«Aquí vivimos, aquí decidimos». Con este lema como principal bandera, y empujados por el temor a que el petróleo acabe con su preciado modelo turístico y su no menos importante equilibrio ecológico, miles de ciudadanos volvieron a salir a la calle el pasado 18 de octubre en todas las Islas Canarias para expresar su rechazo a las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno central, y para exigir, también, su derecho a decidir.
En Tenerife, una gran ballena de tela de unos quince metros de largo y transportada por numerosas personas se convertía en el símbolo de una protesta que cuenta con el respaldo del propio Gobierno canario y en la que llevan más de dos años participando una treintena de organizaciones ecologistas, sociales, sindicales y políticas, agrupadas en el Movimiento Canario contra las Prospecciones Petrolíferas.
Las prospecciones, que pretende llevar a cabo la compañía petrolera multinacional Repsol, fueron aprobadas por el Gobierno en marzo de 2012, y desde entonces la oposición ciudadana al proyecto no ha hecho más que crecer.
De momento, sin embargo, la posibilidad de ejercer ese derecho a decidir se ha encontrado de frente no solo con el Gobierno central, sino también con el Tribunal Constitucional. El martes, el pleno de este organismo decidió por unanimidad suspender la consulta que había convocado el Ejecutivo canario para el día 23, al admitir a trámite el recurso que interpuso el Ejecutivo central contra esta iniciativa. La razón: se trata de un referéndum que invade competencias del Estado. La pregunta propuesta por las autoridades autonómicas era: «¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?».
La suspensión es provisional, y el alto tribunal aún tiene que decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, la levanta, pero el anuncio cayó sobre las Islas como un jarro de agua fría.
El Gobierno canario decidió acatar la decisión y suspender cautelarmente la consulta: «No aceptamos que por razones de tipo político se esté impidiendo que los canarios hablen, pero seremos respetuosos con el ordenamiento jurídico», dijo su presidente, Paulino Rivero. Dos días después, no obstante, Rivero anunciaba que se llevará a cabo una encuesta de opinión para conocer qué piensan los ciudadanos sobre las prospecciones. Esta encuesta, matizó, «no sustituye nada», ya que la consulta «se llevará a cabo cuando el Tribunal Constitucional la avale».
Entre tanto, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE) ha anunciado su intención de investigar «exhaustivamente» y «en profundidad» las decisión del Gobierno de autorizar las prospecciones de petróleo en las Islas.
Estas son las claves de un polémico proyecto en el que unos ven una tabla de salvación económica y la posibilidad de reducir la dependencia energética del país, pero que para otros tan solo obedece a puros intereses empresariales, supone un impacto medioambiental irreversible, y apuesta, una vez más, por energías contaminantes en lugar de por energías limpias y renovables.
¿Hay petróleo?
Repsol cree haber encontrado el mayor yacimiento de hidrocarburos jamás detectado en España. Estaría situado, en concreto, frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, a unos 60 kilómetros de la costa canaria, junto a la frontera marítima con Marruecos.
¿Cuánto hay?
El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo en su día que, según las previsiones más pesimistas, la capacidad de producción de este nuevo yacimiento podría llegar a los 140.000 barriles de petróleo diarios, es decir, y en sus propias palabras, el 10% del consumo diario en España, que asciende 1.400.000 barriles.
¿Cuándo se autorizaron las prospecciones?
La autorización necesaria para que Repsol pueda realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote fue aprobada por el Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2012.
Era el segundo intento. El Gobierno central ya había concedido a Repsol permisos de investigación de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias en 2001, pero el Tribunal Supremo los revocó en 2004, por defectos en el control medioambiental de estas autorizaciones.
Tras varios trámites administrativos, y una vez subsanados los defectos que propiciaron la paralización por el Supremo, se estaba a la espera de una nueva autorización. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que lo que hacía el Gobierno, «en el uso de sus facultades y competencias», era «reformar el decreto que el Tribunal Supremo había obligado a reformular para que tengan validez las prospecciones en aguas de Canarias».
¿Cuándo comenzarían los sondeos?
Las previsiones apuntaban a que a finales de 2014 se podrían realizar los primeros sondeos exploratorios para ver el potencial de la zona. Si son positivos, Repsol hará unos sondeos denominados de delineación y, en función de los resultados, tomará una decisión de inversión hacia 2016. Tras todos estos pasos, las primeras extracciones de petróleo podrían producirse hacia 2019–2020.
La coordinadora de organizaciones que se oponen a las prospecciones teme que éstas den comienzo en tan solo unas semanas. Hace unos días, un portavoz de Repsol anunció que el buque encargado de realizar los sondeos, el Rowan Reinassance, ya está camino de Canarias después de hacer varios trabajos en Angola.
¿Por qué se opone el Gobierno canario?
Las instituciones canarias han puesto en duda que esas actividades petrolíferas vayan a beneficiar a la economía del archipiélago y advierten, además, del daño que un potencial derrame de crudo ocasionaría a su principal industria: el turismo.
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó una propuesta de resolución en la que se dice que «no se dan las condiciones, en estos momentos, para que se realicen actividades de prospección, exploración y producción de petróleo o gas en las aguas que circundan al archipiélago canario, debido a los elevados riesgos para la industria turística».
Un reglamento comunitario sobre la seguridad de las actividades de prospección avisa de que «la probabilidad de un grave accidente en plataformas en alta mar en aguas europeas sigue siendo inadmisiblemente alto», según ha denunciado el PSOE canario.
«Pago de favores»
El presidente canario, Paulino Rivero (Coalición Canaria), ha dicho que «cada día» está «más convencido de que [las prospecciones] suponen un atropello a Canarias», y de que el trato que se da en este asunto es «colonial». Rivero añadió que también está «cada vez más convencido de que se pagan algunos favores a Repsol», pues se ha «confeccionado de forma descarada una bajada en el impuesto de sociedades a las petroleras, que entrará en vigor el 1 de enero, cuando tienen unos márgenes de beneficios brutales, y las sociedades modernas hacen justo lo contrario».
Rivero ha rechazado asimismo que se «intente comprar a Canarias» con un hipotético impuesto que se impondrá a Repsol, y del que, en caso de haber petróleo o gas, se comenzaría a percibir en siete u ocho años. El presidente autonómico pide, en cambio, que se cuantifique lo que dejará de pagar esta compañía con la reducción del impuesto de sociedades en ese periodo.
El presidente canario critica la «doble vara» del Gobierno en el asunto de las explotaciones petrolíferas por la posición divergente que mantiene en Canarias respecto a Baleares y Málaga.
¿Cuáles son los argumentos del Gobierno central?
El ministro de Industria, José Manuel Soria, insiste en que España «no puede prescindir» de un petróleo que puede suponer una importante reducción de la dependencia energética del país. Soria ha indicado asimismo que el petróleo podría ayudar a Canarias a diversificar su economía. «Nunca se me ocurriría tomar una decisión que pudiera hacer el mínimo daño a Canarias», dijo.
Tras la autorización concedida a Repsol, el Gobierno explicó que este permiso «no implica en ningún caso la extracción de petróleo» y advirtió de que, en el caso de que el promotor quisiera desarrollar esta actividad en el futuro, «estará obligado a presentar un nuevo proyecto» que será sometido a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental, abierto a la participación pública.
El informe del Ejecutivo reconocía que el proyecto tiene «una serie de impactos» previstos en la realización del sondeo, e incluía, según el propio Gobierno, medidas «preventivas y correctoras». En concreto, se habrían analizado medidas de control de fuentes lumínicas, ruido y ripios y lodos procedentes de los sondeos.
Con respecto al impacto económico, el Gobierno destaca que el proyecto puede suponer la creación de miles de puestos de trabajo, y se apoya en informes como el publicado recientemente por la agencia de calificación internacional Fitch, que no cree que las autorizaciones concedidas a Repsol para buscar hidrocarburos en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura representen un riesgo para el sector turístico de Canarias, su principal motor económico.
La agencia de valoración considera que la polémica existente entre el Gobierno central y el canario a raíz de este asunto «es un conflicto de largo plazo, con potenciales efectos sobre la economía de Canarias, aunque aún es pronto para ver las consecuencias». «Fitch supone que no es probable que se produzca una catástrofe natural ni un retroceso del sector turístico como consecuencia de las actividades de búsqueda de petróleo», concluye su informe.
¿Qué dicen los ecologistas?
Las organizaciones ecologistas denuncian el serio riesgo de contaminación que conllevan tanto las prospecciones como la eventual extracción de petróleo, con el consiguiente impacto no solo en la vida marina, sino también en un territorio que vive exclusivamente del turismo, y donde toda el agua potable se obtiene de un mar ahora en peligro.
WWF ha criticado el proyecto porque puede afectar a una de las áreas «más importantes de España en términos de biodiversidad marina». La ONG recuerda, en este sentido, que la zona en la que la petrolera pretende llevar a cabo las prospecciones está siendo estudiada en el marco del proyecto Life + Indemares para su designación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Esta figura de protección reconoce la presencia significativa de hábitats naturales y de especies de interés comunitario y busca garantizar el mantenimiento o restablecimiento de los éstos en un estado de conservación favorable.
Greenpeace, por su parte, ha denunciado que, al «acelerar» el proceso para otorgar el permiso para realizar prospecciones en la costa canaria, España «ha vulnerado leyes y directivas europeas». Además, la ONG asegura que existen «graves errores» en el informe de impacto ambiental llevado a cabo como parte del proceso de autorización, y que el estudio tiene «errores de cálculo» que pondrían en peligro a los cetáceos y tortugas de la zona debido a la contaminación acústica.
Greenpeace afirma asimismo que el proyecto de prospecciones de Repsol utiliza estándares de seguridad «menos rigurosos y más baratos» que los que emplea la misma compañía en Estados Unidos.
«Demasiado arriesgado»
Richard Steiner, profesor de la Universidad de Alaska hasta 2010, especialista en conservación marina y asesor de una decena de países en materia de perforaciones en mar abierto, ha advertido del riesgo que corren las aguas de Fuerteventura y Lanzarote con la Declaración de Impacto Ambiental que el Gobierno aprobó para Repsol.
A través de un comunicado de prensa remitido por el Cabildo de Fuerteventura, Steiner explicó que las condiciones impuestas en el proyecto de las Islas Canarias a la perforación de Repsol por el Gobierno de España «son de hecho tan rudimentarias» que «el proyecto sigue siendo demasiado arriesgado», y aseguró que los requisitos ahora conocidos son «terriblemente insuficientes».
«Todo el mundo debe entender que un proyecto de perforación exploratoria en aguas profundas es extremadamente peligroso. Plantea un alto riesgo de una explosión catastrófica. Un reventón de este tipo pondría en peligro todo lo que define las Islas Canarias: el medio ambiente, la cultura y la economía. Hemos aprendido esta lección de la manera más difícil en los EE UU, con el desastre de BP Deepwater Horizont en 2010″, recordó el especialista canadiense.
¿Qué dice Repsol?
Según el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se trata de una actividad de «alto valor añadido» que «complementará» al turismo y convertirá a Canarias en un «referente» de la sostenibilidad con centros de investigación o industrias de servicios.
Para Brufau, la compañía «tiene la obligación de perforar, porque tiene unas licencias otorgadas hace ya bastante tiempo». «Ha habido un proceso muy politizado en este tema, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad», indicó, añadiendo que «hay que levantar un poco la vista y pensar en el conjunto de España. Descubrir petróleo sería una gran oportunidad para España. La tasa de riesgo es muy alta, pero nuestra responsabilidad es intentar descubrirlo».
¿Cómo se hacen los sondeos?
La primera fase consiste en seleccionar la zona de interés, atendiendo a las condiciones geológicas y geográficas que hayan podido favorecer la acumulación de petróleo o gas. En el mar, estos yacimientos se suelen encontrar cerca de los márgenes continentales, como en complejos arrecífales y depósitos de arena o de sedimento poroso. También coinciden, según explica la ONG Ecolgistas en Acción, con las zonas próximas a la costa, donde los peces y otras especies marinas encuentran alimento y cobijo o áreas de reproducción.
Tras elegir la zona, el estudio del subsuelo marino y la ubicación de los yacimientos de hidrocarburo se llevan a cabo mediante métodos geofísicos de prospección sísmica. Estos métodos consisten en la emisión y después la captura de ondas acústicas desde instrumentos remolcados por un barco. Las ondas emitidas viajan a través del agua, penetran en el fondo marino y son reflejadas desde las diversas capas subterráneas hacia la superficie, donde el barco captura, registra e interpreta los datos.
La prospección sísmica usa como fuente de energía cañones de aire comprimido que emiten ondas acústicas hacía el fondo marino, las cuales se reflejan y son posteriormente captadas por los hidrofonos remolcados por el buque. Las prospecciones sísmicas se mantienen activas 24 horas al día, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Un estudio puede durar desde dos o tres semanas hasta varios meses, dependiendo de la zona de interés, y puede cubrir una zona de entre 300 y 600 millas náuticas.
¿Qué efecto tienen estas explosiones acústicas?
El mayor impacto de las prospecciones de hidrocarburos proviene de los violentos disparos de los cañones de aire comprimido y la contaminación acústica consecuente, que se produce durante todo el periodo del estudio.
Según señala en un informe la organización Ecologistas en Acción, las prospecciones sísmicas generan 600 explosiones por hora, o 14.400 por día. La transmisión de pulsos acústicos es repetitiva, y continúa durante todo el tiempo de las prospecciones, y en el agua los sonidos se propagan con mayor rapidez y menor pérdida de energía que en el aire.
La ONG cita una serie de estudios realizados en los años cincuenta por la Armada Británica, según los cuales a una distancia de menos de tres metros, un pulso en el agua de intensidad sonora de 260 dB provoca la muerte instantánea a cualquier animal mamífero, como los cetáceos. Entre ese nivel y los 225 dB, la muerte es posible y las lesiones, graves, y partir de 200 dB hay lesiones físicas. Los ecologistas destacan que «todos los peces estudiados hasta ahora tienen capacidad auditiva, por no mencionar a los cetáceos, en los que el sentido del oído es crucial para su supervivencia».
Las organizaciones ecologistas alertan también del impacto económico para la industria pesquera, ya que los bancos de peces reaccionan al ruido con movimientos de huida y defensa (hacia el fondo marino) incompatibles con las faenas.
¿Es Canarias un caso único?
No. Las prospecciones petrolíferas se han multiplicado en España en los últimos años. Según señala Ecologistas en Acción en el mencionado informe, el Gobierno ha autorizado ya 30 nuevas áreas marinas para la explotación de yacimientos y posibles nuevas plataformas de hidrocarburos, y existen varios permisos solicitados por autorizar, que suponen multiplicar por quince la superficie marina que ya se está explotando.
Estos proyectos exploratorios, sumados a las 10 perforaciones ya activas, suman más de 20.000 kilómetros cuadrados de mar en zonas de Baleares, el litoral valenciano y catalán, y las propias Islas Canarias.
Y el número de espacios naturales dedicados a la búsqueda de hidrocarburos seguirá aumentando, ya que actualmente existen más permisos pendientes por autorizar, como los doce permisos solicitados por la empresa Capricorn Spain Limited en Cataluña, los permisos solicitados por Seabird Exploration, y los de Spectrum, que se realizarán entre las islas Baleares y la Costa Brava. En total, un área de 38.500 kilómetros cuadrados. Ello supone un incremento de más del 50% en el número de áreas dedicadas a la exploración de hidrocarburos.
¿Hay alternativas?
La dependencia exterior de energía en España se sitúa en torno al 80%, y la de petróleo, en torno al 99,9%. Esto hace que el sistema energético español sea muy vulnerable a los efectos de la situación socio-política de terceros países como Argelia, Catar, Arabia Saudí, Egipto, Nigeria, Rusia o México, que son los principales países que exportan crudo o gas a España.
Sin embargo, para las organizaciones ecologistas el potencial de España para la generación de energías alternativas (solar, eólica) es suficiente como para suplir esta dependencia y estabilizar la producción de energía eléctrica y, con ello, la inconstancia de los precios al consumidor, además de garantizar la sostenibilidad ambiental.
Según explica Marina Bevacqua, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, la apuesta por un modelo energético renovable en lugar de por uno basado en el petróleo supone, además de una necesidad medioambiental, una oportunidad económica para Canarias.
Bevacqua cita un estudio reciente elaborado por la consultoría independiente Abay Analistas para Greenpeace, en el que «se demuestra que un sistema energético basado en renovables supondría un ahorro medio de un 34% en la factura energética (luz, gas, etc.) de los hogares españoles frente al año 2012, y añade que «los canarios ahorrarían una media de 84 euros al año gracias a este modelo».
¿Cómo será la encuesta anunciada por el Gobierno canario?
El presidente autonómico, Paulino Rivero, explicó que la encuesta contará de 2.800 muestras y dejó claro que no sustituye a la consulta ciudadana que ha sido suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional. La consulta se hará cuando el TC la avale, indicó Rivero, quien afirmó que su Gobierno está «absolutamente convencido de su legalidad».
El presidente canario indicó que el Consejo de Gobierno ha acordado encargar el macrosondeo a las dos universidades públicas de las Islas. En la encuesta, indicó Rivero, se preguntará por la posición del Gobierno regional contra los sondeos autorizados a Repsol por la incidencia negativa que, según afirmó, tendrán en el medio ambiente, el turismo, la desalación de agua o la pesca en el Archipiélago.
Las preguntas que se formulen en esta encuesta las harán los expertos de las universidades. El coste para el Gobierno canario será de 40.000 euros. Rivero dijo que aún se desconoce cuándo se llevará a cabo.
La portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, considera que la encuesta sobre las prospecciones petrolíferas anunciada por Rivero, es «una pataleta de niño chico» por el fracaso en los tribunales de su «batallita contra los sondeos». En un comunicado, Navarro pregunta por el coste económico de una encuesta «que no sirve en la práctica para nada y que solo confirma que CC y PSOE pretenden seguir despilfarrando el dinero de los canarios en una causa perdida y absurda».