Este domin­go se ha cumpli­do un mes com­ple­to des­de que, el pasa­do 26 de sep­tiem­bre, 43 estu­di­antes de mag­is­te­rio (nor­mal­is­tas) desa­parecieron en el munici­pio mex­i­cano de Iguala, en el esta­do de Guer­rero, a unos 200 kilómet­ros de la cap­i­tal del país. Los estu­di­antes, que se prepara­ban para ser pro­fe­sores rurales, fueron ata­ca­dos por la policía munic­i­pal tras par­tic­i­par en una protes­ta. Todo parece indicar que fueron los pro­pios agentes quienes, a con­tin­uación, los habrían entre­ga­do al grupo crim­i­nal Guer­reros Unidos, un san­guinario cár­tel naci­do hace ape­nas tres años.

Des­de entonces la nación con­tiene el alien­to mien­tras lle­va cada mañana el macabro recuen­to de los días que van pasan­do, y tra­ta de digerir las ter­ri­bles noti­cias que no han deja­do de suced­er­se, incluyen­do el des­cubrim­ien­to de varias fos­as comunes con dece­nas de restos humanos muti­la­dos, des­ol­la­dos, quemados…

Y de fon­do, una vez más, la vio­len­cia descar­na­da del nar­cotrá­fi­co, pero tam­bién un esta­do gen­er­al­iza­do de cor­rup­ción y crim­i­nal­i­dad (el alcalde de Iguala y su esposa, acu­sa­dos por la Fis­calía mex­i­cana de ser los autores int­elec­tuales del ataque, se han dado a la fuga), y el fra­ca­so políti­co de un gob­ier­no impo­tente en su declar­a­da guer­ra con­tra el crimen orga­ni­za­do de las drogas.

Des­de que hace ya ocho años el Ejec­u­ti­vo del entonces pres­i­dente Felipe Calderón deci­diese acabar con los nar­cos por la vía mil­i­tar, la vio­len­cia en Méx­i­co ha deja­do al menos 70.000 muer­tos, incluyen­do eje­cu­ciones, enfrentamien­tos entre ban­das rivales y ataques de las autori­dades, y más de 20.000 desaparecidos.

El esta­do de Guer­rero, donde se pro­du­jo el ataque a los estu­di­antes, tiene, según datos del Sis­tema Nacional de Seguri­dad Públi­ca, la may­or tasa de asesinatos de todo el país, con 29 homi­cidios pre­med­i­ta­dos por cada 1.000 habi­tantes, por delante de Sinaloa y Chi­huahua.  Es, tam­bién, la zona de Méx­i­co donde se pro­ducen más secue­stros, robos y vio­la­ciones sex­u­ales, y tam­bién el esta­do más pobre.

El pro­pio gob­er­nador de Guer­rero, que pre­sen­tó final­mente su dimisión esta sem­ana, ha admi­ti­do que «hay lugares en los que man­da la delin­cuen­cia orga­ni­za­da» y no la ley. Entre enero y agos­to de este año se pro­du­jeron en Guer­rero 1.029 asesinatos –la mitad de ellos con armas de fuego–, 11 casos de extor­sión y 81 secuestros.

Esta vez, sin embar­go, la sociedad mex­i­cana no se está lim­i­tan­do a con­tener el alien­to. Como pocas veces en los últi­mos años, y por primera vez en el esta­do de Guer­rero, la reac­ción de la población civ­il está sien­do con­tun­dente. En una respues­ta que recuer­da a otras mov­i­liza­ciones del pasa­do que parecían haber caí­do en un cier­to olvi­do (la gran man­i­festación de la cam­paña «Ilu­minemos Méx­i­co», en 2008, o el movimien­to YoSoy132), miles de per­sonas están salien­do a la calle en masi­vas man­i­festa­ciones para protes­tar ante una situación que se nie­gan a acep­tar como un cáncer endémi­co e incur­able. En oca­siones, la rabia sim­ple­mente se des­bor­da: el pasa­do martes los man­i­fes­tantes acabaron pegan­do fuego al ayun­tamien­to de Iguala.

¿Están vivos aún los estu­di­antes? Ofi­cial­mente sigue sien­do una pre­gun­ta sin respues­ta, pero los que alber­gan todavía algu­na esper­an­za son cada vez más pocos. Las autori­dades ase­gu­ran que el ADN de 28 cadáveres pre­sentes en fos­as encon­tradas estos últi­mos días no coin­cide con el de los secuestra­dos, pero la opinión públi­ca ya no sabe qué creer

Estas son las claves de un caso que ha des­per­ta­do como pocas veces antes la indi­gnación en México:

El ataque

El pasa­do 26 de sep­tiem­bre, estu­di­antes nor­mal­is­tas de la escuela Ayotz­i­na­pa se man­i­festa­ban en Iguala, en el esta­do de Guer­rero, den­tro de una serie de activi­dades encam­i­nadas, al pare­cer, a recau­dar fon­dos para sus activi­dades, y en el mar­co de su oposi­ción a la refor­ma educativa.

Al ter­mi­nar la protes­ta, y cuan­do ya se retira­ban, un grupo de policías munic­i­pales dis­paró con­tra sus vehícu­los. Seis per­sonas perdieron la vida (tres de ellas, estu­di­antes), y otras 17 resul­taron heridas.

Durante los primeros días se habló de 57 desa­pare­ci­dos, y los respon­s­ables de la escuela Ayotz­i­na­pa hicieron pub­li­ca una lista con los nom­bres de los estu­di­antes, pero poco después la cifra se redu­jo a los actuales 43 estu­di­antes de los que todavía hoy se desconoce su paradero. Algunos de los jóvenes que sí han apare­ci­do han con­fir­ma­do que habían esta­do escon­di­dos por miedo a las repre­salias y a la vio­len­cia de la Policía Pre­ven­ti­va Munic­i­pal de Iguala.

Este miér­coles, el Fis­cal Gen­er­al de Méx­i­co, Jesús Muril­lo Karam, ofre­ció en rue­da de pren­sa detalles sobre lo ocur­ri­do. Según explicó el procu­rador, sobre las 6 de la tarde los estu­di­antes de la nor­mal abor­daron por la fuerza dos auto­bus­es en Ayotz­i­na­pa, y de ahí partieron con des­ti­no a Iguala. Tres horas después «tomaron dos unidades adi­cionales. Hubo resisten­cia del chófer de una ter­cera unidad, que resultó lesion­a­do». Al pare­cer, una mujer tam­bién resultó heri­da cuan­do los estu­di­antes se apoder­aron de los buses.

La policía munic­i­pal de Iguala, ayu­da­da por la de Coc­u­la, blo­queó entonces la car­retera y retu­vo los auto­bus­es de los estu­di­antes. Empezaron los dis­paros y un estu­di­ante perdió la vida. Algunos de los jóvenes lograron escapar en uno de los auto­bus­es. Policías y sicar­ios de Guer­reros Unidos se con­fundieron y atac­aron otro vehícu­lo en el que via­ja­ban los inte­grantes del equipo de fút­bol Los Avispones de Chilpancin­go. Murieron al menos dos per­sonas, un fut­bolista y el con­duc­tor. Min­u­tos después los policías detu­vieron el  auto­bús de los estudiantes.

El secuestro

Los nor­mal­is­tas fueron traslada­dos a la Cen­tral de la policía de Iguala y, después, expli­ca el fis­cal, «sus­traí­dos de esta depen­den­cia por policías del munici­pio de Coc­u­la, quienes actu­a­ban en com­pli­ci­dad con los de Iguala». «Se tiene acred­i­ta­do que el sub­jefe de la policía de Coc­u­la, César Nava, esta­ba tam­bién a las órdenes de Guer­reros Unidos», indi­ca el procurador.

La policía de Coc­u­la trasladó al grupo de detenidos a un para­je entre los límites de Iguala y Coc­u­la y ahí fueron entre­ga­dos al grupo Guer­reros Unidos, en pres­en­cia de policías munic­i­pales de Iguala. En ese momen­to un grupo de per­sonas en el que se pre­sume esta­ban algunos estu­di­antes fueron subidos a una camione­ta y con­duci­dos, a través de un camino de tier­ra, hacia la zona de Pueblo Viejo, una zona rur­al de Iguala, a unos 20 min­u­tos de la población. Será allí donde se encuen­tren después nueve fos­as comunes con 30 cuer­pos calcinados.

Las fosas

Como resul­ta­do de las inves­ti­ga­ciones ini­ci­adas tras la desapari­ción de los jóvenes, se han encon­tra­do más de una dece­na de fos­as comunes, si bien la Fis­calía Gen­er­al reconoce «solo» nueve.

La for­ma en la que se encon­traron los cuer­pos, sobre un lecho de hojas, car­boniza­dos y algunos muti­la­dos, apun­ta a una may­or vin­cu­lación con el crimen orga­ni­za­do, reforzan­do la vin­cu­lación de Guer­reros Unidos.

El martes, el Gob­ier­no mex­i­cano anun­ció que los 28 cuer­pos exhuma­dos de las primeras fos­as no cor­re­spon­den con los 43 estu­di­antes nor­mal­is­tas. El fis­cal gen­er­al ha ase­gu­ra­do que las prue­bas de ADN han rel­e­va­do que no son los estu­di­antes.

Aun así, los famil­iares no con­fían en la respues­ta del Gob­ier­no, y ase­gu­ran que solo ten­drán en cuen­ta los resul­ta­dos que obten­ga el Equipo Argenti­no de Antropól­o­gos Forens­es, que está tratan­do de iden­ti­ficar los cuerpos.

El alcalde y su esposa

Lo primero que hizo el fis­cal gen­er­al durante su inter­ven­ción fue con­fir­mar lo que todo el mun­do sabia: los autores int­elec­tuales de la desapari­ción de los estu­di­antes son el exal­calde de Iguala, José Luis Abar­ca, y su esposa, María de los Ánge­les Pine­da Vil­la, ambos prófugos.

Los dos tra­ba­ja­ban direc­ta­mente con el grupo Guer­reros Unidos, sien­do Pine­da la «prin­ci­pal oper­ado­ra» de la orga­ni­zación crim­i­nal en Iguala. Abar­ca, por su parte, entre­ga­ba alrede­dor de tres mil­lones de pesos (unos 175.000 euros) men­su­ales a Guer­reros Unidos, de los cuales al menos 600.000 se des­tin­a­ban como pago adi­cional de la nómi­na de la policía munic­i­pal. Dos de los her­manos de Pine­da tra­ba­ja­ban para el cár­tel de los Bel­trán Ley­va. Los pro­pios miem­bros del cár­tel eran quienes decidían sobre los nuevos ingre­sos a la corporación.

En junio de 2013, Pine­da había sido agre­di­da durante «un con­flic­to entre per­sonas afines al alcalde y el grupo Unión Pop­u­lar Emil­iano Zap­a­ta», entre quienes había nor­mal­is­tas de Ayotz­i­na­pa, según explicó el fiscal.

Abar­ca y su mujer huyeron de la ciu­dad tras pro­ducirse el ataque (según explicó el pro­pio alcalde, en ese momen­to esta­ban en una fies­ta). El 30 de sep­tiem­bre Abar­ca solic­itó una baja de 30 días y des­de entonces se desconoce su paradero. En su hui­da, el alcalde se lle­vo de su despa­cho obje­tos de val­or, pero tam­bién un gran número de doc­u­men­tos que podrían ayu­dar a esclare­cer lo ocurrido.

El procu­rador gen­er­al ha recono­ci­do que se podría haber evi­ta­do la trage­dia de Iguala si se hubiera actu­a­do antes con­tra su alcalde. En 2013, el procu­rador se entre­vistó en difer­entes oca­siones con un hom­bre que decía ten­er prue­bas y poder facil­i­tar tes­ti­gos que rela­cionasen a Abar­ca con crim­i­nales y con el asesina­to de tres mil­i­tantes del Par­tido de la Rev­olu­ción Democráti­ca (PRD) en Guer­rero. Sin embar­go, las prue­bas no lle­garon a entre­garse, por lo que el caso no prosperó.

Los últi­mos datos de la inves­ti­gación abier­ta por la Procu­raduría Gen­er­al  han con­fir­ma­do que Abar­ca habría aban­don­a­do el esta­do de Guer­rero pero «sigue en el país».

El gobernador

La cri­sis ha acaba­do con la car­rera políti­ca del gob­er­nador de Guer­rero, el cacique Ángel Aguirre, quien pre­sen­tó final­mente su dimisión este viernes tras haberse resis­ti­do a ello durante casi cua­tro sem­anas, y después de que se lo pidiese su pro­pio par­tido, el izquierdista PRD.

Aguirre, de 58 años, ha movi­do los hilos en Guer­rero des­de que asum­ió el poder hace cer­ca de dos décadas, primero en las filas del ofi­cial­ista Par­tido Rev­olu­cionario Insti­tu­cional (PRI) y después en las del PRD. Durante su manda­to, el nar­cotrá­fi­co se ha adueña­do del ter­ri­to­rio a través de cua­tro san­guinar­ios cárteles.

Como expli­ca Adrián Flo­res en un artícu­lo pub­li­ca­do en Rebe­lión, Aguirre es recor­da­do por haber susti­tu­i­do a Rubén Figueroa Alco­cer tras la masacre de Aguas Blan­cas (18 indí­ge­nas asesina­dos en 1995), y porque durante su gob­ier­no interi­no ocur­rió la masacre de El Char­co (11 indí­ge­nas muer­tos, en 1998). En 2009 fue acu­sa­do de desviar fon­dos para la cam­paña de su pri­mo Ángel Aguirre Her­rera como can­dida­to del PRI para una diputación fed­er­al. Flo­res añade que «empre­sar­ios guer­rerens­es y colab­o­radores cer­canos señalan que el gob­er­nador ha sola­pa­do múlti­ples homi­cidios que involu­cran a los pres­i­dentes munic­i­pales de Guerrero».

Según desta­can los anal­is­tas, su renun­cia supone un respiro en la cri­sis para el pres­i­dente, Enrique Peña Nieto (PRI), quien ha logra­do además pre­sen­tar en públi­co la deten­ción de Sidro­nio Casar­ru­vias, el líder de Guer­reros Unidos.

Guerreros Unidos

Guer­reros Unidos es una orga­ni­zación crim­i­nal que cen­tra sus acciones en los esta­dos de Guer­rero y More­los, y que muchos definen como un pequeño cár­tel por su vin­cu­lación al gran car­tel de los Bel­trán Ley­va. Aunque en un prin­ci­pio los Bel­trán Ley­va tra­ba­ja­ban jun­to a la orga­ni­zación de Sinaloa, des­de 2008 es un cár­tel aparte que ha for­ja­do alian­zas con los Zetas y el cár­tel del Golfo.

En tres años de vida, el cár­tel ha tenido al menos cua­tro líderes, todos ellos cap­tura­dos. Su prin­ci­pal fun­dador fue Cleotilde Toribio Rentería, ‘El Tilde’, quien ini­ció su car­rera al amparo de Édgar Valdez Vil­lar­real, ‘La Bar­bie’, sicario del cár­tel de los her­manos Bel­trán Leyva.

‘El Tilde’ fue detenido por el Ejérci­to en julio de 2012, y Mario Casar­ru­bias Sal­ga­do, ‘Sapo Guapo’, se hizo entonces con el con­trol de Guer­reros Unidos, exten­di­en­do la influ­en­cia del grupo al Esta­do de Méx­i­co. ‘Sapo Guapo’, iden­ti­fi­ca­do como uno de los prin­ci­pales traf­i­cantes de dro­ga a Esta­dos Unidos, fue arresta­do a su vez en abril de 2014, y su lugar lo ocupó  Gon­za­lo Martín Souza Neves. Tres meses después tam­bién Souza fue detenido. Su susti­tu­to, Sidro­nio Casar­ru­vias fue arresta­do el pasa­do 18 de octubre.

Una de las prin­ci­pales fuentes de finan­ciación de Guer­reros Unidos es el trasla­do de cocaí­na a Chica­go, EE UU, en com­par­ti­men­tos ocul­tos en auto­bus­es de pasajeros.

Los normalistas

Los 43 desa­pare­ci­dos, la may­oría de entre 18 y 21 años, estu­di­an para mae­stro en la escuela rur­al «Raúl Isidro Bur­gos», de la empo­bre­ci­da comu­nidad de Ayotz­i­na­pa (Guer­rero), cono­ci­da por su com­bat­ivi­dad social y por ser un bastión de la ide­ología izquierdista de la Rev­olu­ción Mex­i­cana de prin­ci­p­ios del siglo XX.

En un repor­ta­je pub­li­ca­do en Vice News, Melis­sa del Pozo cuen­ta que «entrar en Ayotz­i­na­pa es un via­je al pasa­do, como lle­gar a la Cuba comu­nista. Los retratos de Ernesto Che Gue­vara, están en casi todas las pare­des de los cuar­tos, se acom­pañan por los ros­tros de Marx, Vladimir Illich Lennin, Engels y sobre todo Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, lid­eres de la guer­ril­la en Méx­i­co durante la déca­da de los 70».

Los estu­di­antes, alrede­dor de medio mil­lar, deci­den de for­ma colec­ti­va cómo van a actu­ar en cada aspec­to de su vida y de su edu­cación. Todos cam­bian su nom­bre cuan­do ingre­san en la escuela y se asig­nan apo­dos rela­ciona­dos al lugar de donde provienen.

Fran­cis­co Gold­man expli­ca en The New York­er que la escuela Nor­mal de Ayotz­i­na­pa prepara a los jóvenes para ser pro­fe­sores en las escue­las más pobres del esta­do: «Los estu­di­antes proce­den en su may­oría de famil­ias indí­ge­nas, campesinas y pobres. Nor­mal­mente son los chicos mas bril­lantes de sus comu­nidades [de los 600 jóvenes que solic­i­taron el ingre­so, solo fueron acep­ta­dos 140, incluyen­do a los 43 desa­pare­ci­dos].  Lle­gar a ser mae­stro es vis­to como un paso ade­lante en la vida campesina, pero tam­bién como un modo de ser social­mente útil en sus empo­bre­ci­das comunidades».

La Escuela Nor­mal Rur­al «Raúl Isidro Bur­gos» fue fun­da­da en 1926 como parte de un proyec­to educa­ti­vo que incluyó orig­i­nal­mente 29 Escue­las Nor­males Rurales, y cuyo obje­ti­vo era facil­i­tar el acce­so a la edu­cación a los hijos de los campesinos en las zonas rurales más ais­ladas del país.

Del proyec­to orig­i­nal, que en los años veinte pre­tendía expandirse a otros Esta­dos de la Repúbli­ca Mex­i­cana, actual­mente sobre­viv­en 15 Nor­males Rurales que atien­den a más de 6.000 alum­nos. Después del movimien­to estu­di­antil de 1968, el Esta­do cer­ró 12 Escue­las Nor­males Rurales, y a par­tir de 1994 la pre­sión por desa­pare­cer este mod­e­lo educa­ti­vo se reactivó.

Las protestas

Des­de que se pro­du­jo la desapari­ción de los 43 estu­di­antes se han suce­di­do las man­i­festa­ciones ciu­dadanas de protes­ta para exi­gir que se esclarez­can los hechos y se depuren respon­s­abil­i­dades. La más masi­va tuvo lugar el pasa­do miér­coles en la cap­i­tal, Ciu­dad de Méx­i­co, donde salieron a la calle unas 50.000 per­sonas, según cál­cu­los de las autori­dades locales, en una mar­cha con­vo­ca­da por orga­ni­za­ciones universitarias.

Eso mis­mo día, y en el mar­co de una jor­na­da nacional de mov­i­liza­ciones, unos 5.000 estu­di­antes y mae­stros de la Coor­di­nado­ra Estatal de Tra­ba­jadores de la Edu­cación mar­charon en Iguala para exi­gir la apari­ción con vida de los jóvenes. Al lle­gar a la plaza prin­ci­pal donde se encuen­tra el ayun­tamien­to, algunos man­i­fes­tantes, arma­dos con palos y con los ros­tros cubier­tos, lan­zaron cócte­les molo­tov con­tra el edi­fi­cio, que acabó en lla­mas. El incen­dio comen­zó min­u­tos antes de que el fis­cal gen­er­al, Jesús Muril­lo, señalara como autores int­elec­tuales de los hechos vio­len­tos al alcalde y a su esposa.

Detenidos

Has­ta el momen­to, la Fis­calía fed­er­al ha arresta­do a 53 per­sonas rela­cionadas con el caso, de ellos, 36 policías munic­i­pales de Iguala y Coc­u­la, y 17 miem­bros de Guer­reros Unidos.

Las autori­dades han desar­ma­do tam­bién a las policías de otros doce munici­p­ios en Guer­rero y de uno más en el Esta­do de México.

Impunidad

El pasa­do 21 de agos­to, un mes antes del ataque de Iguala, el gob­ier­no mex­i­cano recono­ció ofi­cial­mente un total de 22.322 desapari­ciones des­de el año 2006, el 44% de las cuales se han pro­duci­do durante la actu­al admin­is­tración del pres­i­dente Enrique Peña Nieto.

No obstante, Amnistía Inter­na­cional ase­gu­ra que el número real de desa­pare­ci­dos supera prob­a­ble­mente las cifras ofi­ciales, debido a que la poca con­fi­an­za ciu­dadana en el sis­tema judi­cial y en las fuerzas de seguri­dad hace que muchas de estas desapari­ciones no se denuncien.

En Méx­i­co, indi­ca Amnistía, «las desapari­ciones se han con­ver­tido en un fenó­meno común porque las autori­dades fed­erales y estatales las han tol­er­a­do y se han nega­do a erradi­car­las. Aunque el gob­ier­no mex­i­cano ha recono­ci­do en parte la mag­ni­tud de las desapari­ciones que tienen lugar en el país, todavía no ha admi­ti­do la impli­cación de agentes fed­erales, estatales y munic­i­pales en muchos de los casos. La par­tic­i­pación de agentes del Esta­do en tales casos con­vierte las desapari­ciones en desapari­ciones forzadas, que son una vio­lación del dere­cho internacional».