Después de 16 años cer­ra­da a cal y can­to y aban­don­a­da, la gran explotación min­era a cielo abier­to de Aznal­cól­lar, en Sevil­la, volverá a fun­cionar, lo más prob­a­ble, a par­tir de 2015, tras un acuer­do alcan­za­do esta sem­ana entre la Jun­ta de Andalucía y el Gob­ier­no cen­tral. El acuer­do supone que este últi­mo reti­rará el recur­so de incon­sti­tu­cional­i­dad que había pre­sen­ta­do con­tra el decre­to ley andaluz para la reaper­tu­ra de la mina. El con­cur­so minero que adju­di­cará la explotación seguirá ade­lante, lid­er­a­do por la Junta.

La noti­cia ha sido recibi­da con entu­si­as­mo por los sindi­catos y, en gen­er­al, por los habi­tantes de una comar­ca en la que la tasa de paro alcan­za nada menos que el 30%. No en vano, y de acuer­do con las pre­vi­siones de la Jun­ta de Andalucía, la reaper­tu­ra de la mina gener­ará un total de 1.300 empleos, 450 de ellos, direc­tos, y el resto, 850, indirectos.

Menos entu­si­as­tas, sin embar­go, se han mostra­do los gru­pos ecol­o­gis­tas, que no han olvi­da­do la tremen­da mag­ni­tud de la catástrofe medioam­bi­en­tal por la que se clausuró la mina. El acci­dente, ocur­ri­do en la madru­ga­da del 25 de abril de 1998, y cal­i­fi­ca­do de «catástrofe inter­na­cional de primer gra­do», fue, jun­to con el hundimien­to del Pres­tige en 2003, el may­or desas­tre ecológi­co en la his­to­ria de España. Aquel día, el depósi­to de resid­u­os piríti­cos de las minas de cobre, plo­mo y zinc de Aznal­cól­lar reven­tó, y salieron al río Gua­dia­mar de man­era incon­tro­la­da seis mil­lones de met­ros cúbi­cos de lodos, con arséni­co, cad­mio, mer­cu­rio y otros met­ales pesa­dos. Para los ecol­o­gis­tas, se tra­ta de un ries­go que seguirá pre­sente y que «no com­pen­sa».

En tér­mi­nos estric­ta­mente económi­cos, la reaper­tu­ra de Aznal­cól­lar supone, en cualquier caso, un respiro para la min­ería españo­la, un sec­tor en declive, depen­di­ente de las ayu­das públi­cas y que, en con­jun­to, lle­va años per­di­en­do tan­to empleo como pro­duc­ción, aunque no pue­da hablarse abier­ta­mente de cri­sis en todos sus frentes.

Las extrac­ción de min­erales metáli­cos (el caso de Aznal­cól­lar) vive un buen momen­to, con pre­cios altos y una fuerte deman­da, pero el prob­le­ma prin­ci­pal, el ver­dadero las­tre para la indus­tria, es el car­bón. Según datos del Min­is­te­rio de Indus­tria, en 1998 se pro­ducían 31,88 mil­lones de toneladas; en 2011, 9,6 millones.

Un repa­so gen­er­al al sec­tor en España, incluyen­do las claves de la reaper­tu­ra de la mina de Aznalcóllar:

Los datos

• En 2011 (últi­mos datos ofi­ciales disponibles) la con­tribu­ción del sec­tor minero en España, en tér­mi­nos de empleo direc­to, y en las 3.411 explota­ciones exis­tentes en el país, fue de 26.700 empleos, de los cuales en torno a 21.400 cor­re­spondieron a la extrac­ción de min­erales no metáli­cos, 4.200 a min­erales energéti­cos y unos 1.100 a min­erales metáli­cos. En 2010 había 3.612 explota­ciones (201 más que en 2011), y 29.500 empleos (2.800 más).
• El val­or total de la pro­duc­ción vendible del sec­tor minero en España en 2011, según datos del Min­is­te­rio de Indus­tria, fue de 3.250 mil­lones de euros, un 5% por deba­jo de la de 2010, que fue de 3.427 mil­lones, y aprox­i­mada­mente el 0,31% del PIB cal­cu­la­do para ese año.
• La inver­sión nacional en la extrac­ción (incluyen­do inves­ti­gación, tratamien­to, seguri­dad y medio ambi­ente) fue en 2010 de 231 mil­lones de euros.
• El índice de pro­duc­ción indus­tri­al de las indus­trias extrac­ti­vas en España cayó casi el 40% entre 2005 y 2011, según el Ban­co de España.
• La par­ti­da des­ti­na­da a «explotación min­era» en los Pre­supuestos Gen­erales del Esta­do de 2012 fue de 523 mil­lones de euros, can­ti­dad que pasó a cer­ca de 412 mil­lones tan­to en los de 2013 como en los de 2014.
• El Insti­tu­to para la Reestruc­turación de la Min­ería del Car­bón y Desar­rol­lo Alter­na­ti­vo de las Comar­cas Min­eras con­tó en 2012 con una dotación de 358,95 mil­lones de euros, 330 mil­lones menos que en 2011. La may­oría del dinero es para las pre­ju­bi­la­ciones de los trabajadores.
• El descen­so en la pro­duc­ción del car­bón en los últi­mos años ha sido muy brus­co: en 1998 se pro­du­jeron 31,88 mil­lones de toneladas y en 2011, 9,6 mil­lones, según datos del Min­is­te­rio de Indus­tria. La pro­duc­ción indus­tri­al, en gen­er­al, cayó en España un 7,5% en mar­zo, según Eurostat.

Qué se extrae y dónde

En España se extraen, fun­da­men­tal­mente, tres tipos de productos:

• Min­erales metáli­cos. Estaño, plo­mo, cobre, cinc, oro, etc.
• Min­erales no metáli­cos. Mate­ri­ales indus­tri­ales, rocas orna­men­tales y pro­duc­tos de can­tera. Entre otros, cuar­zo, feldespa­to, sales, pizarra, már­mol, arcil­la, gran­i­to y yeso.
• Energéti­cos. Incluyen la antracita y la hul­la; es decir, el car­bón. El Min­is­te­rio de Indus­tria nom­bra en ese aparta­do tam­bién las extrac­ciones de crudos de petróleo y gas nat­ur­al, pero los sindi­catos del sec­tor no los incluyen al hablar «en tér­mi­nos de explotación minera».

La comu­nidad con may­or pro­duc­ción min­era es Andalucía, segui­da de Castil­la y León, si no se incluye la extrac­ción de hidro­car­buros en Cataluña. El sigu­iente mapa, elab­o­ra­do por el Min­is­te­rio de Indus­tria, mues­tra, en por­centa­jes sobre el val­or total, la dis­tribu­ción por comu­nidades autóno­mas del val­or de la pro­duc­ción min­era en 2011, así como el tipo de pro­duc­tos extraídos:

Minerales metálicos: en un buen momento

Según datos de Indus­tria, entre 2006 y 2011 algunos min­erales metáli­cos, como el cobre, el wol­framio o el plo­mo, han exper­i­men­ta­do un gran crec­imien­to debido a la for­t­aleza actu­al de la deman­da. Tras el bache de 2002, con los cier­res de explota­ciones en la faja piríti­ca de Huel­va y Sevil­la por la caí­da de pre­cios, la recu­peración de éstos ha devuel­to un auge a estos minerales.

A esta reac­ti­vación están con­tribuyen­do prin­ci­pal­mente las minas de cobre en Andalucía y de oro en Asturias, donde están invir­tien­do empre­sas extran­jeras. Más de una dece­na de com­pañías min­eras de Canadá, Aus­tralia, Irlan­da e Israel, incluyen­do cor­po­ra­ciones como Inmet, Lundin, Iber­ian Min­er­als, Ormonde, Berke­ley, Astur­gold, Emed Min­ing e ICL, han entra­do en España en bus­ca de oro y otros met­ales o min­erales que coti­zan al alza, o con grandes expec­ta­ti­vas de deman­da, como el cobre, níquel, zinc, uranio, wol­framio o potasa.

Minerales no metálicos: el impacto del ladrillo

Muchos de los min­erales no metáli­cos que se extraen en España están vin­cu­la­dos a la con­struc­ción, por lo que la cri­sis inmo­bil­iaria que machacó al sec­tor sig­nificó, y supone aún, un duro golpe.

Así, los ári­dos y las rocas orna­men­tales han sufri­do, respec­to a los máx­i­mos de 2007, caí­das de casi el 60% en la pro­duc­ción, según datos del Gob­ier­no. La pizarra, muy uti­liza­da en vivien­das, ha logra­do recu­per­arse algo gra­cias a la exportación, aunque no genere en España empleos o una activi­dad significativa.

Otros min­erales como el espa­to o el flúor no han sufri­do tan­to y algu­nas sales viv­en, según exper­tos del sec­tor, un «momen­to de bonanza».

El carbón: la cenicienta del sector

Si no con­tabi­lizamos los números ref­er­entes a la extrac­ción de crudos de petróleo y gas, que tuvieron una variación anu­al de pro­duc­ción al alza entre 2006 y 2010 del 14% y del 208%, respec­ti­va­mente, los pro­duc­tos energéti­cos, lastra­dos por el car­bón, se encuen­tran en «esta­do de shock», pese a la exis­ten­cia de algún proyec­to de uranio en la zona de Sala­man­ca pen­di­ente de que se posi­cione la Administración.

La indus­tria del car­bón españo­la no es rentable, está alta­mente sub­ven­ciona­da y ha sufri­do var­ios «ajustes». Por un lado, la pro­duc­ción ha ido descen­di­en­do pro­gre­si­va­mente; por otro, des­de 1986 ha esta­do reci­bi­en­do ayu­das de la UE.

El sigu­iente grá­fi­co, del Min­is­te­rio de Indus­tria, recoge la evolu­ción de la pro­duc­ción de car­bón en España entre 2005 y 2011, en miles de toneladas:

La parado­ja es que el car­bón es el úni­co recur­so energéti­co rel­a­ti­va­mente abun­dante en España, un país con un bal­ance energéti­co neg­a­ti­vo que impor­ta sobre todo petróleo y gas, ambas fuertes de energía proce­dentes de zonas que sufren, en muchos casos, una alta inesta­bil­i­dad políti­ca. Por ello, el Gob­ier­no emi­tió en 1997 un Real Decre­to en el que se con­tem­pla­ban ayu­das al desar­rol­lo alter­na­ti­vo de zonas min­eras y se declar­a­ba el car­bón como el úni­co recur­so energéti­co autóctono «abun­dante» en nue­stro país.

En resumen, se tra­ta de un sec­tor muy cos­toso, pero estratégi­co (como fuente de energía propia), en el que, además, existe tradi­cional­mente una gran con­cien­cia social y reivin­dica­ti­va, con el con­sigu­iente cos­to políti­co que ello supone para cualquier gob­ier­no que deci­da acome­ter reajustes.

Un futuro complicado

La Unión Euro­pea, que hace dos años había deci­di­do pro­hibir la con­tinuidad de las ayu­das públi­cas a las minas de car­bón más allá de 2014, accedió poco después, pre­sion­a­da por España y Ale­ma­nia, a pror­rog­ar has­ta el 31 de diciem­bre de 2018 la vida de las explota­ciones que nece­si­tan aux­il­ios estatales para sobre­vivir, lo que, en el caso de España, afec­ta a la prác­ti­ca total­i­dad de los yacimien­tos carboneros.

El prob­le­ma es que es más rentable impor­tar car­bón que extraer­lo. La UE impor­ta más de la mitad del com­bustible que uti­liza en sus cen­trales eléc­tri­c­as de car­bón, y España importó en 2011 16.097.895 toneladas de car­bón (des­de 2009 las empre­sas eléc­tri­c­as redu­jeron su deman­da de car­bón nacional). No obstante, el con­sumo es alto y, la AIEA predice que en 2050 el incre­men­to del con­sumo de car­bón puede lle­gar a ser de cer­ca del 70%.

Se cal­cu­la que en España las reser­vas de car­bón sobre­vivirán casi un siglo después de las del petróleo y el gas, y país­es como Ale­ma­nia se están replante­an­do reabrir sus minas ante los prob­le­mas oca­sion­a­dos por las cen­trales nuclear­es. Actual­mente, Chi­na, EE UU y Aus­tralia están entre los prin­ci­pales pro­duc­tores mundiales.

Por otra parte, en nue­stro país exis­ten zonas de «monocul­ti­vo indus­tri­al» que depen­den económi­ca­mente de la activi­dad extrac­to­ra del car­bón o de pro­ce­sos anex­os. Las prin­ci­pales comar­cas min­eras de car­bón en España son Asturias, Gali­cia, Castil­la León, Aragón, Cataluña, Castil­la La Man­cha y Andalucía.

En la actu­al­i­dad la indus­tria del car­bón está com­pues­ta por unos 8.000 emplea­d­os en 47 cen­tros de tra­ba­jo. Para los sindi­catos, reducir más el sec­tor «es cer­rar­lo». Las protes­tas en el sec­tor del car­bón, como la gran «mar­cha negra» a Madrid pro­tag­on­i­za­da por los mineros el año pasa­do tras la decisión del Gob­ier­no de reducir en 200 mil­lones de euros las ayu­das direc­tas, han sido una con­stante des­de hace var­ios años. La seguri­dad lab­o­ral y las enfer­medades tam­bién son parte de las reivin­di­ca­ciones de los trabajadores.

El problema medioambiental

El cierre de los pozos de car­bón no renta­bles tiene, no obstante, el apoyo de diver­sas orga­ni­za­ciones ecol­o­gis­tas, que crit­i­can que se sub­ven­cione la min­ería al mis­mo tiem­po que se implan­tan políti­cas para reducir las emi­siones de gas­es, y desta­can que el car­bón nacional es, además de más caro, más contaminante.

Que­mar car­bón, petróleo o gas para pro­ducir elec­t­ri­ci­dad tiene un severo impacto ambi­en­tal. Y, según Une­sa, la patronal de las eléc­tri­c­as, una de las razones por las que se impor­ta car­bón es que con­t­a­m­i­na menos, al ten­er un con­tenido de azufre sen­si­ble­mente infe­ri­or (en torno al 0,5%) al del nacional (entre el 1% y el 5%). Este argu­men­to, sin embar­go, no es com­par­tido por todos los exper­tos. Según explic­a­ba a 20minutos.es Juan Car­los Álvarez Liébana, sec­re­tario de Indus­trias Extrac­ti­vas de la Fed­eración de Indus­tria de Comi­siones Obr­eras, el car­bón de fuera con­t­a­m­i­na lo mis­mo que el nacional al ten­er los mis­mos nive­les de CO2.

El rec­ha­zo de las eléc­tri­c­as, en cualquier caso, está rela­ciona­do tam­bién con la obligación que tienen, por ley, de con­sumir la may­or parte de la pro­duc­ción nacional de car­bón, cuan­do muchas de sus cen­trales con­sumen car­bón impor­ta­do, y con el miedo a ten­er que cor­rer con el coste social que supon­dría el coste de las minas.

Según un informe del Min­is­te­rio de Medio Ambi­ente de 2009, «muchas empre­sas en nue­stro país empezaron su activi­dad con muchas décadas de antelación a las actuales pre­ocu­pa­ciones medioam­bi­en­tales, lo que les hace arras­trar un pasi­vo ambi­en­tal difí­cil de super­ar, prin­ci­pal­mente por las ele­vadas inver­siones que supo­nen». Los costes, por tan­to, son altos.

El car­bón es una de las prin­ci­pales fuentes de emi­siones de gas­es de efec­to invernadero.

El desastre de Aznalcóllar

La pre­ocu­pación medioam­bi­en­tal en relación al sec­tor minero ha ido en aumen­to en los últi­mos años, y bue­na parte de la cul­pa la tiene el desas­tre ecológi­co ocur­ri­do en la mina de Aznal­cól­lar, cuan­do, el 25 de abril de 1998, reven­tó el depósi­to de resid­u­os de las explota­ciones de cobre, plo­mo y zinc, y se vertieron al río Gua­dia­mar seis mil­lones de met­ros cúbi­cos de lodos, con arséni­co, cad­mio, mer­cu­rio y otros met­ales pesados.

El ver­tido de lodos y aguas áci­das de la mina, una enorme explotación a cielo abier­to en una super­fi­cie de 950 hec­táreas, explota­da por la com­pañía sue­co-cana­di­ense Boli­den Apir­sa, con­t­a­m­inó las Maris­mas, e inundó los alrede­dores de los 63 kilómet­ros del cauce del río Gua­dia­mar, has­ta quedar detenido en el límite del Par­que Nacional de Doñana.

El acci­dente fue cal­i­fi­ca­do como «catástrofe inter­na­cional de primer gra­do» y es con­sid­er­a­do el may­or desas­tre ecológi­co sufri­do en España, jun­to con el provo­ca­do por el hundimien­to del Pres­tige. La ria­da afec­tó a 4.634 hec­táreas, avanzó más de 60 kilómet­ros y no pudo ser fre­na­da has­ta tres días más tarde, en Entremuros, donde se lev­an­tó un dique para evi­tar que entrase en Doñana.

Las actua­ciones de la Jun­ta de Andalucía y del Gob­ier­no cen­tral para recu­per­ar la zona pasaron por la reti­ra­da de lodos, expropia­ciones for­zosas, con­trol e imper­me­abi­lización de la Maris­ma de Doñana, asis­ten­cia téc­ni­ca, estu­dio de descon­t­a­m­i­nación, restau­ración ambi­en­tal y de rib­eras del río Gua­dia­mar y con­trol de aguas subterráneas.

Tras diez años de tra­ba­jos y de descon­t­a­m­i­nación de los ter­renos afec­ta­dos, éstos fueron com­pra­dos por la Jun­ta de Andalucía, que con­solidó el cauce como un corre­dor verde ya inscrito den­tro de la Red de Espa­cios Nat­u­rales Protegidos.

La Jun­ta de Andalucía reclamó a la multi­na­cional min­era Boli­den una ind­em­nización de unos cien mil­lones de euros para com­pen­sar el coste de los tra­ba­jos de limpieza, así como el coste de la expropiación de fin­cas afec­tadas, cifra­do en unos 250 mil­lones de euros. El pleito sigue abier­to, y la com­pañía aún no ha pagado.

Las activi­dades min­eras de Boli­den en España con­cluyeron a finales de 2001 con un acuer­do entre la empre­sa, el Gob­ier­no y los sindi­catos andaluces, en el que se nego­ció la limpieza del área y las pre­ju­bi­la­ciones de 425 tra­ba­jadores que perdieron sus puestos a causa del desastre.

El acuerdo para reabrir la mina

El Min­is­te­rio de Hacien­da y Admin­is­tra­ciones Públi­cas y la Con­se­jería de Economía, Inno­vación, Cien­cia y Empleo de la Jun­ta de Andalucía acor­daron el pasa­do jueves que el Gob­ier­no cen­tral reti­rará el recur­so de incon­sti­tu­cional­i­dad pre­sen­ta­do con­tra el decre­to ley andaluz para la reaper­tu­ra de la mina de Aznal­cól­lar, y que el con­cur­so minero que adju­di­cará la explotación seguirá ade­lante y estará lid­er­a­do por la Jun­ta. Se cal­cu­la que la mina con­tiene aún unos 80 mil­lones de toneladas de minerales.

El des­blo­queo del con­flic­to fue posi­ble porque la Jun­ta no puso incon­ve­nientes en recono­cer que la com­pe­ten­cia es del Esta­do, el argu­men­to prin­ci­pal del Gob­ier­no cen­tral para jus­ti­ficar su recur­so de incon­sti­tu­cional­i­dad. La propia pres­i­den­ta andaluza, Susana Díaz, había deja­do claro antes de la reunión su deseo de que la com­pe­ten­cia «no fuera lo que impi­diera la reaper­tu­ra de la mina».

Una vez elim­i­na­do el obstácu­lo jurídi­co, las pre­vi­siones sobre los tiem­pos de aper­tu­ra y creación de empleo se mantienen: «En el primer trimestre de 2015 va a haber puestos de tra­ba­jo y activi­dad en la mina, en la que se crearán 1.300 empleos cuan­do ésta esté a pleno rendimien­to», declaró el vice­con­se­jero de Economía andaluz, Luis Nieto. Nieto añadió que «las prin­ci­pales empre­sas del mun­do» ya han con­tac­ta­do con la admin­is­tración region­al para intere­sarse por el proyecto.

Las reacciones

En gen­er­al, los sindi­catos han aplau­di­do un acuer­do que, de acuer­do con las pre­vi­siones de creación de empleo, servirá para revi­talizar económi­ca­mente una comar­ca fuerte­mente cas­ti­ga­da por el paro. En este sen­ti­do, UGT Andalucía cal­i­ficó la decisión como «un acto de coheren­cia social y económi­ca» que supon­drá «el aliv­io para una zona prác­ti­ca­mente muer­ta sin la activi­dad min­era», aña­di­en­do que «la real­i­dad es que, hoy en día, la min­ería vuelve a ser rentable, y la úni­ca activi­dad que puede hac­er resuci­tar a la comar­ca es, pre­cisa­mente, la minería».

Las orga­ni­za­ciones ecol­o­gis­tas, sin embar­go, temen que la reaper­tu­ra de la explotación vuel­va a supon­er un alto ries­go para toda la comar­ca, y recuer­dan que el tipo de min­er­al que se extrae en Aznal­cól­lar solo puede ser trata­do por flotación, lo que impli­ca la exis­ten­cia de bal­sas seme­jantes a las que causaron el desas­tre de 1998.

El pasa­do mes de diciem­bre, tras la decisión de la Jun­ta de reabrir la mina, las aso­cia­ciones WWF y Ecol­o­gis­tas en Acción criti­caron las «prisas» del Gob­ier­no andaluz, al que pidieron «estable­cer un pliego de condi­ciones» con unas bases que «sal­va­guarden el medio ambi­ente y pro­te­jan el Guadiamar».

El respon­s­able de Minas de Ecol­o­gis­tas en Acción, Anto­nio Ramos, indicó, en declara­ciones a Europa Press, que les «asom­bra» que «se saque a con­cur­so la posi­ble explotación de la mina sin unas condi­ciones de tra­ba­jo y sin una base de la explotación, ya que las declara­ciones apun­tan a que el ofer­tante va a impon­er condi­ciones, y el que menos imposi­ciones ten­ga será al que le den la con­ce­sión». «Una empre­sa min­era va a sacar el máx­i­mo ben­efi­cio en el menor tiem­po posi­ble sin ten­er para nada en cuen­ta el daño que pue­da hac­er al medio ambi­ente», dijo.

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Con infor­ma­ción de Miren­txu Mariño