Abusos e irregularidades financieras, riesgos innecesarios, intervencionismo político, fraude fiscal, sueldos astronómicos, indemnizaciones millonarias, pensiones a la carta, dietas engordadas… La trayectoria de muchas de las cajas de ahorro españolas en los años que precedieron al inicio de la crisis económica, en 2008, es un ejemplo de todo lo que no debe hacerse en la banca, y el complemento perfecto para que, cuando estalló la burbuja inmobiliaria (la gasolina que estaba alimentando el motor de estas entidades), el sector saltase por los aires.
Desde el año 2007, un total de ocho entidades han sido intervenidas y/o nacionalizadas por el Estado (Caja Castilla La Mancha, Cajasur, CAM, Unnim, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco, Banco de Valencia y Bankia), que ha tenido que inyectar además miles de millones de euros de las arcas públicas para la reestructuración del sector. Si a ello sumamos escándalos que afectan directamente a miles de clientes, como el caso de las preferentes o la venta de acciones ruinosas, no es de extrañar que en estos momentos haya cerca de un centenar de ejecutivos y consejeros de cajas de ahorro imputados por la justicia en toda España, como resultado de la investigación judicial que se está llevando a cabo sobre un total de nueve entidades (Bankia, Caja Madrid, CAM, Banco de Valencia, Banca Cívica, Catalunya Banc, Caixa Penedés, Caja Castilla La Mancha y Eurobank).
La cifra de imputados contrasta, sin embargo, con la de los procesados para quienes se han dictado órdenes de prisión: de momento, tres.
Golpe a la cúpula de la CAM
El pasado miércoles, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ordenó la detención de cinco exdirectivos de CAM, entre ellos su exdirector general Roberto López Abad, acusados de desviar fondos de la caja a paraísos fiscales, y en el marco de la causa en la que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de la caja alicantina.
El juez decretó el ingreso en prisión de López Abad por, en concreto, desviar 247 millones de euros a un paraíso fiscal a través de operaciones hoteleras en el Caribe. El exdirectivo se convirtió así en el segundo banquero enviado a la cárcel por las irregularidades en las cajas, tras el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
El magistrado ordenó asimismo cárcel para el exresponsable de Empresas de la CAM Daniel Gil, quien ya ha sido puesto en libertad tras pagar una una fianza de 400.000 euros. La fianza fijada para López Abad es de 1,5 millones de euros.
Se trata, en cualquier caso, de la primera vez que desde la Audiencia Nacional, donde se instruyen varias causas sobre irregularidades en entidades de crédito, se dictan medidas de prisión, aunque sean eludibles bajo fianza. La encarcelación de Blesa (primero el pasado mes de mayo, cuando pagó una fianza, y de nuevo después en junio, hasta que la Audiencia Provincial anuló el auto) fue por orden del juez de Madrid Elpidio José Silva, que investigaba la concesión de créditos por parte de Caja Madrid al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y la adquisición del City National Bank de Florida (Estados Unidos).
Fuera de la Audiencia Nacional se investiga a otros banqueros (de Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Canarias, CAN, Caja Burgos, Cajasol y Catalunya Banc) en diferentes juzgados de instrucción o en el seno de Fiscalía.
Una lista preocupante
La lista de imputados, acusados de cometer todo tipo de tropelías mientras el sector se iba a pique, es preocupantemente larga para un sector, el de la banca española, que sigue en cuarentena y que estos días está pasando, precisamente, la prueba de estrés del Banco Central Europeo (BCE).
Entre los más conocidos se encuentran el exministro de Economía y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, imputado junto a otros 32 exconsejeros de BFA-Bankia por posibles delitos de falsificación de las cuentas anuales y de los balances, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida, y José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, imputado por estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas.
La primera caja investigada fue Caja Castilla-La Mancha, por la concesión presuntamente irregular de créditos a empresarios afines a la directiva. La CAM, por su parte, fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011, tras detectarse irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y de pensiones vitalicias a la cúpula directiva. Los administradores fueron sustituidos y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) tuvo que inyectar 2.800 millones de euros. En el caso Bankia, uno de los más escandalosos, el juez Andreu investiga la salida a Bolsa de la entidad y una gestión desastrosa que ha costado al erario público unos 23.000 millones de euros.
Otra caja que salió al parqué bajo sospecha es Banca Cívica (15 imputados), y por concesión de pensiones a medida están procesados, además de los directivos de la CAM, el expresidente de Novagalicia (Julio Fernández Gayoso) y directivos de Caixa Penedés. Por dietas engordadas están imputados los directivos de Caja Navarra, y por las preferentes podrían verse las caras ante el juez los de Bankia y Novagalicia (de momento están imputados directivos de la CAM y un delegado de Catalunya Caixa).
Las investigaciones que se están llevando a cabo sobre los directivos bancarios tienen su origen en denuncias realizadas tanto por la Fiscalía como por el FROB, que depende del Banco de España, y por partidos políticos (UPyD, por ejemplo) y asociaciones (Manos Limpias, o la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia -Apabankval-, entre ellas).
Despolitización
En 2009, antes de que se acometiera la reestructuración del sector, las cajas españolas tenían en sus órganos de dirección –asambleas generales y consejos de administración– 6.065 consejeros. De estos, 2.087, el 34% del total, eran cargos elegidos a dedo por los partidos políticos, entre los que figuraban alcaldes, concejales, presidentes de diputación y altos cargos de los gobiernos regionales. De las diez principales cajas españolas, ocho estaban presididas por nombres de claro color político.
El anteproyecto de la futura Ley de Cajas de Ahorros, presentado el pasado mes de julio por el Gobierno, busca, entre otros aspectos, como limitar el volumen de estas entidades, despolitizar sus órganos de gobierno, al establecer que las administraciones públicas no podrán designar a más del 25% de los consejeros generales de las cajas.