Abu­sos e irreg­u­lar­i­dades financieras, ries­gos innece­sar­ios, inter­ven­cionis­mo políti­co, fraude fis­cal, suel­dos astronómi­cos, ind­em­niza­ciones mil­lonar­ias, pen­siones a la car­ta, dietas engor­dadas… La trayec­to­ria de muchas de las cajas de ahor­ro españo­las en los años que pre­cedieron al ini­cio de la cri­sis económi­ca, en 2008, es un ejem­p­lo de todo lo que no debe hac­erse en la ban­ca, y el com­ple­men­to per­fec­to para que, cuan­do estal­ló la bur­bu­ja inmo­bil­iaria (la gasoli­na que esta­ba ali­men­tan­do el motor de estas enti­dades), el sec­tor saltase por los aires.

Des­de el año 2007, un total de ocho enti­dades han sido inter­venidas y/o nacional­izadas por el Esta­do (Caja Castil­la La Man­cha, Caja­sur, CAM, Unnim, Catalun­ya Caixa, Nova­gali­cia Ban­co, Ban­co de Valen­cia y Bankia), que ha tenido que inyec­tar además miles de mil­lones de euros de las arcas públi­cas para la reestruc­turación del sec­tor. Si a ello sumamos escán­da­los que afectan direc­ta­mente a miles de clientes, como el caso de las pref­er­entes o la ven­ta de acciones ruinosas, no es de extrañar que en estos momen­tos haya cer­ca de un cen­te­nar de ejec­u­tivos y con­se­jeros de cajas de ahor­ro imputa­dos por la jus­ti­cia en toda España, como resul­ta­do de la inves­ti­gación judi­cial que se está lle­van­do a cabo sobre un total de nueve enti­dades (Bankia, Caja Madrid, CAM, Ban­co de Valen­cia, Ban­ca Cívi­ca, Catalun­ya Banc, Caixa Penedés, Caja Castil­la La Man­cha y Eurobank).

La cifra de imputa­dos con­trasta, sin embar­go, con la de los proce­sa­dos para quienes se han dic­ta­do órdenes de prisión: de momen­to, tres.

Golpe a la cúpula de la CAM

El pasa­do miér­coles, el juez de la Audi­en­cia Nacional Javier Gómez Bermúdez ordenó la deten­ción de cin­co exdi­rec­tivos de CAM, entre ellos su exdi­rec­tor gen­er­al Rober­to López Abad, acu­sa­dos de desviar fon­dos de la caja a paraí­sos fis­cales, y en el mar­co de la causa en la que inves­ti­ga las pre­sun­tas irreg­u­lar­i­dades en la gestión de la caja alicantina.

El juez decretó el ingre­so en prisión de López Abad por, en con­cre­to, desviar 247 mil­lones de euros a un paraí­so fis­cal a través de opera­ciones hotel­eras en el Caribe. El exdi­rec­ti­vo se con­vir­tió así en el segun­do ban­quero envi­a­do a la cár­cel por las irreg­u­lar­i­dades en las cajas, tras el expres­i­dente de Caja Madrid Miguel Blesa.

El mag­istra­do ordenó asimis­mo cár­cel para el exre­spon­s­able de Empre­sas de la CAM Daniel Gil, quien ya ha sido puesto en lib­er­tad tras pagar una una fian­za de 400.000 euros. La fian­za fija­da para López Abad es de 1,5 mil­lones de euros.

Se tra­ta, en cualquier caso, de la primera vez que des­de la Audi­en­cia Nacional, donde se instruyen varias causas sobre irreg­u­lar­i­dades en enti­dades de crédi­to, se dic­tan medi­das de prisión, aunque sean eludi­bles bajo fian­za. La encar­celación de Ble­sa (primero el pasa­do mes de mayo, cuan­do pagó una fian­za, y de nue­vo después en junio, has­ta que la Audi­en­cia Provin­cial anuló el auto) fue por orden del juez de Madrid Elpidio José Sil­va, que inves­ti­ga­ba la con­ce­sión de crédi­tos por parte de Caja Madrid al expres­i­dente de la CEOE Ger­ar­do Díaz Fer­rán y la adquisi­ción del City Nation­al Bank de Flori­da (Esta­dos Unidos).

Fuera de la Audi­en­cia Nacional se inves­ti­ga a otros ban­queros (de Caja Madrid, Ban­ca­ja, Caja Segovia, Caja Canarias, CAN, Caja Bur­gos, Caja­sol y Catalun­ya Banc) en difer­entes juz­ga­dos de instruc­ción o en el seno de Fiscalía.

Una lista preocupante

La lista de imputa­dos, acu­sa­dos de come­ter todo tipo de tro­pelías mien­tras el sec­tor se iba a pique, es pre­ocu­pan­te­mente larga para un sec­tor, el de la ban­ca españo­la, que sigue en cuar­ente­na y que estos días está pasan­do, pre­cisa­mente, la prue­ba de estrés del Ban­co Cen­tral Europeo (BCE).

Entre los más cono­ci­dos se encuen­tran el exmin­istro de Economía y exvi­cepres­i­dente del Gob­ier­no Rodri­go Rato, imputa­do jun­to a otros 32 excon­se­jeros de BFA-Bankia por posi­bles deli­tos de fal­si­fi­cación de las cuen­tas anuales y de los bal­ances, admin­is­tración desleal o fraud­u­len­ta, maquinación para alter­ar el pre­cio de las cosas y apropiación inde­bi­da, y José Luis Oli­vas, expres­i­dente de Ban­ca­ja, imputa­do por estafa, admin­is­tración desleal, apropiación inde­bi­da, fal­si­fi­cación de cuen­tas y maquinación para alter­ar el pre­cio de las cosas.

La primera caja inves­ti­ga­da fue Caja Castil­la-La Man­cha, por la con­ce­sión pre­sun­ta­mente irreg­u­lar de crédi­tos a empre­sar­ios afines a la direc­ti­va. La CAM, por su parte, fue inter­veni­da por el Ban­co de España en julio de 2011, tras detec­tarse irreg­u­lar­i­dades cometi­das por los antigu­os gestores, sobre todo en la con­ce­sión de crédi­tos al sec­tor inmo­bil­iario y de pen­siones vital­i­cias a la cúpu­la direc­ti­va. Los admin­istradores fueron susti­tu­i­dos y el FROB (Fon­do de Reestruc­turación Orde­na­da Ban­car­ia) tuvo que inyec­tar 2.800 mil­lones de euros. En el caso Bankia, uno de los más escan­dalosos, el juez Andreu inves­ti­ga la sal­i­da a Bol­sa de la enti­dad y una gestión desas­trosa que ha costa­do al erario públi­co unos 23.000 mil­lones de euros.

Otra caja que sal­ió al par­qué bajo sospecha es Ban­ca Cívi­ca (15 imputa­dos), y por con­ce­sión de pen­siones a medi­da están proce­sa­dos, además de los direc­tivos de la CAM, el expres­i­dente de Nova­gali­cia (Julio Fer­nán­dez Gayoso) y direc­tivos de Caixa Penedés. Por dietas engor­dadas están imputa­dos los direc­tivos de Caja Navar­ra, y por las pref­er­entes podrían verse las caras ante el juez los de Bankia y Nova­gali­cia (de momen­to están imputa­dos direc­tivos de la CAM y un del­e­ga­do de Catalun­ya Caixa).

Las inves­ti­ga­ciones que se están lle­van­do a cabo sobre los direc­tivos ban­car­ios tienen su ori­gen en denun­cias real­izadas tan­to por la Fis­calía como por el FROB, que depende del Ban­co de España, y por par­tidos políti­cos (UPyD, por ejem­p­lo) y aso­cia­ciones (Manos Limpias, o la Aso­ciación de Pequeños Accionistas del Ban­co de Valen­cia ‑Apabankval‑, entre ellas).

Despolitización

En 2009, antes de que se acometiera la reestruc­turación del sec­tor, las cajas españo­las tenían en sus órganos de direc­ción –asam­bleas gen­erales y con­se­jos de admin­is­tración– 6.065 con­se­jeros. De estos, 2.087, el 34% del total, eran car­gos elegi­dos a dedo por los par­tidos políti­cos, entre los que fig­ura­ban alcaldes, con­ce­jales, pres­i­dentes de diputación y altos car­gos de los gob­ier­nos regionales. De las diez prin­ci­pales cajas españo­las, ocho esta­ban pre­si­di­das por nom­bres de claro col­or político.

El anteproyec­to de la futu­ra Ley de Cajas de Ahor­ros, pre­sen­ta­do el pasa­do mes de julio por el Gob­ier­no, bus­ca, entre otros aspec­tos, como lim­i­tar el vol­u­men de estas enti­dades, despoli­ti­zar sus órganos de gob­ier­no, al estable­cer que las admin­is­tra­ciones públi­cas no podrán des­ig­nar a más del 25% de los con­se­jeros gen­erales de las cajas.