El Parlamento catalán aprobó este viernes una resolución de los socios del Gobierno que tiene como fin elaborar un protocolo de actuación para la protección de prostitutas y víctimas de explotación sexual. En ella se insta al Gobierno de la Generalitat a legislar sobre la cuestión, y se rechaza prohibir esta actividad.
Es la última iniciativa política hasta ahora en España sobre un tema de debate como pocos, que afecta directamente a cerca de 400.000 personas y que ha dado un gran vuelco en las últimas dos décadas debido al incremento del tráfico de mujeres.
La prostitución en España no es legal ni ilegal. No está regulada. Su ejercicio está sujeto únicamente a los reglamentos municipales, y normalmente sólo cuando se trata de cuestiones de «orden público». No está tipificada como delito (siempre que se trate de mayores de edad) y, por lo tanto, no es punible. Tampoco controlable.
La prostitución, una realidad universal, sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría de las democracias avanzadas, España incluida. Algunos países han afrontado el problema desde diferentes puntos de vista, con mayor o menor éxito, pero la respuesta no es sencilla.
En el centro del debate, tres posturas fundamentales: Regularla como un trabajo más para aumentar el control y la protección de las mujeres; mantener la situación actual de alegalidad y apostar por la persecución de las mafias; y simplemente prohibirla. Paralelamente surgen también otras iniciativas, como la persecución penal de los clientes, o la prohibición o regulación de los anuncios de contactos en la prensa.
Éste es un recorrido por las diferentes posturas ante el problema, los datos de la prostitución en España, las iniciativas, tanto aquí como en otros países europeos, y la situación de las prostitutas.
LOS DATOS
- Se calcula que en España trabajan en la prostitución entre 300.000 y 400.000 mujeres. La prostitución en nuestro país se caracteriza por su invisibilidad. La prostitución que se conoce, la visible, es la de la calle, que es la minoritaria (supone un 20% del total).
- El 90% de las prostitutas que ejercen en España son extranjeras y la mayoría no tienen papeles, lo que implica un grado especialmente alto de vulnerabilidad. No tener un trabajo regulado les impide regularizar su situación en España y, además, son víctimas mucho más fáciles para las mafias.
- El 90% de las mujeres que practican la prostitución lo hacen de forma forzada, según una ponencia parlamentaria de febrero de 2007.
- Cada prostituta gana una media de 123 euros al día.
- El negocio mueve unos 18.000 millones de euros al año.
- La mayoría es dinero negro.
- Cada año pasan por España hacia la UE entre 200.000 y 300.000 mujeres destinadas al tráfico sexual.
- Las deudas que contraen para que las traigan a España oscilan entre los 3.000 y los 45.000 euros.
- En 2004 sólo un 1,2% denunció esta situación.
- Entre 2003 y 2008 fueron detenidos en España 7.300 integrantes de redes mafiosas relacionadas con la prostitución. En 2007 hubo 523 operaciones policiales contra estas mafias, un 16% más que en 2006.
- El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado tiene computados, en una base recientemente creada, más de 200 grupos de traficantes desarticulados.
- En España existen unos 3.600 burdeles (A Coruña, con 76 locales de alterne, es la que más tiene).
- El 27% de los españoles de entre 18 y 48 años reconoce haber contratado alguna vez los servicios de una prostituta, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Los españoles se gastan cada día 50 millones de euros en prostitución.
- Si la prostitución fuese legal y las prostitutas cotizasen, la Seguridad Social se embolsaría unos 1.124 millones de euros, según cálculos de la Agencia Tributaria realizados en 2005.
- Entre enero y septiembre de este año, la Guardia Urbana de Barcelona identificó, sólo en el distrito de Ciutat Vella, un total de 6.350 prostitutas que ejercían en la calle, una práctica penada con la ordenanza sobre civismo con multas de hasta 750 euros.
- En Europa cada trabajadora sexual deja un beneficio de 100.000 euros por año a cada proxeneta y cada uno de ellos regenta al menos entre 20y 25 mujeres.
- Dos terceras partes de las personas que trabajan ilegalmente en la llamada «industria del sexo» en la Unión Europea provienen de Europa Oriental.
- El negocio de la prostitución es el segundo negocio mundial más lucrativo, tras el tráfico de armas y antes que el tráfico de drogas.
- Cada año, aproximadamente 4 millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas mundialmente, con el objeto de forzarlas a la prostitución, la esclavitud o el matrimonio.
EL DEBATE
Éstas son las principales posturas en el debate sobre cómo afrontar el problema de la prostitución en España:
1. No regularla
Un problema jurídico y un favor a las mafias. La ponencia parlamentaria que en 2007 determinó que el 90% de las mujeres que ejercen las prostitución en España la practican de forma forzada, concluyó en su dictamen final que el oficio no debe ser regulado. La ponencia recalcó que la regulación consolidaría a las mafias, y señaló asimismo, por otra parte, los graves problemas jurídicos que conllevaría, al entrar en colisión con los artículos 9 y 14 de la Constitución, referentes a la obligación de los poderes públicos de promover la libertad del individuo.
Explotación y degradación. El Gobierno se opone a la regulación. Considera que no puede normalizar un oficio que supone explotación para las mujeres, pero entiende que tampoco puede prohibirlo porque ello conllevaría, entre otras cosas, una mayor marginalización. Lo que mantiene es que, aplicando el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual en España, aprobado el pasado mes de diciembre, se debe dirigir la batalla directamente contra las mafias y la explotación de las mujeres. «No podemos permitir que en pleno siglo XXI un número importante de mujeres vean pisoteados sus derechos y sean convertidas en meros objetos, en mercancía, para beneficio de proxenetas y redes», aseguró la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en su última intervención en la Cámara Baja. Según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «la degradación que supone la prostitución hace que, desde cierta perspectiva, sea un oficio que casi debería ser prohibido».
Como el maltrato. «Regularlo sería organizar la industria del sexo», señala Rosario Carracedo, de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución: «Normalizar el uso sexual del cuerpo de la mujer es como organizar los golpes que se propinan a las maltratadas. No sólo hay que perseguir a proxenetas y clientes. Debemos crear una sociedad donde el sexo sea entre personas libres».
2. Regularla
Relación laboral. Los empresarios de los locales de alterne defienden con contundencia la necesidad de aprobar un marco jurídico, «una legislación general», para que queden reguladas no sólo las licencias de los establecimientos, sino las relaciones laborales de las mujeres.
Inspecciones y controles. «Es una actividad que se debe hacer en un marco adecuado, que esté regularizado, que esté inspeccionado y controlado y no es la calle, ni los pisos de comunidad de propietarios el lugar adecuado, ya que por el derecho de inviolabilidad de domicilio permite la actuación más impune de las mafias», aseguraba a Efe el secretario general de la Asociación Nacional de Locales de Alterne, José Luis Roberto. Según él, las prostitutas deben ser autónomas, «deben trabajar por cuenta propia, porque es una actividad que no se puede imponer un horario, ni una disciplina laboral, sino que deben trabajar cuando ellas consideren conveniente y mantener relaciones con quien quieran».
Voluntarias. Para Cristina Garaizábal, de Hetaira, Colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas, «es necesario reconocer los derechos de las trabajadoras del sexo. La prostitución puede ser ejercida de forma voluntaria. Hablar de prostitución como obligación es volver invisible a quien decide ejercerla porque gana más dinero o le da más libertad. Nos duele ser tratadas siempre como víctimas. Hay que luchar contra las mafias y proteger a las víctimas, además de legalizar a las prostitutas voluntarias».
Hipocresía. La central sindical CC OO denunció la «hipocresía» y falta de actuación del Gobierno y del Parlamento, que siguen sin actuar ni regular la prostitución como actividad laboral, lo que obliga a las prostitutas a seguir ejerciendo este trabajo sin protección de ningún tipo ni garantías laborales.
3. Prohibirla y perseguir a los clientes
Esclavitud. La mayoría de las organizaciones feministas exigen la abolición de la prostitución. Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, la prostitución es una «forma de esclavitud de las mujeres» y regularla significa «consolidarla y fortalecerla». «No creemos que un mujer sea libre para dedicarse a la prostitución, sino que es víctima de situaciones muy duras y de esas mafias que se deben combatir de manera eficaz», añade.
Código Penal. Themis y otras asociaciones plantean además que la batalla policial y jurídica debe ir dirigida a penalizar a los clientes, creando un nuevo delito en el Código Penal, que establezca que es delito solicitar favores sexuales a cambio de dinero. La prostitución, señalan, existe porque hay demanda. Comparte esta propuesta Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres Progresistas, quien opina que la actual legislación «legitima las casas de prostitución».
Exclusión. La presidenta en España de Médicos del Mundo, Teresa González, señala por su parte que «habría que invertir la razón de ser del debate para estigmatizar a los consumidores de sexo y apoyar a unas víctimas que sufren problemas de exclusión».
PARTIDOS Y LÍDERES POLÍTICOS
El debate sobre la degradación de la prostitución, surgido este verano en Barcelona, se ha extendido a más ciudades, pero ni partidos ni administraciones coinciden en cómo afrontar este problema.
PSOE. El PSOE no es partidario de regular la prostitución, por considerar que la mayoría de las mujeres que la ejercen lo hacen de una forma forzada y que sería tanto como regular el trabajo infantil.
La parlamentaria socialista Elena Valenciano señaló que regular la prostitución no tiene «ningún sentido», y advirtió de que el problema no ha sido resuelto por ningún país, ni a través de la prohibición ni a través de la regulación. No obstante, el alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, pidió una legislación general, del Gobierno central o del autonómico, que ayude a los municipios a limitar la expansión de la prostitución en los espacios públicos.
PP. Tampoco en el seno del PP son coincidentes todas las posturas. Frente a la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de regular la prostitución, el concejal del PP en Barcelona Alberto Fernández Díaz ha insistido en que la solución debe ser «mano dura» y una prohibición expresa de esta práctica. La teniente de alcalde y delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, se mostró «radicalmente en contra» de regularizar la prostitución, «un régimen de semiesclavitud que, de legalizase, sería como legalizar al proxeneta», dijo. El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha señalado que su partido está a favor de soluciones «complejas» en el problema de la prostitución, y ha subrayado que defender la libertad de las mujeres para no ejercerla debe ser más importante que el problema de orden público que genera.
ERC. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó en el Congreso una moción en la que solicitaba al Gobierno que desarrolle, «dentro del régimen de trabajadores autónomos o de empleados del hogar de la Seguridad Social», una regulación específica para las prostitutas, así como que tome las medidas oportunas para suprimir los anuncios de contactos en los medios de comunicación generalistas. La propuesta fue rechazada por todos los grupos parlamentarios, el pasado 22 de septiembre.
IU. Izquierda Unida está en contra de la legalización. Según Gaspar Llamazares, «buena parte de la prostitución es explotación, secuestro de personas, chantaje. Eso no se puede legitimar».
INICIATIVAS
En Lleida, el Ayuntamiento (PSOE) ha comenzado a multar a prostitutas que ejercen en la calle, tras la aprobación el pasado mes de febrero de una norma que prohíbe ejercer la prostitución en la vía pública.
En Granada, Castelldefels o Figueres se han aprobado medidas semejantes, con multas de hasta 3.000 euros.
En Barcelona, la concejala de Ciutat Vella, Itziar González, planteó hace unas semanas incluir prostíbulos legales en el barrio del Raval. Y ciudades como Valencia y Castellón han aprobado ordenanzas municipales que las multan por estar en la calle. No obstante, para la portavoz de la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas, Rocío Mora, «limitar la prostitución de la calle es trasladar el problema a otro sitio, no erradicarlo: las mujeres acabarán confinadas en pisos, donde es más fácil obligarlas a prostituirse».
FUERA DE ESPAÑA
Las leyes sobre prostitución son muy diferentes dependiendo de los países, desde la pena de muerte que se impone a las mujeres que la practican en algunos países islámicos, hasta su consideración como ciudadanas que ejercen una profesión, como es el caso de Holanda, donde también es legal regentar un burdel y anunciar los servicios en los medios de comunicación.
La situación holandesa es muy similar a la de Alemania, mientras que en Suecia se persigue la adquisición de estos servicios, pero no la labor de las prostitutas. Un 75% de los suecos apoya la ley vigente, según las últimas encuestas, aunque sólo un 20% cree en su efectividad, según informa El País. Leyes parecidas han empezado a aplicarse también en Noruega e Islandia.
En Irlanda (uno de los países más estrictos), Malta o Rumanía hay multas y penas de cárcel. En Suiza y Australia es legal, pero está muy regulada y en prácticamente todo EE UU está prohibida.
Otros países han apostado decididamente por penalizar los burdeles. Es el caso de Bélgica, Francia o Chipre, donde la prostitución no es un delito, salvo que se ejerza en un burdel. En Italia este tipo de locales está expresamente prohibido.
En Austria la prostitución está regulada y las prostitutas tienen la obligación de registrarse, y en Grecia sólo es legal si se ejerce en apartamentos privados.
La legislación en toda la UE, en cualquier caso, es bastante ambigua. Frente a los casos extremos de Holanda, por un lado, o Irlanda, por el otro, la mayoría de los países se sitúan en un plano intermedio de alegalidad (ni se prohíbe ni se regula).
Todos, no obstante, tienen leyes estrictas contra el tráfico de personas para la explotación y el trabajo sexual de menores. Y en todos el problema sigue sin resolverse de un modo claro. El Gobierno holandés, por ejemplo, ya ha reconocido que su sistema no funciona y está preparando modificaciones.
LOS ANUNCIOS DE CONTACTOS
Uno de los centros del debate sobre la prostitución se encuentra en los anuncios de contactos sexuales que, a diferencia de los demás periódicos no sensacionalistas del resto de Europa, publican la inmensa mayoría de los diarios españoles.
El diario 20Minutos fue el primero en España en rechazar ese tipo de publicidad, una iniciativa a la que se sumó después Público. La decisión fue tomada en febrero de 2007, coincidiendo con el informe de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer que apostó por no legalizar la prostitución y recomendó a los medios de comunicación que suprimiesen los anuncios de contactos.
El Gobierno pretende promover un control sobre este tipo de publicidad en su mencionado Plan contra la Trata de Seres Humanos. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha calificado los anuncios de contactos de «vergüenza» y se ha mostrado convencida de que los medios de comunicación dejarán de publicitarlos «cuando sus circunstancias se lo permitan».
Una comisión parlamentaria calculó en 2007 que los periódicos españoles ganan unos 40 millones de euros anuales con este tipo de anuncios.
Con información de A. Martín, J. Mesa, D. Fernández y R. Queimaliños