De apro­barse defin­i­ti­va­mente los nuevos car­gos inclu­i­dos en el nue­vo real decre­to redac­ta­do por el Gob­ier­no para reg­u­lar el auto­con­sumo eléc­tri­co, un par­tic­u­lar que deci­da apos­tar por esta modal­i­dad de abastec­imien­to energéti­co (ya sea para reducir la fac­tura de la luz, una de las más caras de Europa, o movi­do tan solo por razones medioam­bi­en­tales), no podría recu­per­ar su inver­sión has­ta den­tro de, al menos, trein­ta años (prác­ti­ca­mente el tiem­po de vida máx­i­ma de estas insta­la­ciones). En cuan­to a las medi­anas y pequeñas empre­sas, el sec­tor al que más puede ben­e­fi­ciar el auto­con­sumo, el tiem­po medio de rentabi­lización oscilaría entre siete y ocho años. En ambos casos el coste es lo sufi­cien­te­mente alto como para pen­sárse­lo dos veces. El Gob­ier­no cal­i­fi­ca el decre­to de «sol­i­dario»; los afec­ta­dos, de «dis­ua­so­rio».

Los cál­cu­los son de la Unión Españo­la Foto­voltaica (UNEF), es decir, del lob­by solar, un grupo de pre­sión que agru­pa a empre­sas del sec­tor y que, obvi­a­mente, tiene intere­ses económi­cos en que exista un mar­co legal lo más libre de tasas y gravámenes posi­ble. Pero las nuevas medi­das proyec­tadas por el Min­is­te­rio de Indus­tria, una actu­al­ización del polémi­co «impuesto al sol» anun­ci­a­do hace un par de años, no están sien­do crit­i­cadas úni­ca­mente por el sec­tor afectado.

Tan­to los par­tidos de la oposi­ción como gru­pos ecol­o­gis­tas y aso­cia­ciones de con­sum­i­dores han alza­do tam­bién su voz con­tra lo que con­sid­er­an un autén­ti­co cer­co al auto­con­sumo eléc­tri­co en España, y un blinda­je del Gob­ier­no a las com­pañías eléc­tri­c­as, cuyo oli­gop­o­lio se ha vis­to ame­naza­do en los últi­mos años por el abaratamien­to de los pan­e­les solares y por la apari­ción de baterías de alma­ce­na­je mucho más efec­ti­vas y baratas, como la recien­te­mente pre­sen­ta­da por la com­pañía esta­dounidense Tes­la. Las ini­cia­ti­vas del Gob­ier­no están sien­do inves­ti­gadas tam­bién por el Par­la­men­to Europeo.

Los defen­sores del auto­con­sumo mantienen que el con­tenido de este decre­to choca de plano con la nor­ma­ti­va euro­pea para la pro­mo­ción de pequeñas insta­la­ciones, así como con las medi­das vigentes para el fomen­to de la pro­duc­ción indi­vid­ual y de la efi­cien­cia energéti­ca. Denun­cian asimis­mo el con­trasen­ti­do que supone que sea pre­cisa­mente España, cuyas condi­ciones para el uso de la energía solar son de las más idóneas del mun­do, uno de los país­es donde más com­pli­ca­do resul­ta actual­mente hac­er rentable el autoabastec­imien­to eléc­tri­co, y desta­can que la may­oría de los país­es de nue­stro entorno están cam­i­nan­do en la direc­ción contraria.

El Gob­ier­no, por su parte, apela a la sol­i­dari­dad de los auto­con­sum­i­dores para cubrir los costes del sis­tema, e insiste en que úni­ca­mente pre­tende hac­er pagar a aque­l­los que se mantienen tam­bién conec­ta­dos a la red. Según ha declar­a­do el min­istro de Indus­tria, José Manuel Soria, «si alguien quiere pro­ducir su propia energía y con­sumir­la no tiene que pagar ningún tipo de canon ni impuesto, solo la insta­lación que se haga en su casa. Pero si además quiere estar engan­cha­do a la red, entonces ten­drá que abonar un pea­je por la uti­lización de esa red».

La Ley 24/2013, de 26 de diciem­bre, del Sec­tor Eléc­tri­co, establece, efec­ti­va­mente, que «todos los con­sum­i­dores suje­tos a cualquier modal­i­dad de auto­con­sumo ten­drán la obligación de con­tribuir a los costes y ser­vi­cios del sis­tema por la energía auto­con­sum­i­da, cuan­do la insta­lación de gen­eración o de con­sumo esté conec­ta­da total o par­cial­mente al sis­tema eléctrico».

Reducción del déficit

El nue­vo paso dado por Indus­tria parece estar rela­ciona­do tam­bién con uno de los prin­ci­pales obje­tivos del Min­is­te­rio durante toda la leg­is­latu­ra: reducir el déficit eléc­tri­co, algo a lo que, según el min­istro, no ha ayu­da­do el desar­rol­lo exper­i­men­ta­do por las energías ren­ov­ables. Soria llegó inclu­so a insin­uar una relación entre el auto­con­sumo y el pre­cio de la luz, al declarar, el pasa­do mes de abril, que el impul­so a las energías ren­ov­ables ha supuesto «un prob­le­ma» a la hora de reducir el déficit, y esto «ha reper­cu­ti­do sobre la fac­tura eléc­tri­ca». «Cada vez que pag­amos la fac­tura de la luz, pag­amos no solo el pre­cio de la energía, sino tam­bién los impuestos y pea­jes nece­sar­ios para ten­er la elec­t­ri­ci­dad», dijo.

Los defen­sores del auto­con­sumo de energías ren­ov­ables, por su parte, argu­men­tan que éste con­tribuye a dis­minuir las emi­siones de gas­es de efec­to inver­nadero aso­ci­adas a los com­bustibles fósiles y a reducir la depen­den­cia energéti­ca; que supone un avance en la democ­ra­ti­zación de la pro­duc­ción de elec­t­ri­ci­dad, actual­mente con­tro­la­da por un pequeño número de grandes empre­sas; y que even­tual­mente con­tribuirá a crear puestos de tra­ba­jo en este sec­tor. El pro­pio Soria ha recono­ci­do que el avance exper­i­men­ta­do durante estos últi­mos años por este tipo de energías ha per­mi­ti­do que España se encuen­tre «muy bien posi­ciona­da a niv­el mundi­al» y que pue­da cumplir con los obje­tivos europeos de efi­cien­cia energética.

El bor­rador del nue­vo real decre­to, dado a cono­cer, pre­cisa­mente, en el Día Mundi­al del Medio Ambi­ente, y coin­ci­di­en­do con la situación de vacío de poder autonómi­co exis­tente tras las elec­ciones del 24‑M, está aún en fase de con­sul­tas. Indus­tria ha apun­ta­do que comen­zará a desar­rol­lar su tramitación «de man­era inmedi­a­ta», este mes o el próx­i­mo, con el obje­ti­vo de que esté aproba­do antes del ver­a­no. Ten­drá que pasar todavía, no obstante, por una fase de ale­ga­ciones, y deberá recibir asimis­mo los vis­tos buenos tan­to de la Comisión Nacional de los Mer­ca­dos y la Com­pe­ten­cia (CNMC) como de Bruselas.

Éstas son sus claves principales.

«El mismo perro con distinto collar»

Con este nue­vo decre­to, el Gob­ier­no susti­tuye la polémi­ca tasa bau­ti­za­da —por Iber­dro­la— como «pea­je de respal­do» (un car­go a los auto­pro­duc­tores cono­ci­do pop­u­lar­mente como «impuesto al sol», e inclu­i­do en el ante­ri­or bor­rador de 2013) por dos nuevos pea­jes: uno de acce­so a las redes y otro aso­ci­a­do al resto de los costes del sistema.

Se tra­ta de un cam­bio con­cep­tu­al, por el que el Min­is­te­rio eximirá a los auto­con­sum­i­dores de pagar a las redes eléc­tri­c­as cuan­do estén pro­ducien­do elec­t­ri­ci­dad para uso pro­pio, pero les gravará con nuevos car­gos, cono­ci­dos como «car­gos por auto­con­sumo», para cubrir los costes de bal­ance de su propia activi­dad. Según el direc­tor gen­er­al de UNEF, José Donoso, «es el mis­mo per­ro con dis­tin­to collar».

Así, a par­tir de aho­ra, Indus­tria difer­en­cia­rá entre un pea­je para sufra­gar las redes, que el auto­con­sum­i­dor solo costeará cuan­do esté ver­tien­do o reci­bi­en­do elec­t­ri­ci­dad a la red, y los car­gos del sis­tema, que cubrirán des­de las pri­mas a las ren­ov­ables has­ta las anu­al­i­dades del déficit de tar­i­fa, y que el auto­con­sum­i­dor deberá sufra­gar en todos los casos.

«Pagar por lo que se utiliza»

Según Indus­tria, el car­go por auto­con­sumo está des­ti­na­do a «cubrir los ser­vi­cios de bal­ance nece­sar­ios en el mer­ca­do de pro­duc­ción», y «se apli­cará sobre la energía auto­con­sum­i­da». Para jus­ti­ficar la medi­da, el Gob­ier­no apela a la «sol­i­dari­dad», e indi­ca que el auto­con­sum­i­dor «se ben­e­fi­cia del respal­do que le pro­por­ciona el con­jun­to del sis­tema, aun cuan­do pue­da estar auto­con­sum­ien­do elec­t­ri­ci­dad pro­duci­da por su insta­lación de gen­eración aso­ci­a­da, al con­trario de lo que ocur­riría si este con­sum­i­dor se encon­trara ais­la­do del sis­tema eléctrico».

En pal­abras del min­istro, José Manuel Soria, no impon­er este pea­je «equiv­al­dría a que el resto de con­sum­i­dores estarían finan­cian­do una parte del coste de la red que tam­bién uti­lizan los auto­con­sum­i­dores, por lo que lo jus­to es pagar por aque­l­lo que se está uti­lizan­do». Según Indus­tria, no pagar este pea­je per­ju­di­caría a los con­sum­i­dores más vul­ner­a­bles, si bien ello supone dar por hecho que solo invierten en insta­la­ciones solares los que tienen may­ores rentas.

Sobre el coste de las redes de trans­porte y dis­tribu­ción, Indus­tria expli­ca que «se apli­carán como con­tribu­ción a la cober­tu­ra de los costes de dichas redes y serán apli­ca­dos con­sideran­do el uso real que se real­iza de ellas». De esta for­ma, «no exi­s­tirá apli­cación de pea­je de acce­so a redes por la energía auto­con­sum­i­da, tenien­do en cuen­ta que no se hace uso de la red», señala el bor­rador de real decreto.

«Pagar doblemente»

El bor­rador intro­duce una dis­posi­ción en la que se establece una reduc­ción del pea­je de respal­do, has­ta el 31 de diciem­bre de 2019, para las insta­la­ciones ubi­cadas en los sis­temas eléc­tri­cos de los ter­ri­to­rios no penin­su­lares, por con­sid­er­ar que el auto­con­sumo reduce los costes de pro­duc­ción en sis­temas ais­la­dos como los de Canarias, Ceu­ta y Melil­la. No obstante, y según los detrac­tores del nue­vo decre­to, este pla­zo de cua­tro años durante el que estas comu­nidades verán dis­minui­do el impuesto, difí­cil­mente alcan­zará para amor­ti­zar el cos­to de las instalaciones.

La con­se­jera de Empleo, Indus­tria y Com­er­cio del Gob­ier­no de Canarias, Fran­cis­ca Luen­go, ya ha anun­ci­a­do que pedirá el próx­i­mo martes en Bruse­las a la Unión Euro­pea que» pro­hí­ba a los esta­dos miem­bros estable­cer impuestos al sol». En un comu­ni­ca­do, el Ejec­u­ti­vo region­al indicó que ésta es la pre­ten­sión del Gob­ier­no de España con su proyec­to de real decre­to, en el que «penal­iza clara­mente esta modal­i­dad energéti­ca e impi­de su desar­rol­lo al hac­er invi­able la inver­sión en Canarias».

Para Luen­go, «este bor­rador dice que hay que pon­er el impuesto al sol porque alguien tiene que pagar las redes al descen­der los ingre­sos de las eléc­tri­c­as. Quiere hac­er creer que insta­lar el auto­con­sumo sig­nifi­ca no pagar el man­ten­imien­to de las redes. No es ver­dad, lo que quiere es que pague­mos doble­mente por lo que ya pag­amos, porque las redes se van a seguir pagan­do aunque esté insta­l­a­do el autoconsumo».

«Lo que hace Soria es car­gar sobre el con­sum­i­dor lo que van a dejar de ingre­sar las eléc­tri­c­as, en vez de bus­car fór­mu­las como puede ser la audi­toría de los costes de gen­eración recono­ci­dos, es decir, saber de ver­dad cuán­to cues­ta gener­ar energía», añadió.

Guerra a las baterías

El nue­vo real decre­to incluye asimis­mo un nue­vo car­go que desin­cen­ti­vará el uso de baterías o sis­temas de alma­ce­namien­to por parte de los auto­con­sum­i­dores de elec­t­ri­ci­dad. Con la nue­va reg­u­lación, estos auto­con­sum­i­dores no solo no podrán recur­rir a baterías como la lan­za­da recien­te­mente por la com­pañía esta­dounidense Tes­la, sino que sufrirán una penal­ización para los sis­temas de alma­ce­namien­to que ya incor­po­ran los nuevos pan­e­les solares. Así, solo podrán usar estos acu­mu­ladores los que no se conecten a la red eléc­tri­ca y dispon­gan por tan­to de una insta­lación aislada.

El Real Decre­to 1699/2011 ya pro­hibió la posi­bil­i­dad de inter­calar una batería entre la insta­lación de gen­eración y el equipo de medi­da. Sin embar­go, los nuevos pan­e­les solares incor­po­ran en algunos casos baterías que ya no se encuen­tran inter­cal­adas en el cir­cuito y que, por tan­to, podrían ser sus­cep­ti­bles de uti­lizarse sin tra­bas reg­u­la­to­rias. Este aspec­to expli­caría la dis­posi­ción tran­si­to­ria del nue­vo bor­rador que fija el nue­vo car­go del que quedan exclu­idas las insta­la­ciones que no lleven acumuladores.

En con­cre­to, el grava­men se apli­ca sobre la poten­cia y oscila entre los 8,9 euros por kilo­va­tio (kW) y los 15,3 euros por kW para poten­cias infe­ri­ores a 15 kW conec­tadas en baja ten­sión, lo que, según los exper­tos, resul­tará sufi­cien­te­mente disuasorio.

Las baterías incor­po­radas a las pla­cas solares sue­len ten­er una autonomía media de unas dos horas y su uso está sien­do incen­ti­va­do por reg­u­ladores como los de Ale­ma­nia, que han encon­tra­do en ellas una solu­ción para no con­cen­trar en los mis­mos peri­o­dos del día los ver­tidos de elec­t­ri­ci­dad a la red.

La energía sobrante, regalada

El decre­to pre­sen­ta­do por el Gob­ier­no supone un duro golpe para los defen­sores del denom­i­na­do «bal­ance neto», un sis­tema que per­mite vert­er a la red eléc­tri­ca el exce­so de energía pro­duci­do por un sis­tema de auto­con­sumo, con la final­i­dad de poder hac­er uso de ese exce­so en otro momento.

Medi­ante este sis­tema, la com­pañía eléc­tri­ca que pro­por­ciona la elec­t­ri­ci­dad cuan­do la deman­da es supe­ri­or a la pro­duc­ción de auto­con­sumo (por ejem­p­lo, por la noche, cuan­do los pan­e­les foto­voltaicos no pro­ducen elec­t­ri­ci­dad), des­cuen­ta en la fac­tura los exce­sos ver­tidos a la red. Esta modal­i­dad, exis­tente en la may­oría de los país­es con reg­u­la­ciones para el auto­con­sumo, per­mite hac­er uso de la elec­t­ri­ci­dad pro­duci­da en exce­so (en vaca­ciones, o durante deter­mi­nadas horas del día en las que el auto­con­sum­i­dor pro­duce más de lo que necesita).

El bor­rador de Indus­tria señala, sin embar­go, que la elec­t­ri­ci­dad exce­den­taria que los auto­con­sum­i­dores puedan vert­er a la red no ten­drá ningu­na con­traprestación económi­ca, sal­vo que den de alta una empre­sa en el reg­istro mer­can­til y paguen el IVA, algo que no resul­ta muy rentable para la may­oría de los hogares.

La energía sobrante, por tan­to, deberá ser cedi­da, excep­to en el caso de que se llegue a un acuer­do con la empre­sa dis­tribuido­ra. Sí podrán vender exce­dentes las empre­sas, al pre­cio del mer­ca­do eléc­tri­co y solo en el caso de las plan­tas más pequeñas, con un tope de 100 kW. A estos auto­con­sum­i­dores en alta ten­sión sí se les per­mi­tirá implan­tar sis­temas de ahor­ro y efi­cien­cia, si bien los gen­er­adores y las baterías de alma­ce­namien­to quedarán tam­bién exclu­i­dos de esta modalidad.

La con­se­cuen­cia es que, para la may­oría de los auto­con­sum­i­dores, el úni­co ben­efi­cio obtenido es el ahor­ro en la com­pra de energía de la red, algo insu­fi­ciente a la hora de rentabi­lizar la inver­sión, pero que, de algún modo, se com­pens­a­ba has­ta aho­ra en el hecho de que la inscrip­ción y autor­ización para la modal­i­dad de insta­lación sin ver­tido eran mucho más sen­cil­las que para aque­l­las con vertido.

Sin bono social

Una vez que se apruebe el nue­vo decre­to, las insta­la­ciones de auto­con­sumo que no generen energía sufi­ciente para abaste­cerse estarán oblig­adas a con­tratar la elec­t­ri­ci­dad extra que nece­siten en el mer­ca­do libre, y no a través de una com­er­cial­izado­ra de ref­er­en­cia (aque­l­las que están habil­i­tadas por la ley para sum­in­is­trar a los pequeños con­sum­i­dores con una poten­cia con­trata­da infe­ri­or a 10 kW el nue­vo pre­cio horario, o PVPC —la antigua tar­i­fa de últi­mo recur­so—, al que están acogi­dos la may­oría de hog­a­res). Tam­poco optarán al bono social, reser­va­do para los con­sum­i­dores más vulnerables.

Según el Gob­ier­no y las eléc­tri­c­as, la medi­da se jus­ti­fi­ca en que los hog­a­res con menos recur­sos no pueden pagar este tipo de insta­la­ciones, cuyo pre­cio suele super­ar los 9.000 euros. La UNEF, sin embar­go, denun­cia que el decre­to demues­tra «una insen­si­bil­i­dad con la pobreza energéti­ca» y recuer­da que varias ONG tra­ba­jan en proyec­tos para facil­i­tar insta­la­ciones de auto­con­sumo a per­sonas sin recur­sos. Tam­bién crit­i­ca el carác­ter retroac­ti­vo de la dis­posi­ción, que afec­taría tam­bién, por tan­to, a las insta­la­ciones ya existentes.

Estudios de viabilidad prohibitivos

Otra medi­da dis­ua­so­ria, y tam­bién retroac­ti­va, es que, inde­pen­di­en­te­mente de cuál sea el tamaño de la insta­lación, el intere­sa­do deberá realizar un estu­dio de pun­to de conex­ión,  o de via­bil­i­dad, cuyo coste puede lle­gar a ser más alto que el del pro­pio pan­el solar.

De este modo, y según infor­ma eldiario.es, el decre­to aca­ba con la posi­bil­i­dad de legalizar insta­la­ciones por el más sen­cil­lo Reglamen­to Téc­ni­co de Baja Ten­sión. A par­tir de aho­ra, deberán reg­u­larizarse todas las insta­la­ciones por el pro­ce­so más com­pli­ca­do y cos­toso, el estable­ci­do en el Real Decre­to 1699/2011.

«Alguien que haya com­pra­do una pla­ca de 1.000 euros tiene que solic­i­tar un estu­dio de conex­ión eléc­tri­ca aunque no vaya a vert­er energía a la red que le va a costar 400 euros», expli­ca el direc­tor gen­er­al de UNEF en declara­ciones recogi­das por ese diario. En el caso de las plan­tas de menor tamaño, «en Por­tu­gal bas­ta con entrar en la web del min­is­te­rio y comu­nicar que se tiene una insta­lación de esas car­ac­terís­ti­cas», añade.

Plantas ilegales y multas desproporcionadas

Según señala la UNEF, el carác­ter retroac­ti­vo del decre­to impli­ca tam­bién que las insta­la­ciones que ya han sido reg­u­lar­izadas por algu­nas comu­nidades autóno­mas (espe­cial­mente en Cataluña, Balear­es y Navar­ra, donde muchas de ellas se han autor­iza­do por vías más ráp­i­das), ten­drían que adap­tarse aho­ra a la nue­va nor­ma para no ser con­sid­er­adas ile­gales. La patronal del sec­tor cal­cu­la que el año pasa­do se insta­laron en España unos 22 MW foto­voltaicos, la may­oría para auto­con­sumo en sec­tor ser­vi­cios, aprovechan­do estas ventajas.

Además, la UNEF denun­cia que el decre­to mantiene las mul­tas de has­ta 60 mil­lones de euros para las insta­la­ciones que no se reg­u­lari­cen con la nue­va nor­ma­ti­va, una san­ción «despro­por­ciona­da» que es el doble de la mul­ta pre­vista para los escapes nuclear­es y has­ta 260 veces más que la pre­vista para neg­li­gen­cias que provo­quen un acci­dente aéreo.

En otros países

El sis­tema de bal­ance neto existe ya en numerosos país­es, entre ellos, Ale­ma­nia, Por­tu­gal, Gre­cia, Italia, Dina­mar­ca, Aus­tralia, Esta­dos Unidos y México.

En EE UU se denom­i­na crédi­to eléc­tri­co y está aproba­do en 40 esta­dos; Japón uti­liza un sis­tema sim­i­lar de ámbito munic­i­pal; en Ale­ma­nia existe además una pri­ma por el auto­con­sumo; en Italia se abona el doble y no se paga por lo que se con­sume; en Bél­gi­ca se apli­ca un sis­tema híbri­do de pri­mas y «cer­ti­fi­ca­dos verdes»; y en Por­tu­gal se per­mite el desar­rol­lo del auto­con­sumo de has­ta 1 MW sin ningún tipo de pea­je, mien­tras que el bal­ance neto se real­iza pagan­do el pre­cio de la energía exce­den­taria a un 90% de su pre­cio de mercado.