El pasado 11 de marzo, los 17 jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro aprobaron en Consejo Extraordinario un pacto con el que se pretende impulsar la competitividad de la región, y hacerle frente así a la grave crisis por el endeudamiento público que está vaciando las arcas comunitarias a fuerza de rescates financieros, y echando por los suelos la confianza de los mercados internacionales, especialmente en los países que, como España, necesitan crédito exterior para mantenerse.
El pacto fue ratificado en su mayor parte el 19 de abril por la Comisión de Economía y Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo, y las medidas serán aprobadas por el propio Parlamento, previsiblemente, el próximo día 27 del presente mes de junio, en Bruselas.
Grecia e Irlanda ya habían caído en el rescate finaciero de la UE, a Portugal le quedaba apenas un mes, y las perspectivas de futuro para España, o incluso para Italia, no eran precisamente halagüeñas. Los gobiernos de la Eurozona, con Alemania presionando, buscaron cortar por lo sano: el llamado Pacto del Euro recoge, moderado a duras penas por Francia, la mayoría de las duras exigencias económicas planteadas por Berlín y es, en líneas generales, una especie de compromiso para que todo el mundo juegue con la misma baraja, a las duras y a las maduras.
El problema, o la ventaja, según el punto de la vista, es que la baraja es una baraja con mucha productividad y mucho sacrificio, pero con pocos y ambiguos compromisos sociales. Teniendo en cuenta que, tras la victoria conservadora en Portugal, sólo cinco (incluyendo Chipre y Eslovenia) de los 27 países de la UE tienen actualmente gobiernos que se consideran a sí mismos de izquierdas, tampoco es como para sorprenderse.
Los defensores del Pacto del Euro lo ven como el único modo de romper el círculo vicioso de endeudamiento, presión financiera, bancarrotas y rescates, por el que se arrastra buena parte del Viejo Continente. Sus detractores lo ven como la mejor manera de hundir más aún a los ciudadanos, a base de recortes, ajustes, moderación salarial, flexibilidad laboral y pérdida de derechos, en aras de un supuesto crecimiento que, de conseguirse, beneficiará principalmente a los que son, en buena parte, los propios responsables de la crisis. Tampoco entienden estos últimos cómo unas medidas de semejante calado, y que afectarán a unos 330 millones de personas, pueden adoptarse sin la convocatoria de un referéndum.
Los gobiernos, el español incluido, esperan crear con este pacto economías más competitivas, menos vulnerables, con más empleo y con el déficit a raya. Por el contrario, quienes se oponen lo han convertido ya en el blanco número uno de las protestas sociales que están sacudiendo muchos países de Europa, empezado por el Movimiento 15-M español. Este domingo, para empezar, hay convocadas grandes manifestaciones de protesta.
Se interpreten cono se interpreten, ya sea como un paso inevitable hacia adelante o como el entierro definitivo de lo poco que queda ya de la Europa social, éstas son las claves de lo que acordaron los líderes europeos en Bruselas. O, lo que es lo mismo, las líneas maestras de la política económica que nos espera, al menos, a medio plazo.
¿Dónde tiene su origen el Pacto del Euro?
El Pacto del Euro es una versión suavizada y «equilibrada» del Pacto por la Competitividad promovido por Alemania en febrero como condición para aceptar un aumento del fondo de rescate para los países con dificultades económicas.
Se adoptó en el tercer Consejo Extraordinario celebrado por los países de la Eurozona. Los dos anteriores habían tenido lugar tras la caída del banco Lehman Brothers, en octubre de 2008, y como consecuencia del hundimiento de la economía griega, en mayo de 2010.
¿Cuáles son sus objetivos generales?
El Pacto es un compromiso formal: Todos los Estados que forman la moneda única se comprometen a seguir una serie de políticas económicas comunes, con propuestas para corregir los aspectos que han fracasado en sus economías. Se trata de conseguir que las empresas que utilizan el euro en los mercados mundiales sean más fuertes, lo que, en teoría, redundará en un aumento del flujo comercial y exportador de la UE, en una mayor estabilidad financiera, en unos Estados menos endeudados y en un crecimiento económico más sostenible.
Para ello se establecen una serie de principios básicos. Los cinco mandamientos principales son: Impulsar la competitividad, impulsar el empleo, aumentar la sostenibilidad de las finanzas públicas, reforzar la estabilidad financiera y controlar el déficit.
¿Cómo se pretende impulsar la competitividad?
Vinculando los salarios a la productividad. Los firmantes del pacto entienden que para mejorar la competitividad tienen que bajar los gastos, empezando por los costos laborales, y eso, en su opinión, sólo puede conseguirse moderando los sueldos. ¿Cómo? Revisando los acuerdos (los convenios, por ejemplo) para restringir posibles subidas acordadas de antemano que no dependan de la marcha de la empresa, «descentralizando los procesos de negociación» (es decir, más negociación a título personal y menos a nivel colectivo o estatal), o evitando que unos salarios altos en el sector público sirvan de referencia a los sueldos de la empresa privada.
El pacto, no obstante, reconoce y «solicita» la intervención de los agentes sociales en las negociaciones que darán forma a la vinculación entre salarios y productividad, y no prohíbe explícitamente seguir supeditando los salarios a la inflación,como es corriente en España.
La otra pata del banco es aumentar la productividad en sí. Para ello el pacto recomienda «una mayor apertura de los sectores protegidos», «mejorar los sistemas educativos y fomentar la inversión en investigación y desarrollo (I+D)», y «mejorar el entorno empresarial».
¿Cómo se pretende impulsar el empleo?
Los líderes europeos apuestan aquí por rebajar los impuestos a las empresas para incentivar la contratación de trabajadores y la llamada formación permanente; por aumentar la flexibilidad laboral (más movilidad geográfica, más disposición a cambiar de empleo, más empleos temporales «de calidad», etc), y por reducir el trabajo no declarado.
¿Cómo se pretende aumentar la sostenibilidad de las finanzas públicas?
El pacto insiste en la necesidad de garantizar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obliga a reducir los déficits presupuestarios por debajo del 3%. Para ello recomienda reformar (racionalizar para unos; privatizar y reducir, para otros) el sistema de pensiones, el sistema sanitario o las prestaciones sociales.
Con respecto a las pensiones, el pacto aconseja que se vincule la edad de jubilación de los trabajadores a la media de esperanza de vida de cada país, como manera de equilibrar los desajustes presupuestarios y garantizar la viabilidad del sistema. La idea es establecer mecanismos permanentes de revisión de las pensiones, con posibles aumentos de la edad de jubilación cuando la situación económica lo exija.
¿Cómo se pretende reforzar la estabilidad financiera?
Reforzando y prestando una especial atención a la coordinación de las políticas fiscales y a la lucha contra el fraude.
En lo que concierne a la coordinación de las políticas fiscales, el pacto es bastante vago, ya que se limita a señalar que los firmantes «se comprometen a entablar debates estructurados en torno a la política tributaria».
Los sindicatos aseguran que esta coordinación sólo se aplicará a la base del impuesto de sociedades, y que acabará significando mayores subidas del IVA (un impuesto que pagan todos por igual, independientemente de cuáles sean sus ingresos).
¿Dice algo el pacto sobre las prácticas de la banca o la especulación?
No mucho. Indica que las entidades financieras «efectuarán periódicamente pruebas rigurosas de resistencia». En este sentido, el pacto apenas aborda formas concretas de evitar prácticas de la banca como las que acabaron siendo letales para las economías de muchos países. Tampoco recomienda explícitamente cómo incentivar el crédito y el consumo privados, ni entra en la necesidad (o no) de acotar la libertad de que disfrutan actualmente los mercados financieros especulativos.
¿Cómo se pretende reducir el défict?
Limitándolo por ley. Las respectivas legislaciones nacionales deberán imponer límites, tanto a la deuda pública como al déficit del Estado.
¿Cómo van a rendir cuentas los Estados?
Según el acuerdo, los países de la zona euro deberán anunciar compromisos anuales sobre estos aspectos y tendrán que presentar resultados en 12 meses.
El éxito de las reformas que emprendan dependerá en buena medida, no sólo de los resultados económicos, sino también de la protesta social o la conflictividad laboral que generen, en virtud de cómo se acaben traduciendo, por ejemplo, los acuerdos sobre moderación salarial, o del efecto que tenga el control de la deuda sobre las pensiones y políticas asistenciales destinadas a los más desfavorecidos.
¿Qué margen de libertad tienen?
En principio, el pacto da libertad a los gobiernos para decidir las medidas que adoptarán para alcanzar esas metas. Esta decisión se adoptó con objeto de salvar las reticencias de algunos socios a las imposiciones alemanas. Según el documento, «los Estados miembros seguirán los objetivos de acuerdo con las políticas que escojan […]. La elección de las políticas específicas necesarias permanece como responsabilidad de cada país».
¿Por qué se llama Pacto del Euro?
En teoría, porque afecta a la Eurozona. En la práctica, se llama Pacto del Euro, o Pacto por el Euro, porque se necesitaba un nombre distinto a la denominación original de Pacto por la Competitividad, para evitar un término demasiado asociado a las exigencias de Berlín.
¿Qué postura tiene el Gobierno español?
El presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado favorable a la adopción del pacto, que considera necesario para «eliminar las rigideces de las economías domésticas» europeas y ganar competitividad, según afirmó en una carta que envió al presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy. A juicio de Zapatero, esto significa «alinear salarios y productividad», aspecto en el que «es esencial el apoyo de sindicatos y empresarios».
¿Se han empezado ya adoptar estas medidas en España?
Sí, y antes incluso de la aprobación del pacto: Recortes en el gasto público, retraso en la edad de jubilación y reforma del sistema de pensiones, reforma laboral, anuncio de que se ligarán los salarios a la productividad laboral, subida del IVA…