«Yo sé quién mató a mi marido. Y lo que dijo Alexander en su lecho de muerte, cuando culpó directamente a Putin, ha sido probado finalmente como la verdad por un tribunal británico». Marina Litvinenko, la viuda del exagente ruso asesinado en Londres en 2006, no ha albergado nunca dudas sobre quién estuvo detrás del envenenamiento de su esposo, como tampoco tenía dudas el magnate Boris Berezovski, uno de los principales enemigos políticos del presidente ruso, cuando, poco después de la muerte de Litvinenko, decía en The New Yorker: «Este tipo [en referencia a Putin] es pura KGB. Saca adelante una ley que permite a los rusos matar a oponentes en el extranjero, y los oponentes en el extranjero acaban muertos». En un aparente suicidio, Berezovski apareció ahorcado en su casa, también en Londres, en marzo de 2013.
Casi una década después de la muerte de Alexander Litvinenko, envenenado con la sustancia radiactiva polonio 210, el juez británico que ha presidido la investigación, Robert Owen, hizo públicas el pasado jueves sus conclusiones: en su documento, de 300 folios, el magistrado señala que los también exagentes rusos con los que Litvinenko se reunió y tomo el té envenenado, «probablemente» actuaron bajo la dirección de los servicios de inteligencia rusos FSB. «Teniendo en cuenta todas las pruebas y análisis disponibles, he encontrado que la operación de la FSB para matar a Litvinenko fue probablemente aprobada por el señor (Nikolai) Patrushev (director de la FSB) y también por el presidente Putin», indicó el juez.
El Kremlin no solo ha vuelto a negar cualquier implicación de los servicios de inteligencia rusos, sino que ha despreciado el informe judicial, tachándolo de «humor británico», y destacando que éste se sostiene «en informaciones efímeras», y que «emplea con asiduidad palabras como posiblemente y probablemente», un lenguaje que «no se tolera en nuestra práctica judicial ni en la de otros países, y que obviamente no puede tomarse como un veredicto».
El Gobierno británico, sin embargo, no parece haberse tomado a broma el informe, si bien no parece probable que vaya a adoptar medidas contra Moscú que puedan agrandar la ya importante brecha diplomática existente entre Rusia y Occidente. El primer ministro británico, David Cameron, calificó de «alarmantes» las conclusiones del juez y dijo estar «sopesando qué medidas adicionales tomar», pero la ministra del Interior, Theresa May, ya ha dejado claro que, por más que el asesinato de Litvinenko sea una violación «evidente e inaceptable» de las leyes internacionales, su gobierno está más preocupado por salvaguardar «intereses de seguridad nacional» en los que la cooperación con Rusia es clave, incluyendo el trabajo con Moscú para avanzar en las negociaciones de paz en Siria. May recordó asimismo que tampoco es mucho lo que pueden hacer contra Putin, al tratarse de un jefe de Estado.
Sean cuales sean las consecuencias prácticas del informe del juez Owen (probablemente, pocas), la publicación de las conclusiones de la investigación ha vuelto a dirigir la atención hacia el destino, a menudo trágico, que han tenido numerosos disidentes y enemigos políticos del presidente ruso, y hacia la presunta implicación del mandatario (efectivamente, exagente de la KGB, agencia para la que trabajó como espía en Alemania Oriental entre 1985 y 1990) en la eliminación de sus oponentes.
Entre los años 2000, cuando Putin accedió al poder, y 2007, al menos una veintena de periodistas rusos fueron asesinados en extrañas circunstancias, y sin que se llevaran a cabo investigaciones concluyentes en la mayoría de los casos, según denunció Reporteros Sin Fronteras. El caso más conocido, y el que provocó la mayor repulsa fuera de las fronteras rusas, fue sin duda el de Anna Politkóvskaya, una de las voces más críticas con el Kremlin, y reconocida internacionalmente por su labor periodística de denuncia de los abusos a los derechos humanos en la guerra de Chechenia. Politkóvskaya fue asesinada en Moscú el 7 de octubre de 2006, tan solo cuatro semanas antes del envenenamiento de Litvinenko.
Los casos de Litvinenko y Politkóvskaya son los más polémicos, tanto por su dramatismo como por sus implicaciones internacionales, pero la lista de oponentes ‘apartados de la circulación’ en los últimos años incluye también a figuras tan notables como el magnate del petróleo Mijaíl Jodorkovski (encarcelado durante diez años), el empresario televisivo Vladimir Gusisnski (exiliado entre Israel y España), el mencionado magnate de los medios de comunicación Boris Berezovski (exiliado en Londres hasta su muerte por ahorcamiento en 2013), el auditor financiero Serguéi Magnitsky (muerto en prisión en 2009), el bloguero y activista opositor Alexei Navalny (encarcelado varias veces), o el político también opositor Boris Nemtsov (asesinado a tiros en Moscú en febrero de 2015).
Vladimir Gusinski
El enfrentamiento entre Putin y Vladimir Gusinski, el magnate de medios de comunicación creador del holding MediaPost y del primer canal independiente de la televisión rusa (NTV), se remonta al año 1999. Tras los ataques terroristas de septiembre de ese año, que causaron cientos de muertos en Moscú y otras ciudades rusas, y que el Kremlin atribuyó a separatistas chechenos, los medios de Gusinski airearon e investigaron las teorías según las cuales miembros de la FSB (los servicios de inteligencia rusos) podrían haber estado implicados, en un intento de precipitar la guerra en Chechenia y favorecer la candidatura presidencial de Putin, percibido entonces como el ‘hombre fuerte’ necesario para resolver la crisis.
Durante la campaña electoral que finalmente acabó con Putin en la presidencia, Gusinski apoyó abiertamente al candidato opositor, el entonces alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov. Cuando accedió al poder, en el año 2000, Putin lanzó una investigación contra Gusinski y su grupo de comunicación por supuesta malversación de fondos. En junio de ese año, Gusinski fue detenido y encarcelado en la tristemente famosa prisión moscovita de Butyrka. Tras tres días de escándalos, presión internacional y todo tipo de especulaciones (se llegó a publicar que el Kremlin había ofrecido a Gusinski la libertad a cambio de que el empresario vendiera su holding por 300 millones de dólares), Gusinski fue liberado y, poco después, vendió su compañía. La investigación criminal se cerró, y el magnate abandonó Rusia, a donde no ha regresado desde entonces.
En diciembre de 2000, Gusinski fue detenido en España a petición de Rusia, y por orden del juez Baltasar Garzón, pero fue puesto en libertad unos días después. Actualmente, el magnate, que tiene las ciudadanías española e israelí, reside entre estos dos países.
Mijaíl Jodorkovski
La detención en octubre de 2003 de Mijaíl Jodorkovski, el hombre más rico de Rusia y entonces presidente de Yukos, la mayor petrolera privada del país, se produjo en un momento en que el Kremlin intentaba contrarrestar el poder de los grandes oligarcas multimillonarios y ganar control sobre la industria petrolera nacional. Jodorkovski, famoso por apoyar con su dinero a varios grupos opositores (desde comunistas a liberales), y a quien muchos veían como un posible rival político de Putin en las elecciones de diciembre de ese mismo año, fue detenido a punta de pistola y acusado posteriormente de fraude y evasión fiscal.
El arresto de Jodorkovski levantó un terremoto político en Rusia, del que no se libró el propio jefe de la administración presidencial, Alexandr Voloshin, quien acabó siendo destituido. El 3 de noviembre de 2003, el magnate anunció desde la cárcel su dimisión al frente de la petrolera, y en enero de 2005 cedió el control de Yukos y transfirió el 60% de sus títulos en el grupo Menatep, accionista mayoritario de la compañía, al empresario ruso Leonid Nevzlin, residente en Israel y reclamado por Rusia.
El 31 de mayo de 2005 Jodorkovski fue condenado a nueve años de prisión por nueve delitos y, en octubre siguiente, fue trasladado a la prisión de Krasnokamensk, fronteriza con China, donde realizó dos huelgas de hambre en protesta por la situación de sendos ex altos cargos de Yukos. En febrero de 2007 se abrió otro proceso contra él por presunto robo de crudo entre 1998 y 2003 por valor de 35.000 millones de dólares, y en diciembre de 2010 fue condenado a trece años y medio de prisión, pena que posteriormente fue rebajada a once.
En diciembre de 2013, Jodorkovski fue indultado y se exilió en Suiza, desde donde anunció, un año después, su regreso a la vida pública con un ambicioso proyecto para «devolver a Rusia a la senda europea, de la que se ha alejado desde la crisis ucraniana». El pasado 11 de diciembre un tribunal ruso le acusó de haber organizado dos asesinatos entre 1998 y 1999, entre ellos, el del entonces alcalde de la ciudad de Nefteyugansk, Vladímir Petujov. Días después el juez decretó una orden de captura internacional.
Boris Berezovski
Boris Berezovski, empresario de comunicación, académico de Ciencias, exdiputado ruso y exsecretario ejecutivo de la extinta Comunidad de Estados Independientes (CEI), formó su imperio tras la desintegración de la URSS, y fue clave en la reelección de Boris Yeltsin en 1996, cuando éste, además de enfermo, no gozaba de las mejores cotas de popularidad. Llamado por la oposición el «Rasputin del Kremlin», y con una fortuna estimada en 3.000 millones de dólares, Berezovski contribuyó asimismo a la llegada al poder de Putin, pero pronto cayó en desgracia al convertirse en acérrimo oponente del Kremlin.
En noviembre de 2000, Berezovski acusó a Putin de haber utilizado para su campaña electoral dinero procedente de empresas ahora investigadas por fraude, Aeroflot (líneas aéreas rusas) entre ellas. Encausado por desviar desde 1997 casi 970 millones de dólares de ingresos de la propia Aeroflot a las compañías Forus Service y Andava, con sede en Suiza, y de financiar la guerrilla separatista chechena, Berezovski abandonó Rusia y se refugió en Gran Bretaña, país donde fue detenido en 2003, pero que finalmente le concedió asilo político, desoyendo las peticiones de extradición del Kremlin. Una vez en el Reino Unido, Berezovski cambió oficialmente su nombre por el de Platon Elenin.
En 2007, Berezovski fue condenado a prisión en ausencia por un tribunal ruso, sentencia a la que se sumaría la de otro tribunal regional dictada en 2009.
Berezovski, que atravesaba problemas financieros y una posible depresión, fue encontrado ahorcado en el baño de su casa de Surrey (Reino Unido) en marzo de 2003. Tenía 67 años. Pese a que la investigación apuntó desde el principio a un suicidio, los allegados del magnate rechazaron esta teoría. La Policía no halló pruebas categóricas de que Berezovski hubiera sido asesinado, pero el forense registró en su informe sobre la muerte del empresario testimonios contradictorios de expertos, según los cuales no era posible afirmar categóricamente que Berezovski se hubiese suicidado.
En el Reino Unido, Berezovski pertenecía al llamado «círculo londinense» de los exiliados rusos, un grupo de antiguos miembros de los servicios secretos y empresarios opuestos al Gobierno de Putin, en el que se encontraban asimismo el exagente Alexander Litvinenko y el científico y activista político Alexander Goldfarb.
Anna Politkóvskaya
Tenaz activista en favor de los derechos humanos, y considerada la periodista más crítica con la política de Vladimir Putin, especialmente en temas relacionados con las guerras en Chechenia y el Cáucaso norte, Anna Politkóvskaya murió asesinada a balazos junto al ascensor del edificio de apartamentos en el que vivía en Moscú, el 7 de octubre de 2006.
En sus numerosos viajes a Chechenia como corresponsal, Politkóvskaya, que trabajaba para la publicación Nóvaya Gazeta, una de las voces más duras contra el Kremlin, había denunciado insistentemente el horror del conflicto y sus numerosas víctimas civiles, acusando tanto a las fuerzas militares rusas, como a los rebeldes chechenos y al Gobierno de Grozni respaldado por Moscú. Su fama aumentó tras publicar el libro La guerra sucia, una recopilación de sus artículos sobre la segunda guerra de Chechenia, iniciada en 1999.
Politkóvskaya, cuyo pasaporte estadounidense le permitía viajar frecuentemente al extranjero, habia sido amenazada de muerte en numerosas ocasiones, e incluso sobrevivió a un intento de envenenamiento en 2004, cuando viajaba a la ciudad osetia de Beslán para tratar de mediar en la crisis desatada por el asalto a la escuela de esta localidad por parte de un grupo terrorista separatista.
Su asesinato desató numerosas condenas internacionales, tanto de gobiernos como de organizaciones rusas y extranjeras. En junio de 2014 los tribunales rusos sentenciaron a cinco hombres a cadena perpetua por el crimen, cuatro de ellos, chechenos de una misma familia, pero aún no ha sido aclarado quién ordenó el asesinato. El juez del caso, Pavel Melyokhin, concluyó que el acusado de matar a Politkóvskaya había recibido 150.000 dólares de «una persona desconocida» para perpetrar el crimen.
Según datos del Comité para la Protección de Periodistas publicados tras la muerte de Politkóvskaya, 56 periodistas habían sido asesinados en Rusia desde 1992. Seis de ellos trabajaban para Nóvaya Gazeta. Entre las víctimas se encuentra también Valeri Batúyev, otro periodista que informaba frecuentemente desde Chechenia, y que murió estrangulado y acuchillado en Moscú en marzo de 2002.
Alexander Litvinenko
Considerado la primera víctima conocida de un «atentado radiactivo» perpetrado contra una persona, el exespía ruso Alexander Litvinenko murió el 23 de noviembre de 2006 a los 44 años de edad, tras haber bebido té con polonio 210 durante una reunión con antiguos contactos de los servicios secretos rusos —los también exagentes Andréi Lugovói y Dmitri Kovtun— en un hotel de Londres, donde estaba exiliado desde el año 2000.
La Fiscalía británica consideró a Lugovói, actualmente diputado en la Duma rusa, como el principal sospechoso del asesinato, y la familia de Litvinenko implicó directamente al Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, las autoridades rusas se han negado repetidamente a extraditar a Lugovói para que sea procesado en el Reino Unido.
El 22 julio de 2014 Londres autorizó una investigación pública, que comenzó el 31 de ese mes, a petición de la viuda del exespía, Marina Litvinenko. Hasta ese día, el Gobierno británico se había negado a iniciar una investigación pública por considerar que no era necesaria, pues ya había otras dos abiertas, la policial y la forense.
Finalmente, el 27 de enero de 2015 se abrió la investigación judicial pública y la primera audiencia reveló que Litvinenko pudo ser envenenado dos veces antes de morir, al tiempo que el juez encargado del caso, Robert Owen, hacía referencia a una posible participación del Estado ruso. En julio de 2015 la investigación pública concluyó en Londres con los alegatos finales, que señalaron a Putin como responsable del asesinato, y el pasado jueves, Owen presentó sus conclusiones, en las que indicaba que el presidente ruso fue, «probablemente», quien aprobó el asesinato, algo que Moscú niega tajantemente
La carrera de Litvinenko se vino abajo en noviembre de 1998, tras denunciar una serie de acciones ilegales de los dirigentes de la FSB (antigua KGB), encabezada entonces por el propio Putin, quien desde allí inició su ascenso a la cima del poder en Rusia. Asimismo, Litvinenko afirmó que, en presencia de varios colegas, había recibido la orden de su superior de asesinar al entonces secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y próspero empresario Boris Berezovski, enemigo declarado de Putin.
Considerado ya un traidor por las autoridades de su país, Litvinenko, quien también había acusado directamente a Putin de ordenar el asesinato de Anna Politkóvskaya, disfrutaba de la nacionalidad británica y había llegado a trabajar para los servicios secretos del Reino Unido, el MI6.
En las conclusiones de su informe, el juez Owen se muestra «seguro» de que el asesinato fue perpetrado por Lugovói y Kovtun, ambos solicitados por las autoridades británicas pero que Rusia se niega a extraditar, y añade que el uso de polonio 210 es un «fuerte indicio de participación estatal».
Serguéi Magnitsky
La detención y posterior muerte en custodia del auditor Serguéi Magnitski (fallecido en noviembre de 2009) atrajo la atención de la prensa internacional y dio lugar a investigaciones tanto oficiales como extraoficiales, por presuntas violaciones de derechos humanos.
Magnitski trabajaba para el grupo de inversión ruso Hermitage, uno de los más grandes del país. En 2005, una campaña lanzada por Hermitage contra la corrupción de las grandes empresas nacionales acabó con la expulsión del país del presidente y cofundador del grupo, Bill Browder. Magnitski denunció entonces un robo a gran escala (en forma de fraude fiscal contra Hermitage) por parte del Estado ruso, que habría sido sancionado y llevado a cabo por funcionarios de la Administración presidida por Putin, así como una campaña de acoso contra su grupo de inversión.
En noviembre de 2008, acusado también, a su vez, de fraude fiscal, Magnitski fue arrestado y encarcelado en condiciones abusivas (sufrió colelitiasis, pancreatitis y un bloqueo de la vesícula biliar, y recibió atención médica deficiente) en la prisión de Butyrka, en Moscú, donde murió tras 358 días recluido. Su fallecimiento se produjo tan solo una semana antes de que expirase el plazo de un año durante el cual podía permanecer detenido legalmente sin juicio. Un consejo de derechos humanos creado por el Kremlin bajo el mando del entonces presidente Dmitri Medvedev (Putin ejercía de primer ministro) determinó que había recibido una paliza justo antes de morir.
Su caso llevó a la adopción de la llamada Ley Magnitsky por parte del gobierno estadounidense, a finales del año 2012. Esta norma impide entrar en Estados Unidos o utilizar el sistema bancario de este país a los funcionarios rusos sospechosos de haber estado involucrados en la muerte de Magnitski. Moscú respondió prohibiendo la adopción de niños rusos por parte de ciudadanos estadounidenses.
En enero de 2013, el diario Financial Times declaró en un editorial que «el caso Magnitsky es atroz, está bien documentado y encapsula el lado más oscuro del putinismo».
El pasado 11 de julio, un juzgado de Moscú declaró a Magnitsky culpable post mortem de evasión de impuestos.
Alexei Navalny
Político, abogado, popular bloguero y activista social anticorrupción, Alexei Navalny es considerado uno de los principales críticos actuales de Putin. Entre 2011 y 2012 fue uno de los líderes que encabezaron las protestas ciudadanas contra el presidente ruso, y en septiembre de 2013 se presentó como candidato a alcalde de Moscú, elecciones en las que quedó en segundo lugar, tras el candidato apoyado por Putin, el actual alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobyanin.
Navalny, de 39 años de edad, ha sido arrestado por las autoridades rusas en varias ocasiones, la mayoría relacionadas con su actividad política, como cuando fue acusado de repartir folletos durante una de las manifestaciones no autorizadas contra la crisis. La detención más notable, no obstante, se produjo en 2012, cuando fue acusado de malversación de fondos y condenado posteriormente, en julio de 2013, a cinco años de prisión, en una sentencia que, según denunciaron Estados Unidos y la Unión Europea, estuvo influida por intereses políticos. El veredicto, que quedó suspendido bajo la prohibición de salir del país, originó grandes protestas ciudadanas contra el Kremlin.
En febrero 2014, Navalny y su hermano Oleg fueron acusados de un fraude relacionado con su gestión en la filial rusa de la compañía de cosméticos framcesa Yves Rocher. Navalny fue puesto bajo arresto domiciliario y, en diciembre de ese año, fue condenado (en una sentencia que permanece suspendida) a tres años y medio de cárcel. Oleg, condenado a la misma pena, sigue en prisión.
La portavoz del Servicio de Acción Exterior de la Comisión Europea Maja Kocijancic declaró en un comunicado que los cargos contra ambos hermanos no estaban justificados, y que las sentencias parecían tener «una motivación política».
Boris Nemtsov
«Han asesinado a Boris. A un centenar de metros del Kremlin. En el corazón de una ciudad inundada por miles de policías y de personal de los servicios especiales… Hoy, todos estamos de luto». Así reaccionaba Mijaíl Jodorkovski, en un comunicado publicado en Internet, tras el asesinato en Moscú el 27 de febrero de 2015, a balazos y por la espalda, del líder de la oposición liberal extraparlamentaria y exviceprimer ministro ruso, Boris Nemtsov.
Nemtsov había ocupado cargos de responsabilidad durante los dos mandatos del primer presidente de la Rusia postsoviética, Boris Yeltsin, pero tras la llegada al Kremlin de Vladimir Putin pasó a la oposición. Desde entonces, el veterano político se había destacado por participar en numerosos actos de protesta por la falta de libertades políticas. Era copresidente de la alianza opositora del Partido Republicano de Rusia y del Partido de Libertad Popular.
En 2007, Nemtsov publicó el libro Confesión de un revoltoso, en el que relataba su carrera política y criticaba duramente a Putin. Ese año volvió a encabezar la lista electoral del partido liberal Unión de Fuerzas de Derechas (UFD), que fue derrotado en los comicios de diciembre. Nemtsov calificó las elecciones como «las menos libres y menos honestas, y las más sucias de toda la historia de la Rusia postsoviética».
En abril de 2008, Nemtsov se convirtió, junto al célebre ajedrecista Garry Kaspárov, en uno de los fundadores y dirigentes del movimiento democrático opositor Solidaridad, que al año siguiente lo promovió como su candidato en las elecciones del alcalde de Sochi, su ciudad natal. Fue derrotado en las urnas por el candidato oficialista, entre denuncias de fraude por parte de la oposición.
En 2012, y ya como copresidente de la alianza opositora del Partido Republicano de Rusia y el Partido de Libertad Popular, presentó a los medios el informe La vida en las galeras de Vladímir Putin, donde denunciaba la trayectoria política de «un presidente que dispone de veinte viviendas, diez aviones y helicópteros, cuatro yates y cientos de vehículos, muchos de ellos de lujo».
Tras su muerte, Putin condenó el crimen y se apresuró en señalar que todo apuntaba a «un asesinato por encargo», al tiempo que asumía personalmente el control sobre la investigación. El pasado 8 de marzo, el checheno Zaur Dadaev, uno de los cinco detenidos por el asesinato de Nemtsov, confesó su implicación en el crimen, según declaró la jueza, Natalia Mushnikova. Días después, sin embargo, Dadaev se desdijo de su confesión y aseguró que había declarado bajo «amenazas y palizas».
Nemtsov, que tenía 55 años de edad, dejó cuatro hijos.