«En tiem­pos en que Colom­bia bus­ca el cierre de este largo y doloroso con­flic­to arma­do, salu­damos la ini­cia­ti­va de las FARC de ade­lan­tar un cese de fuego durante esta tem­po­ra­da decem­b­ri­na. Ojalá fuera indefinido». Así salud­a­ban este sába­do un total de 32 per­sonas y orga­ni­za­ciones colom­bianas la decisión de las Fuerzas Armadas Rev­olu­cionar­ias de Colom­bia (FARC) de declarar un alto el fuego uni­lat­er­al de 30 días a par­tir de este 15 de diciem­bre, coin­ci­di­en­do con las fies­tas navideñas y de fin de año.

Entre los fir­mantes del comu­ni­ca­do hay colec­tivos que pro­mueven la paz en Colom­bia, políti­cos de diver­sas ver­tientes y varias orga­ni­za­ciones nacionales. La tregua fue anun­ci­a­da el pasa­do 8 de diciem­bre, jus­to un día después de que un aten­ta­do con­tra un cuar­tel poli­cial causara nueve muer­tos y pusiese en peli­gro, una vez más, unas nego­cia­ciones de paz que se pro­lon­gan ya más de un año y en las que que­da aún muchísi­mo por hacer.

La guer­ra entre el Gob­ier­no colom­biano y las FARC, el con­flic­to acti­vo más antiguo del hem­is­fe­rio occi­den­tal, con una duración de casi medio siglo, ha cau­sa­do, según un informe del Cen­tro Nacional de Memo­ria Históri­ca de Colom­bia, cer­ca de 220.000 muer­tos. La may­oría de las víc­ti­mas, 176.000, son civiles. De cada diez colom­bianos muer­tos en los últi­mos 54 años tres perdieron la vida por causa de la guerra.

Estas son, en pre­gun­tas y respues­tas, las claves del pro­ce­so de paz has­ta ahora:

¿Cuándo y cómo se iniciaron las negociaciones?

Según recono­ció el pres­i­dente de Colom­bia, Juan Manuel San­tos, las primeras con­ver­sa­ciones infor­males con las FARC comen­zaron nada más asumir su pres­i­den­cia, en agos­to de 2010. Un año y medio y después, el 23 de febrero de 2012, se ini­ció en La Habana un diál­o­go más direc­to con los rep­re­sen­tantes de la guer­ril­la. Final­mente, el Gob­ier­no colom­biano y las FARC con­fir­maron el 4 de sep­tiem­bre de 2012 el arranque ofi­cial de un nue­vo pro­ce­so nego­ci­ador para pon­er fin al con­flic­to arma­do. Tras una primera reunión en Oslo en la que se con­sti­tuyó la mesa de diál­o­go, el 19 de noviem­bre de ese mis­mo año dieron comien­zo las nego­cia­ciones en La Habana, donde se han venido desar­rol­lan­do des­de entonces. Cuba y Norue­ga ejercen como garantes, y Venezuela y Chile, como acompañantes.

¿Quiénes forman los equipos negociadores?

Cada del­e­gación tiene un jefe y un número máx­i­mo de 30 rep­re­sen­tantes, de los cuales par­tic­i­pan en cada mesa un total de diez. Todos los miem­bros son plenipo­ten­cia­r­ios y tienen acce­so a la divul­gación de comu­ni­ca­dos con­jun­tos y unilaterales.

La del­e­gación de las FARC, cuyo máx­i­mo rep­re­sen­tante es el actu­al número uno de la guer­ril­la, Rodri­go Lon­doño Echev­er­ri, alias «Tim­o­león Jiménez» y «Tim­o­chenko», está lid­er­a­da por el coman­dante del Bloque Caribe Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», número dos de la orga­ni­zación. Al frente de la del­e­gación del gob­ier­no del pres­i­dente San­tos se encuen­tra el exvi­cepres­i­dente Hum­ber­to de la Calle.

¿Hay una tregua general durante el diálogo?

No. El pres­i­dente San­tos ya dejó claro des­de un prin­ci­pio que las opera­ciones mil­itares con­tin­uarán has­ta que se con­si­ga un acuer­do final, y la guer­ril­la tam­poco ha sus­pendi­do de for­ma indefini­da ni sus opera­ciones ni sus secue­stros y aten­ta­dos. Des­de que comen­zó el pro­ce­so de paz, las FARC han insis­ti­do en declarar una tregua bilat­er­al que favorez­ca las nego­cia­ciones, pero el Gob­ier­no se nie­ga, por con­sid­er­ar que, de fra­casar el diál­o­go, el alto el fuego solo serviría para for­t­ale­cer a los insurgentes.

Sí ha habido, no obstante, treguas tem­po­rales. Un primer alto el fuego uni­lat­er­al por parte de las FARC se man­tu­vo entre el 20 de noviem­bre de 2012 y el 20 de enero de 2013. El segun­do, pre­vis­to a par­tir de este 15 de diciem­bre y con una duración de 30 días, fue anun­ci­a­do por la guer­ril­la el pasa­do día 8.

¿Qué se está discutiendo y qué se ha acordado hasta ahora?

Las con­ver­sa­ciones incluyen cin­co pun­tos fun­da­men­tales: el repar­to de la tier­ra, la par­tic­i­pación políti­ca, el nar­cotrá­fi­co, el desarme y los dere­chos de las víc­ti­mas. Sobre los dos primeros ya se han alcan­za­do sendos acuer­dos, aunque el Gob­ier­no colom­biano insiste en que ningún acuer­do es defin­i­ti­vo has­ta el acuer­do final.

¿En qué consiste el acuerdo sobre la tierra?

El prob­le­ma de la propiedad de la tier­ra es con­sid­er­a­do uno de los más impor­tantes, ya que con­sti­tuye el ori­gen mis­mo del con­flic­to arma­do. De hecho, las FARC nacieron, en 1964, a par­tir de un grupo de autode­fen­sa campesina, y las despos­e­siones masi­vas de tier­ras han sido con­stantes a lo largo de todos estos años, con cer­ca de cua­tro mil­lones de desplaza­dos. Colom­bia es, además, uno de los país­es donde existe más desigual­dad en la tenen­cia de la tier­ra. Según un informe de la ONU, el 52% de la gran propiedad está en manos de poco más del 1% de la población.

Ambas partes, no obstante, con­sid­er­a­ban viable un acuer­do, que final­mente se pro­du­jo el pasa­do mes de mayo, en for­ma de «refor­ma rur­al inte­gral». El Gob­ier­no y la guer­ril­la pactaron aspec­tos como el acce­so, repar­to y uso de la tier­ra, qué hac­er con las tier­ras impro­duc­ti­vas, o la for­mal­ización de la propiedad. Tam­bién con­sen­suaron pro­gra­mas de desar­rol­lo e infraestruc­turas y planes para impul­sar el desar­rol­lo social en el cam­po en áreas como la salud, la edu­cación, la vivien­da o la errad­i­cación de la pobreza.

¿Qué supone el acuerdo político?

El segun­do acuer­do alcan­za­do has­ta aho­ra, anun­ci­a­do a prin­ci­p­ios del pasa­do mes de noviem­bre, es el ref­er­ente a la par­tic­i­pación políti­ca. El pacto crea «condi­ciones espe­ciales» para que las FARC, con­sid­er­adas un «grupo ter­ror­ista» no solo por el Gob­ier­no colom­biano sino tam­bién por Chile, Perú, EE UU, Canadá o la Unión Euro­pea, se trans­for­men en par­tido políti­co. Deja en el aire, sin embar­go, impor­tantes aspec­tos sobre cómo se lle­vará esto a cabo. La may­oría de los diri­gentes de la guer­ril­la están proce­sa­dos o con­de­na­dos por crímenes de lesa humanidad, y existe un impor­tante rec­ha­zo pop­u­lar y por parte de orga­ni­za­ciones de dere­chos humanos hacia la posi­bil­i­dad de que esta recon­ver­sión acabe sig­nif­i­can­do la impunidad. Este pacto está condi­ciona­do, en cualquier caso, a que se alcance un acuer­do defin­i­ti­vo de paz.

Al mar­gen de la polémi­ca sobre el futuro de los diri­gentes guer­rilleros, uno de los aspec­tos más intere­santes de este segun­do acuer­do es que reconoce la irrup­ción en la vida políti­ca de los movimien­tos sociales, y con­tem­pla la instau­ración de mecan­is­mos «que atien­dan en for­ma opor­tu­na las man­i­festa­ciones del dere­cho a la protes­ta pací­fi­ca», según expli­ca en El País Hum­ber­to de la Calle, jefe del Equipo Nego­ci­ador del Gob­ier­no colom­biano: «A los movimien­tos que logren una deter­mi­na­da enver­gadu­ra y que deseen ingre­sar en la políti­ca, se les ten­dería un puente para facil­i­tar ese trán­si­to. De igual modo, se estable­cen mecan­is­mos para la dis­cusión democráti­ca con esos movimien­tos una vez fir­ma­do el acuer­do final», señala.

¿Qué problemas plantea el narcotráfico?

Los tres aparta­dos pen­di­entes (dro­ga, desarme y víc­ti­mas) son espe­cial­mente sen­si­bles, y no será fácil lle­gar a un acuer­do en ninguno de ellos. El primero abor­da el prob­le­ma del nar­cotrá­fi­co, con­sid­er­a­do una de las prin­ci­pales fuentes de finan­ciación de las FARC. Para el Gob­ier­no, la guer­ril­la se ha con­ver­tido en «un gran car­tel que con­tro­la los lab­o­ra­to­rios en la sel­va y mane­ja las rutas de sal­i­da de la dro­ga en el país». Las FARC lo nie­gan, ase­gu­ran­do que se lim­i­tan a cobrar «un impuesto» a quienes com­pran coca (para la reven­ta) en las zonas de pro­duc­ción con­tro­ladas por los guerrilleros.

El prob­le­ma es muy com­ple­jo, y difí­cil­mente podrá resol­verse con una declaración en unas con­ver­sa­ciones de paz, ya que su solu­ción impli­ca des­de un cam­bio en la políti­ca inter­na­cional sobre la «guer­ra con­tra las dro­gas» has­ta una revisión del prob­le­ma de los cul­tivos ilíc­i­tos, lo que entron­ca direc­ta­mente con el acuer­do sobre la tier­ra. La pro­duc­ción no podrá reducirse mien­tras los involu­cra­dos en ella no ten­gan acce­so a alter­na­ti­vas lo sufi­cien­te­mente atrac­ti­vas como para renun­ciar al nego­cio del narcotráfico.

Una posi­bil­i­dad en este sen­ti­do es, como expli­ca en la BBC un exper­to de Nue­vo Arco Iris (una fun­dación colom­biana que tra­ba­ja por el final del con­flic­to arma­do), que los grandes recur­sos des­ti­na­dos por el Esta­do para con­sol­i­dar su pres­en­cia –recur­sos prin­ci­pal­mente mil­itares has­ta aho­ra– se reori­en­ten hacia la creación de nuevos proyec­tos pro­duc­tivos e infraestructuras.

¿Es posible el desarme?

El sigu­iente pun­to del acuer­do pre­lim­i­nar estip­u­lará el «cese del fuego y hos­til­i­dades bilat­erales y defin­i­ti­vo», «la dejación de las armas» y la rein­cor­po­ración de los com­bat­ientes de las FARC a la vida civ­il «de acuer­do a sus intere­ses». Sin embar­go, el desarme de la guer­ril­la, de pro­ducirse final­mente, no es fácil que sea factible has­ta que se haya alcan­za­do un acuer­do definitivo.

Los esce­nar­ios posi­bles van des­de una dis­min­u­ción pro­gre­si­va y gen­er­al del uso de la vio­len­cia arma­da, has­ta desmov­i­liza­ciones par­ciales de carác­ter region­al con pactos especí­fi­cos, siem­pre y cuan­do no exis­tan divi­siones inter­nas en el seno de la guer­ril­la. Actual­mente no parece haber dis­en­sión, pero las reac­ciones tras un hipotéti­co acuer­do de paz son impre­vis­i­bles. Tam­bién será fun­da­men­tal la for­ma en que se rede­fi­nan tan­to la pres­en­cia de las fuerzas armadas en las zonas rurales como la mis­ma estruc­turación del ejército.

Por otro lado, la incor­po­ración de los excom­bat­ientes a la vida civ­il puede verse difi­cul­ta­da por, entre otras cosas, el Estatu­to de Roma, suscrito por Colom­bia, y que pro­híbe expre­sa­mente que con­de­na­dos por deli­tos de lesa humanidad ten­gan vida jurídica.

¿Habrá justicia para las víctimas?

La nego­ciación sobre los dere­chos de las víc­ti­mas del con­flic­to ha sido pro­gra­ma­da como el últi­mo pun­to del diál­o­go, con la esper­an­za, prob­a­ble­mente, de que lo con­segui­do has­ta entonces pue­da alla­nar el camino para alcan­zar un acuer­do en uno de los temas más peliagu­dos, si no el que más, de todo el pro­ce­so de paz.

En el doc­u­men­to pre­vio a la nego­ciación que fir­maron ambas partes quedó recogi­do que «resar­cir a las víc­ti­mas está en el cen­tro del acuer­do», pero no se habló direc­ta­mente de «jus­ti­cia», ni se conc­re­taron detalles sobre reparación. Por un lado, las FARC difí­cil­mente van a acep­tar un pacto en el que no se les garan­tice impunidad judi­cial, y eso es algo que las víc­ti­mas, en prin­ci­pio, no van a poder asumir. Por otra parte, una even­tu­al reparación debería hac­erse, de acuer­do con la Ley de Víc­ti­mas y de Resti­tu­ción de Tier­ras (aproba­da en 2011), con car­go al Esta­do, aun cuan­do las vio­la­ciones de los dere­chos humanos hayan sido cometi­das por las FARC.

La Ley de Víc­ti­mas, además, ha recibido críti­cas de orga­ni­za­ciones de defen­sa de los dere­chos humanos. Según Amnistía Inter­na­cional, se tra­ta de un impor­tante paso ade­lante para muchas de las víc­ti­mas del con­flic­to, «pero no garan­ti­za a muchas otras ver­dadera jus­ti­cia y reparación».

Uno de los pun­tos cru­ciales de la Ley es que reconoce la exis­ten­cia de un con­flic­to arma­do, nega­do por el ante­ri­or gob­ier­no colom­biano. Ello per­mite otor­gar repara­ciones ple­nas a algunos de los super­vivientes y que se devuel­van mil­lones de hec­táreas de tier­ras robadas, sobre todo por los gru­pos para­mil­itares y, en oca­siones, con la con­niven­cia de las fuerzas de seguri­dad. Sin embar­go, solo recibirán reparación económi­ca quienes sufrieron abu­sos después de 1985, y solo podrá recla­marse la resti­tu­ción de las tier­ras robadas después de 1991. La Ley excluye tam­bién a muchas víc­ti­mas recientes de los gru­pos para­mil­itares, pues las autori­dades afir­man que estos gru­pos se desmov­i­lizaron en un pro­ce­so aus­pi­ci­a­do por el Gob­ier­no que comen­zó en 2003.

¿Qué gestos positivos ha habido?

A finales del pasa­do mes de julio, el pres­i­dente colom­biano, Juan Manuel San­tos, admi­tió ante la Corte Con­sti­tu­cional la respon­s­abil­i­dad que tenía tam­bién el Esta­do en vio­la­ciones de los dere­chos humanos e infrac­ciones del dere­cho inter­na­cional human­i­tario rela­cionadas con el con­flic­to arma­do, «en algunos casos por omisión, y en otros casos por acción direc­ta de algunos agentes del Estado».

Un mes después, las FARC reconocieron, por primera vez, que tienen asimis­mo parte de respon­s­abil­i­dad, y admi­tieron la necesi­dad de iden­ti­ficar y dar una reparación a las víc­ti­mas: «Sin duda ha habido crudeza y dolor provo­ca­dos des­de nues­tras filas. El ene­mi­go nun­ca fue ni ha sido fácil; no se sujetó a nor­mas de com­bate», indi­caron en un comu­ni­ca­do leí­do por el líder guer­rillero «Pablo Cata­tum­bo». «Debe­mos recono­cer la necesi­dad de aprox­i­mar el tema de víc­ti­mas, su iden­ti­fi­cación y su reparación con total leal­tad a la causa de la paz y la rec­on­cil­iación», señal­a­ban. «En efec­to, y no es otra la real­i­dad, somos una de las partes del con­flic­to», agre­ga­ban, aña­di­en­do, no obstante, que el resarcimien­to a las víc­ti­mas debe incluir «la obligación para las partes del perdón colectivo».

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles?

La ausen­cia de una tregua gen­er­al ha someti­do al pro­ce­so de paz a duras prue­bas. El 1 de diciem­bre de 2012, el ejérci­to colom­biano bom­bardeó un cam­pa­men­to de las FARC, en un acción en la que murieron al menos 20 guer­rilleros. Poco después, en enero, volverían los secue­stros por parte de la guer­ril­la, con la cap­tura de dos policías a los que las FARC con­sid­er­aron «pri­sioneros de guer­ra», y que más tarde serían lib­er­a­dos, jun­to con un sol­da­do. El 21 de julio murieron una vein­te­na de mil­itares en un ataque per­pe­tra­do por pre­sun­tos guer­rilleros de las FARC, y el 12 de noviem­bre el Gob­ier­no colom­biano rev­eló un supuesto plan de las FARC para aten­tar con­tra el expres­i­dente Álvaro Uribe (ene­mi­go acér­ri­mo del pro­ce­so de paz), que sería nega­do pos­te­ri­or­mente por la guer­ril­la. El últi­mo golpe fue el aten­ta­do con­tra un cuar­tel poli­cial per­pe­tra­do el pasa­do 7 de diciem­bre, en el que murieron nueve personas.

Jun­to a los prob­le­mas provo­ca­dos por la vio­len­cia ha habido tam­bién escol­los políti­cos. El más impor­tante fue la prop­ues­ta de San­tos de some­ter el pro­ce­so a refer­én­dum, lo que provocó que las FARC anun­cia­ran «una pausa» en las nego­cia­ciones, para final­mente rec­haz­ar la ini­cia­ti­va del presidente.

Por otra parte, la reciente des­ti­tu­ción del alcalde de Bogotá, Gus­ta­vo Petro, ha sido cal­i­fi­ca­da por la guer­ril­la de «grave golpe» para el pro­ce­so de paz. Petro, exguer­rillero del grupo M‑19 y una de las fig­uras más desta­cadas de la izquier­da en el país, ha sido inhab­il­i­ta­do para ejercer car­gos públi­cos durante 15 años por haber vio­la­do los prin­ci­p­ios de libre empre­sa y com­pe­ten­cia en un ser­vi­cio munic­i­pal, al despri­va­ti­zar el ser­vi­cio de recogi­da de basur­as. Al alcalde, cuya vic­to­ria elec­toral en la cap­i­tal fue con­sid­er­a­da un ejem­p­lo de que la guer­ril­la puede aban­donar las armas y hac­er políti­ca (uno de los pun­tos de las nego­cia­ciones de La Habana), se le con­sid­er­a­ba como prob­a­ble can­dida­to futuro a la pres­i­den­cia. Sus seguidores ven en su des­ti­tu­ción una clara man­io­bra políti­ca, mien­tras que sus detrac­tores con­sid­er­an su auto­procla­ma­da vin­cu­lación al éxi­to del diál­o­go de paz un inten­to de obten­er crédi­to electoral.

¿Qué papel tienen las mujeres?

El pasa­do 27 de noviem­bre se incor­po­raron al equipo nego­ci­ador del Gob­ier­no dos mujeres (Nige­ria Rentería, Alta Con­se­jera para la Equidad de la Mujer, y María Pauli­na Riveros, exdi­rec­to­ra de Dere­chos Humanos del Min­is­te­rio del Inte­ri­or), un hecho que fue val­o­rado pos­i­ti­va­mente por los colec­tivos de mujeres del país, esen­ciales en el impul­so del pro­ce­so de paz, y que tratan de man­ten­er una per­spec­ti­va de género en la res­olu­ción del con­flic­to. «Dos mujeres sen­tadas en la mesa de nego­ciación, deba­tien­do el camino más seguro, democráti­co y plu­ral­ista para alcan­zar la paz, es un paso que hoy hemos logra­do gra­cias al com­pro­miso, el esfuer­zo y la con­fi­an­za en noso­tras mis­mas», indicó la Casa de la Mujer de Colom­bia en un comunicado.

Antes, cer­ca de 400 mujeres proce­dentes de todo el país se reunieron en octubre en la Cum­bre Nacional de Mujeres y Paz, para plantear prop­ues­tas en relación con el pro­ce­so nego­ci­ador. La cum­bre, orga­ni­za­da por nueve orga­ni­za­ciones y redes de mujeres colom­bianas, con­tó con el apoyo de la ONU. Entre las prop­ues­tas aprobadas desta­can la exi­gen­cia de no con­ge­lar el pro­ce­so de paz durante la cam­paña elec­toral, y de desvin­cu­lar­lo políti­ca­mente del debate; un lla­mamien­to a que haya más mujeres en las nego­cia­ciones; dis­min­u­ción del gas­to mil­i­tar; y pari­dad en la par­tic­i­pación políti­ca, en el mar­co de una refor­ma elec­toral que pue­da sur­gir tras fir­marse el acuer­do de paz.

¿Cómo han sufrido el conflicto?

Las mujeres, fre­cuentes víc­ti­mas de vio­len­cia sex­u­al, uti­liza­da como arma de guer­ra en Colom­bia durante décadas, han pade­ci­do espe­cial­mente las con­se­cuen­cias del con­flic­to arma­do. Del mil­lar de tes­ti­mo­nios recogi­dos por el colec­ti­vo fem­i­nista Ruta pací­fi­ca de las mujeres en el informe La ver­dad de las mujeres, pre­sen­ta­do hace unas sem­anas en Bogotá, se desprende que el 76% de las entre­vis­tadas fueron desplazadas y que ocho de cada diez han sido tor­tu­radas o han recibido un tra­to cru­el. Además, el 50% han recibido ame­nazas y una de cada ocho ha sufri­do vio­len­cia sexual.

Por otra parte, las mujeres han desem­peña­do tam­bién un papel impor­tante en la lucha arma­da. El 27 de mayo de 1964 –fecha de su fun­dación– las FARC tenían 46 hom­bres y dos mujeres. Actual­mente, las mujeres, muchas de las cuales tienen a sus hijos en el seno de la guer­ril­la, entre grandes pri­va­ciones, son aprox­i­mada­mente el 35%. Pese a su impor­tante pres­en­cia, sin embar­go, numerosos tes­ti­mo­nios de excom­bat­ientes hablan de las difi­cul­tades aña­di­das con que se encuen­tran, ya que com­parten la dureza de la vida mil­i­tar con los hom­bres, pero sue­len ser víc­ti­mas de abu­sos, así como de acti­tudes machis­tas y dis­crim­i­na­to­rias, y, sal­vo excep­ciones (la guer­rillera holan­desa Tan­ja Nijmei­jer, miem­bro del equipo nego­ci­ador, por ejem­p­lo), no tienen opor­tu­nidad de acced­er a posi­ciones de man­do inter­me­dio o alto.

¿Se interrumpirá el proceso durante las elecciones?

No. Aunque ha habido rumores y dis­cu­siones sobre una posi­ble inter­rup­ción de las nego­cia­ciones durante la próx­i­ma cam­paña elec­toral, el pres­i­dente San­tos ha declar­a­do que el pro­ce­so no se detendrá: «Se ha habla­do de romper las con­ver­sa­ciones o de hac­er una pausa. No lo vamos a hac­er», dijo. «Sería irre­spon­s­able romper o hac­er una pausa cuan­do esta­mos logran­do avances reales», añadió, en un dis­cur­so a la nación pro­nun­ci­a­do el 6 de noviembre.

Pese a que la inten­ción ini­cial de San­tos era con­seguir un acuer­do defin­i­ti­vo antes de finalizar 2013, el pro­ce­so de paz será, pues, el pro­tag­o­nista tan­to de las elec­ciones del próx­i­mo mes de mar­zo para ren­o­var el Sena­do y la Cámara de Rep­re­sen­tantes, como de las pres­i­den­ciales, que se cel­e­brarán el 25 de de mayo.

¿Qué opinan los colombianos?

El por­centa­je de colom­bianos que cree en la posi­bil­i­dad de que el Gob­ier­no y las FARC fir­men un acuer­do de paz defin­i­ti­vo cre­ció 18 pun­tos en los últi­mos dos meses, según una encues­ta elab­o­ra­da por la agen­cia Datex­co, y pub­li­ca­da el 10 de diciem­bre por el diario El Tiem­po. El son­deo desta­ca asimis­mo que el opti­mis­mo con respec­to al pro­ce­so de paz cre­ció des­de el 21% en octubre al 39% en diciem­bre, mien­tras que el pes­imis­mo bajó del 67% al 52%.

Por otra parte, el 43% apoya la gestión de San­tos, frente al 26% que había respal­da­do al man­datario en octubre pasa­do, antes de que se fir­mara el acuer­do par­cial sobre par­tic­i­pación políti­ca. La encues­ta tam­bién señala que el 63% de los con­sul­ta­dos no desea la reelec­ción de San­tos en los comi­cios del 25 de mayo, si bien el pres­i­dente acu­mu­la la may­or inten­ción de voto con un 28%.

Un son­deo ante­ri­or, real­iza­do por la agen­cia Ipsos Napoleón Fran­co y pub­li­ca­do en sep­tiem­bre por var­ios medios colom­bianos, rev­e­la­ba que el 68% no está de acuer­do con que les sean per­don­a­dos los deli­tos a los guer­rilleros. Además, el 80% se mostra­ba en con­tra de que los miem­bros de las FARC sal­gan de las cárce­les colom­bianas o en el exte­ri­or, el 72% con­sid­era que los líderes de las FARC no deben par­tic­i­par en políti­ca y pre­sen­tarse como can­didatos a elec­ciones pop­u­lares, y el 78% de los encues­ta­dos espera que los miem­bros de las FARC vayan a prisión, sin impor­tar el tipo de deli­to que hayan cometido.