Cuando, en el año 1999, el partido del ultraderechista pronazi Jörg Haider logró el 27% de los votos y consiguió entrar en el Gobierno austriaco, la reacción general en Europa fue de estupor y, sobre todo, de incredulidad, de «cómo es posible». Algo más de una década después, la presencia en parlamentos europeos de partidos ultras (neonazis, neofascistas, racistas, antiinmigrantes, hipernacionalistas, antieuropeístas, casi siempre islamófobos y, en ocasiones, hasta violentos) ya no sorprende a nadie. El crecimiento de la extrema derecha en el viejo continente, impulsado fundamentalmente por la crisis, con los despropósitos de la élite de la UE como blanco fácil, y al amparo de una notoria falta de memoria histórica, es una realidad innegable.
Los ejemplos se suceden uno tras otro. El último caso por excelencia es el de los neonazis de Amanecer Dorado, que se mantienen como tercera fuerza política en intención de voto en Grecia, a pesar de la detención de su cúpula dirigente. Pero los ultras también han escalado posiciones en Noruega, Finlandia, Dinamarca, Bulgaria, Hungría, Austria, Holanda, Bélgica, Francia… En España siguen siendo grupúsculos minoritarios, pero no por ello inofensivos, como demuestra el reciente ataque a un centro cultural catalán en Madrid. La Policía Nacional tiene constancia de la existencia de al menos 46 grupos activos de extrema derecha en nuestro país. A comienzos de 2008, las Fuerzas de Seguridad tenían contabilizadas 250 bandas neonazis, 53 de ellas muy peligrosas, y con nombres tan significativos como Resistencia Aria, División Blanca, Orgullo Ario, Europa Blanca o Nueva Estirpe.
Las ideologías excluyentes y xenófobas, además, no solo han ganado terreno electoral de la mano de los partidos que las defienden abiertamente; también están encontrando huecos en las agendas de varios gobiernos. Un ministro francés quiere expulsar a los gitanos, el Gobierno británico deportará a delincuentes extranjeros sin darles la oportunidad de recurrir, y Hungría ha criminalizado a los ‘sin techo’ (objetivo clásico del fascismo) con penas de hasta seis meses de cárcel.
El pasado mes de agosto, la canciller alemana, Angela Merkel, aseguró que la ultraderecha «no puede tener lugar alguno en una Europa democrática», y pidió «entereza» para combatirla. Pero es precisamente la falta de entereza, no tanto de los ciudadanos como de los responsables políticos, y a veces incluso en las más altas instituciones europeas, lo que abona el camino.
El caso de la inmigración es, tal vez, el más representativo. En 2012, por ejemplo, los ministros de Interior de la UE acordaron la reintroducción temporal de los controles fronterizos en la zona Schengen ante la posibilidad de una fuerte «presión migratoria». La medida fue criticada por la Comisión y el Parlamento Europeos, pero el mensaje, a pesar de las mil y una leyes, normas, disposiciones y declaraciones que proclaman el carácter solidario de la Unión, quedó claro: Los logros conseguidos (una Europa sin fronteras, en este caso) solo aguantan, en la práctica, hasta que sentimos amenazado nuestro sistema económico (en crisis, pero todavía privilegiado), o, de un modo menos confesable, nuestra homogeneidad cultural, racial e incluso religiosa.
Es, junto con la desesperación y la rabia que sienten muchos ciudadanos a causa de la recesión, y con el calado que tiene el populismo demagógico en épocas prolongadas de crisis, la fuente principal de la que se nutren, tosca pero eficazmente, los grupos ultras; la fuente a la que acuden también algunos políticos que, pese a rechazar en principio estas ideologías, coquetean con ellas a las primeras de cambio, especialmente si hay elecciones a la vista.
Estas son algunas caras de la creciente ultraderechización de Europa, en varios ejemplos recientes:
Neonazis en la cuna de la democracia
La reciente detención de la cúpula del partido neonazi griego Amanecer Dorado (AD), un grupo de características mucho más agresivas que otras formaciones de extrema derecha europeas, y cuyos simpatizantes muestran orgullosos su estética hitleriana, ha provocado un cierto descenso de su intención de voto, pero aún así, las últimas encuestas lo mantienen como tercera fuerza política, con un 7,2% de los votos.
Las razones de este apoyo son diversas, y van desde la crisis económica (Grecia es el país de la UE más castigado por la recesión, y la mayoría de los votantes de AD son menores de 45 años, los que más sufren el paro) al desprestigio de los partidos tradicionales (considerados corruptos y culpables de la crisis, por lo que existe mucho voto de castigo), pasando por la inmigración (el país es puerta de entrada a la UE, pero los sucesivos gobiernos no han sido capaces de dar respuesta a los problemas sociales que ello supone) y por la vigencia de una cultura muy nacionalista (basada a menudo en el victimismo).
Expulsiones de gitanos
«La mayoría [de los gitanos] deben ser llevados hasta la frontera […]. Nuestro papel no es acoger a estas poblaciones». Con estas palabras, pronunciadas el pasado 25 de septiembre, reiteraba el ministro francés del Interior, Manuel Valls (socialista), sus polémicas declaraciones de un día antes, en las que había afirmado que «los gitanos deben regresar a Rumanía y a Bulgaria», donde tienen que hacer «esfuerzos para su integración».
Varias figuras del Partido Socialista e incluso del Gobierno criticaron a Valls por considerar que sus palabras estigmatizan a la población gitana. El ministro de Industria, Arnaud Montebourg, dijo que las declaraciones de Valls debían ser «corregidas», a lo que el titular de Interior respondió que «no hay nada que corregir», y que sus declaraciones «solo molestan a los que no conocen el asunto». Valls insistió en que los campamentos de gitanos «suponen un problema para los vecinos y para los que los ocupan», desde el punto de vista «sanitario y de seguridad».
Solo este año, Francia ha expulsado a 5.000 gitanos de asentamientos ilegales en los alrededores de ciudades como París. El Gobierno francés no incumple ninguna ley, ya que las normas comunitarias condicionan la prolongación de la libre estancia de un extranjero comunitario en un país miembro a la posesión de medios de vida propios, y el incumplimiento de esta condición es motivo de expulsión. Pero las organizaciones de derechos humanos denuncian que las expulsiones afectan en exclusiva a una etnia o pueblo y «son contrarias a los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos sobre los que se fundó la Unión», en palabras de Amnistía Internacional.
El caso francés no es el único. Según el último informe de la organización European Roma Rights Center (ERRC), Serbia, Rumanía, o la República Checa han generalizado también en los últimos años los desalojos de asentamientos de gitanos, desahucios que también se han producido en Londres, Roma o Madrid.
Cárcel para los ‘sin techo’
Una polémica ley acaba de estrechar el cerco legal a las cerca de 30.000 personas ‘sin techo’ existentes en Hungría, que pueden ser condenados ahora a hasta seis meses de cárcel por vivir en la calle. La normativa, que entró en vigor hace unas dos semanas, y que ha recibido criticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos húngaras e internacionales, les obliga a mudarse a alguno de los centros de acogida, pero en ellos no hay plazas para todos.
Esta ley nacional, aprobada por un Parlamento que domina con una mayoría de dos tercios Fidesz, el conservador partido del Gobierno, completa un proceso de sanciones que ha ido expandiéndose. Primero fue una ley municipal en Budapest que prohibía vivir en los pasajes subterráneos de la capital y después se les impusieron multas en varios distritos de la ciudad.
Deportación exprés
El Gobierno británico deportará a presuntos delincuentes reclamados en el extranjero antes de que estos presenten recursos para intentar quedarse en el Reino Unido, según anunció hace unos días la ministra británica del Interior, Theresa May (Partido Conservador). May adelantó que el proyecto de ley de Inmigración reducirá asimismo las circunstancias en las que estos extranjeros pueden recurrir su deportación, para, según la ministra, combatir el abuso del artículo 8 de la Convención europea de los derechos humanos, que protege el derecho a la vida privada y familiar. «Primero deportaremos a los criminales extranjeros y luego escucharemos sus recursos», dijo.
La Liga Norte y la tragedia de Lampedusa
Tras la tragedia ocurrida esta semana frente a la isla italiana de Lampedusa, en la que un naufragio causó la muerte de más de 140 inmigrantes, varios responsables de la Liga Norte, el partido xenófobo y ultraderechista que gobierna Lombardía, culparon del desastre a la ministra de Integración, Cécile Kyenge, nacida en la República Democrática del Congo, y que ha sido objeto de ataques racistas por parte de dirigentes de la Liga.
Umberto Bossi, líder histórico de la Liga, dijo que la responsabilidad de tragedias como ésta la tienen quienes, como la ministra Kyenge, «lanzan mensajes hipócritas de acogida cuyos resultados son dramáticos».
Apoyados por las urnas
Muchas de estas formaciones de extrema derecha han conseguido una importante representación parlamentaria. En Noruega, país en el que en julio de 2011 un ultraderechista asesinó a 77 personas, el Partido Conservador y el Partido del Progreso, una formación ultranacionalista y xenófoba, constituirán un gobierno en minoría tras las elecciones de septiembre, y en Finlandia el partido Verdaderos Finlandeses se situó en abril de 2011 como la tercera fuerza política del país, con un 19,1 % de los votos (39 diputados).
La tendencia se repite en otros países escandinavos: En Suecia, donde la extrema derecha solo había estado presente de 1991 a 1994, esta corriente consiguió volver al arco parlamentario en 2010 con el 5,7 % de los votos (20 escaños), y en Dinamarca el ultraderechista Partido Popular Danés de Pia Kjærsgaard es actualmente la tercera fuerza política. Durante la anterior legislatura apuntaló la mayoría del Gobierno liberal-conservador.
En Francia, la ultraderecha, encabezada por Marine Le Pen, hija del histórico líder del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, experimentó un gran avance en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 2012, cuando obtuvo un 17,9 % de los votos. A seis meses de las elecciones municipales, los sondeos le auguran un resultado histórico.
Mientras, en Bulgaria los ultranacionalistas de Ataka son actualmente la cuarta fuerza política, con 20 diputados, y en Hungría la ultraderecha antisemita del partido Jobbik logró el 17% de los sufragios y 47 escaños en las elecciones de 2010.
Holanda, Austria y Bélgica también cuentan con nutridas representaciones de grupos ultraderechistas en sus parlamentos, aunque en los tres casos han sufrido retrocesos en las últimas elecciones, y en Suiza, la populista Unión Democrática de Centro (UDC) fue el partido más votado en los comicios federales de 2011 y tiene dos representantes en el Gobierno colegiado federal.
Por último, en Alemania, los euroescépticos populistas de Alternativa para Alemania (AfD) no alcanzaron en las elecciones de septiembre el mínimo para tener representación parlamentaria, pero el 4,7% logrado fue un resultado histórico para este grupo que culpa a los países del sur de Europa de todos los males de la crisis.