en él. Estas ventajas suelen consistir en una exención total o en una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos.
2. ¿Cuáles son los más usados por los españoles? Por proximidad geográfica, Andorra, utilizado sobre todo por las grandes fortunas o empresas catalanas, y Gibraltar, donde residen ‘oficialmente’ la mayoría de los dueños de villas de lujo de la Costa del Sol. No son extraños otros destinos más exóticos, como las Islas Caimán, la isla de Jersey o Panamá, como se desprende de las investigaciones judiciales sobre el caso Gürtel.
3. ¿Cuántos paraísos fiscales hay? No existe una lista oficial, porque cada país tiende a elaborar la suya propia. Habitualmente se toma como referencia la que publica la OCDE, que cambia de año en año, en función de si mejora o no la colaboración de los territorios incluidos. Por otro lado, existe un doble rasero a la hora de actuar contra los paraísos fiscales. La UE, por ejemplo, ha cargado recientemente contra Chipre por su condición de paraíso fiscal, pero no lo ha hecho contra Luxemburgo o contra muchos territorios británicos de ultramar que también son considerados paraísos fiscales.
4. ¿Es delito tener dinero en un paraíso fiscal? No, pero sí lo es no tributar por él. Cuando se presenta la declaración de la renta, existe un apartado en el que sedeben declarar los ingresos obtenidos en el exterior. Si se quiere actuar con legalidad, se declaran estos ingresos, que a su vez habrán tributado en el país donde estén y, gracias al convenio para evitar la doble imposición internacional, lo pagado en el exterior se descuenta en España. Quienes tienen dinero en los paraísos fiscales, donde la tributación es simbólica, suelen ocultar la existencia de estas cuentas.