Por primera vez en la historia de la democracia española, un partido político, Unió Democrática de Catalunya, ha reconocido haberse financiado ilegalmente y se ha comprometido a devolver el dinero recibido. No lo ha hecho, sin embargo, movido por el arrepentimiento o en una rueda de prensa ante la opinión pública, sino en una sede judicial, y con el objetivo de conseguir un pacto que rebaje la pena a los imputados y evite a su líder, Josep Antoni Duran Lleida, tener que declarar como testigo ante un juez. El reconocimiento de este comportamiento delictivo tampoco ha supuesto que Duran Lleida, responsable de la formación, se plantee dimitir. El partido ha reconocido que cobró el dinero, pero insiste en que, «más allá de los imputados, Unió ignoraba el origen ilícito de las cantidades o pagos realizados».
Sean cuales sean los motivos o las consecuencias, el reconocimiento de Unió supone un hito dentro de la larga cadena de casos de financiación irregular que, desde hace décadas, comparten muchos de los principales partidos políticos españoles, y que es una de las principales causas del descrédito que sufren ante buena parte de la sociedad. Hasta ahora los escándalos se han solido saldar con la caída de responsables particulares, cabezas de turco que, aunque han dañado la imagen del partido afectado, han logrado también salvar los muebles de la formación como tal.
Otra cosa es el efecto real que este hito pueda suponer, teniendo en cuenta que la financiación ilegal de los partidos no está contemplada en el Código Penal, y considerando la falta de transparencia que, en general, y a pesar de haberse aprobado ya dos normas regulatorias (las leyes orgánicas 3/1987, y, después, la 8/2007), sufre la legislación española en lo que respecta a la financiación de los partidos políticos.
Un informe emitido en abril de 2011 por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, por ejemplo, suspendía a España por no haber cumplido ninguna de sus recomendaciones para subsanar las deficiencias existentes en el sistema de financiación de las formaciones políticas. Según este informe, las cuentas de las agrupaciones locales siguen siendo opacas; no se presenta información suficiente sobre las fundaciones vinculadas a partidos o sobre las (altísimas) deudas de éstos con las entidades de crédito; no existe una regulación para determinar el límite de endeudamiento o las condiciones de los préstamos, que pueden llegar a confundirse con donaciones; las contabilidades de los partidos siguen criterios diferentes, y resulta muy complicado compararlas entre sí; no se destinan bastantes medios para el control interno, no se realizan auditorías externas…
Este es un repaso a algunos de los casos más sonados de presunta financiación irregular de partidos políticos desde el inicio de la democracia.
Pallerols
El llamado «caso Pallerols», referente a la financiación ilegal de Unió Democrática de Catalunya (UDC), salió a la luz a finales de la década de los noventa, durante los últimos años del Gobierno de Jordi Pujol. El juicio se ha evitado ahora, esta misma semana, tras un acuerdo entre las partes, según el cual los acusados y UDC se comprometen a devolver 388.000 euros de subvenciones públicas que fueron desviados por la trama del caso.
En su escrito de acusación provisional, el fiscal denunció que los imputados (un total de seis, para quienes pedía penas de hasta once años de cárcel) adjudicaron entre 1994 y 1999 cursos de formación para desempleados por un total de 8,8 millones de euros desde el departamento de Trabajo de la Generalitat, dirigido entonces por UDC, a tres sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols, a cambio de que éste devolviera un 10% del importe, que en buena parte acabó en manos de Unió. Los fondos de estos cursos procedían de las arcas de la Unión Europea.
El fiscal consideraba que el entonces director general de Ocupación del Gobierno autónomo catalán, Lluis Gavaldá, jugó un papel «determinante» en la trama, al igual que la exdirectora general de Ocupación Dolors Llorens, ya que ambos intervinieron «de forma decisiva» en la concesión de las subvenciones y se lucraron con la operación. Para ambos el ministerio público pedía nueve años de cárcel.
Las peticiones fiscales más elevadas eran, no obstante, para el exdirigente de Unió Vicenç Gavaldá, hermano del exdirector de Trabajo, a quien el fiscal identificaba como el urdidor de la trama y para quien solicitaba once años de cárcel, los mismos que pedía para el propio Fidel Pallerols, el empresario supuestamente beneficiado. El fiscal exculpaba al entonces conseller de Trabajo, Ignasi Farreras, por considerar que, si bien era la persona que firmaba la concesión de las subvenciones, lo hacía como resultado de una «mera revisión formal del expediente».
El pasado 8 de enero, las partes llegaron a un acuerdo «in extremis», que evita el juicio y en consecuencia una posible sentencia condenatoria para alguno de los acusados. El acuerdo contempla que los procesados asumen que desviaron los fondos a través de las sociedades de Pallerols, y aceptan, de forma solidaria con UDC, devolver los 388.000 euros desviados.
Unió ha pedido disculpas, pero descarta dimisiones porque asegura que «desconocía» los hechos.
Matas
El pasado mes de noviembre, el juez que instruye el «caso Over Marketing», José Castro, imputó al expresidente del Gobierno balear Jaume Matas en la causa que investiga la presunta financiación ilegal del PP en las islas. También fueron imputados el exdelegado del Gobierno central en Baleares y exconsejero de Interior, José María Rodríguez, y el cuñado de Matas y extesorero del PP balear, Fernando Areal.
En este caso se investigan las contrataciones del Gobierno de Matas (2003-2007) con la empresa Over por un valor total de 3,5 millones de euros, trabajos que supuestamente estuvieron amañados o se justificaron con facturas falsas o infladas y que, según sospecha la Fiscalía, eran en realidad una manera de pagar a la empresa con dinero público sus labores para el PP balear.
Daniel Mercado, máximo responsable de Over Marketing, empresa relacionada con la trama Gürtel, afirmó al juez que pactó con Matas cobrar parte de los gastos de la campaña electoral que hizo para el PP balear con contratos públicos del Gobierno de las islas. «Existía un acuerdo con Jaume Matas de que parte de los gastos electorales que se debían cobrar en negro y no se cobraron quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se me prometieron, y de hecho así sucedió. Otros gastos electorales distintos sí se cobraron en negro», aseguró Mercado al juez.
La Caixa
En noviembre de 2005 se supo que el PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña, asociado al PSOE) había conseguido que La Caixa le condonara el 45% de la deuda vencida que arrastraba desde 1994. En total, se trataba de 6,57 millones de euros perdonados. El resto (7,81 millones) fue renegociado, con un tipo de interés tres veces inferior al aplicable en 1994.
El PP exigió al PSC que pagase la deuda, así como la dimisión de su líder, el entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, quien declaró que no había «nada que ocultar», ya que no se había «negociado ni firmado crédito alguno».
El Tribunal del Cuentas aseguró por su parte que el partido no había aportado «la documentación acreditativa correspondiente del acuerdo alcanzado con la entidad financiera a finales de 2004».
Filesa
En el denominado «caso Filesa» se investigó la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin, según estableció como probado la Judicatura, era la financiación ilegal del PSOE, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989. La financiación ilegal consistía en inflar contratos públicos para recibir la comisión correspondiente. Muchos de los cargos, no obstante, fueron retirados porque en el momento en que se cometieron los hechos delictivos no existía el delito tipificado como financiación irregular de los partidos políticos.
La investigación la llevó a cabo el juez Marino Barbero, magistrado del Tribunal Supremo. El 5 de mayo de 1995, el juez instructor dictó auto de conclusión del sumario contra 39 personas, imputadas por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. Entre los implicados se encontraban el senador socialista y diputado autonómico Josep María Sala, el diputado del PSOE por Barcelona Carlos Navarro y el responsable de finanzas del partido, Guillermo Galeote. Además, fueron procesados los gestores de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, los empresarios Eugenio Marín y Francisco Molina, así como la secretaria de Finanzas del PSOE, Aida Álvarez y su marido, Miguel Molledo. De la investigación se desglosó posteriormente el llamado «Caso Ave».
El juicio comenzó en 1997, con el número de acusados rebajado a doce (José María Sala , Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Aida Álvarez, Miguel Guillermo Molledo, Luis Sánchez Marcos, Francisco Javier Iglesias, Julio Calleja, Juan Antonio Molin, Eugenio García y Diego Ramos). Sala, condenado a tres años de prisión, cumplió solo dos de sentencia, al suspenderla el Tribunal Constitucional. Carlos Navarro y los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, fueron condenados por el Supremo a once años de prisión a cada uno, pero en diciembre de 2000 obtuvieron un indulto parcial, concedido por el Gobierno de José María Aznar, que redujo sus penas a la mitad. Los tres disfrutaban ya entonces del tercer grado penitenciario. El resto de los procesados pagaron multas y cumplieron penas menores.
Naseiro
El 28 de noviembre de 1989, la Policía intervino el teléfono de Rafael Palop (hermano del concejal del PP en el Ayuntamiento valenciano Salvador Palop) para perseguir a una organización de tráfico de cocaína. La investigación inicial, sin embargo, fue relegada, al detectarse en las conversaciones la existencia de comisiones destinadas al PP a cambio de licencias urbanísticas. Entre los imputados estuvieron Rosendo Naseiro (coordinador de Finanzas del PP), Ángel Sanchís (diputado de PP por Valencia) y Arturo Moreno (vicesecretario de PP).
El «caso Naseiro» estalló poco después de la llegada al poder de José María Aznar, quien ordenó una investigación dentro de su partido y solicitó que se abriera una comisión de investigación en el Congreso, rechazada por los socialistas. Varios miembros del PP fueron expulsados.
El Tribunal Supremo archivó el caso debido a irregularidades en la instrucción del sumario, ya que las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no contaba con supervisión judicial. El Tribunal ordenó la posterior destrucción de las cintas inculpatorias con las conversaciones de los implicados que, no obstante, se pueden leer en las hemerotecas dado su valor histórico, aunque jurídicamente carecen de valor probatorio.
En una de las cintas, Vicente Sanz (expresidente de la diputación de Valencia por el PP) afirma en una conversación con Eduardo Zaplana (expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del último gobierno de Aznar): «Estoy en la política para forrarme».
Tragaperras
En marzo de 1990 se destaparon una serie de irregularidades en la concesión de permisos de explotación de máquinas tragaperras que el Gobierno vasco, del PNV, habría cometido desde 1984 en la Dirección de Juego. El negocio ilegal, del que formaban parte numerosas empresas en las que trabajaban personas afines a este partido, generó unos beneficios superiores a los 10.000 millones de pesetas.
El PNV acabó reconociendo, según el Tribunal Vasco de Cuentas, que en total existían 2.503 licencias ilegales de este tipo existentes en la comunidad. Sin embargo, varios empresarios del sector, que acusaron a PNV de haber recibido importantes cantidades de dinero a cambio de permisos irregulares, cifraron las mismas en casi 7.000.
En el caso estuvieron implicados, todos ellos acusados de malversación de fondos, prevaricación, falsedad en documento público y financiación irregular de partido político, José Joaquín Portuondo y Alfredo Peña (director y subdirector de Juego, respectivamente), Luis María Retolaza (consejero del Interior vasco) e Ignacio Goiri (director de Hacienda de Vizcaya).
La juez instructora del caso lo cerró en junio de 1993 al no hallar «indicios racionales» de que se hubiera cometido un delito.
Casinos
El director financiero de Casinos-Inverama, Jaime Sentís, presentó en enero de 1990 una denuncia en el juzgado, en la que acusaba al presidente de la sociedad, Artur Suqué, de haber desviado más de 3.000 millones de pesetas de la empresa, 1.000 de los cuales fueron a financiar irregularmente a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol.
El juez de Barcelona Ramón Gomis estuvo siete años y medio instruyendo la causa y el 30 de junio de 1997 acordó finalmente su archivo. El magistrado admitía que CDC se había financiado con dinero de Casinos, pero precisaba que no hubo delito, a pesar de reconocer que las justificaciones de las salidas de dinero se realizaron con facturas que calificaba de «mendaces». El juez explicaba asimismo que quedaba fuera de su competencia «el juicio de moralidad o valoración política que merecen las aportaciones de fondos» a partidos políticos que se realizan al margen de la ley, y recordaba que en el caso Filesa el Tribunal Supremo sentenció que no existía el delito de financiación ilegal o encubierta de partidos políticos.
El llamado «caso Casinos» quedó cerrado definitivamente en diciembre de 1998, al rechazar la Audiencia de Barcelona el último recurso que podía haberlo reabierto, y que había presentado el propio Sentís.
Flick
El dinero del consorcio industrial alemán Flick (implicado en varias tramas de corrupción política en Alemania) contribuyó al desarrollo de formación de algunos sindicatos y partidos españoles, así como a la financiación de sus campañas, entre 1980 y 1985, cuando destacadas fundaciones alemanas entregaron en marcos el equivalente a unos 3.000 millones de pesetas.
Según documentación publicada por la agencia Efe, la fundación Ebert (socialdemócrata) donó 1.230 millones de pesetas a PSOE, UGT, Instituto de Administración Municipal y las fundaciones Pablo Iglesias y Largo Caballero; Konrad Adenauer (democristiana) cedió 670 millones a USO y la fundación Humanismo y Democracia; Friedrich Naumann (liberal) entregó 523 millones a Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Reformista Democrático, asociación Nueva Generación, Casa Liberal de Barcelona y al Instituto de Estudios Sociales; y Hans Seidel, vinculada a grupos de extrema derecha, dio 466 millones al Instituto de Estudios Sociales y colaboró con la antigua AP.
La ramificación española del caso salió a la luz cuando, en 1984, el diputado socialdemócrata alemán Peter Struck declaró en la prensa que otro diputado del mismo partido habría entregado un millón de marcos de la trama de corrupción a Felipe González, lo que provocó la célebre frase del entonces presidente del Gobierno español: «No he recibido ni un duro, ni una peseta, ni de Flick ni de Flock».
Los implicados admitieron los hechos en la comisión de investigación, pero indicaron que se produjeron un año antes de que se prohibiera a los partidos españoles recibir donaciones extranjeras. Finalmente, el Congreso de los Diputados absolvió a Felipe González con 263 votos a favor, aprobando las conclusiones elaboradas por la comisión acerca de la inexistencia de pruebas y la falsedad de las declaraciones.
Zamora
En los primeros meses de 1997 aparecieron informaciones en el diario El País sobre las denuncias que el constructor zamorano y militante del PP Eduardo Corrales había vertido sobre altos cargos de este partido, relativas al presunto cobro de comisiones, entre 1987 y 1991, por la antigua AP de Zamora a constructores de esa provincia. A la denuncia de Corrales se sumó la del también constructor Mariano Santarén, quien afirmó igualmente que a los constructores se les exigía el 8% de cada obra pública concedida.
Corrales, por su parte, acusó al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, de haber cobrado comisiones durante su etapa al frente del PP autonómico y después de la comunidad castellano-leonesa, a cambio de la adjudicación de obras por la Diputación provincial. Según las acusaciones, los constructores César Martínez y Antonio San Gregorio entregaron a Aznar, en vísperas de los comicios autonómicos de 1987, dos talones bancarios por un total de tres millones de pesetas destinados a «ayudar» a la campaña electoral.
Corrales afirmó asimismo que en 1987 dirigentes locales del partido recaudaron 40 millones de pesetas entre constructores de Zamora a fin de «comprar» al diputado socialista y concejal de Toro José Luis Antorrena para que votara a favor del candidato popular Luis Cid como presidente de la Diputación.
Otros implicados en el caso fueron José Manuel Peñalosa (portavoz de PP en Comisión de Control de RTVE en el Congreso), José Antonio Abad (alto cargo de Diputación zamorana), los hermanos Parda y su firma Ertasa, Manuel Tábara y su empresa Hertasa, el constructor Herminio Montero.
En julio de 2000, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Zamora, Antonio Francisco Casado, emitió un auto por el que archivaba las diligencias del caso. Según el juez, no existía credibilidad en las denuncias ni había pruebas suficientes.
Caja de Ronda
En 1990, la Caja de Ronda (actual Unicaja) declaró como fallidos diversos créditos (311 millones de pesetas) concedidos al PSOE y corrió a cargo de parte (un 40%) de los gastos de la campaña socialista para los comicios andaluces de 1986. El presidente de la entidad financiera era entonces Braulio Medel, que fue destinado a presidir la Confederación Española de Cajas de Ahorros mediante un eventual apoyo socialista.
Por otro lado, se supo que Caja de Ronda había prestado al banco BEF durante seis meses seguidos un total de 12.500 millones de pesetas, suma de la que se cree extrajo la cantidad de 6.000 para el presidente cántabro Juan Hormaechea, cuando la línea crediticia de la caja con el banco era solo de 657 millones.
Cuiña
El PP gallego abrió un sumario a José Cuiña Crespo (secretario general del PP autonómico y consejero de Ordenación Territorial) el 3 de abril de 1992, tras acusarle el BNG de malversación, prevaricación y falsedad de documentos por su responsabilidad directa en contrataciones irregulares de obras (incumplimientos de trámites legales y enmiendas de facturas). El BNG afirmó que dos partidas presupuestarias de 971 millones de pesetas en total habían servido para pagar la campaña de Fraga a la Presidencia de la Xunta de 1989 y los gastos electorales de los comicios municipales de 1991.
Ferraz
El 25 de mayo de 1993, el diario El Mundo publicó que Rafael Delgado, secretario particular de Alfonso Guerra, apareció asiduamente en Ferraz durante 1986 con bolsas de deporte «repletas de millones», según explicaron al periódico diversos empleados y exempleados de la citada sede socialista. El recuento, según las mismas fuentes, tenía lugar en el cuarto de la fotocopiadora de la quinta planta, justo encima de los despachos de Felipe González y Alfonso Guerra. Al parecer, el dinero era depositado después en una cuenta corriente abierta por el PSOE en la sucursal de Cajamadrid de la calle Barceló. El PSOE ingresó en 1986 más de 1.500 millones de pesetas, según constaba en los archivos de la entidad bancaria.
El diario señaló que este partido ocultó al Tribunal de Cuentas en 1988 los ingresos de 1987 presuntamente ilegales (4.409 millones de pesetas), los cuales constaban en el balance como «ingresos varios», y declaró sólo 4.250 millones.
Sellberg
Entre 1981 y 1983, la empresa Sellberg habría pagado comisiones al PSOE a cambio de la concesión de contratas municipales para la recogida de basuras en Madrid. Alonso Puerta (teniente de alcalde con Tierno Galván) fue expulsado de su cargo y del PSOE poco tiempo después de haberlo denunciado.
Con información de la agencia Efe