Túnez: el espejo de la 'primavera árabe' se resquebraja

Hace poco más de dos años, el 14 de enero de 2010, Zine al Abidín Ben Ali huía a Arabia Saudí, después de haber ocupado la presidencia de Túnez durante más de dos décadas. El dictador (ganó cuatro elecciones con porcentajes de hasta el 99,91% de los votos) cedía al fin el poder tras una revuelta popular que se había iniciado un mes antes, cuando Mohamed Buazizi, un joven de 26 años harto de una vida de constante humillación y sin expectativas, se inmoló a lo bonzo, falleciendo unas semanas después. Su muerte originó un movimiento solidario de protesta social entre los jóvenes pobres y en paro de su ciudad, que se extendió y acabó provocando la histórica caída del presidente. Había nacido la que pronto sería bautizada como «primavera árabe». El siguiente en caer, hace ahora justo un año, sería el presidente egipcio, Hosni Mubarak.

Desde entonces, Túnez ha sido el espejo en que se han mirado muchas de las sociedades árabes que han luchado o siguen luchando por hacer realidad un cambio tras años y años de opresión. También ha sido el modelo con el que, en contraste con la incertidumbre de Libia o la violencia polarizada de Egipto, Occidente respiraba más o menos tranquilo. La transición no era fácil, y las amenazas eran muchas, pero el país parecía caminar en la buena dirección: Elecciones, un gobierno de coalición, Ben Ali juzgado y condenado (aunque en ausencia), el turismo remontando tímidamente, los acuerdos comerciales a salvo… La presión de los salafistas (islamistas radicales) era cada vez más evidente, pero los disturbios en las universidades por el uso del nikab (velo integral), los ataques a galerías de arte, bares y santuarios sufíes, y las amenazas a personajes públicos eran vistos como actos puntuales de una minoría. Estaba el problema del atranque político, pero todos los procesos de transición son complicados. Como mucho, el país se encontraba en punto muerto.

Desde dentro, sin embargo, las cosas no se han visto nunca tan de color de rosa. El pasado martes por la noche, el dirigente izquierdista Chukri Bel Aid, un abogado de 47 años, líder del Partido de los Patriotas Demócratas Unificados (PPDU, integrado en el opositor Frente Popular), militante laico convencido y muy crítico con el Gobierno, denunciaba en un programa de televisión las «tentativas de desmantelar el Estado y crear milicias para aterrorizar a los ciudadanos y arrastrar al país hacia una espiral de violencia». Unas horas después, a la mañana siguiente, dos tiros acababan con su vida en la puerta de su casa.

Detonante

El asesinato de Bel Aid, cuya autoría no ha sido aclarada aún, ha desbordado un vaso que ya estaba lleno. La oposición acusa al partido islamista Al Nahda (o Ennahda, en el Gobierno) de no haber hecho nada para impedirlo, o, directamente, de estar detrás, algo que los islamistas niegan. Y la tensión, entre tanto, se ha disparado, con una huelga general incluida. Porque, más allá de un enfrentamiento entre laicos e islamistas, el conflicto tiene también una base económica, en la que sindicatos y movimientos izquierdistas exigen al Gobierno políticas más sociales.

En los días siguientes a la muerte de Bel Aid han vuelto las manifestaciones y los disturbios a las calles, y el primer ministro ha amenazado con dimitir si su propio partido sigue rechazando su propuesta de crear un gobierno de tecnócratas como paso previo a la celebración de nuevas elecciones. Además, este mismo domingo, tres ministros y dos secretarios de Estado pertenecientes al partido Congreso Por la República (CPR) han renunciado a su cargo.

Y todo ello en un contexto regional cada vez más explosivo, con el terrorismo islamista ganando espacio en el Sáhara y el Sahel, y acusaciones de que parte de las armas de que se nutren los terroristas están llegando a través de Túnez, procedentes del caos libio.

Si la transición tunecina estaba en punto muerto, ahora parece haber perdido, además, los frenos.

Encrucijada

Rachid Ghanuchi, el líder histórico del islamismo tunecino, proclamó al volver del exilio, tras la caída de Ben Ali, que Túnez iba a convertirse en «una sociedad democrática y modélica en el mundo árabe». La realidad, sin embargo, ha acabado situando al país en una difícil encrucijada. Los islamistas, muchos de los cuales fueron perseguidos, encarcelados y torturados durante la dictadura, cuentan con un innegable apoyo popular (y electoral), fruto en parte de su éxito entre las clases más castigadas por el paro y la miseria, y también de la división de la oposición. Y este apoyo puede derivar hacia un régimen donde vuelvan a perderse muchas libertades y a vulnerarse muchos derechos, especialmente, esta vez, para los sectores laicos de la población y para las mujeres.

En este sentido, es importante recordar que, desde la época del presidente Habib Burguiba (1957-1987), Túnez es uno de los países árabes donde más han arraigado formas de vida y pensamiento muy conectados con modelos occidentales.

Pero la tentación de alejar a los islamistas del poder, formando un gobierno (no electo directamente) de tecnócratas, y convocando nuevas elecciones, como ha propuesto el primer ministro, tiene también sus riesgos. Aparte de tratarse de una maniobra en principio poco democrática, el resultado puede ser contraproducente. Baste recordar la brutal guerra civil a la que dio lugar en Argelia la anulación de las elecciones que habían llevado a los islamistas al Gobierno, en los años noventa.

Estas son, en preguntas y respuestas, algunas de las principales claves de la evolución de Túnez desde la revolución y de su situación actual.

¿Quién gobierna ahora en Túnez?

Túnez fue el primer país de la llamada «primavera árabe» en celebrar elecciones a una asamblea constituyente. Los comicios tuvieron lugar el 23 de octubre de 2011 y en ellos el partido islamista Al Nahda (renacimiento, en árabe) logró 90 de los 217 escaños del parlamento, 60 más que su más inmediato competidor, el centrista Consejo Por la República (CPR).

Se constituyeron entonces las primeras instituciones democráticas: La presidencia del Estado fue para en el líder del CPR, el laico moderado Moncef Marzuki, y la de la Asamblea Nacional Constituyente recayó en Mustafá Ben Yafaar, del socialdemócrata progresista Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL, o Al Takatul). El partido más votado, Al Nahda, se reservó la jefatura del Gobierno, con su secretario general, Hamadi Yabali, como primer ministro. En diciembre de ese mismo año los diputados aprobaron una nueva Constitución provisional.

¿A qué se debe la crisis política?

La coalición de Gobierno ha sido conflictiva desde el principio. Ni Marzuki ni Ben Yafaar tienen en realidad mucho poder, y los dos socios del Ejecutivo acusan a Al Nahda de acaparar el proceso constituyente, por lo que le han retirado su apoyo y hasta han amenazado con dimitir. La lucha en el seno de la llamada ‘troika’ ha impedido el consenso necesario para designar a los principales ministros (tras meses de negociaciones infructuosas) y ha estancado también la redacción de la nueva Constitución, que tenía que haber estado lista el pasado mes de octubre.

Además, en el seno de Al Nahda existe también una gran división entre moderados, encabezados por el primer ministro Yabali, y radicales, partidarios de abrazar tesis más cercanas a las de los salafistas. Bajo la etiqueta de un «islamismo más auténtico», estos últimos sienten mayores simpatías por Ghanuchi, el líder histórico, cuya rivalidad con Yabali es cada vez mayor.

¿Quiénes son los salafistas?

El salafismo es una corriente ultraconservadora del islam, tradicionalmente apática con respecto a la vida política, muy atomizada (hay multitud de predicadores, cada uno con sus propios seguidores), y que ha crecido, sobre todo, en los suburbios de las grandes ciudades y entre los sectores más humildes de la población. Los salafistas abogan por una interpretación literal del islam, en un intento de recuperar la «pureza» de la religión.

Una corriente del salafismo, denominada popularmente salafismo yihadista, rechaza limitar la acción religiosa a la predicación y hace de la ‘guerra santa’ el centro de su actividad. Los salafistas de esta tendencia defienden el combate armado con el fin de liberar los países musulmanes de toda ocupación extranjera. También se oponen a la mayor parte de los regímenes de los países musulmanes, que juzgan como impíos, y pretenden instaurar estados «verdaderamente islámicos». Históricamente reprimidos, han ido propagando su discurso en los últimos años a través de cadenas de televisión privadas, muchas de ellas de origen saudí.

¿Cómo están actuando?

Los salafistas de Túnez, ampliamente extendidos, sobre todo, en el sur del país, han protagonizado numerosos incidentes violentos, en un intento de desestabilizar al Gobierno, de presionarlo para que imponga la ley islámica, o, simplemente, de crear una situación de caos que haga imposible el desarrollo normal de la transición democrática.

Así, han atacado canales de televisión, tiendas en las que se vende alcohol, galerías de arte a las que acusan de «impías», cines en los que se proyectan películas «inmorales», y todo tipo de acontecimientos culturales. También han provocado disturbios en actos políticos de la oposición, han destrozado decenas de santuarios religiosos populares y, en general, llevan a cabo continuas campañas de intimidación y amenazas, especialmente contra periodistas y en la universidad, donde se oponen a la restricción del uso del nikab, persiguen a las mujeres que no lo llevan y amedrentan a los profesores que lo prohíben. Disponen, además, de grupos de matones armados.

Oficialmente, Al Nahda (y, especialmente, el primer ministro) trata de distanciarse de la violencia salafista y condena muchos de estos actos. La oposición, sin embargo, acusa al partido islamista de no combatir suficientemente a los salafistas, o incluso de connivencia con ellos. Políticos de Al Nahda han llegado a justificar algunos ataques hablando de «provocaciones laicas». El asesinado Bel Aid había denunciado que le había sido denegada la protección especial que había solicitado ante las continuas amenazas que recibía.

¿Qué consecuencias ha tenido el asesinato de Bel Aid?

Aparte del agravamiento de la crisis política e institucional, desde la muerte de Bel Aid decenas de miles de manifestantes han protestado contra el crimen en las calles de la capital, Túnez, donde el miércoles murió un agente de policía por pedradas. También ha habido manifestaciones en otras ciudades como Sidi Bouzid, la cuna de la revolución que acabó con el régimen del presidente Ben Ali, y Gafsa, situada en el sur y considerada un bastión de seguidores del opositor de izquierdas asesinado. En esta última localidad se produjeron este viernes graves disturbios entre cientos de manifestantes anti islamistas y la policía (gases lacrimógenos incluidos), durante la celebración de un funeral simbólico en honor de Bel Aid.

¿Quién mató a Bel Aid?

Aún no se sabe, pero el esclarecimiento del crimen puede ser clave a la hora de apaciguar los ánimos en el país. Si, como se sospecha, los autores están más relacionados con el salafismo que con el islamismo oficial, su detención podría ser para Al Nahda, que ha sido acusada de instigar y hasta de estar detrás del asesinato, una buena oportunidad para dejar claro su distanciamiento de los extremistas, más allá de la condena del crimen en sí, que ha sido unánime.

¿Qué son las «Ligas de Protección de la Revolución»?

Otro gesto importante por parte de Al Nahda podría ser la disolución de las llamadas «Ligas de Protección de la Revolución», una especie de milicias vecinales que, a modo de vigilantes, actúan al margen de la ley, a menudo contra sectores laicos. Estas milicias constituyen, junto con los grupos de matones salafistas y las bandas simplemente criminales, uno de los grandes problemas actuales de seguridad en Túnez, problemas que derivan de la incapacidad del Gobierno a la hora de reconstituir las fuerzas del orden tras la revolución.

Tras la caída de Ben Ali, la hasta entonces omnipresente policía secreta (unos 80.000 agentes) fue prácticamente desmantelada, y la policía ordinaria, formada por agentes a menudo mal pagados y poco motivados, sufre el estigma de seguir estando relacionada con las prácticas dictatoriales del pasado. El Ejército, por su parte, es relativamente pequeño (35.000 efectivos, en un país de 10,5 millones de habitantes), y, a diferencia de en Egipto, su papel en el mantenimiento del orden público es poco importante.

¿Cómo es la situación económica?

La crisis que vive Túnez no es solo un conflicto entre laicos e islamistas. Al igual que al inicio de la revolución, la difícil situación económica en la que sigue inmerso el país, con una alarmante pérdida de empleo, la inflación muy alta y numerosos casos de corrupción, sigue siendo un fator fundamental. Ello explica la huelga general del pasado viernes (la primera en más de 30 años), convocada por el principal sindicato del país (la Unión General de Trabajadores Tunecinos, UGTT), así como la división entre la derecha conservadora y religiosa, por un lado, y el sector trabajador y campesino, por otro.

A pesar del apoyo que tradicionalmente reciben los islamistas en muchas zonas rurales, es también en estas áreas donde más duramente está golpeando el desempleo. Y, en un país con una importante tradición sindical, el respaldo a grupos más cercanos al movimiento obrero puede llegar a ser más importante que la fidelidad a las opciones religioso-conservadoras.

No obstante, si bien es cierto que, de momento, la demanda de «trabajo, libertad y dignidad» que acompañó a la revolución sigue sin ser plenamente atendida por el Gobierno, también es verdad que el Ejecutivo ha dado algunos pasos en esa dirección. En los presupuestos de 2013, por ejemplo, el gasto público tiene un incremento del 4,9%, una cantidad que, en gran parte, se piensa destinar a programas encaminados a reducir las disparidades regionales y a estimular la creación de empleo. El Gobierno también ha sido elogiado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tras lograr firmar un acuerdo con los representantes sindicales y la patronal, que fue calificado de «hito social».

¿Qué otras asignaturas siguen pendientes?

En general, la libertad política en Túnez se ha ido incrementando de manera exponencial durante estos dos años, pero existen muchas áreas donde organizaciones internacionales y locales de derechos humanos denuncian aún muchas carencias, sobre todos las relacionadas con la libertad de expresión y el funcionamiento de las instituciones. Todavía existen grandes obstáculos para el desarrollo de un sistema político abierto y democrático, empezando por la falta de una reforma de los ministerios clave: el de Justicia y el de Interior, que aún conservan prácticas más propias de la época de la dictadura.

Al cumplirse un año de la revolución, Amnistía Internacional publicó un informe en el que afirmaba que el actual Gobierno tunecino estaba haciendo retroceder los avances en la situación de los derechos humanos conseguidos tras la caída de Ben Ali, «lo cual hace dudar de su compromiso con las reformas». La ONG denunciaba, entre otras cosas, que habían aumentado las restricciones a la libertad de expresión de periodistas, artistas, críticos con el Gobierno, escritores y blogueros, «con la excusa de mantener el orden y la moral públicos». También indicaba que «las autoridades tunecinas no parecen haber podido o querido proteger a los ciudadanos de la agresiones de grupos al parecer afines a los salafistas».

¿Qué propone el primer ministro para salir de la crisis?

Yabali insiste en que la mejor solución para Túnez pasa por su propuesta de formar un Gobierno de tecnócratas y «apolítico» hasta la celebración, «lo antes posible», de nuevas elecciones. El primer ministro ha reconocido que tomó esta decisión de manera individual sin consultarlo con su partido -Al Nahda-, pero asegura que va a «continuar con la realización de esta iniciativa», cuya responsabilidad asume, y que, dijo, tuvo que tomar «para salvar al país». Según Yabali, su propuesta «ofrece a todos los partidos y al pueblo alcanzar rápidamente una solución de concordia, y un gobierno independiente que trabaje para llevar a cabo los objetivos de la revolución».

El vicepresidente de Al Nahda, Abdelhamid Yalasi, aseguró que esta formación «no está de acuerdo con la postura tomada por el jefe del Gobierno». La división existente llevó finalmente este domingo a Yabali a amenazar con dimitir si la Asamblea Nacional Constituyente rechaza su propuesta, aunque no renunciará a su cargo como secretario general de Al Nahda, a pesar de las críticas recibidas. «Si los miembros [del nuevo gabinete] son aceptados, especialmente por los partidos con representación en la Asamblea, permaneceré como jefe del Gobierno», precisó.

Las propuestas, añadió Yabali, «deberán ser remitidas antes del lunes», día en el que está previsto que especifique la fecha del anuncio del nuevo ejecutivo. El primer ministro apunta que podría ser «a mediados de la semana siguiente como tarde».

¿Cómo afecta a Túnez el auge del terrorismo islamista subsahariano?

En Túnez y en Argelia se han interceptado importantes alijos de armas procedentes de los antiguos depósitos de Gadafi, y los rebeldes tuareg y salafistas que se hicieron con el control del norte de Mali en marzo del año pasado nutrieron sus arsenales con armamento libio.

Un dirigente del partido opositor tunecino Nidá Tunis, Lazar Akremi, admitió recientemente que «Túnez se ha convertido en un pasillo por donde circulan armas» de Libia. «Necesitamos ayuda de Europa para restablecer la seguridad fronteriza, sobre todo con Libia, cuyas dificultades en reestructurar el Estado animan a muchos clanes mafiosos al comercio ilegal con sus iguales libios», indicó por su parte un portavoz de Al Nahda, quien señaló la falta de material como una de las principales carencias del país.

Ante la gravedad de la situación, Libia, Argelia y Túnez firmaron en la ciudad libia de Gadamés, cuatro días antes del ataque terrorista a la planta de gas argelina de In Amenas, un acuerdo de coordinación en materia de seguridad de fronteras y de lucha antiterrorista y contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los primeros ministros de los tres países manifestaron entonces que la situación en Mali se había «deteriorado» de tal manera que podría tener consecuencias para la seguridad y la estabilidad de la región.

Las fechas clave en la transición tunecina

15/1/2011. El presidente del Parlamento, Fouad Mebazaa, asume la jefatura interina del Estado.
17/1/2011. El primer ministro, Mohamed Ghanuchi, anuncia un Gobierno de «unidad nacional», que incluye a los tres líderes de la oposición y a seis ministros del anterior régimen.
18/1/2011. Los dos ministros de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), que desempeñó un importante papel en la revuelta, dimiten en protesta por la composición del nuevo Ejecutivo.
19/1/2011. Suiza congela los fondos bancarios y bienes inmuebles de Ben Ali y su familia.
23/1/2011. Miles de tunecinos exigen en la capital la renuncia de los ministros del anterior régimen.
26/1/2011. La justicia dicta orden de detención internacional contra Ben Ali y su esposa.
30/1/2011. El histórico líder islámico Rachid Gannuchi regresa tras dos décadas de exilio.
31/1/2011. La UE congela los activos del matrimonio Ben Ali.
19/2/2011. Entra en vigor la amnistía general para los presos políticos.
27/2/2011. Dimite Ghanouchi ante las protestas ciudadanas. Le sustituye Beyi Said Essebsi. Poco después abandonan sus cargos dos ministros del partido de Ben Ali.
1/3/2011. El partido islamista Al Nahda, en la clandestinidad durante el mandato de Ben Ali, es legalizado.
7/3/2011. El primer ministro Essebsi nombra un nuevo gobierno.
23/3/2011. El Partido de los Obreros Comunistas Tunecinos presenta su comité político, tras veinticinco años de clandestinidad.
24/5/2011. El Banco Mundial anuncia que planea conceder préstamos a Túnez en los próximos dos años por valor de 1.500 millones de dólares.
20/6/2011. Ben Ali y su esposa son condenados en rebeldía a 35 años de prisión cada uno por malversación de fondos públicos.
4/7/2011. Ben Ali es condenado en rebeldía a 15 años de cárcel por posesión ilegal de armas y estupefacientes en otro nuevo juicio. El exmandatario tiene casi un centenar de cargos por los que responder.
23/9/2011. El movimiento Al Nahda logra 90 de los 217 escaños del parlamento, 60 más que su más inmediato competidor, el centrista Consejo Por la República (CPR), tras la celebración de elecciones constituyentes.
21/11/2011. Se constituyen las primeras instituciones democráticas: Presidencia del Estado (Moncef Marzuki, CPR), de la Asamblea Nacional Constituyente (Mustafá Ben Yafaar, FDTL) y del Gobierno (Hamadi Yabali, Al Nahda).
11/12/2011. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprueba por mayoría una Constitución provisional que regula las prerrogativas de las tres presidencias del país y de las instituciones.
11/6/2012. Toque de queda en ocho provincias a raíz de una ola de ataques protagonizada por miles de radicales islámicos en la capital, en respuesta a una exposición de arte considerada por los salafistas como un atentado contra el islam.
13/6/2012. Un tribunal militar condena a Ben Ali a cadena perpetua por su implicación en la represión de la revuelta.
14/8/2012. Al menos tres muertos en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que intentaban asaltar la embajada de EE UU en Túnez en protesta por una película que se mofa del profeta Mahoma, que se suma al asalto a otras embajadas estadounidenses en el mundo musulmán.
9/1/2013. Marzuki comienza contactos con los principales líderes políticos para fijar la fecha de las elecciones legislativas y presidenciales.
6/2/2013. Asesinato del dirigente laico izquierdista Chukri Bel Aid.