El Consejo de Ministros acordó este viernes fijar la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2014 en 645,30 euros mensuales, lo que supone mantenerlo en la misma cantidad establecida para el presente año. En un comunicado, el Ministerio de Empleo señaló que la medida ha sido consultada con las organizaciones sindicales y empresariales «más representativas», si bien tanto CC OO como UGT han criticado duramente la decisión, al entender que supone una nueva pérdida de poder adquisitivo de una renta que, desde 2007, se ha ido distanciando progresivamente del salario medio.
Estas son, en preguntas y respuestas, las claves del salario mínimo en España y de la medida adoptada por el Gobierno.
¿Qué es el salario mínimo?
La regulación de un salario mínimo obligatorio fue establecida por primera vez en el año 1894 en el estado australiano de Victoria, tras una serie de levantamientos obreros. Desde entonces, diferentes movimientos de trabajadores, sindicatos y otros colectivos han estado presentes en la legalización y el establecimiento del concepto de salario mínimo en la mayoría de los países del mundo.
En España, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social define el salario mínimo como la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador, referida a la jornada legal de trabajo en cualquier actividad de la agricultura, industria o servicios, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros, o sean personal al servicio del hogar familiar. Se trata de un modelo de 14 pagas, a diferencia de otros países de la Unión Europea, que lo fijan en 12.
Desde 1982 el Consejo de Ministros suele fijar el salario mínimo para el ejercicio siguiente en su última reunión del año.
¿Cómo se fija?
El Salario Mínimo Interprofesional lo establece anualmente el Gobierno, mediante Real Decreto, y previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Para ello debe tener en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC), la productividad media nacional alcanzada ese año, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. La cuantía se fija en salario por día y salario por mes. En el caso de los empleados de hogar se fija también en salario por hora.
La vigencia del salario mínimo es anual, pero desde 1976, y según la Ley de Relaciones Laborales, puede ser revisado semestralmente siempre que el IPC aumente en un 5% o más con respecto a las previsiones del Gobierno.
El salario mínimo interprofesional es, según dispone el Estatuto de los Trabajadores, inembargable, y su revisión no puede afectar ni a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que vinieran percibiendo por los trabajadores hasta entonces, cuando estos salarios sean superiores al salario mínimo.
¿Desde cuándo hay salario mínimo en España y cómo ha evolucionado?
El SMI se creó en España por un decreto del 17 de enero de 1963, y se mantuvo congelado durante los tres años siguientes. Desde 1967 se fue actualizando anualmente, salvo entre 1976 y 1979, años en los que se subió dos veces cada ejercicio por el elevado aumento de la inflación. En 1980 la ley que aprobó el Estatuto de los Trabajadores estableció que el Gobierno lo fijaría de forma anual.
A partir de 1984, el SMI se escalonó en tres niveles diferenciados: para trabajadores mayores de 18 años, para los de 17 años y para menores de 17 años, pero en 1990 se suprimió el salario diferenciado correspondiente a los trabajadores de 16 años, por lo que estos pasaron a percibir el mismo salario que los de 17, experimentando la paga de este grupo un incremento respecto a 1989 notablemente superior a la del resto de los trabajadores.
En 1995 el Gobierno socialista aprobó la unificación progresiva de los criterios para los menores de 18 años, con lo que los que no llegaran a esta edad, que hasta la fecha cobraban el 66% del SMI, irían aumentando este porcentaje hasta llegar al 100% en 1998.
La congelación aprobada este viernes para 2014 es la segunda que acuerda este Gobierno: el 28 de diciembre de 2011, el Ejecutivo comunicó a los agentes sociales que congelaba el SMI para 2012 y lo dejaba en 641,4 euros mensuales, la misma cantidad fijada para 2011. Era la primera vez que no se actualizaba esta renta desde el año 1966. Con esta medida, el recién estrenado Gobierno del Partido Popular quiso mandar un mensaje claro a los agentes sociales sobre su política de austeridad.
Hace un año, no obstante, el Gobierno decidió subir el SMI para 2013 un 0,6%, hasta los actuales 645,3 euros mensuales, en línea con la subida máxima pactada por sindicatos y patronal en el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para el periodo 2012–2014.
La siguiente tabla muestra la evolución del salario mínimo en España desde el año 1980:
| Año | SMI mensual | Variación % | IPC |
| 1980 | 136,85 | 10,2 | 15,2 |
| 1981 | 153,98 | 12,5 | 14,4 |
| 1982 | 170,93 | 11,0 | 14,0 |
| 1983 | 193,29 | 13,1 | 12,2 |
| 1984 | 208,79 | 8,0 | 9,0 |
| 1985 | 223,40 | 7,0 | 8,2 |
| 1986 | 241,25 | 8,0 | 8,3 |
| 1987 | 253,33 | 5,0 | 4,6 |
| 1988 | 264,69 | 4,5 | 5,8 |
| 1989 | 280,55 | 6,0 | 6,9 |
| 1990 | 300,57 | 7,1 | 6,5 |
| 1991 | 320,04 | 6,5 | 5,5 |
| 1992 | 338,25 | 5,7 | 5,3 |
| 1993 | 351,77 | 4,0 | 4,9 |
| 1994 | 364,03 | 3,5 | 4,3 |
| 1995 | 376,83 | 3,5 | 4,3 |
| 1996 | 390,18 | 3,5 | 3,2 |
| 1997 | 400,45 | 2,6 | 2,0 |
| 1998 | 408,93 | 2,1 | 1,4 |
| 1999 | 416,32 | 1,8 | 2,9 |
| 2000 | 424,80 | 2,0 | 4,0 |
| 2001 | 433,45 | 2,0 | 2,7 |
| 2002 | 442,20 | 2,0 | 4,0 |
| 2003 | 451,20 | 2,0 | 2,6 |
| 2004 | 460,50 | 2,0 | 3,2 |
| 2004 (jul.) | 490,80 | 6,6 | 3,2 |
| 2005 | 513,00 | 4,5 | 3,7 |
| 2006 | 540,90 | 5,4 | 2,7 |
| 2007 | 570,60 | 5,5 | 4,2 |
| 2008 | 600,00 | 5,2 | 1,4 |
| 2009 | 624,00 | 4,0 | 0,8 |
| 2010 | 633,30 | 1,5 | 3,0 |
| 2011 | 641,40 | 1,3 | 2,4 |
| 2012 | 641,40 | 0,0 | 2,9 |
| 2013 | 645,30 | 0,6 |
¿Cuántos trabajadores cobran el salario mínimo?
De acuerdo con datos del Ministerio de Empleo, en 2012 el salario más bajo se aplicaba a algo más de 215.300 personas, lo que representaría el 1,38% de los empleos a tiempo completo. No obstante, según in informe publicado el año pasado por la Fundación 1º de Mayo, vinculada al sindicato Comisiones Obreras, el 35% de la población ocupada en España recibe, como fruto de su trabajo, una retribución mensual que es igual o incluso inferior al salario mínimo, incluyendo empleos a tiempo parcial y contratos de formación.
¿Qué supondrá para los trabajadores la congelación acordada por el Gobierno?
Según denuncian los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, la congelación supondrá una nueva pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores que perciben esta renta, cada vez más distanciada del salario medio desde 2007. En concreto, los sindicatos calculan que el SMI ha perdido 5,5 puntos de su capacidad adquisitiva en los últimos cuatro años, y consideran que una nueva caída limitará las posibilidades de recuperación del consumo y de la demanda interna, y agudizará el empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos del país.
Atendiendo a las previsiones del Gobierno con respecto a la evolución de los precios y el coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores para el próximo año podría alcanzar el 1,3%.
Los sindicatos insisten en que el SMI español es uno de los más bajos de entre los socios más antiguos del euro y aseguran que «bordea el umbral de la pobreza en hogares con un solo miembro y que se sitúa por debajo en hogares compuestos por al menos dos personas». En este sentido, exigen una recuperación progresiva y modulada del poder de compra del SMI y reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para evitar que se sigan produciendo pérdidas de poder adquisitivo.
CC OO y UGT han criticado, además, lo «acelerado» del proceso de consulta por parte del Gobierno, ya que las organizaciones sindicales recibieron el borrador el jueves y tuvieron que responder antes de las 9.30 h del viernes.
¿Cómo lo ha justificado el Ejecutivo?
El Ministerio de Empleo, que dirige Fátima Báñez, señaló este viernes en un comunicado que el Gobierno «responde de esta forma al contexto económico actual de contención de precios que aconseja la adopción de políticas salariales durante el año 2014 que puedan contribuir al mismo tiempo a la recuperación económica, la mejora de la competitividad y la creación de empleo».
¿Cómo es el salario mínimo español comparado con el resto de Europa?
Muy bajo. A pesar de que España es la quinta economía de la Unión Europea y la cuarta de la eurozona, su salario mínimo es, por ejemplo, un 60% inferior al del Reino Unido.
España forma parte del llamado Grupo 2, en el que se encuentran también Eslovenia (784 euros al mes con 12 pagas), Malta (697 euros) o Portugal (566 euros), y cuyos sueldos mínimos están a una enormne distancia de los del Grupo 1 (Luxemburgo, con 1.874 euros al mes con 12 pagas; Bélgica, con 1.502 euros; Holanda, con 1.478; Irlanda, con 1.462; Francia, con 1.430; y el Reino Unido, con 1.190 euros), donde el salario mínimo obligatorio más bajo es casi el doble del español, según datos de la Comisión Europea correspondientes a julio de 2013.
¿Hay salario mínimo en todos los países?
No. Alemania, por ejemplo, no ha tenido hasta ahora salario mínimo obligatorio, si bien la canciller, Angela Merkel (democristiana, centro-derecha), y el Partido Socialdemócrata (centro-izquierda) han acordado recientemente introducir gradualmente, a partir de 2015, un pago mínimo por hora de 8,5 euros en cualquier profesión.
Otros países sin salario mínimo en Europa son Suiza, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Austria, Islandia, Italia y Chipre.
¿Cuáles son las diferentes posturas frente al salario mínimo?
Sobre la necesidad e idoneidad de la existencia de un salario mínimo obligatorio no existe unianimidad. Sus críticos dicen que limita la creación de empleo, y sus defensores alegan que mantiene unos estándares básicos de dignidad. Las estadísticas tampoco son concluyentes, en parte porque hacen referencia a países con situaciones económicas y sociales muy distintas. Hay países que con un salario mínimo muy elevado tienen niveles de paro muy bajos, y hay países sin salario mínimo en los que el desempleo es también reducido.
En general, quienes atribuyen consecuencias positivas al salario mínimo destacan que supone una reducción del trabajo mal pagado, y, por lo tanto, de la explotación laboral. También defienden que reduce la dependencia de las ayudas estatales de quienes perciben salarios bajos, lo que puede traducirse en menores impuestos para el conjunto de la población, y que permite asimismo un aumento de la productividad, al fomentar, en teoría, la inversión en capital y formación, desincentivando el empleo de mucha cantidad de mano de obra.
Para sus detractores, sin embargo, el salario mínimo obligatorio puede suponer un mayor desempleo, especialmente para quienes reciben sueldos bajos, ya que los costes laborales implicados acaban haciendo necesaria la reducción del número de trabajadores. Según un estudio elaborado en 2012 por el Banco de España, basado en la evidencia acumulada entre 2004 y 2010, las subidas continuadas de los salarios mínimos tienen un efecto negativo sobre la empleabilidad de los trabajadores más jóvenes y de mayor edad.
¿Qué propuestas recientes ha habido con respecto al salario mínimo?
El pasado mes de noviembre, los secretarios de Acción Sindical de CC OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, respectivamente, reclamaron al Gobierno un compromiso para subir el salario mínimo interprofesional de los trabajadores españoles entre un 35% y un 39% en los próximos cinco años, hasta situarlo en 900 euros mensuales en 2018 (desde los 645,30 euros actuales), de forma que al final de ese periodo alcance el 60% del salario medio neto, «tal como establece la Carta Social Europea».
En el lado opuesto, el Banco de España señaló en su memoria anual correspondiente a 2012 que el riesgo de que el paro de larga duración se haga «crónico» es «muy preocupante», y propuso explorar la posibilidad de contratar «con carácter excepcional» por debajo de salario mínimo interprofesional. En concreto, el Banco de España apostaba por dar cabida a «mecanismos excepcionales para evitar que el salario mínimo actúe como una restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades para su empleabilidad», es decir, jóvenes, mayores de 55 años y colectivos poco cualificados.
Fuera de nuestra fronteras, el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, defendió en septiembre que los países europeos, y principalmente Alemania, avancen hacia la implantación de un salario mínimo europeo, con el objetivo de evitar las distorsiones de la competencia. «Cuando pagas cuatro euros a un trabajador en la agricultura, ¿cómo quieres que nos alineemos? Tiene que haber un mínimo de decencia, pagar correctamente a la gente, no hay razón para que haya asalariados a dos velocidades», indicó.
En términos semejantes se expresó a prinicipios de este año el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, al proponer también un salario mínimo europeo, junto con otras medidas de solidaridad para evitar que «desaparezca la dimensión social de la Unión Europea» con la crisis.
¿Qué es el IPREM?
La decisión de congelar el SMI se suma a la ya tomada en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 respecto al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se mantendrá en 532,51 euros mensuales. Se trata del cuarto año consecutivo de congelación de este indicador que se utiliza para determinar el acceso a las ayudas a vivienda, becas, subsidios por desempleo o asistencia jurídica gratuita, entre otras.
¿Qué hay de los salarios máximos?
A principios del pasado mes de noviembre, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó una propuesta en el Congreso para limitar el sueldo de los altos directivos públicos y privados, estableciendo un salario máximo, con el fin de que «nadie pueda cobrar en un mes lo mismo que otro trabajador de la misma empresa gana en todo un año». La propuesta se realizó tras la celebracion de un referéndum en Suiza, en el que fue rechazada una proposición similar.
El diputado de ERC Joan Tardà defendió este techo salarial argumentando que contribuiría a conseguir «una mejor y más justa redistribución de las masas salariales», sería «catalizador de la responsabilidad social de la empresa para con los trabajadores» y «posibilitaría inversiones necesarias o urgentes para que las empresas sean competitivas». «No pretendemos congelar el sueldo de los directivos ni que no puedan subir. Pretendemos que, antes de hacerlo, suban los de los trabajadores o que sea posible un debate interno en las empresas para valorar el significado social de estos desfases tan pronunciados», indicó.
La propuesta ni siquiera llegó a debatirse en el Parlamento. Fue rechazada en la Comisión de Empleo del Congreso, al votar en contra el PP y UPyD.