Media docena de fabricantes de turrón en España, los más importantes entre ellos, fueron sancionados hace unos días por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con una multa de 6,12 millones de euros por pactar para repartirse el mercado. En concreto, y según la CNMC, las empresas multadas intercambiaron información estratégica sobre precios, clientes y otros datos comercialmente sensibles. Es decir, actuaron como un oligopolio, y en contra de una de las leyes más importantes para que el capitalismo funcione con un mínimo de control y sin caer, al menos en teoría, en la ley de la jungla: la libre competencia.
El caso de los fabricantes de turrón puede parecer anecdótico, pero es un buen ejemplo de otras situaciones con rasgos de oligopolio que nos afectan a diario y de un modo mucho más grave. Los subidones que sufrimos en los precios de la gasolina o en la factura de la luz se relacionan desde hace años con este tipo de prácticas, en las que han incurrido empresas de los más diversos sectores, en un contexto donde grupos reducidos de grandes compañías tienden cada vez más a repartirse algunos de los mercados más importantes: Endesa, Gas Natural e Iberdrola el sector energético; Repsol, Cepsa y BP, el de los carburantes; Telefónica, Vodafone y Orange, el de la telefonía móvil…
En la teoría económica, un oligopolio (del griego oligo, «pocos», y polio, «vendedor») es aquella situación en la que un mercado determinado está dominado por un pequeño grupo de empresas que ofrecen el mismo producto o servicio, y cuyo reducido número les permite estar al tanto de sus respectivas acciones, así como pactar estrategias comunes para obtener beneficios. Así, las decisiones de una empresa afectan a, o influyen en, las decisiones de las otras, estableciéndose una situación de equilibrio en la que ninguna de las empresas participantes en el oligopolio se impone al resto, y que acaba eliminando la libre competencia.
Todos para uno y uno para todos
Cuando dos o más empresas de un mercado determinado definen que cada una actuará de manera concertada con el resto hablamos de «colusión». El fin de este tipo de acuerdos es que cada una de las empresas participantes en la colusión tome control de una determinada porción del mercado en el que operan, con el objetivo de actuar de manera monopolística, e impedir a otras empresas entrar al mercado.
En la mayoría de los países, y aunque en diversos grados, las prácticas oligopólicas no son legales, por lo que no se llevan a cabo abiertamente. La apariencia es que existe una competencia real, en la que las empresas mantienen una lucha por obtener la mayor cuota de mercado. La realidad, sin embargo, es que estas compañías toman continuamente decisiones estratégicas, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la estructura empresarial de cada competidor.
La posición dominante de estas empresas y la falta de competencia real se traduce en efectos claramente negativos para el consumidor, incluyendo precios por encima de la realidad del mercado, una producción inferior a las necesidades derivadas de la demanda, bajos niveles de calidad, o la práctica imposibilidad de que se incorporen nuevos oferentes a un determinado sector.
Los gobiernos están obligados a intervenir para impedir, o, al menos, regular, las situaciones de oligopolio, pero a menudo no lo hacen debido a los intereses y dependencias existentes con las grandes empresas, o, cuando actúan, las sanciones son muy asumibles para unas compañías que disfrutan de beneficios millonarios. Por otra parte, y a pesar de que, especialmente en Europa, las leyes al respecto son muy estrictas, la dificultad de probar las acusaciones, los recursos presentados y el carácter multinacional de las empresas afectadas hacen que los casos de oligopolio acaben prolongándose en el tiempo.
La ley española
En España, las prácticas oligopólicas están contempladas en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, que, en su artículo 1, prohíbe expresamente «todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional».
En concreto, la Ley hace referencia a aquellos acuerdos que, entre otras cosas, tengan como objetivo la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio; la limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones; el reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento; y la aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
La Ley recoge asimismo, en su artículo 2, las situaciones de abuso de posición dominante, y prohíbe la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.
Monopolios
Dentro de lo que se conoce como situaciones de «competencia imperfecta», el otro caso fundamental es el monopolio, que puede ser legal y regulado por el Estado (el caso de Telefónica en España hasta la liberalizacion del mercado en 1998), pero que supone asimismo un abuso de posición dominante cuando un único productor u oferente de un determinado producto posee una posicion de fuerza tan grande que le permite controlar la cantidad de producción, fijar los precios sin atender a leyes de oferta y demanda, o incluso obstaculizar el desarrollo de otros competidores en su sector.
El último ejemplo más sonado en este sentido podría ser el de Google, a quien la Comisión Europea acaba de acusar de abusar de su posición dominante al obligar a los fabricantes y operadores de los móviles y tabletas que operan con Android a instalar de forma predeterminada sus servicios.
A continuación, un repaso a algunos de los casos más importantes de presuntas prácticas oligopólicas y monopólicas en los últimos años:
Las eléctricas
Uno de los casos más frecuentemente citados como oligopolio es el del sector eléctrico español, un complejo entramado en el que, además de productores y consumidores, participan distribuidores, comercializadores, gestores de cartera o servicios de transporte, y cuya complejidad funciona precisamente como una auténtica barrera de entrada, de modo que la cuota mayoritaria sigue «capturada» por las grandes compañías, las más dotadas con medios técnicos y humanos para gestionar este sistema.
Las tres mayores empresas eléctricas que operan en España (Endesa, Iberdrola y Gas Natural) copan entre el 80% y el 90% del mercado, según explicaba a este diario el economista Alejandro Inurrieta, para quien estamos ante «un claro ejemplo de oligopolio que nos empuja a pagar un precio muy superior al coste de creación de la energía». En su opinión, llevamos varios años «sobrepagando» con nuestras facturas las industrias hidroeléctricas y nucleares, cuyos principales costes ya están amortizados.
A la misma conclusión llegó la Comisión Nacional de la Energía (CNE), quien en un informe de 2012 indicaba que «más del 90% de los consumidores de gas y electricidad son suministrados por comercializadores que pertenecen a grupos con actividades de distribución». Se trata, pues, de un mercado en manos de pocas compañías.
En julio de 2014, la CNMC impuso una multa de 1,18 millones de euros a Endesa por abusar de su posición de dominio en el mercado de instalaciones eléctricas reservadas al distribuidor entre 2009 y 2012. Según la CNMC, este abuso se habría producido de forma «sistemática y regular»: la empresa «no solo no cumplió con los deberes de especial atención y cuidado que le correspondían como distribuidor monopolista, sino que fue precisamente dicha posición privilegiada que ocupaba en el ámbito de sus redes de distribución la que le permitió aplicar de forma arbitraria la norma sectorial en función de sus propios intereses».
España ocupa el cuarto lugar entre las facturas más caras de Europa, y, según el informe Análisis de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: una perspectiva española, elaborado por el experto David Robinson —asesor en materias de energía de gobiernos como el español, el portugués, el británico o el italiano— y publicado en octubre de 2015, la electricidad en los hogares españoles se encareció un 52% entre 2008 y 2014, un alza que duplica la media de la UE.
Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), «la verdadera causa» de la subida de la luz está en la «existencia de un oligopolio» y en la falta de competencia en el mercado. «Eso, unido a la pésima regulación ha propiciado que en España al contrario que otros países la luz haya subido más», añade.
Facua, por su parte, reclamó el pasado mes de enero una tarifa máxima de electricidad «totalmente regulada», después de denunciar que la luz fue en 2015 un 5,3 % más cara que durante el año anterior. La asociación denunció «la injustificada carestía» de la luz en España, fruto de «un mercado mayorista que favorece la especulación con los precios, hinchados por el oligopolio de las grandes eléctricas».
Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa obtuvieron un beneficio conjunto en 2015 de 5.009,6 millones de euros. De las tres, Iberdrola registró el mayor beneficio, con un total de 2.421,6 millones de euros, un 4,1% más que en el ejercicio anterior; Gas Natural Fenosa obtuvo unas ganancias de 1.502 millones, un 2,7% más que en 2014; y en Endesa el beneficio ascendió a 1.086 millones de euros en 2015, frente a los 3.337 millones de euros en el año anterior, en el que se incluían las plusvalías registradas en 2014 por la venta a Enel del negocio de Latinoamérica (1.764 millones de euros). En 2015, la cifra de ingresos de las tres grandes eléctricas ascendió a 77.732,7 millones de euros, un 1,95% más que en el año 2014.
Los carburantes
Debido a que los impuestos con los que se carga a los carburantes son bajos en España (58%, frente al 68% de media en la UE), el precio de la gasolina en nuestro país no es demasiado caro si se compara con otros países europeos (el puesto 18 de los 28 miembros de la Unión). Sin embargo, el margen de beneficio que obtienen las grandes petroleras en España es muy alto, gracias a la gran rentabilidad que consiguen por cada litro de gasolina vendido: si se dejan aparte los impuestos, el coste por litro que paga el consumidor español es el quinto más caro de la UE.
El marcado descenso que ha venido experimentando el precio del petróleo internacional desde hace más de un año (hasta un 52,4% a lo largo de la segunda mitad de 2015) no se ha traducido en España en rebajas en el precio final al consumidor comparables a las disfrutadas en otros países europeos. Según publicaba en febrero el diario Cinco Días, la media de esta rebaja en la eurozona fue del 34,1%, frente al 30,7% en España, casi cuatro puntos de diferencia a disposición de las petroleras. A finales del año pasado, el petróleo había caído a mínimos de 2008, pero la gasolina reflejaba una subida del 40% sobre el precio de aquel año.
Desde la liberalización de los carburantes en 1993 (hasta entonces en manos de Campsa en régimen de monopolio), el mercado español ha ido derivando hacia una situación en la que dominan claramente tres grandes empresas: Repsol, Cepsa y BP. Estas compañías suministran al 83% de las gasolineras de todo el país, en un régimen que favorece las prácticas oligopólicas de fijar precios e incrementar márgenes (el precio de la gasolina en la estación de servicio es fijado diariamente por la petrolera). Los intentos de otras grandes compañías internacionales (Exxon, Texaco, Shell) por entrar en el mercado español no han tenido éxito, debido, en parte, a que las tres petroleras mencionadas copan los mejores puntos de venta con contratos de larga duración.
En febrero de 2015, la CNMC impuso una sanción de 32 millones de euros a cinco petroleras (Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil) por pactar precios. La sanción fue emitida por prácticas prohibidas en la coordinación de precios de los carburantes, así como por pactos de no agresión e intercambios de información realizados entre las empresas. El grueso de la sanción fue para Repsol y Cepsa. La primera fue multada con 20 millones y la segunda, con 10 millones.
La propia CNMC ha publicado en su página web hasta 30 recomendaciones para reducir el oligopolio de los carburantes y «mejorar la competencia en beneficio de los consumidores y las empresas». Según la Comisión, «la competencia en el sector mayorista de los carburantes de automoción en España es insuficiente. Aún persisten fuertes barreras de entrada para los nuevos operadores que quieran participar en este mercado y los operadores tradicionales (Repsol, Cepsa y BP) tienen un poder de mercado significativo y no replicable, a pesar de que los recientes cambios normativos han incrementado la competencia en las estaciones de servicio».
Las empresas tecnológicas y la telefonía móvil
Otro de los sectores con mayores riesgos de presentar situaciones de oligopolio es el tecnológico, y, en concreto, el de la telefonía móvil, donde los dos gigantes, Google y Apple, se reparten en torno al 95% de la cuota de mercado mundial.
El pasado 20 de abril, la Comisión Europea (CE) acusó formalmente a Google de abusar de su posición dominante al obligar a los fabricantes y operadores de los móviles y tabletas que operan con Android a instalar de forma predeterminada sus servicios, entre ellos, su buscador y su navegador Chrome, y no otros de sus competidores.
«El comportamiento de Google niega a los consumidores el acceso a un abanico más amplio de aplicaciones y servicios móviles, y obstaculiza el camino de la innovación a otros actores, incumpliendo las normas antimonopolio de la UE», afirmó la comisaria europa de Competencia, Margrethe Vestager. El sistema operativo Android, lanzado al mercado en 2007, ocupa el 71% del mercado en Europa.
La amenaza de una disputa legal entre la CE y Google ya venía anunciándose desde hace tiempo. Hace un año, la CE acusó a la firma estadounidense de abusar de su posición de dominio en las búsquedas en Internet al favorecer «sistemáticamente» su producto de comparación de compras en su buscador.
Como recuerdan en el portal de información tecnológica xataca.com, el hecho de tener una posición dominante no es ilegal, pero conlleva unas obligaciones reguladas por las leyes europeas, cuya misión es asegurarse de que la empresa en cuestión no aproveche esta ventaja para forzar a usar sus otros servicios. Es justo lo que, según la CE, estaría haciendo Google para promocionar sus propias soluciones y perjudicar a la competencia, al obligar a los fabricantes a preinstalar una serie de aplicaciones en sus dispositivos, impedir que se instalen variaciones de Android (un sistema en código abierto), y pagar a los fabricantes por preinstalar el buscador de Google de forma exclusiva.
En cuanto a las operadoras de telefonía móvil, el mercado español se ha caracterizado históricamente por la escasa competencia, especialmente en el precio de las llamadas, tal y como han puesto de manifiesto numerosas denuncias de asociaciones de consumidores, del propio órgano regulador, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones e incluso de la Audiencia Nacional, que en una de sus decisiones calificó el mercado de «oligopolio estrecho».
En 2007, la entonces Comisión Nacional de la Competencia (ahora integrada en la CNMC) abrió un expediente sancionador contra los tres mayores operadores en España ante acusaciones de presunta concertación de precios, y, en diciembre de 2012, la CNC multó a Telefónica Móviles, Vodafone y Orange con 120 millones de euros por abusar de su posición en los mercados mayoristas relacionados con los mensajes cortos.
La multa, la segunda mayor sanción impuesta por la CNC tras la de 120 millones de euros dictada en 2009 a un grupo de aseguradoras, fue confirmada por el Tribunal Supremo en enero del año pasado. En su sentencia, el Supremo recogió los argumentos de Competencia, que certificó que Telefónica, Vodafone y Orange utilizaron una situación de monopolio en sus servicios de SMS para imponer precios mayoristas abusivos entre 2004 y 2009.
Los bancos
Según el informe Indicadores Financieros Estructurales de la UE, publicado por el Banco Central Europeo en 2015, España ha liderado la concentración bancaria en la Unión durante los últimos años, en lo que parece un camino claro hacia una situación de oligopolio.
De acuerdo con este estudio, en 2008, al comienzo de la crisis, y antes de que comenzasen las fusiones de las antiguas cajas, las intervenciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y las uniones no forzadas para ganar tamaño, los cinco mayores grupos bancarios españoles (Santander, BBVA, Popular, La Caixa y CajaMadrid) controlaban el 43% de los activos totales de la banca. España ocupaba entonces el puesto 22 de 27 países europeos en lo que respecta a concentración bancaria. En 2013, el porcentaje superaba ya el 56%, es decir, alrededor de 13 puntos más.
A la misma conclusión llegaba otro informe de situación de la banca publicado en noviembre de 2014 por el equipo de análisis del BBVA. Según este estudio, las fusiones, privatizaciones y absorciones llevadas a cabo en el sistema financiero español desde el inicio de la crisis han dado como resultado que España tenga ahora el sistema financiero más concentrado de entre los principales países europeos. No obstante, el informe añade que el grado de concentración en los principales países europeos (España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) sigue siendo bajo, y que no afecta esencialmente a la competencia.
En lo que respecta a la cuota de mercado de las principales entidades, el informe del BBVA también sitúa a España a la cabeza, con un porcentaje del 57,4%, por encima de Italia (51,5%) y del Reino Unido (52%).
La tendencia, en cualquier caso, es global. En todo el mundo, tan solo 28 entidades financieras concentran el 90% del total de los activos financieros.
… Y el turrón
La CNMC anunció el pasado 20 de abril que había impuesto una multa de 6,12 millones de euros a un grupo de fabricantes de turrón por intentar repartirse el segmento de la marca blanca en España. Estas empresas, entre ellas, fabricantes de marcas tan importantes como Delaviuda, El Lobo o Antiu Xixona, «intercambiaron información estratégica sobre precios, clientes y otros datos relativos al mercado de suministro de turrones» entre abril de 2011 y noviembre de 2013.
El comunicado de la CNMC concreta que, mediante reuniones presenciales, contactos bilaterales por teléfono, correos electrónicos y mensajes de móvil, los fabricantes de turrón trataron de repartirse el mercado de los principales distribuidores del país (Alcampo, Carrefour, Mercadona, DIA o El Corte Inglés) y garantizarse la cuota de mercado. Los sancionados —Almendra y Miel, Delaviuda Alimentación, Enrique Garrigós Monerris, Sanchís Mira, Turrones José Garrigós y Turrones Picó— concentran un 58% del mercado de turrones de marca blanca.
Delaviuda Alimentación y Sanchís Mira (fabricante de Antiu Xixona) deberán abonar las mayores multas: 2,2 millones y 2,9 millones de euros, respectivamente. Ambas empresas defendieron su inocencia y anunciaron que recurrirán ante la Audiencia Nacional mediante un recurso contencioso-administrativo, la única instancia disponible al carecer de recurso por vía administrativa. Por su parte, el grupo Almendra y Miel, que fabrica la marca El Lobo, calificó la multa como «totalmente injusta y desproporcionada».