El Gobierno estrecha el cerco al autoconsumo eléctrico

De aprobarse definitivamente los nuevos cargos incluidos en el nuevo real decreto redactado por el Gobierno para regular el autoconsumo eléctrico, un particular que decida apostar por esta modalidad de abastecimiento energético (ya sea para reducir la factura de la luz, una de las más caras de Europa, o movido tan solo por razones medioambientales), no podría recuperar su inversión hasta dentro de, al menos, treinta años (prácticamente el tiempo de vida máxima de estas instalaciones). En cuanto a las medianas y pequeñas empresas, el sector al que más puede beneficiar el autoconsumo, el tiempo medio de rentabilización oscilaría entre siete y ocho años. En ambos casos el coste es lo suficientemente alto como para pensárselo dos veces. El Gobierno califica el decreto de «solidario»; los afectados, de «disuasorio».

Los cálculos son de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), es decir, del lobby solar, un grupo de presión que agrupa a empresas del sector y que, obviamente, tiene intereses económicos en que exista un marco legal lo más libre de tasas y gravámenes posible. Pero las nuevas medidas proyectadas por el Ministerio de Industria, una actualización del polémico «impuesto al sol» anunciado hace un par de años, no están siendo criticadas únicamente por el sector afectado.

Tanto los partidos de la oposición como grupos ecologistas y asociaciones de consumidores han alzado también su voz contra lo que consideran un auténtico cerco al autoconsumo eléctrico en España, y un blindaje del Gobierno a las compañías eléctricas, cuyo oligopolio se ha visto amenazado en los últimos años por el abaratamiento de los paneles solares y por la aparición de baterías de almacenaje mucho más efectivas y baratas, como la recientemente presentada por la compañía estadounidense Tesla. Las iniciativas del Gobierno están siendo investigadas también por el Parlamento Europeo.

Los defensores del autoconsumo mantienen que el contenido de este decreto choca de plano con la normativa europea para la promoción de pequeñas instalaciones, así como con las medidas vigentes para el fomento de la producción individual y de la eficiencia energética. Denuncian asimismo el contrasentido que supone que sea precisamente España, cuyas condiciones para el uso de la energía solar son de las más idóneas del mundo, uno de los países donde más complicado resulta actualmente hacer rentable el autoabastecimiento eléctrico, y destacan que la mayoría de los países de nuestro entorno están caminando en la dirección contraria.

El Gobierno, por su parte, apela a la solidaridad de los autoconsumidores para cubrir los costes del sistema, e insiste en que únicamente pretende hacer pagar a aquellos que se mantienen también conectados a la red. Según ha declarado el ministro de Industria, José Manuel Soria, «si alguien quiere producir su propia energía y consumirla no tiene que pagar ningún tipo de canon ni impuesto, solo la instalación que se haga en su casa. Pero si además quiere estar enganchado a la red, entonces tendrá que abonar un peaje por la utilización de esa red».

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece, efectivamente, que «todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando la instalación de generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico».

Reducción del déficit

El nuevo paso dado por Industria parece estar relacionado también con uno de los principales objetivos del Ministerio durante toda la legislatura: reducir el déficit eléctrico, algo a lo que, según el ministro, no ha ayudado el desarrollo experimentado por las energías renovables. Soria llegó incluso a insinuar una relación entre el autoconsumo y el precio de la luz, al declarar, el pasado mes de abril, que el impulso a las energías renovables ha supuesto «un problema» a la hora de reducir el déficit, y esto «ha repercutido sobre la factura eléctrica». «Cada vez que pagamos la factura de la luz, pagamos no solo el precio de la energía, sino también los impuestos y peajes necesarios para tener la electricidad», dijo.

Los defensores del autoconsumo de energías renovables, por su parte, argumentan que éste contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los combustibles fósiles y a reducir la dependencia energética; que supone un avance en la democratización de la producción de electricidad, actualmente controlada por un pequeño número de grandes empresas; y que eventualmente contribuirá a crear puestos de trabajo en este sector. El propio Soria ha reconocido que el avance experimentado durante estos últimos años por este tipo de energías ha permitido que España se encuentre «muy bien posicionada a nivel mundial» y que pueda cumplir con los objetivos europeos de eficiencia energética.

El borrador del nuevo real decreto, dado a conocer, precisamente, en el Día Mundial del Medio Ambiente, y coincidiendo con la situación de vacío de poder autonómico existente tras las elecciones del 24-M, está aún en fase de consultas. Industria ha apuntado que comenzará a desarrollar su tramitación «de manera inmediata», este mes o el próximo, con el objetivo de que esté aprobado antes del verano. Tendrá que pasar todavía, no obstante, por una fase de alegaciones, y deberá recibir asimismo los vistos buenos tanto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como de Bruselas.

Éstas son sus claves principales.

«El mismo perro con distinto collar»

Con este nuevo decreto, el Gobierno sustituye la polémica tasa bautizada —por Iberdrola— como «peaje de respaldo» (un cargo a los autoproductores conocido popularmente como «impuesto al sol», e incluido en el anterior borrador de 2013) por dos nuevos peajes: uno de acceso a las redes y otro asociado al resto de los costes del sistema.

Se trata de un cambio conceptual, por el que el Ministerio eximirá a los autoconsumidores de pagar a las redes eléctricas cuando estén produciendo electricidad para uso propio, pero les gravará con nuevos cargos, conocidos como «cargos por autoconsumo», para cubrir los costes de balance de su propia actividad. Según el director general de UNEF, José Donoso, «es el mismo perro con distinto collar».

Así, a partir de ahora, Industria diferenciará entre un peaje para sufragar las redes, que el autoconsumidor solo costeará cuando esté vertiendo o recibiendo electricidad a la red, y los cargos del sistema, que cubrirán desde las primas a las renovables hasta las anualidades del déficit de tarifa, y que el autoconsumidor deberá sufragar en todos los casos.

«Pagar por lo que se utiliza»

Según Industria, el cargo por autoconsumo está destinado a «cubrir los servicios de balance necesarios en el mercado de producción», y «se aplicará sobre la energía autoconsumida». Para justificar la medida, el Gobierno apela a la «solidaridad», e indica que el autoconsumidor «se beneficia del respaldo que le proporciona el conjunto del sistema, aun cuando pueda estar autoconsumiendo electricidad producida por su instalación de generación asociada, al contrario de lo que ocurriría si este consumidor se encontrara aislado del sistema eléctrico».

En palabras del ministro, José Manuel Soria, no imponer este peaje «equivaldría a que el resto de consumidores estarían financiando una parte del coste de la red que también utilizan los autoconsumidores, por lo que lo justo es pagar por aquello que se está utilizando». Según Industria, no pagar este peaje perjudicaría a los consumidores más vulnerables, si bien ello supone dar por hecho que solo invierten en instalaciones solares los que tienen mayores rentas.

Sobre el coste de las redes de transporte y distribución, Industria explica que «se aplicarán como contribución a la cobertura de los costes de dichas redes y serán aplicados considerando el uso real que se realiza de ellas». De esta forma, «no existirá aplicación de peaje de acceso a redes por la energía autoconsumida, teniendo en cuenta que no se hace uso de la red», señala el borrador de real decreto.

«Pagar doblemente»

El borrador introduce una disposición en la que se establece una reducción del peaje de respaldo, hasta el 31 de diciembre de 2019, para las instalaciones ubicadas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, por considerar que el autoconsumo reduce los costes de producción en sistemas aislados como los de Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, y según los detractores del nuevo decreto, este plazo de cuatro años durante el que estas comunidades verán disminuido el impuesto, difícilmente alcanzará para amortizar el costo de las instalaciones.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, ya ha anunciado que pedirá el próximo martes en Bruselas a la Unión Europea que» prohíba a los estados miembros establecer impuestos al sol». En un comunicado, el Ejecutivo regional indicó que ésta es la pretensión del Gobierno de España con su proyecto de real decreto, en el que «penaliza claramente esta modalidad energética e impide su desarrollo al hacer inviable la inversión en Canarias».

Para Luengo, «este borrador dice que hay que poner el impuesto al sol porque alguien tiene que pagar las redes al descender los ingresos de las eléctricas. Quiere hacer creer que instalar el autoconsumo significa no pagar el mantenimiento de las redes. No es verdad, lo que quiere es que paguemos doblemente por lo que ya pagamos, porque las redes se van a seguir pagando aunque esté instalado el autoconsumo».

«Lo que hace Soria es cargar sobre el consumidor lo que van a dejar de ingresar las eléctricas, en vez de buscar fórmulas como puede ser la auditoría de los costes de generación reconocidos, es decir, saber de verdad cuánto cuesta generar energía», añadió.

Guerra a las baterías

El nuevo real decreto incluye asimismo un nuevo cargo que desincentivará el uso de baterías o sistemas de almacenamiento por parte de los autoconsumidores de electricidad. Con la nueva regulación, estos autoconsumidores no solo no podrán recurrir a baterías como la lanzada recientemente por la compañía estadounidense Tesla, sino que sufrirán una penalización para los sistemas de almacenamiento que ya incorporan los nuevos paneles solares. Así, solo podrán usar estos acumuladores los que no se conecten a la red eléctrica y dispongan por tanto de una instalación aislada.

El Real Decreto 1699/2011 ya prohibió la posibilidad de intercalar una batería entre la instalación de generación y el equipo de medida. Sin embargo, los nuevos paneles solares incorporan en algunos casos baterías que ya no se encuentran intercaladas en el circuito y que, por tanto, podrían ser susceptibles de utilizarse sin trabas regulatorias. Este aspecto explicaría la disposición transitoria del nuevo borrador que fija el nuevo cargo del que quedan excluidas las instalaciones que no lleven acumuladores.

En concreto, el gravamen se aplica sobre la potencia y oscila entre los 8,9 euros por kilovatio (kW) y los 15,3 euros por kW para potencias inferiores a 15 kW conectadas en baja tensión, lo que, según los expertos, resultará suficientemente disuasorio.

Las baterías incorporadas a las placas solares suelen tener una autonomía media de unas dos horas y su uso está siendo incentivado por reguladores como los de Alemania, que han encontrado en ellas una solución para no concentrar en los mismos periodos del día los vertidos de electricidad a la red.

La energía sobrante, regalada

El decreto presentado por el Gobierno supone un duro golpe para los defensores del denominado «balance neto», un sistema que permite verter a la red eléctrica el exceso de energía producido por un sistema de autoconsumo, con la finalidad de poder hacer uso de ese exceso en otro momento.

Mediante este sistema, la compañía eléctrica que proporciona la electricidad cuando la demanda es superior a la producción de autoconsumo (por ejemplo, por la noche, cuando los paneles fotovoltaicos no producen electricidad), descuenta en la factura los excesos vertidos a la red. Esta modalidad, existente en la mayoría de los países con regulaciones para el autoconsumo, permite hacer uso de la electricidad producida en exceso (en vacaciones, o durante determinadas horas del día en las que el autoconsumidor produce más de lo que necesita).

El borrador de Industria señala, sin embargo, que la electricidad excedentaria que los autoconsumidores puedan verter a la red no tendrá ninguna contraprestación económica, salvo que den de alta una empresa en el registro mercantil y paguen el IVA, algo que no resulta muy rentable para la mayoría de los hogares.

La energía sobrante, por tanto, deberá ser cedida, excepto en el caso de que se llegue a un acuerdo con la empresa distribuidora. Sí podrán vender excedentes las empresas, al precio del mercado eléctrico y solo en el caso de las plantas más pequeñas, con un tope de 100 kW. A estos autoconsumidores en alta tensión sí se les permitirá implantar sistemas de ahorro y eficiencia, si bien los generadores y las baterías de almacenamiento quedarán también excluidos de esta modalidad.

La consecuencia es que, para la mayoría de los autoconsumidores, el único beneficio obtenido es el ahorro en la compra de energía de la red, algo insuficiente a la hora de rentabilizar la inversión, pero que, de algún modo, se compensaba hasta ahora en el hecho de que la inscripción y autorización para la modalidad de instalación sin vertido eran mucho más sencillas que para aquellas con vertido.

Sin bono social

Una vez que se apruebe el nuevo decreto, las instalaciones de autoconsumo que no generen energía suficiente para abastecerse estarán obligadas a contratar la electricidad extra que necesiten en el mercado libre, y no a través de una comercializadora de referencia (aquellas que están habilitadas por la ley para suministrar a los pequeños consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW el nuevo precio horario, o PVPC —la antigua tarifa de último recurso—, al que están acogidos la mayoría de hogares). Tampoco optarán al bono social, reservado para los consumidores más vulnerables.

Según el Gobierno y las eléctricas, la medida se justifica en que los hogares con menos recursos no pueden pagar este tipo de instalaciones, cuyo precio suele superar los 9.000 euros. La UNEF, sin embargo, denuncia que el decreto demuestra «una insensibilidad con la pobreza energética» y recuerda que varias ONG trabajan en proyectos para facilitar instalaciones de autoconsumo a personas sin recursos. También critica el carácter retroactivo de la disposición, que afectaría también, por tanto, a las instalaciones ya existentes.

Estudios de viabilidad prohibitivos

Otra medida disuasoria, y también retroactiva, es que, independientemente de cuál sea el tamaño de la instalación, el interesado deberá realizar un estudio de punto de conexión,  o de viabilidad, cuyo coste puede llegar a ser más alto que el del propio panel solar.

De este modo, y según informa eldiario.es, el decreto acaba con la posibilidad de legalizar instalaciones por el más sencillo Reglamento Técnico de Baja Tensión. A partir de ahora, deberán regularizarse todas las instalaciones por el proceso más complicado y costoso, el establecido en el Real Decreto 1699/2011.

«Alguien que haya comprado una placa de 1.000 euros tiene que solicitar un estudio de conexión eléctrica aunque no vaya a verter energía a la red que le va a costar 400 euros», explica el director general de UNEF en declaraciones recogidas por ese diario. En el caso de las plantas de menor tamaño, «en Portugal basta con entrar en la web del ministerio y comunicar que se tiene una instalación de esas características», añade.

Plantas ilegales y multas desproporcionadas

Según señala la UNEF, el carácter retroactivo del decreto implica también que las instalaciones que ya han sido regularizadas por algunas comunidades autónomas (especialmente en Cataluña, Baleares y Navarra, donde muchas de ellas se han autorizado por vías más rápidas), tendrían que adaptarse ahora a la nueva norma para no ser consideradas ilegales. La patronal del sector calcula que el año pasado se instalaron en España unos 22 MW fotovoltaicos, la mayoría para autoconsumo en sector servicios, aprovechando estas ventajas.

Además, la UNEF denuncia que el decreto mantiene las multas de hasta 60 millones de euros para las instalaciones que no se regularicen con la nueva normativa, una sanción «desproporcionada» que es el doble de la multa prevista para los escapes nucleares y hasta 260 veces más que la prevista para negligencias que provoquen un accidente aéreo.

En otros países

El sistema de balance neto existe ya en numerosos países, entre ellos, Alemania, Portugal, Grecia, Italia, Dinamarca, Australia, Estados Unidos y México.

En EE UU se denomina crédito eléctrico y está aprobado en 40 estados; Japón utiliza un sistema similar de ámbito municipal; en Alemania existe además una prima por el autoconsumo; en Italia se abona el doble y no se paga por lo que se consume; en Bélgica se aplica un sistema híbrido de primas y «certificados verdes»; y en Portugal se permite el desarrollo del autoconsumo de hasta 1 MW sin ningún tipo de peaje, mientras que el balance neto se realiza pagando el precio de la energía excedentaria a un 90% de su precio de mercado.