«Devolver la gloria» a Estados Unidos; un país «en decadencia», «invadido» y «de rodillas»; «voy a ser vuestra voz»; «soy una víctima»… Con un discurso lleno de sus habituales hipérboles, y recurriendo una vez más al victimismo, al populismo y al nativismo más básico, Donald Trump confirmó este martes oficialmente que volverá a intentar ser el candidato de su partido en las elecciones presidenciales de 2024, abriendo así la carrera por la nominación republicana.
Trump, de 76 años, escogió la opulencia de su mansión de Mar-a-Lago en Florida para hacer un anuncio que venía insinuando desde hace meses, y que ahora llega en un momento en que su estrella política no es lo que solía ser, con problemas, además, tanto con la Justicia como en el Congreso.
Será la tercera vez que compita por ser candidato a la Casa Blanca. Lo hizo en 2000 por un partido alternativo, después ya como republicano en 2016 —su por ahora único intento victorioso—, y finalmente en 2020, cuando acabó siendo vencido por el hoy presidente, Joe Biden, aunque nunca haya admitido su derrota y siga atribuyendo el resultado de las elecciones a «un robo».
Antes de él, únicamente seis expresidentes han intentado regresar a la Casa Blanca después de haberla abandonado, y solo uno, Stephen Grover Cleveland, lo logró… en 1893.
En su anuncio del martes, Trump se mostró seguro de que logrará más votos en 2024 que en 2016, sin llegar a mencionar siquiera que para ser candidato deberá primero ganar las primarias republicanas.
Sin embargo, las encuestas sobre intención de voto para esas primarias le son adversas, y hay numerosos políticos republicanos que, discretamente, señalan ya que Trump no debe ser la opción.
Por si fuera poco, medios de comunicación que fueron sus mayores propagandistas le han dado la espalda, o ya no le tienden la alfombra roja que solían poner a su disposición.
‘Hombre de Florida hace anuncio’
Su tradicional bastión, Fox News, por ejemplo, no retransmitió íntegramente su anuncio del martes, que interrumpió para dar paso a sus analistas, eso sí, después de dejar hablar al expresidente durante unos 40 minutos (CNN aguantó solo 20, y MSNBC no llegó ni a conectar en directo).
La cadena conservadora de televisión no es, además, la única rama del imperio mediático de Rupert Murdoch que se ha distanciado de Trump, que parece haber sido abandonado a su suerte por el magnate australiano, mientras antiguos aduladores le culpan ahora de que el Partido Republicano no haya sido capaz de lograr una victoria clara en las elecciones de medio mandato (han conseguido la mayoría en la Cámara de Representantes, pero no el Senado).
Aparte del más previsible ataque de The Wall Street Journal, uno de cuyos editoriales llevó por título «Trump es el mayor perdedor del Partido Republicano», la bofetada más dura desde los medios de Murdoch (hasta ahora) ha llegado nada menos que desde el tabloide New York Post. En la parte de abajo de su portada de este miércoles, apenas destacado, podía leerse: «Hombre de Florida hace anuncio».
Y un ejemplo más: la revista National Review, toda una institución en el periodismo conservador en EE UU, publicó este mismo miércoles un editorial titulado escuetamente «No», en el que describe la candidatura presidencial de Trump como una «invitación a redoblar los atropellos y fracasos de los últimos años que los republicanos deberían rechazar sin vacilar ni dudar».
Rivales de peso
Otra de las grandes diferencias con respecto a su anterior carrera para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca es que esta vez sus posibles rivales no se lo van a poner tan fácil.
Los últimos sondeos indican que el flamante reelegido gobernador de Florida, su exaliado Ron DeSantis —que aún no ha desvelado si se presentará o no—, le sacaría una ventaja significativa si finalmente se diera un duelo entre ambos en las primarias. A tenor de los recientes ataques y burlas de Trump contra la emergente estrella republicana, a quien el expresidente llama «Ron DeSanturrón», puede avecinarse una guerra sin cuartel. Más aún teniendo en cuenta que el gobernador está ganando cada vez más apoyo en medios como la propia Fox News.
El otro nombre que suena con fuerza es Mike Pence, que fue su vicepresidente, y que acaba de sacar un libro en el que Trump no sale nada bien parado. «Hay mejores opciones», dijo Pence sobre su antiguo jefe en una reciente entrevista. En cuanto a sus intenciones de competir él mismo por la nominación tan solo mencionó que lo «está considerando».
Ante la Justicia, frente al Congreso, y sin sus hijos
Trump atraviesa además por un periodo especialmente difícil, con diferentes frentes abiertos ante la Justicia y en el Congreso. En el primer caso, por las finanzas de su empresa familiar, y en el segundo, por el asalto al Capitolio de enero de 2021 por parte de una turba de seguidores suyos, a los que antes había arengado en un mitin para que defendiesen su supuesta victoria electoral.
En su discurso de este martes, Trump no dudó en describirse como «una víctima», «perseguido» por una confabulación de toda clase de fuerzas y peor tratado que el gángster Al Capone.
Por otra parte, tampoco parece que vaya a tener en esta ocasión el apoyo directo de sus hijos con el que ha contado otras veces. Durante su esperado anuncio de este martes no estuvo presente ninguno de ellos. En un comunicado tras el discurso, Ivanka dijo que «amo a mi padre», pero que «esta vez he decidido darle prioridad a mis hijos pequeños y la vida privada», añadiendo que «no tengo planeado estar involucrada en política». Donald Trump Junior alegó por su parte haber perdido un avión, y Tiffany se encuentra de luna de miel. Solo estuvo, entre el público, Eric, su hijo con Melania, de 16 años.
Y aún así…
Trump confía en que el anuncio de su entrada en las primarias republicanas insufle un nuevo aire de optimismo en las filas de un partido que había apostado por lograr mejores resultados en las elecciones de mitad de mandato aprovechando la caída de popularidad de la Administración de Biden.
En la tarea pesarán, sin duda, sus años al frente de la Casa Blanca, incluyendo su criticada gestión de la pandemia o el dudoso honor de ser el primer presidente de Estados Unidos en haberse tenido que enfrentar a dos juicios políticos.
Y a pesar de todo, la candidatura de Trump, que provoca tanto entusiasmo como temor dentro de su propio partido, es, a día de hoy, la favorita. No en vano, el magnate sabe bien lo que es moverse en unas primarias: en 2016 no dudó en atacar con especial virulencia a la docena de oponentes que se postulaban como candidatos, provocando perplejidad dentro del partido, pero las delicias de un electorado de base que más tarde se convertiría en el principal activo de su mandato.
Esa base incondicional sigue siendo, de momento, su principal esperanza.
El 6 de enero de 2021 fue un día que quedará grabado para siempre en la memoria de los estadounidenses. En un ataque sin precedentes, retransmitido en directo por televisión, una turba de simpatizantes del entonces presidente, Donald Trump, destrozaba las puertas y ventanas de la sede del Congreso, en Washington DC, e irrumpía en el Capitolio, interrumpiendo la sesión conjunta del poder legislativo que se disponía a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.
El asalto se produjo justo después de un incendiario mitin de Trump, en el que el mandatario agitó sus mentiras sobre un supuesto fraude electoral, y alentó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y «luchar». Tras el discurso, unas 10.000 personas se dirigieron hacia el Congreso y, tras rodearlo, cerca de 800 lograron entrar en el emblemático edificio, superando las barreras policiales y obligando a los legisladores a buscar refugio a toda prisa.
Las imágenes surrealistas que se produjeron entonces, con energúmenos campando a sus anchas por las instalaciones, ataviados con exóticas vestimentas y parafernalia trumpista, y causando destrozos mientras ondeaban banderas confederadas, dieron la vuelta al mundo y continúan aún en la retina de los ciudadanos.
La jornada terminó con el trágico balance de cinco muertos, cerca de 140 agentes heridos y el trauma colectivo de haber visto amenazado el corazón mismo de las instituciones democráticas del país.
Ya de madrugada, el Congreso cumplió con su misión de certificar la victoria de Biden en las elecciones y la derrota de Trump, quien posteriormente se convertiría en el único presidente de la historia de EE UU en superar un segundo impeachment (juicio político), impulsado esta vez bajo la acusación de incitar la insurrección.
Un año después, la herida sigue abierta: el 68% de los votantes republicanos piensa todavía que a Trump le robaron las elecciones y que, por tanto, Biden ejerce su poder de forma ilegítima, según una encuesta de noviembre de la firma demoscópica PRRI.
Contra «el odio» y «las mentiras»
Biden, por su parte, dará este jueves un discurso en el que, según ha adelantado la Casa Blanca, condenará el «odio» que provocó el ataque y las «mentiras» que desde entonces han difundido Trump y sus aliados, apoyándose en teorías de la conspiración, según las cuales los asaltantes no fueron seguidores del entonces presidente, a pesar de que varias investigaciones han demostrado ya que sí lo eran.
«El presidente hablará del significado histórico del 6 de enero [de 2021], y de lo que supone para el país un año después», dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Tanto Biden como la vicepresidenta, Kamala Harris, pronunciarán sendos discursos desde el mismo Capitolio, donde hay programados varios actos solemnes con motivo del primer aniversario del asalto.
«El presidente hablará sobre la verdad de lo que ocurrió, no sobre las mentiras que algunos han difundido desde entonces, y sobre el peligro que ha supuesto para la legalidad y para nuestro sistema de Gobierno democrático», recalcó Psaki. Además, Biden pedirá seguir trabajando para «asegurar y fortalecer la democracia y las instituciones», para «rechazar el odio y las mentiras que vimos el 6 de enero», y para «unir al país», agregó.
No está claro si Biden criticará directamente a Trump en su discurso, pero Psaki aseguró que el actual mandatario tiene claro que su predecesor «intentó bloquear la transición pacífica de poder» tras las elecciones de 2020 y «defendió a la turba que atacó el Capitolio y a los policías» que lo custodiaban.
En cuanto al propio Trump, el expresidente tenía previsto dar una rueda de prensa sobre el aniversario también este jueves, pero finalmente anunció en un comunicado este martes que había decidido cancelarla, debido a «la total parcialidad» del comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto.
Culpables materiales e intelectuales
Porque, entre tanto, la justicia y la investigación siguen su curso. Un año después del asalto, centenares de procesos, tanto judiciales como políticos, continúan buscando a los culpables materiales e intelectuales del ataque, y estrechando cada vez más el cerco sobre Donald Trump.
Las investigaciones se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la persecución policial (encabezada por el FBI) y judicial a centenares de personas que protagonizaron actos violentos o vandálicos en esa jornada; por otro, el proceso político centrado en miembros de la órbita del exmandatario, que lleva a cabo el comité del Congreso al que se refería Trump este martes.
Hasta la fecha se han presentado cargos contra más de 700 personas por delitos que van desde atacar físicamente a policías hasta impedir el ejercicio de sus funciones, pasando por destruir propiedad del Gobierno o entrar en un edificio de acceso restringido. La mayor condena emitida hasta ahora —dada a conocer el pasado 17 de diciembre— recayó sobre un hombre que atacó a agentes de policía con un extintor y que fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.
Los hombres del presidente
Y mientras el FBI y la Justicia lidian con los ciudadanos anónimos que protagonizaron los hechos, el mencionado comité de la Cámara de Representantes —controlada por el Partido Demócrata— desarrolla una investigación paralela sobre qué ocurrió el 6 de enero y los días precedentes en las más altas instancias del Gobierno estadounidense.
Este comité fue creado por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y está formado por una mayoría de congresistas demócratas, aunque hay también dos integrantes republicanos ‑Liz Cheney y Adam Kinzinger- que están enfrentados con Trump. Su misión es investigar por qué ocurrió el asalto, quién fue responsable y qué puede hacerse para evitar otro suceso similar.
El Congreso no tiene capacidad de sancionar, por lo que la investigación es meramente informativa, pero si alguno de los llamados a testificar se niega a hacerlo, el comité puede declarar en desacato a esa persona, para que el Departamento de Justicia decida después si presenta cargos.
Es lo que ha sucedido, precisamente, con tres excolaboradores de Trump: su exasesor y exjefe de campaña Steve Bannon, su exjefe de gabinete Mark Meadows, y el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark, todos ellos declarados en desacato. Si son hallados culpables, podrían ser condenados a varios meses o incluso un año de prisión.
Denuncias directas contra Trump
En el fondo del debate tras los casos de Bannon, Meadows y Clark está la figura del propio expresidente, y la incógnita sobre si el comité pedirá al Departamento de Justicia que presente cargos criminales contra Trump, en función de lo que encuentre. La prensa estadounidense asegura que los demócratas lo tienen sobre la mesa, pero incluso entre las propias filas progresistas existe división de opiniones.
Por lo pronto, tres policías demandaron este mismo martes al expresidente por su papel durante el asalto al Capitolio, con lo que ya son diez las acciones legales impulsadas contra Trump, después de que dos agentes denunciaran al exgobernante republicano en marzo y siete más en agosto del año pasado.
Los policías acusan a Trump de asalto y agresión, complicidad en el asalto y la agresión, y violación del estatuto de seguridad pública del Distrito de Columbia, entre otros delitos.
Los documentos secretos
Por otra parte, sigue en pie la batalla judicial de Trump por mantener ocultos una serie documentos sobre el asalto al Capitolio que están ahora en poder de los Archivos Nacionales de Estados Unidos.
A principios de octubre, Biden autorizó que los Archivos entregasen los documentos al comité del Congreso que investiga el asalto, rechazando así los argumentos de Trump, que defiende que esos informes deben mantenerse en secreto porque podrían poner en peligro la seguridad nacional. El 18 de octubre, Trump interpuso una demanda ante la Corte Federal de Washington, pero en noviembre una jueza de esa instancia falló en su contra. Trump recurrió, y el pasado 9 de diciembre un tribunal federal de apelaciones rechazó su recurso. No obstante, el exmandatario aún puede acudir al Tribunal Supremo.
El contenido exacto de esos documentos se desconoce, pero supuestamente se trata de correos electrónicos, borradores de discursos y registros de visitas que podrían revelar qué pasó exactamente en la Casa Blanca durante el asalto al Capitolio y en los días que rodearon el suceso.
En las elecciones de 2016 Donald Trump recibió unos 3,2 millones de votos menos que su rival demócrata, Hillary Clinton, a pesar de lo cual el candidato republicano obtuvo la victoria, al acaparar más votos en el Colegio Electoral. Cuatro años después, la historia podría repetirse.
Miles de simulacros por ordenador realizados en la Universidad de Columbia indican que, si el llamado voto popular (el número total de sufragios que recibe cada candidato) acaba siendo muy igualado, el peculiar sistema de Colegio Electoral por el que se rigen los comicios presidenciales en EE UU volverá a inclinarse la semana que viene a favor del actual inquilino de la Casa Blanca, aunque algo menos que en 2016, según señala un estudio publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), y recogido por Efe.
Los responsables del informe, Robert Erikson, un profesor de ciencias políticas, y Karl Sigman, profesor de ingeniería industrial, examinaron la forma en que los resultados del Colegio Electoral están condicionados por el modo en que los Estados votaron en elecciones previas. Tras analizar los desenlaces electorales desde el año 1980, y después de efectuar miles de simulacros, concluyeron que Trump tendrá ventaja en el Colegio Electoral frente a su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, en el caso de que el resultado sea, como se prevé, ajustado.
Los autores sostienen que, de acuerdo con los datos de su análisis, el punto de inflexión entre una probable victoria demócrata o republicana en el Colegio Electoral no está en un voto popular repartido 50 a 50, sino más bien en una horquilla de un 51% de voto demócrata frente a un 49% republicano.
Actualmente, las encuestas dan a Biden el liderazgo con un 52,1% del voto popular, mientras que Trump acumula el 43%, según la media ponderada que elabora la web especializada FiveThirtyEight.
Erikson recuerda que Trump salió airoso del Colegio Electoral debido a su victoria por márgenes muy estrechos en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, pero que hay otros Estados, como Arizona, Florida, Georgia y Carolina del Norte, que «también podrían tener peso en 2020».
El voto delegado
A diferencia de la mayoría de las otras democracias del mundo, en Estados Unidos el presidente no resulta elegido directamente a partir del voto de los ciudadanos. No es, por tanto, el voto popular el que determina quién ocupará el Despacho Oval, sino el Colegio Electoral, en cuyos miembros los ciudadanos delegan esa función.
Este Colegio está formado por 538 compromisarios o electores –nominados por los partidos y distribuidos en proporción a la población de cada estado– que, en nombre de los ciudadanos, votan en los 50 estados del país y el Distrito de Columbia (sede de la capital). Para ser elegido, el candidato debe tener una mayoría (al menos 270) de los votos emitidos por el Colegio Electoral, y si ninguno de los dos la logra, la decisión pasa al Congreso. Cada compromisario emite un voto electoral que debe ser, en principio, para el candidato más votado en el Estado, salvo en los casos de Nebraska y Maine, donde el voto electoral se distribuye en función del porcentaje de los votos obtenidos.
El candidato que recibe la mayoría de los votos de un Estado gana de esta forma todos los sufragios emitidos por los electores de ese Estado, y por eso las campañas electorales se concentran en ganar el voto popular en una combinación de los Estados que otorguen una mayoría de electores, en lugar de en conseguir el mayor número de votos a nivel nacional.
Mandato ciudadano
La consecuencia de este sistema es que cuando una persona deposita su voto por un candidato presidencial en EE UU, lo que realmente está haciendo es pedir a los compromisarios de su Estado que voten por su aspirante en el Colegio Electoral, algo que se da por hecho, al entenderse como un mandato ciudadano. Los compromisarios son personas consideradas leales al partido, y en algunos Estados sus nombres aparecen incluso en las papeletas junto a los del candidato a presidente y vicepresidente.
De hecho, la historia registra tan solo un puñado de casos (en 1948, 1956, 1960, 1968, 1972, 1976 y 1988) en los que algún elector se negó a apoyar al candidato con el que se había comprometido (en 2000 hubo un voto en blanco), y una sola vez en la que el Colegio Electoral no votó por el ganador, cuando, en 1836, el órgano le negó a Richard Mentor Johnson los votos necesarios para ser nombrado vicepresidente. En 2016 hubo siete compromisarios que se desmarcaron en la votación por el presidente y seis que lo hicieron en la del vicepresidente.
Precedentes
La victoria de Trump en 2016 pese a haber obtenido menos votos (el 46,15% frente al 48,17% de Clinton) no es el único caso en la historia de la democracia estadounidense en que el candidato más votado acabó derrotado. En 1825, ni John Quincy Adams ni Andrew Jackson consiguieron la mayoría de los votos electorales y finalmente la Cámara de Representantes eligió a Adams presidente, a pesar de que Jackson había recibido más votos populares.
En 1876 Rutherford B. Hayes obtuvo el apoyo casi unánime de los Estados pequeños y resultó elegido presidente, a pesar de que Samuel J. Tilden había logrado 264.000 votos más, y en 1888 Benjamin Harrison se impuso frente a su rival, Grover Cleveland, que había tenido más sufragios.
Ya en 2000, George W. Bush fue elegido con 271 votos electorales después de se le adjudicaran los compromisarios de Florida —por solo 573 votos— tras la impugnación del resultado y un nuevo recuento, aunque Al Gore había logrado casi 450.000 votos populares más en todo el país.
¿Un sistema injusto?
El Colegio Electoral fue creado por los representantes de los Estados que conformaron la república, antes de que la mayoría de la población pudiese votar, y con el objetivo de evitar el dominio de las zonas más pobladas del país. Los autores del estudio de la Universidad de Columbia señalan que «a menudo es visto como institución injusta que puede negar la presidencia al ganador del voto popular, una circunstancia denominada a veces como una ‘inversión’ electoral».
Erikson y Sigman añaden que hay quienes argumentan que «el Colegio Electoral favorece a los Estados pequeños, dado que sus cuotas siempre incluyen dos votos extra que representan a los dos senadores que cada Estado elige sea cual sea su población».
Otros, sin embargo, «opinan que el favoritismo se inclina hacia los Estados más poblados, puesto que el ganador se lleva todos los representantes, lo cual les da un poder enorme». California, por ejemplo, con 39,5 millones de habitantes, tiene 55 votos electorales (compromisarios); Montana, con cerca de un millón, tiene 3.
Según explica a Europa Press Jeremy Mayer, profesor asociado de Política y Gobierno en la Universidad George Mason, el sistema se ideó de este modo para «evitar que hubiera un presidente regional, por ejemplo del sur, lo que podría provocar una nueva guerra».
El experto subraya que, teniendo en cuenta que «beneficia a los Estados más pequeños», parece poco probable que estos accedan a respaldar una reforma, algo para lo que sería necesario enmendar la Constitución, con el respaldo de dos terceras partes del Congreso y de tres cuartas partes de los 50 estados.
El candidato republicano a la presidencia de EE UU y actual presidente, Donald Trump, y su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, protagonizaron este jueves en la Universidad de Belmont, en Nashville (Tennessee), un segundo y último debate electoral menos caótico que el anterior cara a cara, pero en el que no faltaron, al igual que en el primer encuentro, graves acusaciones y duros intercambios dialécticos.
A la mayor fluidez contribuyó, sin duda, la medida implementada por los organizadores de silenciar el micrófono del candidato que no estaba en uso de la palabra durante los primeros minutos de la intervención de su rival, al principio de los distintos tramos, para evitar interrupciones. También, el hecho de que la moderadora, la periodista de la cadena NBC Kristen Welker, no llegara a perder del todo las riendas, como le ocurrió en el anterior debate a su colega de Fox News, Chris Wallace.
Los candidatos chocaron en todos los tramos, pero especialmente en los referidos a la inmigración y los menores indocumentados separados de sus familias, la gestión de la pandemia del coronavirus, el racismo, y el supuesto dinero que ambos se acusaron mutuamente de haber recibido de gobiernos extranjeros. Y China volvió a ocupar, como en el anterior encuentro, un lugar predominante.
Una vacuna «en semanas» frente a «un invierno oscuro»
El debate arrancó con la pandemia de COVID-19 sobre la mesa, una crisis sanitaria que este jueves se saldaba ya con 8.399.689 casos y 222.965 muertos en Estados Unidos.
Los dos candidatos dibujaron un panorama completamente diferente del reto al que se enfrenta el país. «Creo que habrá una vacuna dentro de semanas, y será distribuida muy rápido, está lista», aseguró Trump. Interpelado por la moderadora, el presidente reconoció, no obstante, que no tiene «garantías» de que la vacuna vaya a distribuirse en ese plazo, pero insistió en que cree que llegará «antes de que acabe el año», a pesar de que muchos científicos apuntan más bien a 2021.
Preguntado sobre cuál será la farmacéutica que lo conseguirá, Trump respondió: «Johnson&Johnson lo está haciendo muy bien, Moderna lo está haciendo muy bien, Pfizer lo está haciendo muy bien».
Por su parte, Biden acusó al presidente de no asumir «su responsabilidad» por el impacto de la pandemia en el país, y sentenció: «Cualquiera que sea responsable por tantas muertes no debería seguir siendo presidente».
«Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, y él no tiene un plan claro» para combatir la COVID-19, subrayó el candidato demócrata, a lo que Trump replicó: «[A Biden] le gusta meterse en un sótano y quedarse ahí, pero la gente no puede hacer eso, tenemos que aprender a vivir con ello. El 99% de la gente se recupera. No podemos cerrar la nación, tenemos que abrir las escuelas».
«Dice que estamos aprendiendo a vivir con esto, ¡increíble! Estamos aprendiendo a morir con esto», le respondió Biden.
El dinero de Rusia y los impuestos
Otro de los momentos tensos del debate se produjo cuando ambos se acusaron mutuamente de haber recibido dinero de gobiernos extranjeros, lo que los dos negaron.
Trump acusó a Biden de haber recibido dinero de Rusia, de haber puesto a su hijo Hunter en una compañía gasística ucraniana y de haber facilitado negocios para sus hermanos en sitios como Irak: «Joe consiguió 3,5 millones de dólares de Rusia y vinieron de Putin porque fue muy amigable con el exalcalde de Moscú, y fue la esposa del alcalde de Moscú [sic], y usted obtuvo 3,5 millones de dólares», dijo.
Biden, que negó haber recibido «ni un centavo» de gobiernos extranjeros, respondió que los negocios de su hijo en Ucrania fueron «éticos». «El tipo que se metió en problemas en Ucrania fue este [Trump], que intentó sobornar al Gobierno ucraniano para que dijera algo negativo sobre mí, lo que no hicieron», añadió el demócrata.
Biden aprovechó también para recordar que Trump «paga más impuestos en el extranjero que en Estados Unidos» y que tiene «una cuenta bancaria secreta en China». «Yo he publicado mis impuestos durante toda mi vida, algo que tú no has hecho, ¿por qué? Publica tus impuestos».
Trump replicó, sin presentar pruebas, que él ha «‘prepagado’ millones y millones de dólares en impuestos». Sobre la supuesta cuenta bancaria en China, el presidente alegó que estuvo activa entre 2013 y 2015 cuando estaba dedicado a negocios inmobiliarios.
La separación de familias inmigrantes, «criminal»
En el apartado dedicado a la inmigración, Biden, tachó de «criminal» la política de separación de familias inmigrantes sin papeles en la frontera, mientras que Trump defendió que su Gobierno «trata muy bien» a los 545 niños cuyos padres todavía no ha localizado después de implementar esa medida.
«Es algo criminal. Hace que seamos el hazmerreír del mundo y viola todo los conceptos de lo que somos como nación», dijo el demócrata. Trump respondió que su gobierno está «intentando muy en serio» localizar a los padres de esos menores, a pesar de que no es cierto que sea su Ejecutivo sino que los que lo hacen son abogados y grupos de derechos humanos.
«Los estamos tratando tan bien, están en instalaciones que son tan limpias», afirmó el presidente, en referencia a los niños separados de sus padres. «A los niños los han traído ‘coyotes’ [traficantes] y mala gente», agregó, algo que Biden rebatió de inmediato al insistir en que vinieron «con sus padres».
Trump, además, insultó a los indocumentados que, una vez dentro de EE UU, siguen la ley y se presentan ante los tribunales de inmigración: «Odio decirlo, pero los únicos que podrían aparecer son los que tienen el coeficiente intelectual más bajo», dijo.
«El menos racista de esta sala», «el más racista de la historia»
«Creo que tengo buenas relaciones con todo el mundo, soy la persona menos racista de esta sala», dijo Trump, en el bloque del cara a cara dedicado al racismo en el país. El presidente recordó asimismo que su rival fue el impulsor en el Senado de una ley del crimen en 1994 que provocó que «miles de afroamericanos terminasen entre rejas», y que él aprobó una reforma en el sentido contrario poco después de llegar al poder.
También afirmó que ha sido el presidente que «más ha hecho por la comunidad negra en la historia de Estados Unidos, con la posible excepción de Abraham Lincoln», quien abolió la esclavitud en 1863.
Biden, por su parte, repasó el historial de comentarios racistas de Trump y recordó que en 1989 abogó por la pena de muerte para un grupo de adolescentes afroamericanos conocidos como los «Central Park Five» que fueron acusados de un crimen que no cometieron.
«Nunca hemos respondido del todo a nuestro ideal de que todos somos creados iguales, pero siempre nos hemos movido hacia allí, paso a paso. Este es el primer presidente que ha parado eso, es el presidente más racista de la historia moderna de EE UU», dijo el demócrata.
«Mi propuesta presenta una oportunidad con la que ganarían los dos lados, una solución realista de dos Estados que resuelve el riesgo que suponía para la seguridad de Israel un Estado palestino». Así desvelaba este martes Donald Trump en la Casa Blanca su «acuerdo del siglo» para Israel y Palestina, en una solemne ceremonia en la que el presidente estadounidense apareció acompañado del primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, y en la que, significativamente, no hubo representación palestina alguna, ni de ningún otro mandatario internacional.
El acuerdo fue rechazado de inmediato y con vehemencia por el presidente palestino, Mahmud Abás (lo calificó como «la bofetada del siglo»), y también por las distintas facciones palestinas, en una poco habitual muestra de unidad. En las calles de Gaza y Cisjordania el anuncio fue recibido con airadas protestas, mientras que Amnistía Internacional señalaba que se trata de «un manual para más sufrimiento y abusos».
Esperado desde hace más de dos años, el plan se ha dado finalmente a conocer en un momento políticamente crucial, tanto para Trump como para Netanyahu. El primero busca ponerle un broche histórico a su política internacional y, según muchos analistas, desviar también el foco del juicio político (impeachment) al que está siendo sometido en el Senado; el segundo, imputado por fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos de corrupción, y candidato asimismo en los comicios generales que celebrará Israel en marzo (los terceros en menos de un año), recibe un espaldarazo fundamental de su principal y más poderoso socio, y prácticamente carta blanca para consolidar promesas electorales que hasta ahora eran consideradas problemáticas, como la anexión de las colonias en los territorios ocupados.
¿Cuáles son los principales puntos del acuerdo?
En esencia, el plan de Trump mantiene la llamada solución de los dos Estados, reconociendo el derecho palestino a tener uno, pero anteponiendo en cualquier caso la seguridad de Israel y dando por muertas las demarcaciones que aún reconoce la ONU. Para ello contempla cambios fronterizos que permitirían a Israel anexionarse parte de Cisjordania. También amplía el territorio palestino, pero lo fragmenta más aún, dejando dentro los asentamientos israelíes. Además, en uno de sus aspectos más polémicos, apuntala Jerusalén como «capital indivisible» de Israel y, en principio, de un futuro Estado palestino que se antoja inviable.
¿Quién lo ha negociado y cómo?
Uno de los principales artífices del plan es Jared Kushner, yerno de Trump y asesor del presidente. Kushner elaboró la hoja de ruta junto con el embajador estadounidense en Israel, David Friedman, y el ahora exenviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Jason Greenblatt.
El equipo hizo un primer amago de presentar su acuerdo hace dos años, pero acabó aplazándolo una y otra vez, alegando que quería esperar a contar con un gobierno estable en Israel, y esperando conseguir asimismo más apoyos de los países árabes. Mientras, Trump seguía haciendo gestos políticos hacia Netanyahu, como el reconocimiento por parte de Washington de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.
Los líderes palestinos se han negado a negociar en los términos previstos y, de hecho, no tienen contacto oficial con Washington desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel en 2017.
¿En qué se diferencia de acuerdos anteriores?
El acuerdo presentado por Trump incluye nuevas propuestas referentes al trazado de fronteras entre Israel y los territorios ocupados, y concreta el estatus de Jerusalén, que en procesos de paz anteriores se había dejado siempre como uno de los puntos finales sobre los que llegar a un consenso, una vez que se hubiesen conseguido los demás objetivos.
Resucita además la solución de los dos Estados, que empezó a gestarse tras el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP en 1993, a través de los Acuerdos de Oslo de ese mismo año, pero que estaba enterrada en la práctica.
Trump argumentó este martes que su plan de paz es «diferente» al de sus predecesores porque contiene muchos más detalles «técnicos» de partida, con 80 páginas de propuestas. «Esta es la primera vez que Israel ha autorizado la publicación de un mapa conceptual que ilustra las concesiones territoriales que está dispuesto a hacer para conseguir la paz», subrayó.
Lo más novedoso, no obstante, quizá sea que, a diferencia de todos los demás acuerdos de paz negociados por Estados Unidos, la Casa Blanca no ha buscado esta vez la aprobación de Palestina antes de cerrar el plan, sino que le ha bastado la luz verde israelí.
Enlace a YouTube: President Trump Delivers Joint Remarks with the Prime Minister of the State of Israel (White House)
¿Desde cuándo están estancadas las negociaciones?
El último plan de paz de Washington para la zona lo presentó Barack Obama en 2011, e incluía un Estado palestino basado en las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días de 1967, «con intercambios de tierra acordados mutuamente», algo que Netanyahu rechazó.
Aunque hubo un intento, fallido, de retomar conversaciones directas entre palestinos e israelíes en 2010, la negociaciones están estancadas desde 2008, cuando Israel lanzó la operación Plomo Fundido en la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes por Hamás, una operación que dejó más de 1.400 palestinos muertos.
¿Cómo cambiarían las fronteras actuales con el plan de Trump, y cómo sería el Estado palestino?
La Casa Blanca señala que su plan «quiere lograr un reconocimiento mutuo del Estado de Israel como una nación-Estado para el pueblo judío y el futuro Estado de Palestina como el Estado-nación del pueblo palestino, con los mismos derechos civiles para todos los ciudadanos».
El mapa que marca muestra, no obstante, un Estado palestino hiperfragmentado a modo de archipiélago, con asentamientos israelíes en su interior, conectados con el Estado israelí a través de corredores que parten el territorio.
Asimismo, concede a Israel zonas al oeste del valle del río Jordán, situadas en Cisjordania, con lo que este área ocupada quedaría sin salida directa a Jordania, a la que estaría vinculada por dos carreteras que cruzarían territorio israelí. «El valle del Jordán, que es crítico para la seguridad nacional de Israel, estará bajo la soberanía de Israel», sentencia el texto. Se trata de una zona que constituye alrededor del 30% del territorio de Cisjordania, y su anexión es un reclamo histórico de la derecha israelí.
Cisjordania y Gaza estarían unidas a través de un túnel que las conectaría y que atravesaría Israel.
Según el plan, las nuevas fronteras garantizan una «expansión territorial» a los palestinos a través de territorios en el desierto del Negev, que supondrían un territorio «comparable en tamaño» al que controlaban antes de 1967.
Mapa del plan del gobierno estadounidense de Donald Trump para Israel y Palestina. Mapa: Presidencia de Estados Unidos
¿Qué pasaría con los asentamientos?
Los asentamientos israelíes existentes en Cisjordania (considerados ilegales por la legislación internacional) serían incorporados al Estado de Israel, que se comprometería a no construir nuevos asentamientos, expandir los existentes o aprobar planes para construcción en las zonas que serán parte del Estado de Palestino.
Israel no procederá a demoler estructuras existentes, una moratoria que no incluye «construcciones ilegales» ni aquellas que «supongan un riesgo de seguridad, según determine el Estado de Israel», o «demoliciones de castigo por actos de terrorismo».
Cerca del 97% de los israelíes en asentamientos en Cisjordania quedarían en territorio israelí adyacente, cifra similar para los palestinos en Cisjordania que quedarían en territorio palestino.
¿Y con Jerusalén?
La propuesta de la Casa Blanca reconoce a «Jerusalén como capital de Israel» y reitera que «debería permanecer como una ciudad íntegra».
Además, sostiene que Israel debe ser guardián de los lugares religiosos en Jerusalén, tanto judíos, como cristianos y musulmanes, y aboga por mantener el «estatus quo actual».
En cuanto a la capital del hipotético Estado palestino, el plan recoge que debería ubicarse en Jerusalén Este, concretamente, en «todas las zonas al este y el norte de las barreras de seguridad existentes, incluyendo Kafr Aqab, la parte este de Shuafat y Abu Dis», y que podría ser renombrada como Al Quds (como la denominan los árabes) o con otra denominación que decidan los palestinos.
Esto significa que la posible capital palestina se localizaría en barrios ubicados en las afueras de la Jerusalén actual.
¿Algún cambio sobre Gaza?
El plan recuerda que Gaza ha estado gobernada por el grupo islámico Hamás, al que describe como una «organización terrorista, responsable de asesinatos y ataques a miles de israelíes», y concede a Israel la soberanía de las aguas territoriales de la franja, al considerar que son vitales para la seguridad del Estado israelí.
Advierte además de que «no habrá mejoras significativas en Gaza hasta que haya un alto el fuego con Israel, una desmilitarización completa de la franja y una estructura de gobierno que permita a la comunidad internacional invertir de forma segura y cómoda» para mejorar su economía.
La iniciativa propone también que Israel ceda territorio a los palestinos cerca de Gaza, que pueden ser «áreas pobladas y no pobladas».
¿Quién se encargaría de la seguridad, y cómo?
Israel mantendría una «responsabilidad de seguridad predominante» del Estado de Palestina, con las fuerzas palestinas encargadas únicamente de la seguridad interna, de la lucha antiterrorista, la seguridad fronteriza y la respuesta a desastres.
Israel sería responsable de la seguridad en los cruces internacionales y, en el caso de Rafá, en la frontera con Egipto, se abordarían acuerdos específicos con El Cairo.
Además, Israel mantendría el control del espacio aéreo al oeste del río Jordán, mientras que la Armada israelí podría bloquear la entrega de «armas y materiales para la fabricación de materiales en el Estado de Palestina, incluida Gaza».
¿Podrían regresar los refugiados palestinos?
La iniciativa aborda uno de los temas más espinosos en unas hipotéticas negociaciones entre israelíes y palestinos: el derecho de retorno de los refugiados.
A ese respecto, y pese a lo que establece la resolución 194 de la ONU, el plan marca que «no habrá derecho de retorno, o absorción de ningún refugiado palestino en Israel».
Establece, no obstante, tres opciones para los refugiados palestinos que busquen un sitio permanente de residencia: «absorción» para aquellos registrados en la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el futuro Estado palestino; integración en sus países actuales de acogida; o su reasentamiento en los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que los acepten.
En ese sentido, el plan indica que «los hermanos árabes tienen la responsabilidad moral de integrar a los refugiados en sus territorios del mismo modo que los judíos fueron integrados en el Estado de Israel».
¿Qué limitaciones tendría el nuevo Estado palestino
Entre otras, Palestina no podría alcanzar acuerdos militares, de Inteligencia o seguridad con ningún Estado u organización que «afecte de forma adversa la seguridad de Israel» ni podrá desarrollar capacidades «militares o paramilitares» dentro o fuera de su territorio.
Tampoco podría unirse a organizaciones internacionales sin el consentimiento de Israel, y debería retirar sus demandas contra Israel, EE UU y los ciudadanos de estos países ante el TPI, la CIJ o cualquier otro tribunal, así como no recurrir a Interpol contra ellos.
Así, el nuevo estado no podría tener «capacidades que puedan amenazar al Estado de Israel», mientras que Israel tendría derecho a «desmantelar o destruir» instalaciones utilizadas para producir armas o con «propósitos hostiles», así como para adoptar medidas de seguridad para mantener Palestina «desmilitarizada».
¿Recoge el plan alguna demanda palestina?
Según declaró a Efe el experto de la Universidad George Washington Nizar Farsakh, antiguo asesor del ex primer ministro palestino Salam Fayad y miembro en el pasado del equipo negociador palestino, cuando se lee el plan, «si se compara con la postura palestina publicada en la página web del Departamento de Estado, es exactamente lo opuesto a lo que los palestinos piden».
Trump prometió a los palestinos una inversión de 50.000 millones de dólares para duplicar su PIB y crear un millón de empleos, pero exigió a cambio un alto el fuego con Israel, cambios en su estructura de Gobierno y la desmilitarización de Gaza.
¿Hay un plazo para negociar?
Aunque Abás ya ha dicho «mil veces no» a la propuesta, Trump le ha dado cuatro años para superar sus reservas y sentarse a la mesa de negociación, y el Gobierno israelí ha indicado asimismo que está dispuesto a esperar ese tiempo.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional?
La ONU seguirá defendiendo una solución al conflicto que pase por la creación de dos Estados basados en las fronteras previas a 1967, según dijo este mismo martes el secretario general de la organización, António Guterres.
Entre los países árabes, Egipto llamó a Israel y Palestina a considerar «a fondo» el plan de Trump, y aplaudió los esfuerzos de Washington para lograr un acuerdo «amplio y justo». En una línea semejante se expresó Arabia Saudí, valorando positivamente los esfuerzos de EE UU y reafirmando su «apoyo a lograr una solución justa y completa al conflicto palestino».
Rusia considera que el plan debe ser analizado por el llamado Cuarteto de Madrid, formado por EE UU, la ONU, la UE y la propia Rusia, mientras que Irán afirmó que el acuerdo busca «humillar» a los musulmanes, y que «está muerto» antes de ver la luz. Es un plan que «nace muerto», indicó igualmente el Gobierno de Turquía.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó por su parte que el plan de paz «podría ser un paso positivo hacia adelante», y la Unión Europea señaló, a través de su Alto Representante para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, que la propuesta «supone una oportunidad para relanzar los muy necesarios esfuerzos» para lograr un acuerdo.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó por su parte que el plan de paz «podría ser un paso positivo hacia adelante», y la Unión Europea señaló, a través de su Alto Representante para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, que la propuesta «supone una oportunidad para relanzar los muy necesarios esfuerzos» para lograr un acuerdo.
Donald Trump no ha ocultado nunca su intención de revertir hasta donde le fuese posible las iniciativas impulsadas y puestas en marcha por su predecesor en la Casa Blanca. Desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2017, el magnate ha intentado modificar, o directamente eliminar, los principales logros de Barack Obama, incluyendo algunos de los más emblemáticos, como los referidos a la sanidad o el medio ambiente. Trump no es, desde luego, el primer mandatario que trata de corregir el legado recibido, tanto en Estados Unidos como en cualquier otro país, pero pocos lo han hecho de un modo tan sistemático y tan poco sutil.
En este sentido, el anuncio hecho esta semana por el presidente de que EE UU abandona el pacto nuclear alcanzado con Irán puede interpretarse como un nuevo paso en lo que algunos expertos han definido como política negativa de Trump, más orientada a destruir lo anterior que a proponer novedades o mejorar lo alcanzado.
El acuerdo con Irán, firmado por Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, además de por Washington y Teherán, fue conseguido tras largas y duras negociaciones durante la anterior Administración estadounidense, con un fuerte coste político para Obama, quien tuvo que enfrentarse a una enorme presión, no solo parte del Partido Republicano, sino también de tradicionales aliados de EE UU en la región, como Arabia Saudí y, especialmente, Israel (junto con el poderoso lobby pro israelí en Washington).
‘America First’
Nada más asumir el cargo, en su primera jornada de trabajo, Trump firmó una orden ejecutiva (vendrían muchas más después, todas ellas rubricadas de forma teatral ante las cámaras) para sacar a EE UU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), un tratado impulsado por Obama y que EE UU había alcanzado junto con otros 11 países.
La decisión se enmarcaba en la nueva política proteccionista de la Casa Blanca (America First, Estados Unidos primero), que llevaría posteriormente a Washington a forzar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, y a imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, así como altas tasas a productos chinos.
Algunas de estas decisiones comerciales están aún en suspenso (en abril el Gobierno estadounidense afirmó que se estaba planteando volver al TPP porque «cree en el libre comercio», las espadas de la negociación del TLCAN siguen en alto, y los aranceles del metal a la UE y otros países no se han materializado todavía), pero el efecto publicitario, especialmente de cara a su base electoral, ya se ha conseguido.
Adiós a París
Más definitiva fue la que quizá haya sido, junto con la ruptura unilateral del pacto iraní, su decisión internacional más trascendental hasta ahora: la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, en junio de 2017.
Al abandonar el tratado, Trump anunció que EE UU «cesará todas las implementaciones» de sus compromisos climáticos en el marco de París «a partir de hoy», lo que incluye la meta propuesta por Obama de reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005.
El acuerdo, dijo el mandatario, fue «negociado mal y con desesperación» por el Gobierno de Obama, «en detrimento» de la economía y el crecimiento de EE UU. Después, la famosa frase: «He sido elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París».
Las ‘correciones’ de las políticas de Obama con respecto al medio ambiente también han tenido lugar de puertas adentro. En diciembre del año pasado, por ejemplo, Trump ordenó la mayor reducción de tierras públicas protegidas en la historia de EE UU, al recortar más de 9.200 kilómetros cuadrados en dos parques en Utah, una medida que fue alabada por los conservadores del estado y duramente criticada por ecologistas y tribus nativas. En concreto, Trump ordenó reducir sustancialmente la superficie de dos monumentos nacionales que habían resguardado tanto Obama, como Bill Clinton.
Además, Trump ha anunciado permisos para perforar el Ártico en busca de combustibles fósiles, y ha reactivado la construcción de polémicos oleoductos congelados por su antecesor en el cargo.
Soñadores y sanidad
Otro de los grandes caballos de batalla de Trump ha sido, y sigue siendo, la inmigración, y también aquí su medida más controvertida hasta ahora (aparte de la construcción del muro en la frontera con México) es un disparo directo contra el legado de Obama: la eliminación del plan DACA, una iniciativa aprobada por el anterior inquilino de la Casa Blanca, que protege de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad (los conocidos como dreamers, soñadores).
De momento, diversos reveses judiciales contra el Gobierno de Trump mantienen vivo el plan, y el propio presidente ha sido ambiguo sobre quién se vería afectado exactamente, al tiempo que es consciente del valor del DACA como moneda de cambio en la negociación que mantiene con el Congreso sobre su política migratoria (y el dinero que necesita para su muro).
Sin abandonar la política interior, la otra gran obsesión ‘anti-Obama’ de Trump es el sistema de protección sanitaria puesto en marcha por su predecesor, la norma conocida como Obamacare. Tumbarla fue una de sus promesas electorales estrella, y el magnate neoyorquino no se ha rendido aún, pero hasta ahora no ha contado con el apoyo suficiente en el Congreso para derogar y reemplazar la reforma.
El pasado mes de septiembre, la oposición de tres senadores hizo imposible aprobar el proyecto de ley impulsado por el presidente, en el que era ya su segundo intento. Días antes, no obstante, Trump anunció su intencion de asfixiar el programa, reduciendo en un 90% los fondos destinados a publicidad y ayuda para las inscripciones ciudadanas en el mercado de seguros médicos de la ley.
Frenazo en Cuba
Por último, y volviendo al exterior, Trump ha dado marcha atrás, o al menos ha frenado en seco, con respecto a una de las decisiones de la anterior Administración calificadas como «históricas»: la apertura con Cuba y la progresiva normalización de las relaciones bilaterales, tras medio siglo de hostilidades.
En un discurso pronunciado el pasado mes de junio en Miami (donde se concentra la mayor cantidad de exiliados y disidentes cubanos en EE UU), el presidente anunció un cambio, «con efecto inmediato», de la política estadounidense hacia la isla, que incluye el mantenimiento del embargo comercial y financiero que había empezado a aliviar Obama, y su oposición a las peticiones internacionales de que el Congreso lo levante.
Una vez más, sin embargo, también en el caso de Cuba es importante distinguir entre las palabras y los hechos. Pese al lenguaje habitual de cambios radicales empleado por Trump, lo cierto es que sus medidas no anulan las relaciones diplomáticas con La Habana restablecidas por Obama, ni prohíben las conexiones aéreas y marítimas con la isla. De momento, tan solo se revisan algunos aspectos de la relación bilateral encaminados a reducir los pagos de estadounidenses a empresas controladas por militares cubanos, o a aumentar las restricciones de viajes individuales a Cuba.
El arraigado puritanismo de la sociedad estadounidense es, a ojos de muchos europeos al menos, una de las grandes contradiciones del país norteamericano. La misma nación que venera la libertad individual y en la que el sexo es utilizado constantemente como reclamo comercial, censura cualquier palabra ‘subida de tono’ en la televisión generalista y no perdona el más mínimo ‘devaneo’ a sus políticos: un escándalo sexual, especialmente si está relacionado con el adulterio, puede acabar con la carrera del más popular de los personajes públicos. Como suelen bromear los propios estadounidenses, a nadie le importa cuántas amantes tiene un presidente de Francia, mientras que Monica Lewinsky sigue dando titulares.
Contradicciones aparte, sin embargo, el problema, con la ley en la mano, no suele ser la ‘aventura’ en sí. A pesar de que Estados Unidos es uno de los pocos países occidentales donde el adulterio puede ser considerado aún un delito (no a nivel federal, pero sí en hasta 21 estados), los procesos judiciales por ese motivo son muy raros. El problema real, sobre todo si se trata de políticos o cargos de la administración pública, es mentir sobre ello y, especialmente –como bien pudo comprobar Bill Clinton–, hacerlo bajo juramento. Cuando además se suman presuntos abusos de poder, o comportamientos claramente contradictorios con la moral que predica el propio personaje, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una crisis matrimonial.
El último en sumarse a la larga lista de presidentes de EE UU salpicados por escándalos sexuales ha sido, quién lo iba a decir, Donald Trump. Su presunto affaire con una actriz porno (ocurrido, supuestamente, antes de que el millonario accediese a la presidencia, pero cuando ya estaba casado), colocó hace solo unos días a más 22 millones de espectadores frente al televisor, cuando Stormy Daniels, la actriz que asegura haber mantenido relaciones con el magnate, detalló en el popular programa 60 Minutes de la CBS no solo los pormenores del encuentro («Me dijo que le recordaba a su hija, guapa, lista…»), sino cómo habría sido amenazada después para que guardase silencio.
Trump, pese a su demostrada verborrea en Twitter, no ha respondido aún personalmente a las acusaciones, y este mismo jueves un tribunal de Los Ángeles rechazó una petición de la actriz que le habría obligado a testificar bajo juramento, y reconocer, o negar, la existencia de un supuesto pacto de confidencialidad con la estrella porno.
No todos los escándalos sexuales relacionados con la Casa Blanca han resultado ser tan sórdidos (Daniels afirma que fue intimidada en un aparcamiento, al más puro estilo de las películas de gangsters), pero algunos no se quedan muy atrás. Muchos, en cualquier caso, no han podido ser probados, y en otros ni siquiera hubo adulterio. La lista se remonta nada menos que a uno de los «padres fundadores» del país, Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson y Sally Hemings
Los primeros rumores acerca de que Thomas Jefferson había tenido un hijo con una de sus propias esclavas, Sally Hemings, los publicó en 1802 James Callender, un rival político del entonces presidente de EE UU. Jefferson, que ocupó la Casa Blanca entre 1801 y 1809, era entonces viudo. Hemings era hija de otra esclava y del suegro del propio presidente.
Durante años, los historiadores tendieron a tratar la acusación como simples cotilleos extendidos por los enemigos del presidente, pero en 1998 una prueba de ADN realizada a un descendiente de Jefferson mostró que, efectivamente, podía existir una conexión entre Jefferson y el último hijo de Hemings.
Un estudio posterior llevado a cabo por la Thomas Jefferson Foundation llegó a la misma conclusión, y apuntó incluso la posibilidad de que el padre fundador hubiera sido también padre no solo de uno de los hijos de Hemings, sino de los seis que tuvo ésta.
Grover Cleveland y Maria Halpin
Unos días antes de que Grover Cleveland se presentase por primera vez como candidato a la presidencia de EE UU, en 1884, Maria Halpin, dependienta en una tienda de Buffalo, aseguró que el aspirante demócrata era el padre de su «hijo ilegímito». La historia saltó a los periódicos durante la campaña electoral –sus oponentes le cantaban «Ma, ma, where’s my pa? Gone to the White House, ha ha ha!» («Mamá, mamá, ¿dónde está papá? ¡Se fue a la Casa Blanca, ja, ja, ja!»)– y el candidato, pese a que no llegó ni a confirmarla ni a negarla, sí admitió que pagaba la manuntención de un hijo con el nombre de Oscar Folsom Cleveland.
El escándalo no impidó que Cleveland ganase las elecciones (por tan solo 62.000 votos), una victoria que repetiría en 1893, siendo el único presidente de EE UU que ha tenido dos mandatos no consecutivos. En junio de 1886, Cleveland contrajo matrimonio con Frances Folsom, hija de un compañero de su bufete de abogados. Se casaron en la misma Casa Blanca (el único presidente que lo ha hecho), y Folsom se convirtió, con 21 años, en la primera dama más joven de la historia del país. Cleveland tenía 49.
Woodrow Wilson y Edith Bolling
El escándalo relacionado con Woodrow Wilson (presidente entre 1913 y 1921) no tuvo que ver ni con el adulterio ni con hijos ilegítimos ni con cualquier otra conducta castigada por la ley. En una época en la que se esperaba que los viudos guardasen como mínimo un año de luto, el presidente se comprometió con Edith Bolling Galt apenas siete meses después de la muerte de su esposa, llen Axson Wilson, fallecida a los 29 años, y que había sido primera dama durante tan solo 17 meses. Una parte de la prensa censuró su «falta de respeto», y entre los rumores más disparatados se llegó incluso a insinuar que Wilson había asesinado a su primera mujer.
Cuando Wilson sufrió un ictus severo en octubre de 1919, Edith, con la que se había casado nueve meses después de comprometerse, comenzó a supervisar los asuntos de Estado, llegando a dirigir de facto el poder ejecutivo del Gobierno durante el resto del segundo mandato del presidente, hasta marzo de 1921.
Warren Harding y Carrie Phillips (y Nan Britton)
Warren Harding (presidente entre 1921 y 1923) tuvo una relación extramatrimonial con Carrie Fulton Phillips que duró quince años, a pesar de lo cual el público en general no tuvo conocimiento de ello hasta décadas más tarde, cuando un biógrafo del mandatario, Francis Russell, halló en los años sesenta las cartas esritas por Harding a su amante. En 1971 esas cartas fueron donadas a la Librería del Congreso, aunque, como resultado de un litigio judicial, no pudieron ver la luz hasta 2014.
A Harding se le atribuyó otra amante, Nan Britton, quien en 1927 publicó el libro The President’s Daughter (La hija del presidente), en el que aseguraba que el padre de su hija Elizabeth era el inquilino de la Casa Blanca. El libro, dedicado «a todas las madres solteras», llegó a venderse como si fuera pornografía, puerta a puerta y envuelto en papel marrón para ocultarlo. Britton fue demandada por difamación y un jurado falló en su contra, pero en 2015 pruebas de ADN realizadas a miembros de las dos familias confirmaron finalmente que sí existía una relación.
Franklin D. Roosevelt y Lucy Mercer
En 1913, Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin D. Roosevelt desde 1905, contrató a una joven de 22 años, Lucy Mercer, como secretaria. Cuatro años después, Eleanor descubrió las cartas de amor que habían intercambiado Mercer y su esposo, y amenazó con pedir el divorcio. El futuro presidente (fue elegido por primera vez en 1933 y no abandonaría la Casa Blanca hasta su muerte, en 1945) prometió que daría por terminada la relación, pero no fue así.
El contacto entre Roosevelt y Mercer se mantuvo a lo largo de los años, y, cuando el presidente murió, en Warn Spring, ella se encontraba junto a él, un hecho que, al igual que la relación en sí, se ocultó al público hasta que fue revelado en 1966 por Jonathan W. Daniels, un antiguo asistente del mandatario, en su libro The Time Between the Wars (El tiempo entre guerras).
John F. Kennedy y Marilyn Monroe
El 19 de mayo de 1962, en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, una exuberante Marilyn Monroe se acercaba al micrófono y, ante el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, entonaba con voz sensual uno de los Feliz cumpleaños más famosos de la historia: Happy Birthday, Mr. President. La esposa del homenajeado, Jacqueline, no estaba entre las más de 15.000 personas que asistieron al evento porque, según las muchas informaciones filtradas a pesar del celo protector de la prensa, hacía tiempo que sabía de la (a día de hoy, aún ‘supuesta’) relación entre su marido y la gran estrella de Hollywood.
La fama de promiscuo de JFK está bien documentada, y numerosos artículos y libros han incluido entre sus romances, además de a Marilyn, a la actriz Marlene Dietricht (al parecer, la cosa no habría pasado de un breve encuentro), a una becaria de la Casa Blanca, a una secretaria personal de la propia Jacqueline e incluso a una joven, Judith Campbell Exner, a quien posteriormente el FBI relacionaría con la mafia. Kennedy y Campbell habrían sido presentados por Frank Sinatra en Las Vegas en 1960, cuando el futuro presidente aún era senador .
Bill Clinton y Monica Lewinsky
«Yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky. Yo nunca le dije a nadie que mintiera, ni una sola vez, nunca. Esas alegaciones son falsas». Así de rotundo se mostraba Bill Clinton ante la prensa el 26 de enero de 1998, tratando de zafarse del que era ya el mayor, el más publicitado, y el más utilizado como arma política escándalo sexual en toda la historia de la Casa Blanca. El presidente –acompañado en ese momento por su esposa, Hillay Clinton, quien le apoyaría a lo largo de todo el proceso– estaba, como se confirmó después, mintiendo.
En 1995, Monica Lewinsky fue contratada para trabajar como pasante (becaria) en la Casa Blanca, durante la primera presidencia de Clinton. La relación que la joven (tenía entonces 22 años) mantuvo hasta 1997 con el presidente (una serie de breves encuentros sexuales en el Despacho Oval) saltó a la luz a raíz de un caso distinto, en el que otra mujer, Paula Jones, había demandado a Clinton por presunto acoso sexual cuando este era gobernador de Arkansas.
Linda Tripp, una amiga de Lewinsky, empleada también en la Casa Blanca, y a quien la becaria había confiado su historia, había grabado en secreto conversaciones telefónicas en las que quedaba clara la relación entre Lewinsky y el presidente. Al enterarse de que Lewinsky se había comprometido a no declarar sobre su relación con Clinton en el caso Jones, Tripp decidió hacer públicas las cintas, y fue entonces cuando estalló la tormenta.
El 28 de julio de 1998, Lewinsky, tras recibir protección de testigo a cambio de dar testimonio acerca de su relación con Clinton, entregó a los investigadores el ya famoso vestido azul manchado con semen, cuyo ADN probó la relación. El 17 de agosto Clinton admitió ante el gran jurado que había tenido una «relación física impropia» con Lewinsky, aunque aclaró que «no había tenido relaciones sexuales» con la becaria, sino que se había limitado a recibir sexo oral.
Dos meses después, el presidente, sometido entre tanto a un juicio político de destitución (impeachment) por haber mentido bajo juramento sobre sus relaciones con Lewinsky en el proceso judicial, no relacionado, sobre acoso sexual, fue hallado culpable por desacato y multado con 90.000 dólares por falso testimonio. El Congreso, no obstante, lo absolvió de todos los cargos de perjurio, lo que le permitió permanecer en el cargo.
