La Unión Europea y Canadá se encuentran a tan solo un paso de aprobar un tratado de libre comercio que puede suponer un cambio muy importante en las economías, y las vidas, de millones de ciudadanos a ambos lados del Atlántico. El conocido como CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global, por sus siglas en inglés) es el mayor pacto económico bilateral negociado por la UE hasta la fecha, y es muy probable que acabe siendo, además, la antesala de otro acuerdo más crucial y polémico aún, el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP), que, entre acusaciones de un gran secretismo, se sigue negociando actualmente con los Estados Unidos.
El objetivo del CETA es, en principio, crear un área comercial de alrededor de 800 millones de consumidores, mediante la eliminación de los aranceles que gravan sus intercambios, la armonización de condiciones laborales y la oferta de garantías a las empresas para que inviertan. Sus defensores aseguran que creará empleo y generará crecimiento, al facilitar las inversiones y las exportaciones con un país, Canadá, cuyos estándares sociales y de calidad, sus «valores», son muy similares a los europeos. Sus detractores, sin embargo, denuncian que tanto el CETA como el TTIP representan la peor cara de la globalización, en la que los pequeños comerciantes y productores saldrán perdiendo, y las grandes multinacionales tendrán vía libre para imponer legalmente sus intereses a los criterios de Estados democráticos en asuntos esenciales, como la protección medioambiental, la salud pública o las políticas sociales.
El tratado ya está cerrado, pero para su aprobación definitiva es necesario el voto favorable de todos los Estados miembros de la Unión. Debido en parte a las modificaciones realizadas sobre el primer principio de acuerdo, los países más críticos han ido cediendo a lo largo de los últimos meses, pero el reciente rechazo de la región belga de Valonia ha impedido, a última hora, la adhesión de Bélgica.
El Parlamento de Valonia, la región francófona de algo más de 3,5 millones de habitantes que conforma la mitad sur de Bélgica, votó el pasado viernes en contra de que el Gobierno federal de este país dé su conformidad al tratado, y el Ejecutivo belga tiene constitucionalmente las manos atadas hasta que Valonia dé su visto bueno.
La firma definitiva del CETA está ahora, pues, suspendida, en espera de que pueda alcanzarse una solución durante la cumbre que los líderes de la UE celebran este jueves y viernes en Bruselas.
El Gobierno de Canadá envió a principios de esta semana un representante especial a Bélgica para tratar de convencer a los valones, al tiempo que, desde el otro lado del Atlántico, una docena de académicos canadienses instaban el miércoles a la región belga a «resistir las presiones» y mantener su rechazo a un tratado que «intenta influir en los procesos democráticos y gubernamentales». Miles de personas se han vuelto a manifestar estos días en varios países europeos, incluida España, en contra tanto del CETA como del TTIP.
Estas son, en preguntas y respuestas, las principales claves de un acuerdo que ha vuelto a abrir la caja de los truenos en el eterno debate sobre los límites y las consecuencias del libre comercio y el proteccionismo, sus beneficiados y perjudicados, en el marco de la globalización económica.
¿Qué es el CETA?
El Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio, o Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), más conocido por sus siglas en inglés CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), es una propuesta de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, cuyo objetivo es facilitar los intercambios comerciales entre ambas partes.
El CETA es el mayor acuerdo económico bilateral que ha negociado hasta ahora la UE, y representa uno de los tratados comerciales denominados «de nueva generación», junto al Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP), en el que trabajan la UE y Estados Unidos.
La UE y Canadá basan actualmente sus relaciones en un acuerdo de cooperación comercial del año 1976, en el Plan Conjunto de Acción de 1996 y en la Iniciativa para el Comercio de 1998, además de en una serie de pactos sectoriales.
¿Dónde tiene su origen?
El origen del CETA se remonta a un estudio solicitado en 2007 durante una cumbre entre la UE y Canadá para evaluar los beneficios potenciales de estrechar la cooperación económica entre ambas partes.
El informe, titulado La evaluación de los costos y beneficios de una asociación económica más estrecha entre la UE y Canadá, y revelado en octubre de 2008, apoyaba la creación de una zona trasatlántica de libre comercio. Según este trabajo, ambas zonas se verían beneficiadas por la liberalización de servicios, la eliminación de tarifas y la reducción de las barreras no arancelarias (es decir, regulaciones tanto económicas como políticas).
¿Cuándo empezó a negociarse?
Las negociaciones comenzaron en Praga el 6 de mayo de 2009, en el marco de una cumbre entre la UE y Canadá organizada para fomentar el comercio y la inversión entre estas dos áreas geográficas. El entonces primer ministro canadiense (el conservador Stephen Harper) y el entonces presidente de la Comisión Europea (José Manuel Durao Barroso) negociaron un principio de acuerdo entre octubre de 2013 y agosto de 2014, que fue presentado oficialmente el 25 de septiembre de ese año.
El proceso negociador ha sido conducido, por parte de la UE, por los sucesivos comisarios europeos de Comercio (Karel de Gutch y Cecilia Malmstrom), y, por parte de Canadá, por Steve Verheul hasta el pasado mes de agosto, cuando fue sustituido por Pierre Pettigrew.
Aunque la Comisión Europea era partidaria de que el tratado pasara únicamente por el Consejo y el Parlamento europeos para su aprobación, finalmente necesitará la ratificación de los parlamentos nacionales de los Veintiocho.
¿Qué estipula?
Según explica la propia Comisión Europea, el CETA «eliminará los derechos de aduanas y las restricciones del acceso a los contratos públicos, abrirá el mercado de servicios, ofrecerá condiciones previsibles a los inversores y contribuirá a evitar la reproducción ilegal de las innovaciones y los productos tradicionales de la UE».
A lo largo de sus 1.600 páginas, el acuerdo fija cientos de medidas y normas que regirán los intercambios comerciales entre Canadá y la UE, desde el acceso a los mercados en los diferentes sectores hasta las tarifas aduaneras, pasando por la participación de empresas extranjeras en los concursos públicos, el reconocimiento de los títulos profesionales a ambos lados del Atlántico, los estándares de protección alimenticia, sanitaria y medioambiental, el desarrollo sostenible, o la protección de los inversores, este último, uno de sus puntos más polémicos.
¿Qué defienden sus impulsores?
Según la Comisión Europea, el acuerdo eliminará casi todos los derechos de importación, lo que supondrá para los exportadores europeos «un ahorro de cerca de 500 millones de euros al año». Además, permitirá a las empresas de la UE presentarse a licitaciones en Canadá, y acceder a los mercados de servicios y de inversión de este país; facilitará los desplazamientos temporales de ejecutivos de empresas y proveedores de servicios entre la UE y Canadá; permitirá a los arquitectos, ingenieros y contables europeos prestar servicios en Canadá; contribuirá a «acabar con las reproducciones ilegales de las innovaciones, obras de arte, marcas comerciales y alimentos tradicionales europeos en Canadá», e incrementará la cooperación entre los organismos de normalización canadienses y europeos.
La Comisión, que ha calificado el tratado como «el más progresista» de los firmados hasta ahora por la UE, prevé que el comercio de bienes y servicios entre Canadá y la UE se incrementará en casi un 25% y que el PIB de la UE aumentará unos 12.000 millones de euros al año. Sostiene además que el CETA creará empleo y asegura que «respetará plenamente las normas europeas en ámbitos como la seguridad alimentaria y los derechos del trabajador». El acuerdo también incluye, añade, «todas las garantías necesarias para que el beneficio económico no vaya en detrimento de la democracia, el medio ambiente o la salud y seguridad de los consumidores».
Con respecto a la agricultura, la Comisión indica que «la apertura de los mercados permite mantener precios bajos y aumentar la oferta a los consumidores», y que «la UE, gran productora de alimentos de calidad, se beneficiará de la posibilidad de vender más en un mercado de renta elevada». Afirma asimismo que el acuerdo ofrecerá «una protección especial a la gran variedad de productos de la UE vinculados a un lugar concreto, como el jamón de la Selva Negra, el jamón de Parma o el queso de Roquefort». Según la Comisión, las pequeñas empresas tendrán más fácil vender sus productos en el mercado canadiense por el reconocimiento mutuo de ciertos niveles de calidad y hasta 147 denominaciones de origen.
Por último, y de acuerdo con la Comisión, «los productos canadienses solo podrán importarse y venderse en la UE si cumplen plenamente la normativa», «el acuerdo no afecta a las restricciones que aplica la UE a los OMG [organismos modificados genéticamente, o transgénicos] o la carne de vacuno con hormonas de crecimiento, y tampoco restringe, ni en la UE ni en Canadá, la adopción de disposiciones legislativas en ámbitos de interés público como el medio ambiente, la salud y la seguridad».
¿Qué denuncian sus detractores?
Para empezar, los detractores del CETA (desde ONG a partidos políticos y plataformas cada vez mas numerosas, como Stop TTIP, cuya petición contra ambos tratados han firmado ya más de 3.200.000 personas) ponen en duda las cifras manejadas por la UE y Canadá. Según indican los eurodiputados del grupo Progressive Caucus del Parlamento Europeo, los resultados oficiales de la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad del CETA prevén un aumento del PIB del 0,03%, «y otros estudios independientes anticipan la destrucción de más de 200.000 puestos de trabajo en toda la UE». «La Comisión Europea —agregan— dice que el CETA es sobre todo una manera de hacer que las pequeñas empresas prosperen, pero este argumento cae por su propio peso: el 99% de las pymes no exportan más allá del Atlántico. En realidad el riesgo que corren es una caída de su cuota de mercado en la UE debido a la competencia con las grandes empresas canadienses».
De acuerdo con datos del Consejo de los Canadienses, una de las mayores organizaciones de acción social de Canadá, recogidos en el diario.es, el CETA provocará una caída del 0,5% del PIB de la UE y del 1% del PIB de Canadá; conllevará la pérdida de 230.000 empleos de aquí a 2023, la mayoría en Europa, y presionará a la baja los salarios.
Pero más allá de las cifras, las principales críticas hacen referencia, junto con el secretismo en que se ha llevado a cabo el proceso, a la pérdida de derechos y garantías. El movimiento No al TTIP en España sostiene, en este sentido, que el CETA «busca una restricción deliberada de la soberanía democrática y del margen de maniobra política de gobiernos y parlamentos», y que beneficia a las multinacionales en detrimento de los trabajadores, mina los estándares de protección del consumidor y el medio ambiente, pone en riesgo los derechos laborales y favorece la privatización de los servicios públicos.
También se ha denunciado que el CETA limitará la capacidad de los gobiernos para desarrollar políticas sociales, medioambientales o de género en la adjudicación de servicios públicos, y que, en materia de seguridad alimentaria, abre la puerta a graves riesgos, ya que, afirman, las normas canadienses en lo que respecta a hormonas, colorantes o productos transgénicos son más permisivas que las europeas.
¿Cuál es el punto más polémico?
El principal problema, no obstante, se encuentra en el denominado Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que establece cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los Estados y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país.
Según la Comisión Europea, este sistema tiene como objetivo proteger a los inversores extranjeros de un trato discriminatorio o injusto por parte de las administraciones, especialmente en lo referente a licencias, permisos o promesas de funcionarios del gobierno: «El Estado de acogida puede tomar una decisión injusta o discriminatoria para los productores extranjeros. Por ejemplo, puede permitir que una empresa nacional fabrique un determinado producto y, al mismo tiempo, prohibir la fabricación del mismo producto en una planta propiedad de una empresa extranjera. […] Si se impide a los inversores acudir a los tribunales locales o si estos no pueden tramitar una denuncia de manera eficaz, los inversores no tienen a quién acudir para resolver sus problemas. En esas situaciones, el sistema de resolución de litigios de inversión eofrecerá a los inversores la posibilidad de recurso legal», indica la Comisión.
Para quienes se oponen al CETA, sin embargo, el ICS no es más que una forma de legalizar el poder de las multinacionales por encima de las decisiones de los Estados: las grandes empresas podrán reclamar millones de euros en concepto de compensaciones cuando las leyes limiten su capacidad de ganar dinero, o frenar reformas encaminadas a la protección del medio ambiente o a garantizar los estándares laborales.
«Al igual que TransCanada demandó al gobierno de Obama por poner fin al proyecto Keystone XL (un sistema de oleoductos entre EE UU y Canadá), las empresas canadienses podrían legalmente pedir a cualquier país europeo compensaciones si tomaran medidas que afecten a sus ‘expectativas legítimas’», indican los eurodiputados del Progressive Caucus.
¿En qué estado se encuentra ahora?
El CETA está en su recta final. Tras las modificaciones sobre el principio de acuerdo incicial aceptadas por Canadá, tan solo resta la firma de Bélgica, una de cuyas regiones, la francófona Valonia, ha votado en contra, impidiendo así que el Gobierno federal belga pueda ratificar el tratado.
Entre los países más reticentes se encuentran asimismo Rumanía y Bulgaría, quienes han condicionado su visto bueno a que Canadá elimine la necesidad de visado para los rumanos y bulgaros que deseen viajar al país norteamericano. De momento, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha prometido que a partir de 1 de mayo de 2017 se eliminará el requerimiento de visado para los búlgaros que ya hayan estado en Canadá, para los que tienen visado para EE UU y para los empresarios, y ha asegurado además que «hará lo posible» para que la exención de visados pueda aplicarse a todos los búlgaros el 1 de mayo de 2018 como muy tarde.
Austria, otro de los países más escépticos, anunció finalmente este miércoles que también firmará el tratado, tras añadirse al mismo, la semana pasada, una «declaración interpretativa», y después de que el Tribunal Constitucional de Alemania emitiese un dictamen favorable.
El CETA ha sido también muy cuestionado en Eslovenia, que teme que el acuerdo abra la puerta a una liberalización del sector del agua, o en Polonia, donde se ha denunciado la mala calidad de las traducciones del documento, y que el texto en inglés no dice lo mismo que el texto en polaco.
¿Cuándo se firmaría, y cuándo entraría en vigor?
Si se logra superar el veto valón, la Comisión Europea quiere firmar el tratado en la próxima cumbre entre la UE y Canadá, que se celebrará el 27 de octubre, aprovechando la visita de Trudeau a Bruselas.
Una vez firmado el acuerdo, éste tendrá que ser ratificado por la Eurocámara y por los parlamentos nacionales, un proceso que podría alargarse años. No obstante, el CETA podría empezar a aplicarse de forma provisional a partir de principios de 2017.
¿Por qué se opone Valonia?
El CETA fue rechazado en el parlamento regional de Valonia el pasado viernes, por 46 votos frente a 14. Por un lado, los valones temen que el acuerdo suponga el hundimiento de los granjeros locales, quienes no podrían competir con importaciones canadienses más baratas, especialmente de carne de cerdo y vacuno. También denuncian, al igual que los detractores del CETA en general, que el tratado significará una reducción de los estándares medioambientales y laborales.
Pero en el rechazo valón existen, asimismo, razones relacionadas con la particular situación política belga. La crisis institucional de 2010, cuando el país permaneció 550 días sin gobierno, se resolvió con un ejecutivo federal en el que solo participa un partido francófono de los cinco existentes en el país. Como explica en ctxt.es Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo en la Universitat de València, «desde entonces la lucha entre comunidades pasó a un segundo plano a causa de la coalición federal de liberales francófonos con toda la derecha flamenca, que impuso un programa de recortes sociales muy importantes».
«En Valonia —añade Guamán— gobierna el Partido Socialista con apoyos puntuales de la izquierda y de unos socialcristianos más sociales que sus amigos flamencos. Eso ha puesto contra las cuerdas al PS, que necesita mostrar fuerza frente al gobierno federal. […] En busca de este pulso permanente, y escuchando la creciente movilización ciudadana contra el CETA, el Parlamento valón votó el pasado mayo una declaración anunciando que si no había cambios sustanciales, no darían su visto bueno».
¿Qué postura tiene España?
El Gobierno español (en funciones) aprobó la firma del CETA el pasado 14 de octubre. En el mismo Consejo de Ministros se autorizó también la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros (AAE), un texto sobre derechos humanos, seguridad internacional, libre comercio y cooperación, que se está negociado desde 2010 y del que aún no se conocen muchos detalles.
¿Cómo son actualmente las relaciones entre la UE y Canadá?
Canadá ocupa el duodécimo lugar entre los socios comerciales de la UE. La UE, por su parte, es el segundo socio comercial de Canadá, después de Estados Unidos, y representa el 10% de su comercio exterior.
El comercio de bienes entre la UE y Canadá asciende a unos 60.000 millones de euros al año, según datos de la Comisión Europea. La UE exporta a Canadá principalmente maquinaria, equipos de transporte y productos químicos. Los servicios comerciales (esencialmente transportes, viajes, seguros y servicios de comunicación) superan los 26.000 millones de euros (datos de 2012).
Las inversiones son otro elemento fundamental de las relaciones. La UE es el segundo inversor extranjero en Canadá, y Canadá el cuarto en la UE. En 2012, las inversiones europeas en Canadá alcanzaron un valor de casi 260.000 millones de euros, y las inversiones extranjeras directas canadienses en la UE superaron los 142.000 millones de euros.
Con información de agencias