La guerra es, como reza la célebre cita de Georges Clemenceau, un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los militares. ¿Será también la democracia un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos del pueblo? De momento no hemos llegado tan lejos, pero los impactantes resultados de varios referéndums celebrados este año en diversas partes del mundo, referéndums en los que se dirimían cuestiones no solo de vital importancia, sino también de gran complejidad, han hecho que cada vez más analistas, académicos, opinadores en general y no pocos políticos estén cuestionando la validez de la consulta popular para según qué cuestiones.
En apenas unos meses, y a través de sendos referéndums, los británicos han dicho «no» a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (el histórico brexit), los tailandeses han apoyado una nueva constitución que servirá para perpetuar en el poder a la junta militar golpista que gobierna el país, los colombianos han rechazado un acuerdo de paz alcanzado con las FARC que estaba siendo ya celebrado en medio mundo, y los húngaros han aprobado, aunque sin la participación suficiente como para tenga validez, las propuestas anti refugiados de un gobierno que ya ni se esfuerza en disimular su carácter xenófobo.
Puede ser un error, no obstante, caer en la simplificación que supondría establecer una conexión directa entre todas estas situaciones. Las circunstancias en las que se han producido estas consultas, y las que han determinado los resultados, son diferentes en cada país. Y, si bien resulta posible aventurar ciertos paralelismos en algunos casos, la realidad es demasiado compleja como para identificar patrones universales evidentes, por mucho que la teórica globalización, y el efecto multiplicador de los flujos actuales de información, lo hagan tentador. Puede existir, por ejemplo, una relación más clara entre la victoria del brexit en el Reino Unido y el apoyo que recibe Donald Trump en EE UU (el atractivo de discursos populistas, emocionales, nacionalistas y de clase, en sociedades castigadas por la crisis, apartadas de los centros de decisión, y desencantadas con unas élites políticas cada vez más desacreditadas), pero en Colombia los factores son otros, como son otros también, pese a algunas semejanzas, en Tailandia, o en Hungría.
El común denominador, en cualquier caso, permanece: ¿son los referéndums el mejor modo de decidir sobre cuestiones especialmente trascendentes, o complejas? ¿Son realmente tan democráticos como parecen? ¿Es posible mejorarlos sin pervertir su razón de ser? Últimamente resulta cada vez más común encontrar artículos en medios de comunicación mainstream en los que, de forma más o menos diplomática, se aboga por reformas en los mecanismos democráticos que hasta hace no mucho habrían sido tachadas automáticamente de elitistas. Hay incluso quienes proponen abiertamente la obligatoriedad de aprobar un examen antes de votar. Se argumenta que muchos votantes son ignorantes, o que han sido manipulados… Pero la historia demuestra que la línea que separa este cierto ‘despotismo ilustrado’ del autoritarismo es demasiado delgada.
Lo cierto es que, a pesar de su componente de alto riesgo, los gobernantes siguen recurriendo al referéndum, en la confianza de que el resultado legitimará sus decisiones, y no solo en lo que respecta a la pregunta del referéndum en sí, sino en el marco de una estrategia más general por mantener el poder político, o, en el caso de la oposición, por acceder a él.
Sí o no
Los votantes, por su parte, se suelen enfrentar a alternativas demasiado simples (sí o no), tras campañas que muchas veces se centran en la popularidad o impopularidad de un determinado líder o partido, en la trayectoria del gobierno convocante, o en cuestiones que nada tienen que ver con la esencia de la consulta; campañas en las que a menudo se tergiversan los hechos o, directamente, se miente o se engaña. En Colombia, el jefe de la campaña del «no», preguntado sobre «por qué tergiversaron mensajes para hacer campaña», respondió que «fue lo mismo que hicieron los del ‘sí’». En el Reino Unido, el ahora exlíder del eurófobo y pro-brexit UKIP, Nigel Farage, calificó de «error» la promesa hecha por él mismo durante la campaña de que el dinero que se ahorraría el país al salir de la UE se invertiría en el servicio nacional de salud.
Por otro lado, el hecho de que no se establezca un mínimo de participación para legitimar un resultado (en Colombia solo votó el 38%; en Tailandia, el 55%), o de que se estipule que es suficiente la mayoría más uno para aprobar o rechazar una propuesta (los partidarios de que el Reino Unido abandone la UE fueron el 51,9%; los que rechazaron el acuerdo de paz con las FARC, el 50,21%), supone que, con frecuencia, la división y la incertidumbre sigan vivas tras la celebración de la consulta, y alimenta los argumentos invocados por quienes cuestionan la validez de los referéndums. A veces, incluso el mal tiempo puede influir en una abstención de la que es posible que dependan asuntos de importancia capital para el país.
La cuestión es si todos estos problemas son suficientes como para deslegitimar de por sí el referéndum nacional como mecanismo justo y efectivo de consulta popular. Una vez aceptado el sistema de democracia representativa como válido, el debate puede que esté, más bien, en cuándo celebrar un referéndum y cuándo no, y, sobre todo, en las condiciones en que éste se realiza. Nadie cuestionó los referéndums cuando los irlandeses aprobaron, en 1998, el acuerdo de paz con el IRA con un abrumador 71% en Irlanda del Norte, pero con apenas el 56% en Irlanda, y de poco sirvió, por otra parte, que los griegos se opusieran rotundamente a las condiciones del rescate ‘propuesto’ por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, en la famosa consulta ciudadana de 2015.
A continuación, un repaso a algunos de los referéndums recientes más polémicos:
Reino Unido
- La consulta. «¿Debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe abandonar la Unión Europea?».
- La postura del Gobierno. A favor de permanecer en la UE.
- El resultado. El referéndum se celebró el 23 de junio. La opción de abandonar la UE fue respaldada por el 51,9% de los votantes, frente al 48% que votó por la permanencia, con una participación del 72,2%.
- Las consecuencias. El primer ministro, David Cameron (convocante del referéndum), dimitió. Le sucedió en el cargo la también conservadora Theresa May. Escocia, donde ganó el sí a la UE, llegó a plantear un segundo referéndum de independencia y a anunciar contactos con la UE. Los bonos británicos se desplomaron y la libra esterlina llegó a hundirse al nivel de 1985. En las últimas semanas, la libra ha tocado mínimos no alcanzados en tres décadas, ante la posibilidad de que pueda ejecutarse un «brexit duro», es decir, abandonar la UE sin mantener el acceso al mercado único, a cambio de controlar la inmigración y restringir la residencia, el libre movimiento de personas y el trabajo para los no británicos. El futuro de los residentes y trabajadores comunitarios sigue sin estar claro, y las autoridades europeas temen un posible efecto contagio en los países miembros más ‘eurófobos’.
- Las claves. El resultado no fue uniforme en todo el Reino Unido. En Inglaterra y Gales se votó a favor de la salida, mientras que Escocia, Irlanda del Norte y el territorio de Gibraltar votaron por la permanencia. El gran peso demográfico de Inglaterra y la alta participación en esta nación resultaron decisivos, así como la brecha entre zonas rurales (donde prevaleció el no a Europa) y grandes áreas urbanas como Londres (donde venció el sí), e incluso entre clases sociales y grupos de edad. La campaña pro-brexit logró catalizar el creciente sentimiento anti inmigración y nacionalista de una parte de la sociedad británica, la frustración generada por la crisis económica, y el rechazo a la élite política y la burocracia de Bruselas.
- Y ahora, qué. La primera ministra británica ha anunciado que la separación se iniciará oficialmente —con la necesaria activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa— antes de que termine el primer trimestre de 2017. De momento todo apunta a que May se decantará por el llamado «brexit duro».
Colombia
- La consulta. «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?» (Sí o no).
- La postura del Gobierno. A favor del acuerdo de paz firmado el 26 de septiembre entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, tras 52 años de conflicto.
- El resultado. El «no» se impuso con el 50,21%, frente al 49,78 % del «sí», una diferencia de 0,43 puntos porcentuales (unos 54.000 votos en un universo de 34.899.945 electores habilitados para ir a las urnas). La abstención fue del 62,57%.
- Las consecuencias. El resultado de la consulta ha abierto un periodo de gran incertidumbre. Las encuestas vaticinaban una victoria del «sí» superior a un 60% de los votos, y las partes no habían previsto qué pasaría si el pueblo rechazaba lo pactado. Ni las FARC ni el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tenían un «plan B», porque no contemplaban esta posibilidad. Santos, a quien el acuerdo le ha valido un cuestionado Nobel de la Paz, ha quedado muy tocado políticamente tras la derrota. El expresidente Álvaro Uribe (conservador), uno de los mayores defensores del «no», ha recuperado protagonismo e interpreta el resultado como un refuerzo a la línea dura contra la guerrilla que aplicó durante todo su mandato.
- Las claves. El acuerdo fue apoyado en muchas de las regiones que más han sufrido por la guerra, pero no en todas. Y en las grandes ciudades, los resultados fueron también dispares (Bogotá votó sí; Medellín, no). Un factor más importante pudo ser el apoyo a Santos o a Uribe en cada zona. Entre las causas del resultado, los medios colombianos citan un exceso de confianza de la campaña del «sí», que pudo desmovilizar a los partidarios del acuerdo y favorecer la abstención, salvo en las zonas más castigadas por el conflicto; la cierta ambigüedad del perdón «ofrecido» por el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, un perdón que para muchos colombianos llegaba, además, tarde; el hecho de que para una parte aún importante de la población no sea aceptable una amnistía sin penas de cárcel para los guerrilleros; el voto de castigo a Santos por cuestiones de política nacional; o el poco efecto que el respaldo internacional ha tenido entre los partidarios del «no». También se ha mencionado que las fuertes lluvias, generadas por el huracán Matthew, obstaculizaron el desarrollo de la jornada en la Costa, una región que apoyó mayoritariamente el acuerdo de paz.
- Y ahora, qué. Los esfuerzos se centran ahora en reabrir un proceso de negociación, integrando también a la parte del «no». No obstante, negociar entre tres partes se prevé más complicado que entre dos (Gobierno y FARC), y aunque Santos ha asegurado que se mantendrá el alto el fuego, y las FARC han dejado claro que no volverán al campo de batalla, no será fácil que renuncien a concesiones ya negociadas y acepten nuevas condiciones, más restrictivas, por parte de la derecha de Uribe. Entre las exigencias de los uribistas están que los líderes de las FARC no puedan ser elegidos para cargos públicos, que los dirigentes guerrilleros acusados de crímenes más graves vayan a prisión, obligar a la guerrilla a declarar su patrimonio y a entregar una parte, y que se pene el delito de narcotráfico, que en los pactos se considera conectado con la actividad guerrillera y, por tanto, incluido en la amnistía. Este lunes, el Gobierno y la segunda guerrilla más importante de ese país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunciaron que iniciarán una fase pública de diálogos de paz en Ecuador, el próximo 27 de octubre.
Tailandia
- La consulta. Dos preguntas, con respuestas de «sí» o «no»: «¿Acepta el borrador de la [nueva] Constitución?», «¿Debería la Cámara Alta [Senado] ser autorizada a participar junto a la Cámara Baja [Congreso] en la elección del primer ministro?». La Constitución interina vigente en Tailandia desde el golpe de Estado de 2014 da poder absoluto e inmunidad al comandante en jefe del ejército tailandés y actual presidente del «Consejo Nacional de Paz» (una junta militar), Prayuth Chan-o-cha.
- La postura del Gobierno. El Consejo Nacional presentó la nueva constitución como un «paso decisivo» hacia una «completa democracia», afirmando que permitirá al nuevo gobierno combatir la corrupción y desarrollar el programa actual de reformas. Los críticos denunciaron, sin embargo, que la nueva carta magna asegura al Consejo Nacional el mantenimiento de un poder excesivo, y que el régimen tailandés seguirá «tutelado» por los militares. Todo el proceso constitucional fue objeto de críticas de numerosas ONG. La Federación Internacional de Derechos Humanos destacó la «manipulación del proceso de redacción» de la Ley, y aseguró que los sufragios tendrían «credibilidad cero». En las semanas previas a la consulta, según informó El Mundo, las fuerzas de seguridad intensificaron la detención de los que rechazaban la Carta Magna, y las autoridades prohibieron los debates que la cuestionaban y clausuraron una de las principales emisoras opositoras.
- El resultado. La nueva constitución fue respaldada por cerca del 61% de los votantes, con una participación que apenas llegó al 55%.
- Las consecuencias. La nueva carta magna supone que el Consejo militar podrá nombrar directamente a 250 diputados del Senado, y asegurarse así la elección de un primer ministro afín, al poder participar esta cámara no democrática en una elección que ya no será decidida solo en el Congreso. Además, el Senado podrá vetar leyes y reformas constitucionales, y decidirá la composición de organismos clave como la Comisión Anticorrupción o el Tribunal Constitucional.
- Las claves. Entre las causas del resultado del referéndum, el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Bangkok Thitinan Pongsudhirak citaba, en The Guardian, «el desencanto de la sociedad tailandesa con la clase política dependiente del dinero, y el rechazo a la corrupción», así como «el fracaso de los partidos tradicionales a la hora de motivar a sus simpatizantes». «Los militares han sabido explotar este sentimiento contra la clase política, demonizando a los políticos en general y tachándolos de corruptos, y enfatizando que la corrupción es el origen de todos los problemas del país», añade.
- Y ahora, qué. Las autoridades han asegurado que el país celebrará elecciones generales en 2017.
Hungría
- La consulta. «¿Quiere que la UE pueda imponer reubicaciones obligatorias de ciudadanos no húngaros en Hungría, incluso sin la aprobación del Parlamento Nacional?» (Sí o no).
- La postura del Gobierno. A favor del «no». El Gobierno considera que el plan europeo de reubicación de algo menos de 1.300 refugiados en territorio húngaro vulnera su soberanía nacional, y que «terroristas» podrían asentarse en el país. El primer ministro, el ultraderechista Viktor Orbán, ha venido insistiendo en que Bruselas «no tiene derecho» a cambiar «la identidad cultural y religiosa de Europa», y considera «ingenua» la política migratoria de la UE.
- El resultado. El referéndum se celebró el 2 de octubre, con una victoria abrumadora del «no» (el 98,24% de los votos frente a un 1,76% de «síes». No obstante, la consulta no pudo ser considerada válida, al no alcanzar la participación necesaria: Según la Oficina Electoral de Hungría, los sufragios válidos fueron el 43,23%, menos del preceptivo 50% del censo.
- Las consecuencias. La baja participación, y la consecuente invalidez del resultado, fue un revés, tanto para Orbán, quien había invertido una gran energía en la campaña del referéndum, como para el Gobierno, que desplegó una controvertida campaña en la que vinculaba a los inmigrantes y refugiados con el terrorismo y la delincuencia. Tras conocerse los datos de la consulta, varios políticos de la oposición exigieron la dimisión de Orbán, desde el ultraderechista Gávor Vona, Jobbik, hasta el ex primer ministro socialdemócrata Ferenc Gyurcsany.
- Las claves. La victoria masiva del «no» en el contexto de la baja participación refleja que la movilización fue muy importante entre los que respaldaban el desafío del Gobierno a la UE, y muy escasa entre quienes lo rechazaban. De hecho, la oposición de izquierda y numerosas ONG habían llamado a boicotear la consulta o emitir votos nulos para que el referéndum no tuviese legitimidad. Tanto el referéndum como la campaña del Gobierno recibieron duras críticas en el interior y el exterior del país por criminalizar a los refugiados. Xavier Vidal-Folch señalaba en El País que el Gobierno húngaro gastó 38 millones de euros en la campaña previa al referéndum, un dinero que «podría haber financiado durante tres años la estancia de los refugiados que le estipuló Bruselas». Hace un año, Hungría erigió vallas en sus fronteras meridionales para detener a los miles de refugiados que cruzaban su territorio en dirección al norte de Europa, y recientemente ha introducido leyes que castigan la entrada ilegal en el país con hasta 5 años de cárcel.
- Y ahora, qué. Políticos de la formación conservadora gubernamental han indicado que la gran mayoría de «noes» da un «mandato» al Ejecutivo para su «lucha» en Bruselas contra las cuotas de la Unión Europea. Orbán ya dijo, nada más votar, que lo que importaba no es que el referéndum fuese válido, sino que el «no» ganase con amplitud. «Siempre es mejor un referéndum válido que uno inválido, pero las consecuencias legales se aplicarán», afirmó.