El que parecía el yerno perfecto (en términos de imagen para la monarquía, al menos) podría haber salido rana. Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, deportista de élite, exmedallista olímpico, poseedor de un innegable don de gentes, en aparentes buenos términos con el resto de la Familia Real, y hasta guapo, está siendo investigado por una trama de corrupción de varios millones de euros. Euros salidos, además, del bolsillo del contribuyente.
La trama por la que, según todos los indicios, puede acabar imputado el yerno del Rey, forma parte del laberinto del caso ‘Palma Arena’, y lo que ha trascendido hasta ahora del sumario judicial es, de llegar a ser probado, muy grave.
Estas son las claves de la llamada técnicamente ‘Operación Babel’, más conocida ya como ‘caso Urdangarin’.
El Instituto Nóos
Entre 2004 y 2006 Iñaki Urdangarin fue el presidente del Insituto Nóos, una fundación oficialmente sin ánimo de lucro, relacionada con la organización de eventos deportivos y con servicios de asesoría en cuestiones de imagen, y que apenas había tenido actividad relevante desde su creación, en el año 1999.
Durante la época de la presidencia de Urdangarin, sin embargo, la fundación sale de su letargo: En 2004, nada más ponerse al frente de Nóos, el duque de Palma contacta con José Luis ‘Pepote’ Ballester, director de Deportes del Gobierno de Jaume Matas (PP) y amigo del Príncipe Felipe. Poco después ofrece sus servicios al Gobierno balear para organizar un foro deportivo.
Los contratos
Entre 2004 y 2007, en plena época expansiva de gasto público y con el ‘boom’ inmobiliario desatado, el gobierno de Baleares, el de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia suscribieron varios convenios a dedo con Nóos por valor de millones de euros: 2,3 millones en el caso del Gobierno balear y más de 3,7 millones en el caso de las instituciones valencianas.
En concreto, el Gobierno balear pagó a Nóos 1,2 millones de euros en 2005 y 1,1 millones en 2006 por la organización de sendas cumbres turístico-deportivas, en el marco del llamado Fórum Illes Balears. Los pagos se hicieron a través de la Fundación Illesport y del Instituto Balear de Turismo (Ibatur).
La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, por su parte, pagaron al Instituto, con dinero del propio Gobierno autonómico, de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, y de la Fundación Turismo Valencia (municipal), 900.000 euros por la organización de la reunión internacional sobre turismo y deporte «Valencia Summit» en 2004, otros tantos por lo mismo en 2005, y 900.000 más en 2006. Por los gastos de representación y alojamiento de los participantes en la cumbre de 2005, Nóos recibió, además, 700.000 euros, y por hacerse cargo de la candidatura de Valencia para los Juegos Europeos en 2006, otros 382.000.
Quién es quién
El núcleo duro del Instituto Nóos, es decir, el equipo que gestionaba la fundación y tomaba las decisiones, estaba formado por el propio Iñaki Urdangarin, administrador en 2003 y presidente entre 2004 y 2006; Diego Torres, gerente entre 2004 y 2006, y presidente tras la salida de Urdangarin, en ese último año; Ana María Tejeiro, responsable del área jurídico fiscal y esposa de Torres; Miguel Tejeiro, secretario y hermano de Ana María, y Marcos Tejeiro, responsable del área contable y hermano de los dos anteriores.
Todos ellos, menos Urdangarin, están actualmente imputados.
El hilo del caso ‘Palma Arena’
Las irregularidades en las cuentas del instituto Nóos salen a la luz como consecuencia de las investigaciones del caso ‘Palma Arena’, una trama de corrupción en el Gobierno balear que comenzó a destaparse en agosto de 2008, y en la que hay ya más de una treintena de imputados, entre políticos, cargos ejecutivos y personal técnico, siendo el principal procesado el expresidente autonómico de Baleares Jaume Matas.
El 22 de julio del año pasado, el juez José Castro, instructor del ‘caso Palma Arena’, abrió una nueva pieza en la causa (la número 25, bautizada como ‘operación Babel’), en la que pedía información sobre los convenios firmados en los años 2005 y 2006 entre Illesport e Ibatur, dependientes del Gobierno balear, y el Instituto Nóos para la organización del Fórum Illes Balears. El juez requería al Instituto Nóos que acreditase «haber rendido cuentas de la inversión de los fondos recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones».
Adjudicaciones a dedo y sobrecostes
Los expedientes administrativos estaban plagados de irregularidades. Para empezar, porque la adjudicación de los convenios se hizo sin concurso público, y, además, porque las entidades públicas no pueden firmar este tipo de acuerdos con empresas privadas a no ser que se justifique que estas son las únicas que pueden prestar el servicio. De hecho, en febrero de 2006, el PSIB-PSOE ya había preguntado al Ejecutivo balear por la supuesta existencia de pagos irregulares a los organizadores de este foro.
El fiscal sospechó entonces que Nóos había desviado un millón de euros de los 2,3 millones facturados por los foros de Baleares, con un sobrecoste del 170%.
El pasado 2 de junio, el juez Castro citó como imputado a Diego Torres. En su declaración, Torres defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el Gobierno balear.
El 19 de julio, el magistrado imputó a José Luis ‘Pepote’ Ballester y al exgerente del Instituto Balear de Turismo, Raimundo Alabern, por el mencionado presunto desvío de 2,3 millones de euros.
Cuatro comidas y tres cenas: 80.000 euros
El pasado 8 de noviembre, el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió un registro en las oficinas de Barcelona de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos. La Policía registró también la casa de Torres y recogió de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias documentación sobre los contratos firmados con Nóos.
Finalmente, el 9 de noviembre, Anticorrupción apuntó a que tanto Urdangarin, como su antiguo socio, Diego Torres, urdieron «un entramado societario cuando ambos estaban al frente del Instituto Nóos con el fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía esta fundación», y que, para ello, se fijaban precios «totalmente desproporcionados» por los servicios que prestaban a la Administración, y se simulaban asimismo trabajos ficticios.
¿Como de desproporcionados? El sumario de la causa detalla, por ejemplo, un presupuesto de 240.000 euros para viajes y alojamiento de unas 100 personas, de los que 85.000 eran para los desplazamientos de los expertos internacionales, otro tanto para los hoteles donde dormían, y 80.000 para gastos de catering (cuatro comidas, tres cenas y seis ‘coffee breaks’, según informó El País).
Otro ejemplo: El Gobierno balear pagó en 2007 445.000 euros al Instituto Nóos por crear el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo, un organismo que nunca llegó a funcionar.
Bajo el paraguas del altruismo
La Fiscalía indica que la única finalidad perseguida por Urdangarin y Torres con la toma del control de Nóos era «contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales», con el fin de «rodearse del prestigio social derivado […] y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos».
La trama
Según detalla la Fiscalía, Nóos fijaba los precios por sus servicios y, tras recibir los fondos, simulaba la contratación de actividades ficticias con una serie de empresas mercantiles que formaban su entramado societario, facturando por importes superiores a los servicios realmente prestados, y emitiendo las facturas contra Nóos. De este modo, los fondos públicos acababan en manos de las empresas mercantiles controladas por Torres y Urdangarin.
En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management.
El documento judicial indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que «revela que el control» de las mismas «estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos».
Sin miedo
En algunos casos, y a pesar de que se trataba de fondos públicos, todo ese dinero ni siquiera estaba respaldado por documento alguno. Hay recibos falsos y nóminas de empleados que no tienen nada que ver con los convenios firmados.
La sensación de impunidad debía de ser muy grande: Según la investigación, algunas facturas justifican gastos de un congreso celebrado en Palma de Mallorca con recibos de servicios prestados tiempo antes en la Comunidad Valenciana.
El pelotazo
De acuerdo con las investigaciones, aún provisionales, Urdangarin habría amasado desde 2004 un patrimonio personal superior a los 11 millones de euros. A su nombre tiene un palacio de ocho millones de euros en Barcelona, y además es dueño de un patrimonio inmobiliario de cerca de 1,3 millones de euros (cinco pisos en Palma y otro en Tarrasa) y de activos por valor de 1,8 millones en sus empresas.
Y aún falta por calcular todo el dinero oculto bajo otras firmas o sociedades, o las cantidades que la trama de empresas de Nóos pueda haber evadido al extranjero. De acuerdo con una información publicada por El Mundo, el fiscal atribuye al duque de Palma una presunta evasión de capitales a paraísos fiscales de Belice y el Reino Unido. De momento, los fiscales calculan que el marido de la infanta y su socio se habrían llevado al menos 650.000 euros a Belice, a través de «una estructura societaria fiduciaria».
Más de cien clientes
Según informó el diario Público, Hacienda cifra en más de 16 millones de euros la trama presuntamente urdida por Urdangarin, que en nueve años habría facturado a 103 clientes, entre los que se encuentran algunas de las principales empresas del país.
Casi el 40% de los ingresos totales del ‘holding’ salieron de las arcas públicas (no solo de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana, sino también de ayuntamientos como los de Alcalá de Henares, Valencia, Barcelona, Mataró o La Galera, en Tarragona), pero las empresas privadas también pagaron. De acuerdo con el diario El Mundo, compañías como Telefónica y Aceralia, o instituciones como la Sociedad General de Autores (SGAE) realizaron pagos a Nóos por estudios para mejorar su imagen u organizar actos institucionales. En el caso de la entidad que dirigía Teddy Bautista la factura superó los 400.000 euros. Nóos cobró también de equipos de fútbol como el Valencia o el Villareal. El conjunto de Castellón llegó a abonar 690.000 euros por un informe de una decena de folios.
Los responsables del Instituo Nóos no solo se contrataban a sí mismos a través de las mercantiles que controlaban, sino que, además, por medio de estas, y según informó ABC, presentaron y habrían cobrado facturas por un importe global de más de 1,7 millones de euros en 2007, cuando la entidad sin ánimo de lucro ya no tenía actividad alguna.
«Credibilidad»
El expresidente del Gobierno balear Jaume Matas ha admitido que el acta en la que consta una reunión mantenida con Urdangarin, para aprobar uno de los pagos a Nóos, «no respondía a la realidad», ya que sus colaboradores ni siquiera se habrían reunido con el duque, si bien justificó que se trataría de una «práctica habitual» por ser un documento privado nacido en el seno de la fundación Illesport.
Matas tomó la decisión política de respaldar esta iniciativa, según dijo, por ser «una oferta desde una institución sin ánimo de lucro presidida por alguien de la credibilidad de Urdangarin».
La petición del expresidente balear de que el caso pase a la Audiencia Nacional ha sido rechazada por Anticorrupción.
La imputación de Urdangarin
Los investigadores judiciales de la pieza separada número 25 del ‘caso Palma Arena’ tienen previsto finalizar en menos de dos meses el estudio de toda la documentación incautada en los registros. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por El País, a partir de ese momento citarán como imputado a Iñaki Urdangarin.
Diego Torres, por su parte, lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos.
Los cuatro delitos que investiga el juzgado de instrucción núnero 3 de Palma de Mallorca -malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental- están penados con 15 años de prisión.
¿Y la infanta?
La infanta Cristina es vocal de una de las empresas beneficiadas, Aizoon S.L., una promotora familiar de la que su marido es administrador y a la que Urdangarin habría desviado parte del dinero público. Su firma aparece, asimismo como vocal, en el equipo saliente del acta de renovación de la junta del Instituto Nóos.
No obstante, los investigadores judiciales consideran que, tanto ella como su secretario, Carlos García Revenga, tesorero de la junta directiva de Nóos hasta 2006, estaban «apartados del conocimiento del área financiera». Para ello se apoyan en la declaración policial de Ignasi de Juan Creix Bretón, quien colaboró en Nóos en 2006.
Según las fuentes jurídicas mencionadas por El País, la infanta no será imputada porque ni el juez José Castro, que instruye el caso, ni los fiscales que lo investigan la incluyen dentro del «círculo cerrado de toma de decisiones» del entramado que dirigía su marido.
¿Qué ha dicho el duque?
De momento, no mucho. El pasado 11 de noviembre, un día después de que el fiscal Anticorrupción de Baleares tomase declaración a varias personas implicadas en la supuesta trama, Urdangarin afirmó que defenderá su «honorabilidad e inocencia» en relación con su gestión al frente del Instituto Nóos.
«Cuando conozca los pormenores de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que en este momento son formalmente secretas, podré pronunciarme sobre su contenido», dijo en una nota enviada desde Washington, donde reside. El duque de Palma insistió en que defenderá su «honorabilidad e inocencia en este asunto desde la convicción de que mi actuación profesional ha sido siempre correcta».
Su segunda declaración la realizó este mismo sábado, y se centró en desvincular a la Casa Real del escándalo: En una conversación telefónica con la agencia Efe, Urdangarin leyó el siguiente comunicado: «Ante la acumulación de informaciones y comentarios aparecidos en los medios de comunicación relativos a mis actuaciones profesionales, deseo puntualizar que lamento profundamente que los mismos estén causando un grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de su Majestad el Rey, que nada tienen que ver con mis actividades privadas. Informo asimismo [de] que he designado asesor jurídico y portavoz a Don Mario Pascual Vives, letrado del Colegio de Abogados de Barcelona, que será la persona autorizada a hablar en mi nombre».
¿Y la Casa Real?
La Casa Real dijo este sábado que no va a hacer ninguna declaración sobre el comunicado del duque de Palma. Anteriormente, la institución había expresado su «respeto absoluto» por las actuaciones y decisiones judiciales en marcha.
Zarzuela también ha dejado claro que no tiene ningún plan para desvincular a las infantas Elena y Cristina, o al propio Iñaki Urdangarin, del núcleo de la Familia Real, «cuya composición viene regulada por un decreto de 1981». Esta declaración la hizo la Casa Real en respuesta a diversas informaciones publicadas en relación a un supuesto plan para limitar los miembros de la Familia Real a los reyes, los príncipes y sus hijas Leonor y Sofía, e ir limitando poco a poco la actividad institucional de la infanta Elena y los duques de Palma.
¿Qué dicen los partidos políticos?
El PSOE y el PP reiteraron este sábado su respeto a las decisiones judiciales de forma general y, en particular, en el ‘caso Palma Arena’, así como a las actuaciones que decida Urdangarin ante la investigación de que es objeto en este asunto. Fuentes de ambos partidos se limitaron a expresar ese respeto y a defender la presunción de inocencia.
El líder de IU, Cayo Lara, ha señalado, con cierta ironía, que el duque de Palma debería poner su cargo «a disposición» de la Casa Real, de la misma manera que la Monarquía tendría que poner «su Casa Real» a disposición de la soberanía popular.
Los diputados de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes han enviado una carta a Urdangarin, en la que le exigen que devuelva los fondos públicos «que le fueron otorgados en su momento» y que «colabore con la justicia aportando todas la documentación e información que se le requiera».