Las aparente­mente todopoderosas empre­sas tec­nológ­i­cas esta­dounidens­es de Inter­net podrían haber encon­tra­do su talón de Aquiles al otro lado del char­co, donde una Europa cada vez más pro­tec­cionista con respec­to a su pro­pio desar­rol­lo tec­nológi­co ha empren­di­do una autén­ti­ca batal­la legal con­tra los gigantes de la Red.

La ofen­si­va de los leg­is­ladores europeos se cen­tra en aspec­tos rela­ciona­dos con la libre com­pe­ten­cia, las leyes anti­mo­nop­o­lio, las políti­cas de pri­vaci­dad o el pago de impuestos, y apun­ta a cua­tro de los may­ores pesos pesa­dos del mun­do dig­i­tal: Face­book, Apple, Ama­zon y, des­de esta mis­ma sem­ana, tam­bién Google, empre­sa a la que la Comisión Euro­pea (CE) ha acu­sa­do de abu­so de posi­ción dom­i­nante por favore­cer sus pro­duc­tos en las búsquedas en Inter­net. La CE anun­ció, además, la aper­tu­ra de una inves­ti­gación anti­mo­nop­o­lio con­tra el sis­tema oper­a­ti­vo para móviles de la com­pañía, Android.

El enfrentamien­to se ha inten­si­fi­ca­do en los últi­mos meses, pero no es nue­vo. La propia Google ha recibido ataques ante­ri­ores basa­dos en sus opera­ciones fis­cales o en el reconocimien­to al lla­ma­do dere­cho al olvi­do. Pero, en real­i­dad, la batal­la se remon­ta a prin­ci­p­ios de los años noven­ta, cuan­do, en 1993, comen­zó una larga dis­pu­ta legal entre la Comisión Euro­pea y Microsoft por la posi­ción dom­i­nante de la empre­sa de Bill Gates en el mer­ca­do, de acuer­do con el Dere­cho de la Com­pe­ten­cia europeo. El con­flic­to no se resolvió has­ta 2007, cuan­do la UE impu­so a Microsoft una mul­ta de 794 mil­lones de dólares (la may­or impues­ta por la Comisión has­ta entonces) y le obligó a divul­gar cier­ta infor­ma­ción sobre sus pro­duc­tos, así como a lib­er­ar una ver­sión de Microsoft Win­dows despro­vista de la apli­cación Win­dows Media Player.

De for­ma para­lela a las ini­cia­ti­vas adop­tadas por la UE en su con­jun­to, tam­bién se están lle­van­do a cabo acciones des­de difer­entes país­es europeos. Según pub­licó el pasa­do miér­coles el diario Finan­cial Times, Fran­cia está estu­dian­do medi­das para obligar a Google a pub­licar su algo­rit­mo (el sis­tema medi­ante el que el bus­cador fil­tra los resul­ta­dos), y las condi­ciones de pri­vaci­dad de Face­book están sien­do inves­ti­gadas a través de una ini­cia­ti­va con­cer­ta­da de cin­co naciones euro­peas (España, entre ellas). Por otra parte, el pasa­do mes de diciem­bre, el Reino Unido anun­ció un nue­vo impuesto que gravará con un 25% los ben­efi­cios de multi­na­cionales como Google o Ama­zon, que desvían sus ganan­cias a otros país­es para aprovechar regímenes fis­cales más favorables.

Proteccionismo tecnológico

Des­de Esta­dos Unidos se acusa a Europa de actu­ar movi­da por un exce­si­vo pro­tec­cionis­mo y de quer­er recu­per­ar a golpe de deman­das el ter­reno per­di­do en la car­rera tec­nológ­i­ca durante las últi­mas décadas, espe­cial­mente en lo que respec­ta a la con­struc­ción de grandes platafor­mas que, como la oper­a­da por Google, son las que sus­ten­tan el actu­al mod­e­lo económi­co en Internet.

Tan solo un par de días antes de que la Comisión lan­zase sus últi­mas acusa­ciones con­tra Google, el comis­ario europeo respon­s­able de la políti­ca dig­i­tal, Gün­ther Oet­tinger (en el car­go des­de el pasa­do mes de noviem­bre), ade­lanta­ba ya que la inter­ven­ción de Bruse­las con­tra Google sería «de gran alcance». Oet­tinger indicó asimis­mo, en declara­ciones citadas por The Econ­o­mist, que era nece­sario «susti­tuir los actuales bus­cadores, sis­temas oper­a­tivos y redes sociales». «Nue­stros nego­cios online depen­den actual­mente de demasi­a­dos actores que no son comu­ni­tar­ios, y esto debe cam­biar en el futuro», añadió.

Para Oet­tinger, el gran peli­gro al que se enfrenta Europa es que el actu­al mod­e­lo basa­do en la posi­ción dom­i­nante de unas cuan­tas platafor­mas esta­dounidens­es pue­da exten­der­se a otros sec­tores en los que los europeos siguen sien­do fuertes, como la energía, la moda, o, por ejem­p­lo, los coches de lujo: «Podemos inver­tir en fab­ricar coches mar­avil­losos, pero serán quienes ven­dan nuevos ser­vi­cios para esos coches los que acaben ganan­do dinero», afirmó.

Parte del prob­le­ma reside en la fal­ta de un autén­ti­co mer­ca­do dig­i­tal común europeo: actual­mente, tan solo el 15% de los con­sum­i­dores real­iza com­pras online en otros país­es de Europa y, como recuer­da tam­bién The Econ­o­mist, para poder estable­cer opera­ciones en todo el con­ti­nente, una fir­ma de com­er­cio elec­tróni­co nece­si­ta aún lidiar con los inter­minables ver­icue­tos buro­cráti­cos, nor­ma­ti­vas fis­cales y leyes lab­o­rales de cada país. «Si Europa quiere alcan­zar a Esta­dos Unidos en la creación de nuevas platafor­mas tec­nológ­i­cas, es nece­sario recono­cer la impor­tan­cia de la escala. Esta­dos Unidos, con su amplio y abier­to mer­ca­do inter­no, ya lo hace; Europa no», señala la revista, fiel, por otro lado, a su línea más bien lib­er­al (en el sen­ti­do europeo del tér­mi­no) en lo que respec­ta a políti­cas económicas.

De momen­to, la UE puso en mar­cha el año pasa­do el pro­gra­ma denom­i­na­do Hor­i­zonte 2020, cuyo obje­ti­vo gen­er­al es aumen­tar la com­pet­i­tivi­dad de Europa en el sec­tor tec­nológi­co y cien­tí­fi­co, con vis­tas a con­seguir un lid­er­az­go indus­tri­al. La idea prin­ci­pal es ir intro­ducien­do un úni­co con­jun­to de nor­mas para favore­cer la labor de las com­pañías euro­peas, jun­to con ayu­das a las empre­sas inno­vado­ras para que «con­vier­tan sus avances tec­nológi­cos en pro­duc­tos viables con un ver­dadero poten­cial com­er­cial». Entre las inver­siones pre­vis­tas se con­tem­pla un aumen­to del 77% en la finan­ciación del Con­se­jo Europeo de Inves­ti­gación (CEI), den­tro de un pre­supuesto de 24.400 mil­lones de euros, y más de 17.000 mil­lones de euros des­ti­na­dos a ayu­das para «garan­ti­zar el lid­er­az­go indus­tri­al en inno­vación», incluyen­do una inver­sión de 13.500 mil­lones en tec­nologías clave, así como un may­or acce­so al cap­i­tal y la finan­ciación para las PYME.

Muchos anal­is­tas enmar­can en este con­tex­to la batal­la legal empren­di­da por los leg­is­ladores europeos con­tra los gigantes esta­dounidens­es de Inter­net, una batal­la que, sin embar­go, no es solo económi­ca, ya que afec­ta tam­bién a otros aspec­tos impor­tantes como la pri­vaci­dad y la pro­tec­ción de datos, y que tiene actual­mente los sigu­ientes frentes abiertos:

Google y el monopolio

La CE acusó el pasa­do miér­coles a Google de abu­so de posi­ción dom­i­nante por favore­cer sus pro­duc­tos en las búsquedas en Inter­net, y anun­ció la aper­tu­ra de una inves­ti­gación anti­mo­nop­o­lio con­tra su sis­tema oper­a­ti­vo para móviles, Android. Se tra­ta de la primera vez que Google afronta car­gos for­males antimonopolio.

La Comisión man­tenía abier­ta des­de hace cin­co años una inves­ti­gación al gigante de Inter­net al sospechar que daba pri­or­i­dad ile­gal­mente a su pro­pios con­tenidos en las búsquedas, lo que obliga a los anun­ciantes a usar sus ser­vi­cios y her­ramien­tas para con­tratar anun­cios y ges­tionar sus cam­pañas de mar­ket­ing. Has­ta aho­ra, sin embar­go, los leg­is­ladores europeos habían preferi­do bus­car una sal­i­da nego­ci­a­da para no entrar en un com­ple­jo pro­ce­so admin­is­tra­ti­vo y judi­cial que podría tar­dar años en resolverse.

País­es como Fran­cia y Ale­ma­nia, sin embar­go, han esta­do pre­sio­n­an­do a la Comisión para que endurez­ca su pos­tu­ra y acuse for­mal­mente a Google, y París se plantea inclu­so la posi­bil­i­dad de obligar al bus­cador  a que rev­ele detalles sobre su algo­rit­mo de resul­ta­dos (algo que la CE siem­pre ha descar­ta­do). Tam­bién los rivales de Google, Microsoft entre ellos, han exigi­do a Bruse­las medi­das más con­tun­dentes y que aplique con­tra Google las mis­mas leyes que se uti­lizaron para cas­ti­gar en su día a la com­pañía de Bill Gates, en con­cre­to, el artícu­lo 102 del Trata­do de la UE, que reg­u­la la nor­ma­ti­va antimonopolio.

Al ocu­par el car­go el pasa­do mes de noviem­bre, la comis­aria de Com­pe­ten­cia, Mar­grethe Vestager, señaló que nece­sita­ba tiem­po para estu­di­ar a fon­do el caso Google antes de tomar una deter­mi­nación. Des­de entonces, ha man­tenido reuniones con var­ios anun­ciantes y ter­ceros impli­ca­dos en el caso y el pasa­do 2 de mar­zo se reunió con rep­re­sen­tantes de Google en Bruse­las, momen­to en que señaló que tomaría una decisión pronto.

En mayo de 2012, el entonces comis­ario de Com­pe­ten­cia, el español Joaquín Almu­nia (quien apos­ta­ba por lle­gar a un acuer­do nego­ci­a­do con Google), comu­nicó que la Comisión había iden­ti­fi­ca­do cua­tro áreas en las que las prác­ti­cas de Google podrían ser con­sid­er­adas como abu­si­vas: manip­u­lación de resul­ta­dos de búsquedas, uso fraud­u­len­to de con­tenidos de la com­pe­ten­cia, acuer­dos exclu­sivos y restric­ciones de interoperabilidad.

En con­cre­to, la CE cree que el gigante infor­máti­co «abusó de su posi­ción dom­i­nante en los mer­ca­dos de los ser­vi­cios gen­erales de búsquedas en Inter­net en el espa­cio económi­co europeo, favore­cien­do sis­temáti­ca­mente la com­para­ción de su pro­pio pro­duc­to de com­pra en las pági­nas de resul­ta­dos de búsquedas gen­erales». «La visión pre­lim­i­nar de la Comisión es que tal con­duc­ta infringe las nor­mas anti­mo­nop­o­lio de la UE porque reprime la com­pe­ten­cia y per­ju­di­ca a los con­sum­i­dores», señaló el Ejec­u­ti­vo comu­ni­tario, que recordó que el envío de este pliego «no pre­juz­ga el resul­ta­do de la investigación».

Las nue­va vía legal abier­ta con­tra Google resul­ta muy peli­grosa para la com­pañía esta­dounidense, ya que puede lle­gar a tra­ducirse en san­ciones mul­ti­mil­lonar­ias que alcan­zarían has­ta el 10% de su fac­turación mundi­al (unos 6.001 mil­lones de dólares, o 5.661 mil­lones de euros, según sus cuen­tas de 2014), o en la imposi­ción de duras medi­das coerci­ti­vas. No hay que olvi­dar que en Europa Google copa actual­mente el 90% de las búsquedas de los usuar­ios, lo que le con­vierte en un lugar priv­i­le­gia­do para cualquier anunciante.

El Par­la­men­to Europeo ya aprobó el pasa­do mes de noviem­bre una res­olu­ción políti­ca (no vin­cu­lante) en la que se ani­ma­ba a la Comisión a «dividir los ser­vi­cios de Google y otras com­pañías de Inter­net para acabar con abu­sos de posi­ción dom­i­nante». De acuer­do con la prop­ues­ta, el ser­vi­cio de búsque­da en Inter­net de Google podría ser escindi­do de la parte de Google que se encar­ga de con­tro­lar la pub­li­ci­dad de la com­pañía (su may­or fuente de beneficios).

Google, por su parte, ha respon­di­do esta sem­ana que las acusa­ciones de que uti­liza su posi­ción dom­i­nante en el mer­ca­do de bus­cadores para suprim­ir a la com­pe­ten­cia son «fal­sas». «Aunque Google quizás sea la her­ramien­ta de búsque­da más usa­da, la gente aho­ra puede encon­trar y acced­er a la infor­ma­ción de numerosas for­mas, y las ale­ga­ciones de daño a los con­sum­i­dores y com­peti­dores están muy lejos de la real­i­dad», argu­men­tó la empre­sa. «Por eso rec­haz­amos respetu­osa­mente, pero com­ple­ta­mente, la necesi­dad de pub­licar un pliego de car­gos con esas acusa­ciones y esper­amos con­vencer (a la CE) en las próx­i­mas sem­anas de que ten­emos razón», añadió la compañía.

Fir­mas como Expe­dia y Tri­pAd­vi­sor sostienen que las prác­ti­cas de Google han daña­do sus nego­cios, aunque la fir­ma cal­i­for­ni­ana sostiene que el trá­fi­co, los ingre­sos y ben­efi­cios de esos sitios en línea no respal­dan las acusa­ciones. Como expli­ca Alber­to Ballestín en la web Quesabes­de, «puesto que Google dom­i­na algunos mer­ca­dos críti­cos como el correo elec­tróni­co, las búsquedas y el vídeo en Inter­net, algu­nas com­pañías creen que la inte­gración de todos estos ser­vi­cios impi­de que puedan lan­zar alter­na­ti­vas viables. La fuerza de Google y la for­ma en la que sus apli­ca­ciones y ser­vi­cios se comu­ni­can entre sí hacen que su posi­ción sea inex­pugnable, con­ce­di­en­do a la com­pañía de Moun­tain View una ven­ta­ja sig­ni­fica­ti­va a la hora de lan­zar nuevos pro­duc­tos». Google puede argu­men­tar que la inte­gración de sus ser­vi­cios ha resul­ta­do en ven­ta­jas evi­dentes para los usuar­ios, pero está en manos de la Comisión Euro­pea decidir si estas prác­ti­cas son o no aceptables.

«Acuerdos anticompetitivos» en Android

Las autori­dades euro­peas abrieron un segun­do frente con­tra Google con el anun­cio de una inves­ti­gación for­mal para deter­mi­nar si la empre­sa ha impul­sa­do acuer­dos «anti­com­pet­i­tivos» con fab­ri­cantes de móviles y table­tas para insta­lar exclu­si­va­mente en ellos su sis­tema oper­a­ti­vo de códi­go abier­to Android. «Los telé­fonos inteligentes, table­tas y aparatos sim­i­lares jue­gan un papel cada vez más impor­tante en la vida de muchas per­sonas y quiero ase­gu­rar que los mer­ca­dos en ese área pueden flo­re­cer sin lim­ita­ciones anti­com­pet­i­ti­vas impues­tas por cualquier com­pañía», dijo en este sen­ti­do Mar­grethe Vestager.

Google indicó, en un mem­o­ran­do inter­no a sus emplea­d­os, que Android ha favore­ci­do una reduc­ción de pre­cios y aumen­ta­do las opciones de los consumidores.

En declara­ciones a la agen­cia Efe, Jeff Jarvis, direc­tor del Cen­tro Tow-Knight para el Peri­odis­mo Emprende­dor en la Uni­ver­si­dad CUNY de Nue­va York, cal­i­ficó de «ridícu­las» las acusa­ciones de los reg­u­ladores europeos. «Es una decisión ridícu­la. Por supuesto que si eres una com­pañía de medios vas a pro­mo­cionar a tus anun­ciantes y si ofre­ces tu sis­tema oper­a­ti­vo de for­ma gra­tui­ta tienes dere­cho a estable­cer cier­tas condi­ciones. No hay nada ile­gal en eso», afirmó.

Además del Android que está pre­sente en la may­oría de los dis­pos­i­tivos móviles, y que incluye los ser­vi­cios y apli­ca­ciones de Google (como YouTube o Gmail), la com­pañía ofrece tam­bién una ver­sión abier­ta y sin las apli­ca­ciones ofi­ciales (AOSP o Android Open Source Project), que puede ser adap­ta­da. Ofi­cial­mente, Google ofrece AOSP con carác­ter uni­ver­sal, pero, como expli­ca asimis­mo Ballestín, la Comisión Euro­pea va a inves­ti­gar si la com­pañía está pre­sio­n­an­do para que los fab­ri­cantes que desean lan­zar dis­pos­i­tivos basa­dos en Android no puedan lan­zar tam­bién pro­duc­tos con ver­siones derivadas basadas en AOSP, y por tan­to despro­vis­tas de las apli­ca­ciones y los ser­vi­cios oficiales.

Facebook y la privacidad

Autori­dades de pro­tec­ción de datos per­son­ales de cin­co país­es de la UE han abier­to una inves­ti­gación sobre la políti­ca de Face­book para pro­te­ger la pri­vaci­dad, según infor­mó el pasa­do día 16 la Comisión Nacional de Infor­máti­ca y Lib­er­tades (CNIL) france­sa. «Hay una acción colec­ti­va con­cer­ta­da entre cin­co autori­dades euro­peas, en Fran­cia, Bél­gi­ca, Ale­ma­nia, Holan­da y España, bajo la respon­s­abil­i­dad de Holan­da», explicó la pres­i­den­ta de la CNIL Isabelle Falque-Pier­rotin, en declara­ciones recogi­das por la agen­cia AFP.

El pro­ce­so, que «aca­ba de empezar», se inspi­rará en el que se está lle­van­do a cabo con Google, según explicó Falque-Pier­rotin: var­ios país­es europeos han man­tenido con­tien­das con Google y en algunos casos el gigante esta­dounidense ha sido san­ciona­do. Así, la Agen­cia Españo­la de Pro­tec­ción de Datos (AEPD) san­cionó en diciem­bre de 2013 al gigante de Inter­net por «vul­ner­ar grave­mente los dere­chos de los ciu­dadanos» y le impu­so una mul­ta de 900.000 euros (1,23 mil­lones de dólares). La AEPD acus­a­ba a Google de «recoger y tratar ilegí­ti­ma­mente infor­ma­ción per­son­al» a través de dis­tin­tos ser­vi­cios, entre ellos las cuen­tas de correo electrónico.

La Comisión Euro­pea ya acon­se­jó el pasa­do mes de mar­zo a los usuar­ios de Face­book que cier­ren sus cuen­tas si no quieren que Esta­dos Unidos acce­da a su infor­ma­ción pri­va­da, debido a que la leg­is­lación en mate­ria de pri­vaci­dad no la protege.

La direc­ti­va euro­pea de pro­tec­ción de datos establece que las com­pañías euro­peas no pueden com­par­tir los datos per­son­ales de sus clientes con com­pañías de país­es pertenecientes a otras juris­dic­ciones fuera de Europa con una pro­tec­ción menor. No obstante, la adver­ten­cia desta­ca­ba que el mar­co legal europeo no puede garan­ti­zar que la infor­ma­ción pri­va­da de los ciu­dadanos europeos esté a sal­vo cuan­do la envían a las com­pañías tec­nológ­i­cas esta­dounidens­es, como es el caso de la red social. Estas declara­ciones surgían a raíz de la que­ja plantea­da por el estu­di­ante de dere­cho Max­i­m­il­ian Schrems, quien cues­tionó la seguri­dad de las con­ver­sa­ciones, corre­os elec­tróni­cos y cuen­tas de redes sociales tras las rev­ela­ciones lle­vadas a cabo por el exa­gente de la CIA Edward Snow­den.

«Deberías con­sid­er­ar cer­rar tu cuen­ta de Face­book, si tienes una», indicó el abo­ga­do de la Comisión Euro­pea Bern­hard Schi­ma al fis­cal gen­er­al Yves Bot, en una audi­en­cia del caso cel­e­bra­da en el Tri­bunal de Jus­ti­cia de la Unión Euro­pea, en Luxemburgo.

Schrems mantiene que las com­pañías que oper­an den­tro de la UE no deberían ten­er per­miso para trans­ferir los datos a EE UU bajo la pro­tec­ción de la leg­is­lación en mate­ria de pri­vaci­dad y seguri­dad. El caso no solo se ha fija­do en Face­book, sino que tam­bién tiene en cuen­ta las deman­das real­izadas con­tra otras empre­sas, como Apple, Microsoft, Skype y Yahoo.

Ape­nas un mes después arrancó en la Audi­en­cia Provin­cial de Viena un juicio con­tra Face­book por supues­ta vul­neración de la pri­vaci­dad, con el debate cen­tra­do en si esta corte es com­pe­tente y en las acusa­ciones de interés económi­co con­tra el impul­sor de la deman­da, el pro­pio Max­i­m­il­ian Schrems, al que se han suma­do otras 25.000 personas.

La deman­da colec­ti­va, ini­ci­a­da el pasa­do año, acusa a la fil­ial euro­pea de Face­book, con sede en Dublín y que agru­pa a todos los usuar­ios sal­vo los de EE UU y Canadá, de vul­ner­ar las leyes de pri­vaci­dad de la Unión Euro­pea, ya que apli­ca la nor­ma­ti­va esta­dounidense, más laxa.

Face­book, por su parte, con­sid­era que el tri­bunal vienés no es com­pe­tente en este caso, ya que cualquier pro­ce­so de este tipo tiene que implicar a la Comisión de Pro­tec­ción de Datos de Irlan­da, para evi­tar el ries­go de que dos instan­cias dis­tin­tas emi­tan vere­dic­tos con­tra­dic­to­rios. Además, Face­book argu­men­ta que una deman­da colec­ti­va solo pro­cede en Cal­i­for­nia, donde tiene su sede la empre­sa matriz, y no en el país en el que reside el demandante.

Más allá de la argu­mentación jurídi­ca, la red social acusa a Schrems de perseguir un interés económi­co con este juicio, algo que el impul­sor de la deman­da nie­ga. Schrems ha ase­gu­ra­do que el dinero que cobra por dar con­fer­en­cias sobre Face­book se des­ti­na a la aso­ciación Europe vs Face­book, y que ni siquiera tiene planea­do dedi­carse pro­fe­sion­al­mente al tema de pro­tec­ción de datos.

Los usuar­ios que par­tic­i­pan en la deman­da provienen de un cen­te­nar de país­es, en su may­oría de Ale­ma­nia, Aus­tria y Holan­da, pero tam­bién hay cien­tos de mex­i­canos, españoles, peru­anos y argenti­nos. Para cada uno de los deman­dantes se recla­man 500 euros en con­cep­to de com­pen­sación por la vio­lación de derechos.

Amazon, los precios y los impuestos en Luxemburgo

Tam­bién el pasa­do mes de mar­zo, la Comis­aria Euro­pea de Com­pe­ten­cia, Mar­grethe Vestager, anun­ció la aper­tu­ra de una inves­ti­gación de un año de duración que ten­drá como obje­ti­vo des­cubrir si las políti­cas vigentes en empre­sas como Ama­zon y Net­flix pueden con­sid­er­arse restric­ti­vas. En con­cre­to, se analizará si var­ios gigantes del com­er­cio elec­tróni­co han implan­ta­do políti­cas para restringir a con­sum­i­dores y vende­dores la com­pra y ven­ta de bienes y ser­vi­cios en otros país­es de la Unión Euro­pea, así como las grandes varia­ciones en los pre­cios de un mis­mo pro­duc­to exis­tentes en difer­entes países.

La comis­aria defendió que se deben elim­i­nar las bar­reras al com­er­cio elec­tróni­co en la UE, de for­ma que haya lib­er­tad para que el con­sum­i­dor de un país pue­da com­prar pro­duc­tos online en otros mer­ca­dos comu­ni­tar­ios si así lo desea. Vestager añadió que, si después de analizar los resul­ta­dos obtenidos en sus pesquisas des­cubren que hay prob­le­mas de com­pe­ten­cia, podrán san­cionar a las empre­sas que abusen de su posi­ción de dominio en el mer­ca­do, y empren­der las medi­das nece­sarias para garan­ti­zar que cumplen con las leyes europeas.

Por otra parte, en enero se hizo públi­ca una car­ta de la UE fecha­da en octubre de 2014, en la que la Comisión expresa­ba sus sospe­chas sobre el tra­to de favor que Ama­zon podría estar reci­bi­en­do en Lux­em­bur­go para pagar menos impuestos. Las autori­dades de Bruse­las con­sid­er­a­ban que la situación supone «una ven­ta­ja para Ama­zon que vul­nera las reglas de la Unión Europea».

El gigante esta­dounidense de las ven­tas por Inter­net es, jun­to a otras multi­na­cionales, obje­to de una inves­ti­gación por supuestos acuer­dos fis­cales secre­tos con país­es como Lux­em­bur­go, Irlan­da y Holan­da. En el caso de Ama­zon, que tiene su sede euro­pea en el Gran Duca­do, estos acuer­dos le per­mi­tirían fac­turar de for­ma fic­ti­cia a empre­sas para no declarar la can­ti­dad real en los país­es de origen.

En el cen­tro de la polémi­ca está el denom­i­na­do tax rul­ing, un acuer­do que las autori­dades trib­u­tarias del país en cuestión (Lux­em­bur­go, en este caso) pueden fir­mar con una com­pañía especí­fi­ca para acor­dar cuán­tos impuestos ten­drá que pagar en su juris­dic­ción, y que Ama­zon fir­mó con el Gran Duca­do en 2003. En ese año, además, Jean Claude Junck­er, actu­al pres­i­dente de la Comisión, ejer­cía como primer min­istro de Lux­em­bur­go. «La Comisión con­sid­era que que este tax rul­ing ha sig­nifi­ca­do una reduc­ción de los impuestos que habrían debido gener­arse por el nego­cio de la com­pañía», expli­ca la Comisión en la carta.

En con­cre­to, y según había detal­la­do la propia Comisión ante­ri­or­mente, de acuer­do con la metodología impues­ta por esa res­olu­ción, la fil­ial de Ama­zon EU Sàrl, con sede en Lux­em­bur­go y que reg­is­tra la may­or parte de los ben­efi­cios europeos de Ama­zon, paga una regalía deducible de impuestos a una sociedad de respon­s­abil­i­dad lim­i­ta­da con sede en este país, pero que no está suje­ta al impuesto de sociedades lux­em­bur­gués. «Como resul­ta­do, la may­or parte de las ganan­cias euro­peas de Ama­zon se reg­is­tran en Lux­em­bur­go pero no trib­u­tan en Luxemburgo».

Apple, la música y los impuestos en Irlanda

Según infor­mó a prin­ci­p­ios del pre­sente mes de abril el diario Finan­cial Times, citan­do fuentes del sec­tor, la Comisión Euro­pea está anal­izan­do los acuer­dos de Apple con var­ios sel­l­os discográ­fi­cos y empre­sas de músi­ca dig­i­tal, con el obje­ti­vo de deter­mi­nar si existe un inten­to de lim­i­tar la libre com­pe­ten­cia, en momen­tos en que el fab­ri­cante del iPhone se prepara para lan­zar su pro­pio ser­vi­cio de músi­ca en stream­ing, pre­vis­to para el próx­i­mo ver­a­no. La com­pañía con sede en Cuper­ti­no, Cal­i­for­nia, com­pró la fir­ma Beats Music por 3.000 mil­lones de dólares el año pasa­do, en un momen­to en el que el mer­ca­do evolu­ciona des­de las descar­gas dig­i­tales hacia una nue­va gen­eración de ser­vi­cios de suscrip­ción y stream­ing.

A la Comisión Euro­pea le pre­ocu­pa que Apple aproveche su tamaño e influ­en­cia para que los sel­l­os aban­do­nen a rivales del gigante tec­nológi­co con opciones gra­tu­itas, como Spo­ti­fy, empre­sas que depen­den de la con­ce­sión de licen­cias con las com­pañías de músi­ca para su catál­o­go, según infor­mó el diario británi­co. De momen­to, el bra­zo ejec­u­ti­vo de la UE estaría tan solo recopi­lan­do infor­ma­ción, como un primer paso hacia una inves­ti­gación más for­mal. En el caso de encon­trar cualquier irreg­u­lar­i­dad, la Comisión podría exi­gir cam­bios en las prác­ti­cas empre­sar­i­ales e impon­er fuertes multas.

El año pasa­do, Apple fue mul­ta­da en Esta­dos Unidos con 450 mil­lones de dólares tras ser acu­sa­da de pactar con cin­co edi­to­ri­ales para ele­var los pre­cios de los libros electrónicos.

Por otro lado, la UE ha acu­sa­do a Apple de reducir inten­cional­mente su fac­tura de impuestos euro­pea gra­cias a un acuer­do con Irlan­da, donde tiene una sede euro­pea. Si las autori­dades euro­peas con­siguen pro­bar­lo, Apple ten­drá que pagar los impuestos atrasa­dos durante décadas e inclu­so podría ser san­ciona­da con una may­or tasa fiscal.

Según detal­ló en sep­tiem­bre el organ­is­mo de Com­pe­ten­cia de la UE, las devolu­ciones de impuestos que Irlan­da con­cedió a Apple «pare­cen equiv­a­lentes a una ayu­da estatal ile­gal y podrían anu­larse». Si los hal­laz­gos pre­lim­inares se con­fir­man, Apple podría verse oblig­a­da a devolver mil­lones de dólares por las ven­tas real­izadas a través de sub­sidiarias en Irlan­da, donde se ben­e­fi­cia de acuer­dos fis­cales para pagar menos impuestos.

En una car­ta dirigi­da al Gob­ier­no irlandés, la Comisión Euro­pea indicó que el tra­to fis­cal otor­ga­do a Apple plantea «dudas de com­pat­i­bil­i­dad» con la ley euro­pea. Para man­ten­er la com­pe­ten­cia jus­ta en el mer­ca­do, la UE pro­híbe que los gob­ier­nos ayu­den a empre­sas pri­vadas. La Unión anun­ció la inves­ti­gación en junio de 2014, en una acción que tiene tam­bién como obje­ti­vo a la cade­na de cafeterías Star­bucks y a otras com­pañías que, según la UE, podrían estar aprovechán­dose de hue­cos fiscales.

Según la Comisión, los acuer­dos fis­cales cer­ra­dos con Apple en 1991 y 2007 mues­tran «varias incon­sis­ten­cias» y podrían incumplir las nor­mas fis­cales inter­na­cionales. La inves­ti­gación se cen­tra en el establec­imien­to de pre­cios de trans­fer­en­cia exager­a­dos, situa­ciones en las que una empre­sa cobra a otra parte un pre­cio infla­do por bienes o ser­vi­cios para lograr ganan­cias en ubi­ca­ciones con bajos impuestos.

El Gob­ier­no irlandés insiste en que no se han vio­la­do las nor­mas euro­peas. Las prác­ti­cas fis­cales de Apple tam­bién han lla­ma­do la aten­ción en Esta­dos Unidos, donde una comisión del Sena­do pub­licó el año pasa­do un duro informe con­tra los esque­mas fis­cales de la empresa.