Fuente de empleos y de inver­sión para unos, ame­naza a la sober­anía de los Esta­dos y rega­lo a las multi­na­cionales para otros, el polémi­co acuer­do com­er­cial entre Canadá y la Unión Euro­pea cono­ci­do como CETA (Acuer­do Económi­co y Com­er­cial Glob­al, por sus siglas en inglés) está ya a tan solo un paso de ser una real­i­dad, tras haber recibido este miér­coles el vis­to bueno del Par­la­men­to Europeo.

A la espera de que sea rat­i­fi­ca­do defin­i­ti­va­mente por los respec­tivos par­la­men­tos nacionales de la UE, el acuer­do, el may­or pacto económi­co bilat­er­al nego­ci­a­do por la Unión has­ta la fecha, podría empezar a entrar par­cial­mente en vig­or esta mis­ma pri­mav­era. Para bien o para mal, afec­tará a las vidas y las economías de mil­lones de per­sonas, a ambos lados del Atlántico.

El acuer­do lle­ga en un momen­to cru­cial para las rela­ciones com­er­ciales inter­na­cionales, en ple­na tor­men­ta por los movimien­tos pro­tec­cionistas del nue­vo pres­i­dente de EE UU, Don­ald Trump, quien ya ha saca­do a su país del trata­do com­er­cial del Pací­fi­co (TPP), y ha puesto en cuida­dos inten­sivos al TLCAN (el Trata­do de Libre Com­er­cio de Améri­ca del Norte), al menos en lo que respec­ta a su parte mexicana.

El CETA fue respal­da­do en la Eurocá­mara con 408 votos a favor, 254 en con­tra y 33 abs­ten­ciones, con el apoyo may­ori­tario del Par­tido Pop­u­lar Europeo (PPE), Lib­erales (ALDE), Con­ser­vadores y Reformis­tas (ECR), y un voto divi­do según del­e­ga­ciones nacionales en el seno de Social­is­tas y Demócratas (S&D). Los Verdes y la Izquier­da Uni­taria se opusieron: dudan de las garan­tías que ofrece el acuer­do en mate­ria lab­o­ral, pro­tec­ción medioam­bi­en­tal y sanidad, y aler­tan del poder que da a las multi­na­cionales frente a las leyes nacionales. Tam­bién la líder del ultra­derechista Frente Nacional francés, Marine Le Pen, anun­ció el voto en con­tra de su grupo.

«Puentes en lugar de un muro»

El min­istro cana­di­ense de Com­er­cio Inter­na­cional, François-Philippe Cham­pagne, cal­i­ficó el pacto, en declara­ciones recogi­das por la CBC, de «un acuer­do para el pueblo». Por su parte, Artis Pabriks, del Par­tido Pop­u­lar Europeo, indicó que «jun­tos podemos con­stru­ir puentes, en lugar de un muro», en clara alusión al muro que el pres­i­dente de EE UU ha orde­na­do con­stru­ir en la fron­tera entre su país y Méx­i­co. «El CETA será un faro para futur­os acuer­dos com­er­ciales en todo el mun­do», añadió.

Mien­tras, en el exte­ri­or de la sede europar­la­men­taria en Estras­bur­go (Fran­cia), las platafor­mas con­trarias al acuer­do de libre com­er­cio y que crit­i­can la opaci­dad de las nego­cia­ciones lle­varon a cabo una protes­ta pací­fi­ca que difi­cultó la lle­ga­da de eurodiputa­dos a la sesión.

El primer min­istro de Canadá, Justin Trudeau, inter­ven­drá este jueves ante el pleno del Par­la­men­to Europeo, en la que será la primera ocasión en la que un líder de este país se expre­sa en esta cámara.

Canadá y la UE dieron por cer­radas las nego­cia­ciones en agos­to de 2014, pero el acuer­do defin­i­ti­vo no fue suscrito has­ta octubre de 2016, tras super­ar los rece­los de var­ios esta­dos miem­bros, en espe­cial de Bél­gi­ca por el blo­queo ‘in extrem­is’ de su región val­ona. La prác­ti­ca total­i­dad de las dis­posi­ciones del acuer­do entrarán en vig­or de man­era pro­vi­sion­al pre­vis­i­ble­mente en el mes de abril, si la parte cana­di­ense tam­bién rat­i­fi­ca en las próx­i­mas sem­anas el tex­to nego­ci­a­do. Sin embar­go, la apli­cación defin­i­ti­va y total del pacto (inclu­i­dos ele­men­tos con­tro­ver­tidos como los tri­bunales de arbi­tra­je) no será efec­ti­va has­ta que los par­la­men­tos nacionales y regionales com­pe­tentes en los país­es de la UE (has­ta 38 cámaras) den su aprobación, lo que puede lle­var var­ios años.

Un gran mercado abierto

Según la Comisión Euro­pea (CE), el CETA “elim­i­nará los dere­chos de adu­a­nas y las restric­ciones del acce­so a los con­tratos públi­cos, abrirá el mer­ca­do de ser­vi­cios, ofre­cerá condi­ciones pre­vis­i­bles a los inver­sores y con­tribuirá a evi­tar la repro­duc­ción ile­gal de las inno­va­ciones y los pro­duc­tos tradi­cionales de la UE”. El acuer­do fija cien­tos de medi­das y nor­mas que regirán los inter­cam­bios com­er­ciales entre Canadá y la UE, des­de el acce­so a los mer­ca­dos en los difer­entes sec­tores has­ta las tar­i­fas adu­an­eras, pasan­do por la par­tic­i­pación de empre­sas extran­jeras en los con­cur­sos públi­cos, el reconocimien­to de los títu­los pro­fe­sion­ales a ambos lados del Atlán­ti­co, los están­dares de pro­tec­ción ali­men­ti­cia, san­i­taria y medioam­bi­en­tal, el desar­rol­lo sostenible, o la pro­tec­ción de los inver­sores, este últi­mo, uno de sus pun­tos más polémicos.

La CE afir­ma que el acuer­do elim­i­nará casi todos los dere­chos de importación, lo que supon­drá para los expor­ta­dores europeos “un ahor­ro de cer­ca de 500 mil­lones de euros al año”. Además, per­mi­tirá a las empre­sas de la UE pre­sen­tarse a lic­ita­ciones en Canadá, y acced­er a los mer­ca­dos de ser­vi­cios y de inver­sión de este país; facil­i­tará los desplaza­mien­tos tem­po­rales de ejec­u­tivos de empre­sas y provee­dores de ser­vi­cios entre la UE y Canadá; per­mi­tirá a los arqui­tec­tos, inge­nieros y con­ta­bles europeos prestar ser­vi­cios en Canadá; con­tribuirá a «acabar con las repro­duc­ciones ile­gales de las inno­va­ciones, obras de arte, mar­cas com­er­ciales y ali­men­tos tradi­cionales europeos en Canadá», e incre­men­tará la coop­eración entre los organ­is­mos de nor­mal­ización cana­di­ens­es y europeos.

La Comisión pre­vé que el com­er­cio de bienes y ser­vi­cios entre Canadá y la UE se incre­men­tará en casi un 25% y que el PIB de la UE aumen­tará unos 12.000 mil­lones de euros al año. Sostiene además que el CETA creará empleo y ase­gu­ra que “respetará ple­na­mente las nor­mas euro­peas en ámbitos como la seguri­dad ali­men­ta­ria y los dere­chos del trabajador”.

Con respec­to a la agri­cul­tura, la Comisión indi­ca que «la aper­tu­ra de los mer­ca­dos per­mite man­ten­er pre­cios bajos y aumen­tar la ofer­ta a los con­sum­i­dores», y que «la UE, gran pro­duc­to­ra de ali­men­tos de cal­i­dad, se ben­e­fi­cia­rá de la posi­bil­i­dad de vender más en un mer­ca­do [el cana­di­ense] de renta ele­va­da». De acuer­do con la Comisión, «los pro­duc­tos cana­di­ens­es solo podrán impor­tarse y vender­se en la UE si cumplen ple­na­mente la nor­ma­ti­va», «el acuer­do no afec­ta a las restric­ciones que apli­ca la UE a los OMG [organ­is­mos mod­i­fi­ca­dos genéti­ca­mente, o trans­géni­cos] o la carne de vac­uno con hor­monas de crec­imien­to, y tam­poco restringe, ni en la UE ni en Canadá, la adop­ción de dis­posi­ciones leg­isla­ti­vas en ámbitos de interés públi­co como el medio ambi­ente, la salud y la seguridad».

«Destrucción de empleo» y «pérdida de derechos»

Los detrac­tores del CETA (des­de ONG a par­tidos políti­cos y platafor­mas cada vez mas numerosas, como Stop TTIP, cuya peti­ción con­tra ambos trata­dos han fir­ma­do ya más de 3.200.000 per­sonas) ponen en duda las cifras mane­jadas por la UE y Canadá. Según los eurodiputa­dos del grupo Pro­gres­sive Cau­cus del Par­la­men­to Europeo, los resul­ta­dos ofi­ciales de la eval­u­ación del impacto sobre la sosteni­bil­i­dad del CETA pre­vén un aumen­to del PIB del 0,03%, «y otros estu­dios inde­pen­di­entes antic­i­pan la destruc­ción de más de 200.000 puestos de tra­ba­jo en toda la UE». «La Comisión Euro­pea —agre­gan— dice que el CETA es sobre todo una man­era de hac­er que las pequeñas empre­sas pros­peren, pero el 99% de las pymes no expor­tan más allá del Atlán­ti­co. En real­i­dad el ries­go que cor­ren es una caí­da de su cuo­ta de mer­ca­do en la UE debido a la com­pe­ten­cia con las grandes empre­sas canadienses».

Por su parte, el Con­se­jo de los Cana­di­ens­es, una de las may­ores orga­ni­za­ciones de acción social de Canadá, vatic­i­na que el CETA provo­cará una caí­da del 0,5% del PIB de la UE y del 1% del PIB de Canadá; con­ll­e­vará la pér­di­da de 230.000 empleos de aquí a 2023, la may­oría en Europa, y pre­sion­ará a la baja los salarios.

Las prin­ci­pales críti­cas, no obstante, hacen ref­er­en­cia, además de al secretismo en que se ha lle­va­do a cabo el pro­ce­so, a la pér­di­da de dere­chos y garan­tías. Así, el movimien­to No al TTIP sostiene que el CETA «bus­ca una restric­ción delib­er­a­da de la sober­anía democráti­ca y del mar­gen de man­io­bra políti­ca de gob­ier­nos y par­la­men­tos», y que ben­e­fi­cia a las multi­na­cionales en detri­men­to de los tra­ba­jadores, mina los están­dares de pro­tec­ción del con­sum­i­dor y el medio ambi­ente, pone en ries­go los dere­chos lab­o­rales y favorece la pri­va­ti­zación de los ser­vi­cios públicos.

Tam­bién se ha denun­ci­a­do que el CETA lim­i­tará la capaci­dad de los gob­ier­nos para desar­rol­lar políti­cas sociales, medioam­bi­en­tales o de género en la adju­di­cación de ser­vi­cios públi­cos, y que, en mate­ria de seguri­dad ali­men­ta­ria, abre la puer­ta a graves ries­gos, ya que, afir­man, las nor­mas cana­di­ens­es en lo que respec­ta a hor­monas, col­orantes o pro­duc­tos trans­géni­cos son más per­mi­si­vas que las europeas.

El problema del arbitraje

El prin­ci­pal prob­le­ma se encuen­tra en el denom­i­na­do Sis­tema de Tri­bunal de Inver­siones (ICS, por sus siglas en inglés), un mecan­is­mo que establece cortes de arbi­tra­je espe­ciales para que los inver­sores extran­jeros puedan deman­dar a los Esta­dos y dirim­ir los con­flic­tos sin pasar por los tri­bunales ordi­nar­ios de cada país.

Según la Comisión Euro­pea, este sis­tema tiene como obje­ti­vo pro­te­ger a los inver­sores extran­jeros de un tra­to dis­crim­i­na­to­rio o injus­to por parte de las admin­is­tra­ciones, espe­cial­mente en lo ref­er­ente a licen­cias, per­misos o prome­sas de fun­cionar­ios del gob­ier­no: Para quienes se opo­nen al CETA, sin embar­go, el ICS no es más que una for­ma de legalizar el poder de las multi­na­cionales por enci­ma de las deci­siones de los Esta­dos: las grandes empre­sas podrán recla­mar mil­lones de euros en con­cep­to de com­pen­sa­ciones cuan­do las leyes lim­iten su capaci­dad de ganar dinero, o fre­nar refor­mas encam­i­nadas a la pro­tec­ción del medio ambi­ente o a garan­ti­zar los están­dares laborales.

«Al igual que Tran­sCana­da demandó al gob­ier­no de Oba­ma por pon­er fin al proyec­to Key­stone XL (un sis­tema de oleo­duc­tos entre EE UU y Canadá), las empre­sas cana­di­ens­es podrían legal­mente pedir a cualquier país europeo com­pen­sa­ciones si tomaran medi­das que afecten a sus ‘expec­ta­ti­vas legí­ti­mas’», indi­can los eurodiputa­dos del Pro­gres­sive Caucus.

Canadá ocu­pa el duodéci­mo lugar entre los socios com­er­ciales de la UE. La UE, por su parte, es el segun­do socio com­er­cial de Canadá, después de Esta­dos Unidos, y rep­re­sen­ta el 10% de su com­er­cio exte­ri­or. El com­er­cio de bienes entre la UE y Canadá asciende a unos 60.000 mil­lones de euros al año, según datos de la Comisión Euro­pea. La UE expor­ta a Canadá prin­ci­pal­mente maquinar­ia, equipos de trans­porte y pro­duc­tos quími­cos. Los ser­vi­cios com­er­ciales (esen­cial­mente trans­portes, via­jes, seguros y ser­vi­cios de comu­ni­cación) super­an los 26.000 mil­lones de euros (datos de 2012).

Las inver­siones son otro ele­men­to fun­da­men­tal de las rela­ciones. La UE es el segun­do inver­sor extran­jero en Canadá, y Canadá el cuar­to en la UE. En 2012, las inver­siones euro­peas en Canadá alcan­zaron un val­or de casi 260.000 mil­lones de euros, y las inver­siones extran­jeras direc­tas cana­di­ens­es en la UE super­aron los 142.000 mil­lones de euros.