La UE, a un paso de aprobar su mayor tratado de libre comercio, el controvertido CETA

Miguel Máiquez, 20/10/2016

La Unión Euro­pea y Canadá se encuen­tran a tan solo un paso de apro­bar un trata­do de libre com­er­cio que puede supon­er un cam­bio muy impor­tante en las economías, y las vidas, de mil­lones de ciu­dadanos a ambos lados del Atlán­ti­co. El cono­ci­do como CETA (Acuer­do Económi­co y Com­er­cial Glob­al, por sus siglas en inglés) es el may­or pacto económi­co bilat­er­al nego­ci­a­do por la UE has­ta la fecha, y es muy prob­a­ble que acabe sien­do, además, la ante­sala de otro acuer­do más cru­cial y polémi­co aún, el Trata­do Transatlán­ti­co para el Com­er­cio y la Inver­sión (TTIP), que, entre acusa­ciones de un gran secretismo, se sigue nego­cian­do actual­mente con los Esta­dos Unidos.

El obje­ti­vo del CETA es, en prin­ci­pio, crear un área com­er­cial de alrede­dor de 800 mil­lones de con­sum­i­dores, medi­ante la elim­i­nación de los arance­les que gra­van sus inter­cam­bios, la armo­nización de condi­ciones lab­o­rales y la ofer­ta de garan­tías a las empre­sas para que invier­tan. Sus defen­sores ase­gu­ran que creará empleo y gener­ará crec­imien­to, al facil­i­tar las inver­siones y las exporta­ciones con un país, Canadá, cuyos están­dares sociales y de cal­i­dad, sus «val­ores», son muy sim­i­lares a los europeos. Sus detrac­tores, sin embar­go, denun­cian que tan­to el CETA como el TTIP rep­re­sen­tan la peor cara de la glob­al­ización, en la que los pequeños com­er­ciantes y pro­duc­tores sal­drán per­di­en­do, y las grandes multi­na­cionales ten­drán vía libre para impon­er legal­mente sus intere­ses a los cri­te­rios de Esta­dos democráti­cos en asun­tos esen­ciales, como la pro­tec­ción medioam­bi­en­tal, la salud públi­ca o las políti­cas sociales.

El trata­do ya está cer­ra­do, pero para su aprobación defin­i­ti­va es nece­sario el voto favor­able de todos los Esta­dos miem­bros de la Unión. Debido en parte a las mod­i­fi­ca­ciones real­izadas sobre el primer prin­ci­pio de acuer­do, los país­es más críti­cos han ido cedi­en­do a lo largo de los últi­mos meses, pero el reciente rec­ha­zo de la región bel­ga de Val­o­nia ha impe­di­do, a últi­ma hora, la adhe­sión de Bélgica.

El Par­la­men­to de Val­o­nia, la región francó­fona de algo más de 3,5 mil­lones de habi­tantes que con­for­ma la mitad sur de Bél­gi­ca, votó el pasa­do viernes en con­tra de que el Gob­ier­no fed­er­al de este país dé su con­formi­dad al trata­do, y el Ejec­u­ti­vo bel­ga tiene con­sti­tu­cional­mente las manos atadas has­ta que Val­o­nia dé su vis­to bueno.

La fir­ma defin­i­ti­va del CETA está aho­ra, pues, sus­pendi­da, en espera de que pue­da alcan­zarse una solu­ción durante la cum­bre que los líderes de la UE cel­e­bran este jueves y viernes en Bruselas.

El Gob­ier­no de Canadá envió a prin­ci­p­ios de esta sem­ana un rep­re­sen­tante espe­cial a Bél­gi­ca para tratar de con­vencer a los val­ones, al tiem­po que, des­de el otro lado del Atlán­ti­co, una doce­na de académi­cos cana­di­ens­es insta­ban el miér­coles a la región bel­ga a «resi­s­tir las pre­siones» y man­ten­er su rec­ha­zo a un trata­do que «inten­ta influir en los pro­ce­sos democráti­cos y guber­na­men­tales». Miles de per­sonas se han vuel­to a man­i­fes­tar estos días en var­ios país­es europeos, inclu­i­da España, en con­tra tan­to del CETA como del TTIP.

Estas son, en pre­gun­tas y respues­tas, las prin­ci­pales claves de un acuer­do que ha vuel­to a abrir la caja de los truenos en el eter­no debate sobre los límites y las con­se­cuen­cias del libre com­er­cio y el pro­tec­cionis­mo, sus ben­e­fi­ci­a­dos y per­ju­di­ca­dos, en el mar­co de la glob­al­ización económica.

¿Qué es el CETA?

El Acuer­do Inte­gral sobre Economía y Com­er­cio, o Acuer­do Económi­co y Com­er­cial Glob­al (AECG), más cono­ci­do por sus siglas en inglés CETA (Com­pre­hen­sive Eco­nom­ic and Trade Agree­ment), es una prop­ues­ta de trata­do de libre com­er­cio entre la Unión Euro­pea y Canadá, cuyo obje­ti­vo es facil­i­tar los inter­cam­bios com­er­ciales entre ambas partes.

El CETA es el may­or acuer­do económi­co bilat­er­al que ha nego­ci­a­do has­ta aho­ra la UE, y rep­re­sen­ta uno de los trata­dos com­er­ciales denom­i­na­dos «de nue­va gen­eración», jun­to al Trata­do Transatlán­ti­co para el Com­er­cio y la Inver­sión (TTIP), en el que tra­ba­jan la UE y Esta­dos Unidos.

La UE y Canadá basan actual­mente sus rela­ciones en un acuer­do de coop­eración com­er­cial del año 1976, en el Plan Con­jun­to de Acción de 1996 y en la Ini­cia­ti­va para el Com­er­cio de 1998, además de en una serie de pactos sectoriales.

¿Dónde tiene su origen?

El ori­gen del CETA se remon­ta a un estu­dio solic­i­ta­do en 2007 durante una cum­bre entre la UE y Canadá para eval­u­ar los ben­efi­cios poten­ciales de estrechar la coop­eración económi­ca entre ambas partes.

El informe, tit­u­la­do La eval­u­ación de los cos­tos y ben­efi­cios de una aso­ciación económi­ca más estrecha entre la UE y Canadá, y rev­e­la­do en octubre de 2008, apoy­a­ba la creación de una zona trasatlán­ti­ca de libre com­er­cio. Según este tra­ba­jo, ambas zonas se verían ben­e­fi­ci­adas por la lib­er­al­ización de ser­vi­cios, la elim­i­nación de tar­i­fas y la reduc­ción de las bar­reras no arance­lar­ias (es decir, reg­u­la­ciones tan­to económi­cas como políticas).

¿Cuán­do empezó a negociarse?

Las nego­cia­ciones comen­zaron en Pra­ga el 6 de mayo de 2009, en el mar­co de una cum­bre entre la UE y Canadá orga­ni­za­da para fomen­tar el com­er­cio y la inver­sión entre estas dos áreas geográ­fi­cas. El entonces primer min­istro cana­di­ense (el con­ser­vador Stephen Harp­er) y el entonces pres­i­dente de la Comisión Euro­pea (José Manuel Durao Bar­roso) nego­cia­ron un prin­ci­pio de acuer­do entre octubre de 2013 y agos­to de 2014, que fue pre­sen­ta­do ofi­cial­mente el 25 de sep­tiem­bre de ese año.

El pro­ce­so nego­ci­ador ha sido con­duci­do, por parte de la UE, por los suce­sivos comis­ar­ios europeos de Com­er­cio (Karel de Gutch y Cecil­ia Malm­strom), y, por parte de Canadá, por Steve Ver­heul has­ta el pasa­do mes de agos­to, cuan­do fue susti­tu­i­do por Pierre Pettigrew.

Aunque la Comisión Euro­pea era par­tidaria de que el trata­do pasara úni­ca­mente por el Con­se­jo y el Par­la­men­to europeos para su aprobación, final­mente nece­si­tará la rat­i­fi­cación de los par­la­men­tos nacionales de los Veintiocho.

¿Qué estip­u­la?

Según expli­ca la propia Comisión Euro­pea, el CETA «elim­i­nará los dere­chos de adu­a­nas y las restric­ciones del acce­so a los con­tratos públi­cos, abrirá el mer­ca­do de ser­vi­cios, ofre­cerá condi­ciones pre­vis­i­bles a los inver­sores y con­tribuirá a evi­tar la repro­duc­ción ile­gal de las inno­va­ciones y los pro­duc­tos tradi­cionales de la UE».

A lo largo de sus 1.600 pági­nas, el acuer­do fija cien­tos de medi­das y nor­mas que regirán los inter­cam­bios com­er­ciales entre Canadá y la UE, des­de el acce­so a los mer­ca­dos en los difer­entes sec­tores has­ta las tar­i­fas adu­an­eras, pasan­do por la par­tic­i­pación de empre­sas extran­jeras en los con­cur­sos públi­cos, el reconocimien­to de los títu­los pro­fe­sion­ales a ambos lados del Atlán­ti­co, los están­dares de pro­tec­ción ali­men­ti­cia, san­i­taria y medioam­bi­en­tal, el desar­rol­lo sostenible, o la pro­tec­ción de los inver­sores, este últi­mo, uno de sus pun­tos más polémicos.

¿Qué defien­den sus impulsores?

Según la Comisión Euro­pea, el acuer­do elim­i­nará casi todos los dere­chos de importación, lo que supon­drá para los expor­ta­dores europeos «un ahor­ro de cer­ca de 500 mil­lones de euros al año». Además, per­mi­tirá a las empre­sas de la UE pre­sen­tarse a lic­ita­ciones en Canadá, y acced­er a los mer­ca­dos de ser­vi­cios y de inver­sión de este país; facil­i­tará los desplaza­mien­tos tem­po­rales de ejec­u­tivos de empre­sas y provee­dores de ser­vi­cios entre la UE y Canadá; per­mi­tirá a los arqui­tec­tos, inge­nieros y con­ta­bles europeos prestar ser­vi­cios en Canadá; con­tribuirá a «acabar con las repro­duc­ciones ile­gales de las inno­va­ciones, obras de arte, mar­cas com­er­ciales y ali­men­tos tradi­cionales europeos en Canadá», e incre­men­tará la coop­eración entre los organ­is­mos de nor­mal­ización cana­di­ens­es y europeos.

La Comisión, que ha cal­i­fi­ca­do el trata­do como «el más pro­gre­sista» de los fir­ma­dos has­ta aho­ra por la UE, pre­vé que el com­er­cio de bienes y ser­vi­cios entre Canadá y la UE se incre­men­tará en casi un 25% y que el PIB de la UE aumen­tará unos 12.000 mil­lones de euros al año. Sostiene además que el CETA creará empleo y ase­gu­ra que «respetará ple­na­mente las nor­mas euro­peas en ámbitos como la seguri­dad ali­men­ta­ria y los dere­chos del tra­ba­jador». El acuer­do tam­bién incluye, añade, «todas las garan­tías nece­sarias para que el ben­efi­cio económi­co no vaya en detri­men­to de la democ­ra­cia, el medio ambi­ente o la salud y seguri­dad de los consumidores».

Con respec­to a la agri­cul­tura, la Comisión indi­ca que «la aper­tu­ra de los mer­ca­dos per­mite man­ten­er pre­cios bajos y aumen­tar la ofer­ta a los con­sum­i­dores», y que «la UE, gran pro­duc­to­ra de ali­men­tos de cal­i­dad, se ben­e­fi­cia­rá de la posi­bil­i­dad de vender más en un mer­ca­do de renta ele­va­da». Afir­ma asimis­mo que el acuer­do ofre­cerá «una pro­tec­ción espe­cial a la gran var­iedad de pro­duc­tos de la UE vin­cu­la­dos a un lugar con­cre­to, como el jamón de la Sel­va Negra, el jamón de Par­ma o el que­so de Roque­fort». Según la Comisión, las pequeñas empre­sas ten­drán más fácil vender sus pro­duc­tos en el mer­ca­do cana­di­ense por el reconocimien­to mutuo de cier­tos nive­les de cal­i­dad y has­ta 147 denom­i­na­ciones de origen.

Por últi­mo, y de acuer­do con la Comisión, «los pro­duc­tos cana­di­ens­es solo podrán impor­tarse y vender­se en la UE si cumplen ple­na­mente la nor­ma­ti­va», «el acuer­do no afec­ta a las restric­ciones que apli­ca la UE a los OMG [organ­is­mos mod­i­fi­ca­dos genéti­ca­mente, o trans­géni­cos] o la carne de vac­uno con hor­monas de crec­imien­to, y tam­poco restringe, ni en la UE ni en Canadá, la adop­ción de dis­posi­ciones leg­isla­ti­vas en ámbitos de interés públi­co como el medio ambi­ente, la salud y la seguridad».

¿Qué denun­cian sus detractores?

Para empezar, los detrac­tores del CETA (des­de ONG a par­tidos políti­cos y platafor­mas cada vez mas numerosas, como Stop TTIP, cuya peti­ción con­tra ambos trata­dos han fir­ma­do ya más de 3.200.000 per­sonas) ponen en duda las cifras mane­jadas por la UE y Canadá. Según indi­can los eurodiputa­dos del grupo Pro­gres­sive Cau­cus del Par­la­men­to Europeo, los resul­ta­dos ofi­ciales de la eval­u­ación del impacto sobre la sosteni­bil­i­dad del CETA pre­vén un aumen­to del PIB del 0,03%, «y otros estu­dios inde­pen­di­entes antic­i­pan la destruc­ción de más de 200.000 puestos de tra­ba­jo en toda la UE». «La Comisión Euro­pea —agre­gan— dice que el CETA es sobre todo una man­era de hac­er que las pequeñas empre­sas pros­peren, pero este argu­men­to cae por su pro­pio peso: el 99% de las pymes no expor­tan más allá del Atlán­ti­co. En real­i­dad el ries­go que cor­ren es una caí­da de su cuo­ta de mer­ca­do en la UE debido a la com­pe­ten­cia con las grandes empre­sas canadienses».

De acuer­do con datos del Con­se­jo de los Cana­di­ens­es, una de las may­ores orga­ni­za­ciones de acción social de Canadá, recogi­dos en el diario.es, el CETA provo­cará una caí­da del 0,5% del PIB de la UE y del 1% del PIB de Canadá; con­ll­e­vará la pér­di­da de 230.000 empleos de aquí a 2023, la may­oría en Europa, y pre­sion­ará a la baja los salarios.

Pero más allá de las cifras, las prin­ci­pales críti­cas hacen ref­er­en­cia, jun­to con el secretismo en que se ha lle­va­do a cabo el pro­ce­so, a la pér­di­da de dere­chos y garan­tías. El movimien­to No al TTIP en España sostiene, en este sen­ti­do, que el CETA «bus­ca una restric­ción delib­er­a­da de la sober­anía democráti­ca y del mar­gen de man­io­bra políti­ca de gob­ier­nos y par­la­men­tos», y que ben­e­fi­cia a las multi­na­cionales en detri­men­to de los tra­ba­jadores, mina los están­dares de pro­tec­ción del con­sum­i­dor y el medio ambi­ente, pone en ries­go los dere­chos lab­o­rales y favorece la pri­va­ti­zación de los ser­vi­cios públicos.

Tam­bién se ha denun­ci­a­do que el CETA lim­i­tará la capaci­dad de los gob­ier­nos para desar­rol­lar políti­cas sociales, medioam­bi­en­tales o de género en la adju­di­cación de ser­vi­cios públi­cos, y que, en mate­ria de seguri­dad ali­men­ta­ria, abre la puer­ta a graves ries­gos, ya que, afir­man, las nor­mas cana­di­ens­es en lo que respec­ta a hor­monas, col­orantes o pro­duc­tos trans­géni­cos son más per­mi­si­vas que las europeas.

¿Cuál es el pun­to más polémico?

El prin­ci­pal prob­le­ma, no obstante, se encuen­tra en el denom­i­na­do Sis­tema de Tri­bunal de Inver­siones (ICS, por sus siglas en inglés), un mecan­is­mo que establece cortes de arbi­tra­je espe­ciales para que los inver­sores extran­jeros puedan deman­dar a los Esta­dos y dirim­ir los con­flic­tos sin pasar por los tri­bunales ordi­nar­ios de cada país.

Según la Comisión Euro­pea, este sis­tema tiene como obje­ti­vo pro­te­ger a los inver­sores extran­jeros de un tra­to dis­crim­i­na­to­rio o injus­to por parte de las admin­is­tra­ciones, espe­cial­mente en lo ref­er­ente a licen­cias, per­misos o prome­sas de fun­cionar­ios del gob­ier­no: «El Esta­do de acogi­da puede tomar una decisión injus­ta o dis­crim­i­na­to­ria para los pro­duc­tores extran­jeros. Por ejem­p­lo, puede per­mi­tir que una empre­sa nacional fab­rique un deter­mi­na­do pro­duc­to y, al mis­mo tiem­po, pro­hibir la fab­ri­cación del mis­mo pro­duc­to en una plan­ta propiedad de una empre­sa extran­jera. […] Si se impi­de a los inver­sores acud­ir a los tri­bunales locales o si estos no pueden trami­tar una denun­cia de man­era efi­caz, los inver­sores no tienen a quién acud­ir para resolver sus prob­le­mas. En esas situa­ciones, el sis­tema de res­olu­ción de liti­gios de inver­sión eofre­cerá a los inver­sores la posi­bil­i­dad de recur­so legal», indi­ca la Comisión.

Para quienes se opo­nen al CETA, sin embar­go, el ICS no es más que una for­ma de legalizar el poder de las multi­na­cionales por enci­ma de las deci­siones de los Esta­dos: las grandes empre­sas podrán recla­mar mil­lones de euros en con­cep­to de com­pen­sa­ciones cuan­do las leyes lim­iten su capaci­dad de ganar dinero, o fre­nar refor­mas encam­i­nadas a la pro­tec­ción del medio ambi­ente o a garan­ti­zar los están­dares laborales.

«Al igual que Tran­sCana­da demandó al gob­ier­no de Oba­ma por pon­er fin al proyec­to Key­stone XL (un sis­tema de oleo­duc­tos entre EE UU y Canadá), las empre­sas cana­di­ens­es podrían legal­mente pedir a cualquier país europeo com­pen­sa­ciones si tomaran medi­das que afecten a sus ‘expec­ta­ti­vas legí­ti­mas’», indi­can los eurodiputa­dos del Pro­gres­sive Caucus.

¿En qué esta­do se encuen­tra ahora?

El CETA está en su rec­ta final. Tras las mod­i­fi­ca­ciones sobre el prin­ci­pio de acuer­do inci­cial acep­tadas por Canadá, tan solo res­ta la fir­ma de Bél­gi­ca, una de cuyas regiones, la francó­fona Val­o­nia, ha vota­do en con­tra, impi­di­en­do así que el Gob­ier­no fed­er­al bel­ga pue­da rat­i­ficar el tratado.

Entre los país­es más ret­i­centes se encuen­tran asimis­mo Rumanía y Bul­gar­ía, quienes han condi­ciona­do su vis­to bueno a que Canadá elim­ine la necesi­dad de visa­do para los rumanos y bul­gar­os que deseen via­jar al país norteam­er­i­cano. De momen­to, el primer min­istro cana­di­ense, Justin Trudeau, ha prometi­do que a par­tir de 1 de mayo de 2017 se elim­i­nará el requer­im­ien­to de visa­do para los búl­gar­os que ya hayan esta­do en Canadá, para los que tienen visa­do para EE UU y para los empre­sar­ios, y ha ase­gu­ra­do además que «hará lo posi­ble» para que la exen­ción de visa­dos pue­da apli­carse a todos los búl­gar­os el 1 de mayo de 2018 como muy tarde.

Aus­tria, otro de los país­es más escép­ti­cos, anun­ció final­mente este miér­coles que tam­bién fir­mará el trata­do, tras añadirse al mis­mo, la sem­ana pasa­da, una «declaración inter­pre­ta­ti­va», y después de que el Tri­bunal Con­sti­tu­cional de Ale­ma­nia emi­tiese un dic­ta­men favorable.

El CETA ha sido tam­bién muy cues­tion­a­do en Eslove­nia, que teme que el acuer­do abra la puer­ta a una lib­er­al­ización del sec­tor del agua, o en Polo­nia, donde se ha denun­ci­a­do la mala cal­i­dad de las tra­duc­ciones del doc­u­men­to, y que el tex­to en inglés no dice lo mis­mo que el tex­to en polaco.

¿Cuán­do se fir­maría, y cuán­do entraría en vigor?

Si se logra super­ar el veto valón, la Comisión Euro­pea quiere fir­mar el trata­do en la próx­i­ma cum­bre entre la UE y Canadá, que se cel­e­brará el 27 de octubre, aprovechan­do la visi­ta de Trudeau a Bruselas.

Una vez fir­ma­do el acuer­do, éste ten­drá que ser rat­i­fi­ca­do por la Eurocá­mara y por los par­la­men­tos nacionales, un pro­ce­so que podría alargarse años. No obstante, el CETA podría empezar a apli­carse de for­ma pro­vi­sion­al a par­tir de prin­ci­p­ios de 2017.

¿Por qué se opone Valonia?

El CETA fue rec­haz­a­do en el par­la­men­to region­al de Val­o­nia el pasa­do viernes, por 46 votos frente a 14. Por un lado, los val­ones temen que el acuer­do supon­ga el hundimien­to de los granjeros locales, quienes no podrían com­pe­tir con importa­ciones cana­di­ens­es más baratas, espe­cial­mente de carne de cer­do y vac­uno. Tam­bién denun­cian, al igual que los detrac­tores del CETA en gen­er­al, que el trata­do sig­nifi­cará una reduc­ción de los están­dares medioam­bi­en­tales y laborales.

Pero en el rec­ha­zo valón exis­ten, asimis­mo, razones rela­cionadas con la par­tic­u­lar situación políti­ca bel­ga. La cri­sis insti­tu­cional de 2010, cuan­do el país per­maneció 550 días sin gob­ier­no, se resolvió con un ejec­u­ti­vo fed­er­al en el que solo par­tic­i­pa un par­tido francó­fono de los cin­co exis­tentes en el país. Como expli­ca en ctxt.es Ado­ración Guamán, pro­fe­so­ra de Dere­cho del Tra­ba­jo en la Uni­ver­si­tat de Valèn­cia, «des­de entonces la lucha entre comu­nidades pasó a un segun­do plano a causa de la coali­ción fed­er­al de lib­erales francó­fonos con toda la derecha fla­men­ca, que impu­so un pro­gra­ma de recortes sociales muy importantes».

«En Val­o­nia —añade Guamán— gob­ier­na el Par­tido Social­ista con apoyos pun­tuales de la izquier­da y de unos social­cris­tianos más sociales que sus ami­gos fla­men­cos. Eso ha puesto con­tra las cuer­das al PS, que nece­si­ta mostrar fuerza frente al gob­ier­no fed­er­al. […] En bus­ca de este pul­so per­ma­nente, y escuchan­do la cre­ciente mov­i­lización ciu­dadana con­tra el CETA, el Par­la­men­to valón votó el pasa­do mayo una declaración anun­cian­do que si no había cam­bios sus­tan­ciales, no darían su vis­to bueno».

¿Qué pos­tu­ra tiene España?

El Gob­ier­no español (en fun­ciones) aprobó la fir­ma del CETA el pasa­do 14 de octubre. En el mis­mo Con­se­jo de Min­istros se autor­izó tam­bién la fir­ma del Acuer­do de Aso­ciación Estratég­i­ca entre Canadá y la Unión Euro­pea y sus Esta­dos miem­bros (AAE), un tex­to sobre dere­chos humanos, seguri­dad inter­na­cional, libre com­er­cio y coop­eración, que se está nego­ci­a­do des­de 2010 y del que aún no se cono­cen muchos detalles.

¿Cómo son actual­mente las rela­ciones entre la UE y Canadá?

Canadá ocu­pa el duodéci­mo lugar entre los socios com­er­ciales de la UE. La UE, por su parte, es el segun­do socio com­er­cial de Canadá, después de Esta­dos Unidos, y rep­re­sen­ta el 10% de su com­er­cio exterior.

El com­er­cio de bienes entre la UE y Canadá asciende a unos 60.000 mil­lones de euros al año, según datos de la Comisión Euro­pea. La UE expor­ta a Canadá prin­ci­pal­mente maquinar­ia, equipos de trans­porte y pro­duc­tos quími­cos. Los ser­vi­cios com­er­ciales (esen­cial­mente trans­portes, via­jes, seguros y ser­vi­cios de comu­ni­cación) super­an los 26.000 mil­lones de euros (datos de 2012).

Las inver­siones son otro ele­men­to fun­da­men­tal de las rela­ciones. La UE es el segun­do inver­sor extran­jero en Canadá, y Canadá el cuar­to en la UE. En 2012, las inver­siones euro­peas en Canadá alcan­zaron un val­or de casi 260.000 mil­lones de euros, y las inver­siones extran­jeras direc­tas cana­di­ens­es en la UE super­aron los 142.000 mil­lones de euros.


Con infor­ma­ción de agencias

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