Actu­al­iza­do el 1/6/2016

Des­de que el Reino Unido entró a for­mar parte de la lla­ma­da entonces Comu­nidad Económi­ca Euro­pea (en 1973, quince años después del nacimien­to del mer­ca­do común), la relación entre Lon­dres y sus socios con­ti­nen­tales ha sido un con­stante tira y aflo­ja para tratar de con­tener la ten­den­cia cen­trífu­ga de los británi­cos, y su resisten­cia a avan­zar hacia una may­or inte­gración, tan­to mon­e­taria como política.

Bruse­las es muy con­sciente de que una Europa sin el peso económi­co y geopolíti­co del Reino Unido sería mucho menos Europa, y en los órganos de decisión comu­ni­tar­ios las con­ce­siones a la sin­gu­lar­i­dad británi­ca sue­len inter­pre­tarse como un mal menor. Al otro lado del Canal de la Man­cha, entre tan­to, la cuer­da se ten­sa siem­pre sin lle­gar a romperse, a menudo en clave de políti­ca inter­na, y recono­cien­do al final que los tiem­pos del poderío británi­co hace mucho que pasaron, y que un Reino Unido fuera de Europa perdería, a su vez, una gran parte de ese peso económi­co y estratégico.

En 1995 el Reino Unido fue, jun­to con Irlan­da, el úni­co país que no suscribió el Acuer­do de Schen­gen, que supu­so el ini­cio de la supre­sión de las fron­teras inter­nas ter­restres y aero­por­tu­ar­ias entre los miem­bros de la UE. En 1998 Lon­dres decidió no adherirse a la Unión Económi­ca y Mon­e­taria, que lle­varía a la adop­ción del euro como mon­e­da úni­ca euro­pea, y en 2011 Gran Bre­taña fue el úni­co país que rec­hazó el pacto europeo pre­supues­tario para reforzar la Euro­zona e inten­tar salir de la cri­sis, a pesar de que todos los demás socios europeos expre­saron su dis­posi­ción a sumarse.

El últi­mo capí­tu­lo de la his­to­ria de esta especie de mat­ri­mo­nio sin amor empezó a escribirse el pasa­do mes de sep­tiem­bre, cuan­do el jefe del Ejec­u­ti­vo británi­co, el con­ser­vador David Cameron, se con­vir­tió, tras obten­er la aprobación del Par­la­men­to, en el primer man­datario de este país en com­pro­m­e­terse a cel­e­brar un refer­én­dum sobre la per­ma­nen­cia del Reino Unido en la Unión (la ante­ri­or y úni­ca con­sul­ta has­ta aho­ra fue en 1975, cuan­do los británi­cos apro­baron el ingre­so en la CEE).

El refer­én­dum, que se lle­vará a cabo final­mente el próx­i­mo 23 de junio, viene deter­mi­na­do por la pre­sión de la cre­ciente ala euroescép­ti­ca del pro­pio Par­tido Con­ser­vador, y ha lle­va­do a Cameron a nego­ciar con Bruse­las una serie de con­ce­siones para inten­tar neu­tralizar el voto del ‘no’ y, de paso, sal­va­guardar su futuro político.

La primera respues­ta a las exi­gen­cias de Lon­dres llegó a prin­ci­p­ios de febrero con una serie de prop­ues­tas real­izadas por el pres­i­dente del Con­se­jo Europeo, el pola­co Don­ald Tusk, que, si bien reba­ja­ban algo las peti­ciones británi­cas, suponían, en la prác­ti­ca, un retro­ce­so en el camino hacia una Europa cada vez más homogénea.

Entre las medi­das más polémi­cas, rat­i­fi­cadas final­mente el 19 de febrero tras un acuer­do de los jefes de Esta­do y de Gob­ier­no de la UE, se encuen­tra el lla­ma­do «freno de emer­gen­cia» a los ben­efi­cios sociales de los tra­ba­jadores comu­ni­tar­ios en el Reino Unido, una ini­cia­ti­va des­ti­na­da a con­tener la inmi­gración, y gra­cias a la cual el Gob­ier­no británi­co podrá dene­gar durante cua­tro años las presta­ciones a las que tienen dere­cho actual­mente los ciu­dadanos comu­ni­tar­ios que tra­ba­jan en el Reino Unido. Al difer­en­ciar entre británi­cos y no británi­cos, esta fór­mu­la ha sido crit­i­ca­da por con­trade­cir el prin­ci­pio de libre cir­cu­lación de tra­ba­jadores en la UE.

La prop­ues­ta de Tusk, que abrió ofi­cial­mente las nego­cia­ciones con el Reino Unido, y el acuer­do pos­te­ri­or con los líderes europeos, fueron pre­sen­ta­dos por Cameron como una vic­to­ria, o, al menos, como el mejor tra­to posible.

Estas son las claves del «esta­tus espe­cial» ofre­ci­do a los británi­cos, en el mar­co del refer­én­dum sobre la per­ma­nen­cia del Reino Unido en la UE:

¿Qué pidió Londres a la UE?

En la car­ta que el pasa­do mes de noviem­bre envió David Cameron al pres­i­dente del Con­se­jo Europeo, con el obje­ti­vo de redefinir la relación del Reino Unido con la Unión, el primer min­istro británi­co plante­a­ba una serie de deman­das divi­di­das en cua­tro apartados:

• Sober­anía (inte­gración políti­ca). Cameron reclamó que la UE reconoz­ca el dere­cho del Reino Unido a no pro­fun­dizar en uno de los prin­ci­p­ios fun­da­cionales de la Unión Euro­pea: avan­zar hacia una unión políti­ca cada vez may­or. El man­datario británi­co pidió asimis­mo que se otorgue más poder a los par­la­men­tos nacionales de cara a poder blo­quear leyes euro­peas. Lon­dres abo­ga por un sis­tema que per­mi­ta a los Esta­dos miem­bros adap­tar, o inclu­so vetar, las direc­ti­vas con las que no estén de acuerdo.
• Com­pet­i­tivi­dad. El Gob­ier­no británi­co quiere un mer­ca­do úni­co más libre y menos reg­u­la­do por lo que los euroescép­ti­cos denom­i­nan la «exce­si­va buro­c­ra­cia de Bruse­las». «La UE nece­si­ta cam­biar. para ser más com­pet­i­ti­va y poder hac­er frente al crec­imien­to de economías como Chi­na e India», indicó Cameron.
• Ben­efi­cios sociales (ciu­dadanos comu­ni­tar­ios inmi­grantes). Lon­dres solic­ita­ba poder restringir los ben­efi­cios de los tra­ba­jadores comu­ni­tar­ios extran­jeros durante sus primeros cua­tro años en el país. La medi­da (la más polémi­ca, ya que con­tradice el prin­ci­pio de no dis­crim­i­nación de los ciu­dadanos europeos, se encuen­tren en el país europeo en que se encuen­tren), afec­ta a los lla­ma­dos tax cred­its, una pequeña ayu­da económi­ca del sis­tema británi­co des­ti­na­da a com­ple­men­tar los salarios más bajos y que, en pal­abras del primer min­istro, pro­ducen un «efec­to lla­ma­da».  Según Lon­dres, restringir estos ben­efi­cios con­tribuiría a «con­tener la pre­sión migratoria».
• Gob­er­nan­za económi­ca (Euro­zona). Cameron pidió el reconocimien­to explíc­i­to de que en la UE exis­ten varias mon­edas, y de que el euro no es la úni­ca divisa de la Unión, con el fin de que los país­es que, como el Reino Unido, no pertenecen a la Euro­zona, no se vean per­ju­di­ca­dos. En con­cre­to, el primer min­istro recla­ma el com­pro­miso de que los futur­os pasos hacia una may­or unión financiera no sean impuestos a los país­es que están fuer­ra del euro, y pide que el Reino Unido esté exen­to de la obligación de con­tribuir a posi­bles rescates en el seno de la UE. Actual­mente, tan solo el Reino Unido y Dina­mar­ca dis­fru­tan de una cláusu­la que les per­mite no for­mar parte de la zona euro. El resto está oblig­a­do a adop­tar la mon­e­da úni­ca en cuan­to cum­plan los req­ui­si­tos los cri­te­rios (Polo­nia, Hun­gría, Repúbli­ca Checa, Rumanía, Bul­gar­ia y Croa­cia aún no lo han hecho).

¿Qué respuesta obtuvo?

Tras la prop­ues­ta pre­sen­ta­da por Don­ald Tusk en respues­ta a las deman­das del Reino Unido, los jefes de Esta­do y de Gob­ier­no de la UE lograron final­mente el pasa­do 19 de febrero un acuer­do que rede­fine el esta­tus de Reino Unido den­tro del club comu­ni­tario, con la condi­ción de que David Cameron haga cam­paña a favor de la per­ma­nen­cia en la UE en el refer­én­dum. El con­sen­so se logró tras dos difí­ciles jor­nadas de con­tac­tos bilat­erales al más alto niv­el y de tra­ba­jo téc­ni­co y jurídi­co para cer­rar un tex­to que, en cualquier caso, no entrará en vig­or has­ta que el Reino Unido con­firme su vol­un­tad de seguir sien­do parte de la UE, una vez cel­e­bra­do el refer­én­dum. Estos son sus pun­tos fundamentales:

• Sober­anía: La UE reconoce que el Reino Unido «no esta com­pro­meti­do con una may­or inte­gración políti­ca den­tro de la Unión», y sub­raya que el prin­ci­pio de la sub­sidiariedad –que Bruse­las inter­ven­ga cuan­do sea nece­sario y deje espa­cio en lo posi­ble a los Esta­dos miem­bros para actu­ar– se debe aplicar «lo más cer­ca posi­ble del ciu­dadano», tenien­do en cuen­ta si la actuación a niv­el de la UE pro­duce o no «claros ben­efi­cios» en com­para­ción con lo que podría hac­erse a niv­el nacional. Además, los par­la­men­tos nacionales (en este caso, el británi­co) tan­drían más poderes, al recal­car que sus opin­iones razon­adas deben ser tenidas en cuen­ta por las insti­tu­ciones comu­ni­tarias. Por ello, los par­la­men­tos podrían hac­er uso de la lla­ma­da «tar­je­ta roja» en con­tra de una prop­ues­ta leg­isla­ti­va, si el rec­ha­zo rep­re­sen­ta más del 55 % de los votos asig­na­dos a los par­la­men­tos nacionales. Los rep­re­sen­tantes de los país­es miem­bros en el Con­se­jo aban­donarían entonces la prop­ues­ta sal­vo que sea enmen­da­da para «aco­modar» las pre­ocu­pa­ciones expresadas.
• Com­pet­i­tivi­dad. El acuer­do establece el com­pro­miso de los socios del Reino Unido a «hac­er todos los esfuer­zos» para «for­t­ale­cer el mer­ca­do inte­ri­or y a adap­tar­lo al entorno cam­biante». Al mis­mo tiem­po, las insti­tu­ciones comu­ni­tarias y los Esta­dos miem­bros darán pasos con­cre­tos hacia una mejor reg­u­lación, lo que impli­ca reba­jar la car­ga admin­is­tra­ti­va y los costes de cumplim­ien­to para las empre­sas, espe­cial­mente las pymes, así como derog­ar «leg­is­la­ciones innece­sarias». Se eval­u­ará reg­u­lar­mente el pro­gre­so hecho a la hora de sim­pli­ficar la leg­is­lación y reducir la car­ga para las empre­sas, de man­era que se elim­ine la buro­c­ra­cia y las duplicidades.
• Ben­efi­cios sociales y libre movimien­to. El acuer­do pro­pone cam­bios en la leg­is­lación comu­ni­taria en lo rel­a­ti­vo a la «exportación» de ben­efi­cios por hijos que viv­en fuera del Reino Unido y la aclaración de un mecan­is­mo de sal­va­guar­da para respon­der a situa­ciones excep­cionales de lle­ga­da de tra­ba­jadores de otros Esta­dos miem­bros (lo que Lon­dres denom­i­na «pre­sión migra­to­ria»). En cuan­to al primer aspec­to, las per­sonas que tra­ba­jen en el Reino Unido pero cuyo hijo viva en otro país miem­bro podrían recibir una can­ti­dad index­a­da al coste que supone cri­ar­lo en el lugar de su res­i­den­cia. Es decir, los pagos a los hijos no res­i­dentes en Gran Bre­taña de tra­ba­jadores inmi­grantes serán recal­cu­la­dos para refle­jar el coste de vida en sus país­es de ori­gen. Por su parte, el mecan­is­mo de «aler­ta y sal­va­guar­da», el lla­ma­do «freno de emer­gen­cia», podrá ser acti­va­do en situa­ciones de una «mag­ni­tud excep­cional», y solo si el sis­tema de seguri­dad social se ve afec­ta­do en aspec­tos esen­ciales, al igual que el fun­cionamien­to ade­cua­do de los ser­vi­cios públi­cos. En ese caso, el Con­se­jo podrá autor­izar al país miem­bro afec­ta­do (el Reino Unido, en este caso) «restringir el acce­so a los ben­efi­cios sociales has­ta el pun­to que sea nece­sario». Así, el sis­tema per­mi­tiría lim­i­tar el acce­so a tra­ba­jadores comu­ni­tar­ios que entran nuevos en el mer­ca­do lab­o­ral a los ben­efi­cios por un peri­o­do de has­ta cua­tro años des­de el ini­cio de su empleo, pero la lim­itación tiene que ser grad­u­a­da, es decir, des­de una exclusión total has­ta un acce­so grad­ual may­or a tales ben­efi­cios, y debe dejar de apli­carse sin excep­ción al cabo de un pla­zo de siete años.
• Gob­er­nan­za económi­ca. Se estable­cen prin­ci­p­ios para garan­ti­zar «el respeto mutuo» entre los Esta­dos miem­bros que quieren avan­zar en la pro­fun­dización de la Unión Económi­ca y Mon­e­taria y los que no, como el Reino Unido. La inten­ción es per­mi­tir una may­or inte­gración den­tro de la Euro­zona, a la vez que sal­va­guardar los dere­chos y las com­pe­ten­cias de los país­es miem­bros de fuera del euro. Para ello se pro­pone un «mecan­is­mo» que dé las garan­tías nece­sarias a los país­es que no pertenecen al área de la mon­e­da úni­ca, pero que no puede servir para vetar o retrasar deci­siones urgentes, ni medi­das que puedan pon­er en «ries­go la con­se­cu­ción de los obje­tivos» de la Euro­zona. El mecan­is­mo con­siste en que al menos uno o var­ios Esta­dos (aún por definir) que no par­tic­i­pan en este proyec­to, y suje­to a votación de todos los miem­bros del Con­se­jo, puedan indicar su oposi­ción a una medi­da leg­isla­ti­va. Además, las medi­das de emer­gen­cia y de cri­sis para sal­va­guardar la esta­bil­i­dad financiera de la Euro­zona no supon­drán ningu­na «respon­s­abil­i­dad pre­supues­taria» para los país­es que no tienen el euro o no par­tic­i­pan en la Unión Ban­car­ia, y, siem­pre que el pre­supuesto de la UE apoye los costes, se garan­ti­zará el «pleno reem­bol­so». En defin­i­ti­va, Gran Bre­taña podrá man­ten­er la libra sin temor a ser dis­crim­i­na­da por sus socios de la UE; cualquier aportación británi­ca a los rescates de la Euro­zona será ínte­gra­mente devuelta; y la indus­tria financiera británi­ca podrá obviar las reg­u­la­ciones de la Eurozona.

A peti­ción de Bél­gi­ca y Fran­cia, se incluyó una cláusu­la en el acuer­do que especi­fi­ca que estas condi­ciones quedarán sin val­or si el resul­ta­do del plebisc­i­to británi­co es con­trario a la UE.

¿A cuántos inmigrantes comunitarios afectaría la restricción de derechos?

La pre­ocu­pación de Lon­dres obe­dece más al supuesto «efec­to lla­ma­da» de los ben­efi­cios sociales que a la car­ga económi­ca que supo­nen para el Esta­do estas ayu­das. Según datos apor­ta­dos esta sem­ana por la Hacien­da británi­ca, en el ejer­ci­cio 2013–2014 recla­maron los ben­efi­cios sociales cono­ci­dos como tax cred­its alrede­dor de 84.000 inmi­grantes comu­ni­tar­ios europeos con menos de cua­tro años en el país. David Cameron, no obstante, ase­guró en noviem­bre que el número de per­sonas que reciben estas ayu­das asciende a 148.000, y el miér­coles dijo en el Par­la­men­to que el 40% de los inmi­grantes europeos que lle­gan a Reino Unido acce­den a estos beneficios.

El Reino Unido es el segun­do país de la UE que más inmi­grantes recibe, después de Ale­ma­nia. En 2015, la inmi­gración neta, es decir, la difer­en­cia entre quienes lle­garon al país y quienes salieron, fue de 336.000 per­sonas. Entre junio de 2014 y el mis­mo mes de 2015 emi­graron al Reino Unido 265.000 ciu­dadanos de otros país­es de la Unión, prin­ci­pal­mente proce­dentes, en este orden, de Polo­nia, Rumanía, Irlan­da e Italia.

En cuan­to a la emi­gración españo­la, el flu­jo ha ido cre­cien­do de man­era con­stante en los últi­mos años. Según datos pub­li­ca­dos por El País, en 2009 había 57.350 españoles reg­istra­dos en el Con­sula­do español en Lon­dres, y en 2014 la cifra era ya 88.341. A 31 de diciem­bre de 2015 había 100.329 inscritos, aunque muchos de ellos se habían reg­istra­do para poder votar en las pasadas elec­ciones generales.

¿Cómo reaccionaron los socios europeos?

El primer país en apo­yar las deman­das del Reino Unido fue Dina­mar­ca. Cameron obtu­vo el respal­do de su homól­o­go danés, Lars Løkke Ras­mussen, quien, en ref­er­en­cia al primer bor­rador pre­sen­ta­do por el pres­i­dente del Con­se­jo Europeo, se mostró par­tic­u­lar­mente sat­is­fe­cho con el freno al acce­so a los ben­efi­cios sociales, uno de los ele­men­tos que con­sid­era pueden ser ben­efi­ciosos para Dina­mar­ca y otros país­es. Ras­mussen se mostró en con­tra de que la UE se con­vier­ta en «una unión social», y con­sid­eró «nece­sario» «pro­te­ger» los esta­dos del bien­es­tar nacionales.

Ambos man­datar­ios pusieron como ejem­p­lo el acuer­do logra­do por Dina­mar­ca con la entonces Comu­nidad Euro­pea tras el rec­ha­zo danés en ref­er­en­do al trata­do de Maas­tricht en 1992, con excep­ciones a la políti­ca común en varias áreas y que todavía sigue vigente. Cameron lo cal­i­ficó de «prece­dente poderoso», mien­tras que Ras­mussen afir­mó que ha servi­do bien a los intere­ses dane­ses durante más de dos décadas.

En vísperas de la cum­bre euro­pea en la que se logró el acuer­do de un esta­tus espe­cial para el Reino Unido, el líder británi­co se reunió asimis­mo en Varso­via con la primera min­is­tra pola­ca, Bea­ta Szyd­lo, y con el líder del par­tido guber­na­men­tal Ley y Jus­ti­cia (cer­cano a la ultra­derecha), Jaroslaw Kaczyn­s­ki. Kaczyn­s­ki declaró al tér­mi­no de la reunión que su país puede con­tar con la «ple­na pro­tec­ción» de los dere­chos sociales de los pola­cos que res­i­den en el Reino Unido (más de un millón).

No obstante, los país­es que con­for­man el grupo cono­ci­do como Los Cua­tro de Viseg­ra­do (Repúbli­ca Checa, Hun­gría, Eslo­vaquia y la propia Polo­nia) con­tem­pla­ban pre­sen­tar una pos­tu­ra con­jun­ta respec­to a las con­ce­siones prop­ues­tas por Bruse­las, y sus líderes avan­zaron que «no acep­tarían» ningún plan que dis­crim­ine a los cien­tos de miles de com­pa­tri­o­tas que viv­en en el Reino Unido.

La firme oposi­ción de algunos de estos país­es de Europa del Este tam­bién ter­minó por lim­i­tar las aspira­ciones británi­cas a la hora de recor­tar los sub­sidios a los hijos de inmi­grantes comu­ni­tar­ios, al igual que en el número de años de mora­to­ria en ayu­das sociales. 

Las pre­siones de Fran­cia, entre tan­to, habrían evi­ta­do que la indus­tria financiera de la City obtu­viera una clara ven­ta­ja com­peti­do­ra sobre sus rivales en el continente.

Por su parte, el pres­i­dente de la Comisión Euro­pea (CE), Jean-Claude Junck­er, cal­i­ficó la prop­ues­ta de Tusk como «jus­ta», tan­to para Lon­dres como para los demás Esta­dos miem­bros de la UE. El jefe del Ejec­u­ti­vo recal­có que el mecan­is­mo denom­i­na­do «freno de emer­gen­cia» ten­drá un carác­ter grad­ual durante un peri­o­do máx­i­mo de cua­tro años y deberá ser lim­i­ta­do en el tiem­po para hac­er­lo com­pat­i­ble con los trata­dos comu­ni­tar­ios. Además, añadió, Lon­dres debería demostrar que sus ser­vi­cios públi­cos, como escue­las y hos­pi­tales, sufren una car­ga imposi­ble de asumir por el aumen­to de la inmigración.

¿Cuándo se celebrará el referéndum?

El próx­i­mo 23 de junio. La fecha fue anun­ci­a­da por Cameron el pasa­do 20 de febrero, tras pre­sen­tar ante su Gabi­nete el acuer­do con los socios comu­ni­tar­ios alcan­za­do el día ante­ri­or. En un prin­ci­pio, y una vez adquiri­do el com­pro­miso y obtenido la aprobación del Par­la­men­to, Cameron era par­tidario de cel­e­brar­lo en mayo, para hac­er­lo coin­cidir con las elec­ciones en Esco­cia, Gales, Irlan­da del Norte y las munic­i­pales en Londres.

La decisión de lle­var­lo a cabo este año responde a var­ios fac­tores. Por un lado, en mayo de 2015, y en con­tra de todos los pronós­ti­cos elec­torales, los con­ser­vadores ganaron una clara may­oría par­la­men­taria. Al volver a Down­ing Street como líder de un gob­ier­no mono­col­or, y tras haber super­a­do la prue­ba de fuego del refer­én­dum escocés, Cameron se reit­eró en su prome­sa de con­vo­car un refer­én­dum para finales de 2017, que luego adap­tó con el fin de aprovechar su rel­a­ti­va­mente bueno momen­to políti­co, y para antic­i­parse a una serie de «dis­trac­ciones», como el con­gre­so del Par­tido Con­ser­vador pre­vis­to para octubre o las elec­ciones que el año que viene cel­e­brarán Fran­cia y Alemania.

¿Cuál será la pregunta?

La pre­gun­ta prop­ues­ta orig­i­nal­mente, en 2013, era: «¿Cree que el Reino Unido debe per­manecer como miem­bro de la Unión Euro­pea? ¿Sí o no?». La Comisión Elec­toral, sin embar­go, hizo caso a quienes con­sid­er­a­ban que este enun­ci­a­do favorecía a los par­tidar­ios de seguir en la UE, y pro­pu­so una nue­va: «¿Debe el Reino Unido per­manecer como miem­bro de la Unión Euro­pea, o debe aban­donar la Unión Euro­pea?». Esta segun­da prop­ues­ta ha sido acep­ta­da por el primer ministro.

¿Quiénes están a favor de la salida del Reino Unido de la UE?

A favor de la sal­i­da del Reino Unido de la UE (lo que se ha venido en denom­i­nar brex­it, unien­do las pal­abras Britain –Gran Bre­taña – y Exit –sal­i­da –)  se encuen­tra, prin­ci­pal­mente el Par­tido de la Inde­pen­den­cia del Reino Unido (UKIP), la for­ma­ción de carác­ter neolib­er­al, xenó­fobo, ultra­con­ser­vador y mar­cada­mente euroescép­ti­co que lid­era Nigel Farage y que se impu­so en las últi­mas elec­ciones euro­peas con un total de 4 mil­lones de votos (el 13% de los sufra­gios). Tam­bién son par­tidar­ios de la sal­i­da un cre­ciente número de diputa­dos con­ser­vadores y algunos diputa­dos laboris­tas, si bien la may­oría de los par­la­men­tar­ios de este últi­mo par­tido desean que el Reino Unido per­manez­ca en la Unión.

Los par­tidar­ios de aban­donar la UE se div­i­den, fun­da­men­tal­mente, en dos gru­pos, o cam­pañas: Leave.EU y Vote Leave. El primero fue fun­da­do por uno de los prin­ci­pales donantes del UKIP, Arron Banks, y cuen­ta con el apoyo del pro­pio Nigel Farage. En el segun­do par­tic­i­pan diputa­dos euroescép­ti­cos, tan­to con­ser­vadores como laboris­tas y del UKIP.

Vote Leave está respal­da­do económi­ca­mente por, entre otros, el mil­lonario de la City y donante del Par­tido Con­ser­vador Peter Crud­das; el may­or donante del Par­tido Laborista, John Mills; y el antiguo donante con­ser­vador y aho­ra donante del UKIP Stu­art Wheel­er. Cuen­ta asimis­mo con el respal­do del grupo Con­ser­v­a­tives for Britain, crea­do por el diputa­do con­ser­vador Steve Bak­er; de la cam­paña Labour Leave, lid­er­a­da por los diputa­dos laboris­tas Kate Hoey and Kelvin Hop­kins; y del grupo Busi­ness for Britain.

¿Cuáles son sus argumentos?

Los par­tidar­ios del brex­it opinan que la UE impone exce­si­vas reg­u­la­ciones a la activi­dad económi­ca, con un coste exce­si­vo en relación a lo que se obtiene a cam­bio. Desean asimis­mo que el Reino Unido recu­pere el pleno con­trol de sus fron­teras y que se reduz­ca el número de inmi­grantes con los mis­mos dere­chos que los británi­cos. En gen­er­al, se opo­nen a la idea de avan­zar hacia una may­or inte­gración políti­ca y rec­haz­an la idea de unos «Esta­dos Unidos de Europa», al tiem­po que enfa­ti­zan las difer­en­cias cul­tur­ales y la sin­gu­lar­i­dad históri­ca del Reino Unido con respec­to al resto de Europa.

¿Quiénes están a favor de seguir en la UE?

La cam­paña por la per­ma­nen­cia está encabeza­da por el primer min­istro, David Cameron, quien ha con­fir­ma­do que la pos­tu­ra ofi­cial del Gob­ier­no británi­co será la de defend­er la con­tinuidad en «una Europa refor­ma­da». «Dejar Europa ame­nazaría nues­tra economía y nues­tra seguri­dad nacional», afir­mó, aña­di­en­do que «no amo Bruse­las, amo al Reino Unido, y soy el primero en decir que todavía se nece­si­ta mejo­rar y que la tarea de refor­mar Europa no aca­ba con el acuer­do obtenido». En un dis­cur­so que supu­so el ini­cio de la cam­paña de cara a la con­sul­ta de junio, el jefe del Gob­ier­no británi­co dijo que el país es «más seguro» y «más fuerte» den­tro de la UE, y advir­tió de que romper los lazos con el con­ti­nente sería «un salto hacia la oscuridad».

A favor de seguir en la UE se han posi­ciona­do asimis­mo el Par­tido Laborista, el SNP (par­tido nacional­ista escocés), Plaid Cym­ru (nacional­is­tas gale­ses) y los Lib­er­al-Demócratas de Tim Farron.

¿Cuáles son sus argumentos?

Los par­tidar­ios de que el Reino Unido per­manez­ca en la UE desta­can las ven­ta­jas que supone para el país el poder com­er­ciar libre­mente con el resto de la Unión, así como el impul­so económi­co y la garan­tía para la finan­ciación de los ser­vi­cios públi­cos que impli­ca la lle­ga­da de tra­ba­jadores inmi­grantes. Con­sid­er­an asimis­mo que el peso especí­fi­co de Gran Bre­taña como poten­cia mundi­al se vería seri­amente daña­do en caso de aban­donar la UE, y que el país se ben­e­fi­cia de los mecan­is­mos de seguri­dad que com­parte con sus socios comu­ni­tar­ios (las autori­dades británi­cas, por ejem­p­lo, han cur­sa­do más de un mil­lar de órdenes euro­peas de búsque­da y captura).

¿Qué dicen las encuestas?

Has­ta aho­ra, la may­oría de los son­deos han refle­ja­do que el país está muy divi­di­do entre los par­tidar­ios de per­manecer en la UE y los que pre­fieren aban­donar la Unión.

El pasa­do mes de febrero, antes de la con­se­cu­ción del acuer­do con los líderes europeos, una encues­ta real­iza­da por YouGov y pub­li­ca­da por el diario The Times rev­e­la­ba un avance impor­tante del sec­tor euroescép­ti­co, con el 45% de los británi­cos encues­ta­dos mostrán­dose a favor de la sal­i­da, frente al 36% que votarían por la per­ma­nen­cia, y un 19% que aún no se han decidido.

Sin embar­go, según una encues­ta pub­li­ca­da el 24 de mayo, y real­iza­da por ORB para el diario The Tele­graph, la per­ma­nen­cia (55%) gana por 13 pun­tos a la sal­i­da (42%) entre los que están deci­di­dos a acud­ir a las urnas. Según la pub­li­cación, el voto de los con­ser­vadores, los hom­bres y la población de más edad estaría viran­do hacia el «sí» (quedarse). En ese sen­ti­do, pare­cería que hay un giro, pero todavía es difí­cil pre­v­er qué pasará, sobre todo si se tienen en cuen­ta los resul­ta­dos de un son­deo más reciente aún, pub­li­ca­do el 31 de mayo por el diario The Guardian con datos de ICM polls: de acuer­do con esta últi­ma encues­ta, los par­tidar­ios del brex­it serían un 52%, frente al 48% que pre­fieren seguir en la UE.

Las fechas claves de la tensa relación del Reino Unido con Europa

• 1946. El primer min­istro británi­co, Win­ston Churchill, pro­nun­cia un dis­cur­so pidi­en­do la con­sti­tu­ción de los Esta­dos Unidos de Europa.
• 1963. El gen­er­al Charles de Gaulle, pres­i­dente de la Repúbli­ca France­sa, declara que Fran­cia alber­ga dudas sobre la vol­un­tad políti­ca del Reino Unido de ingre­sar en la Comu­nidad Económi­ca Euro­pea (CEE).
• 1967. Nue­va solic­i­tud del Reino Unido de ingre­sar en la Comu­nidad, que vuelve a rec­haz­ar el gen­er­al De Gaulle.
• 1972. El Reino Unido fir­ma los Trata­dos de Adhe­sión a las Comu­nidades Euro­peas.
• 1973. El Reino Unido ingre­sa en las Comu­nidades Euro­peas bajo la pres­i­den­cia bel­ga del Con­se­jo. Se crea la «Europa de los nueve».
• 1975. El Reino Unido secun­da, medi­ante un refer­én­dum, per­manecer en la CEE.
• 1979. Comien­za a fun­cionar el Sis­tema Mon­e­tario Europeo (SME), en el que par­tic­i­pan todos los país­es comu­ni­tar­ios menos el Reino Unido.
• 1984. Tras ard­uas nego­cia­ciones, la primera min­is­tra británi­ca, Mar­garet Thatch­er, logra en el Con­se­jo de Fontainebleau un acuer­do para reducir la con­tribu­ción británi­ca a la CE, en com­pen­sación por la dis­pari­dad que existía entre lo que paga­ba el Reino Unido a Bruse­las y lo que recibía a cam­bio, espe­cial­mente en los reduci­dos sub­sidios agrícolas.
• 1992. Fir­ma del Trata­do de Maas­tricht, por el que la CEE para a denom­i­narse Comu­nidad Euro­pea (CE). El entonces primer min­istro británi­co, John Major, con­sigue una cláusu­la de exen­ción, denom­i­na­da «opt-out», por la que el Reino Unido no qued­a­ba oblig­a­do a entrar en la fase de la Unión Económi­ca y Mon­e­taria (UEM) e implan­tar el euro.
• 1995. Entra en vig­or el Acuer­do de Schen­gen, que supone el ini­cio de la supre­sión de las fron­teras inter­nas ter­restres y aero­por­tu­ar­ias entre España, Por­tu­gal, Fran­cia, Bél­gi­ca, Lux­em­bur­go, Holan­da y Ale­ma­nia. El resto de los miem­bros de la UE se incor­po­ran pos­te­ri­or­mente, excep­to el Reino Unido e Irlanda.
• 1997. El Gob­ier­no británi­co noti­fi­ca al Con­se­jo que no pre­vé adop­tar la mon­e­da úni­ca el 1 de enero de 1999.
• 1998. El Con­se­jo aprue­ba la par­tic­i­pación de once esta­dos miem­bros en la ter­cera y defin­i­ti­va fase de la Unión Económi­ca y Mon­e­taria (UEM). El Reino Unido, Sue­cia y Dina­mar­ca se autoexcluyen.
• 2005. El primer min­istro británi­co, Tony Blair, dice que el Reino Unido mantiene «abier­ta» la opción de adherirse al euro si se dan las «condi­ciones económi­cas» que lo permitan.
• 2008. El Par­la­men­to británi­co rat­i­fi­ca el Trata­do de Lis­boa dis­eña­do para «mejo­rar el fun­cionamien­to» de la UE.
• 2011. El Reino Unido se con­vierte en el úni­co país que rec­haza el pacto europeo pre­supues­tario para reforzar la zona euro y salir de la crisis.
• 2012. El primer min­istro británi­co, el con­ser­vador David Cameron, abre por primera vez la puer­ta a cel­e­brar en un futuro un refer­én­dum sobre la perte­nen­cia del Reino Unido a la UE.
• 8 de sep­tiem­bre de 2015. El Par­la­men­to británi­co da luz verde a la ley que per­mi­tirá con­vo­car un refer­én­dum sobre la perte­nen­cia del Reino Unido a la Unión, una con­sul­ta que el primer min­istro Cameron se ha com­pro­meti­do a cel­e­brar antes del fin de 2017.
• 10 de noviem­bre de 2015. Cameron abre for­mal­mente la nego­ciación de la relación con la UE al enviar al pres­i­dente del Con­se­jo Europeo, Don­ald Tusk, la car­ta con sus planes de refor­mas de la Unión.
• 2 de febrero de 2016. Tusk pre­sen­ta una prop­ues­ta al Reino Unido para afi­an­zar su perte­nen­cia a la UE. Entre otras, se con­cede a Lon­dres lim­i­tar los ben­efi­cios sociales de cier­tos tra­ba­jadores comu­ni­tar­ios en su territorio.
• 19 de febrero. Los jefes de Esta­do y de Gob­ier­no de la UE logran un acuer­do que rede­fine el esta­tus de Reino Unido den­tro del club comu­ni­tario, a cam­bio de que el primer min­istro británi­co, David Cameron, haga cam­paña a favor de la per­ma­nen­cia en la UE.
• 20 de febrero. Cameron anun­cia que el refer­én­dum se cel­e­brará el próx­i­mo 21 de junio.
• 23 de mayo. El min­istro británi­co de Economía, George Osborne, advierte de que el Reino Unido afrontaría al menos un año de rece­sión económi­ca si los británi­cos votan por salir de la UE, al dar a cono­cer un análi­sis elab­o­ra­do por el depar­ta­men­to del Tesoro, cuan­do fal­ta jus­to un mes para la cel­e­bración del plebiscito.
• 28 de mayo. El min­istro prin­ci­pal de Gibral­tar, Fabi­an Picar­do, afir­ma que si Reino Unido final­mente opta por salir de la UE, el Peñón ten­dría que plantearse unirse a España para poder seguir pertenecien­do al bloque, una solu­ción «que nadie está prepara­do para considerar».