El lla­ma­do «caso de los ERE» es una pre­sun­ta red de cor­rup­ción vin­cu­la­da a la Jun­ta de Andalucía (gob­er­na­da por el PSOE des­de el año 1980), cuyo ori­gen se encuen­tra en la inves­ti­gación de una denun­cia en la empre­sa sevil­lana Mer­ca­sevil­la, en la que se detec­taron pre­ju­bi­la­ciones aparente­mente fraudulentas.

El caso es, en con­cre­to, la cuar­ta causa rela­ciona­da con el «caso Mer­ca­sevil­la», en el que se inves­ti­ga, además de las supues­tas irreg­u­lar­i­dades en la for­mal­ización de un ERE (expe­di­ente de reg­u­lación de empleo), una pre­sun­ta malver­sación de fon­dos, una supues­ta ven­ta fraud­u­len­ta de ter­renos y un pre­sun­to deli­to societario.

La causa de los ERE, de cuya instruc­ción se encar­ga la jueza Mer­cedes Alaya, acu­mu­la ya más de 170 imputa­dos, incluyen­do ex altos car­gos del Gob­ier­no andaluz y una exmin­is­tra. Según la inves­ti­gación, habrían defrau­da­do, entre los años 2001 y 2010, alrede­dor de 130 mil­lones de euros. A fecha de octubre de 2013, al menos 20 per­sonas han sido detenidas y siete de ellas han ingre­sa­do en prisión.

Estas son, orde­nadas cronológi­ca­mente, las claves del escándalo.

El contexto

En el año 2001, después de los miles de despi­dos cau­sa­dos por las cri­sis indus­tri­ales de los años noven­ta, la Jun­ta de Andalucía, pre­si­di­da entonces por Manuel Chaves, ini­ció un pro­ced­imien­to para respal­dar económi­ca­mente tan­to a empre­sas con prob­le­mas que pre­sen­tasen expe­di­entes de reg­u­lación de empleo (pre­ju­bi­la­ciones o despi­dos), como a los tra­ba­jadores afec­ta­dos por estos ERE. El obje­ti­vo era, por un lado, man­ten­er la paz social; por otro, per­mi­tir a la Admin­is­tración un mecan­is­mo direc­to y efi­caz de actuación ante con­flic­tos laborales.

Has­ta 2011, este fon­do había sido dota­do con 721 mil­lones de euros y, para su final­ización, debería ampli­arse has­ta 1.217 mil­lones. La Jun­ta afir­ma que el pro­ced­imien­to es legal, pero la oposi­ción del Par­tido Pop­u­lar lo nie­ga, y mantiene que tan­to el fon­do como la uti­lización del dinero son irreg­u­lares. El pro­ced­imien­to per­mitía rapi­dez en las ayu­das, pero tam­bién opaci­dad y, por lo que la inves­ti­gación ha ido rev­e­lando has­ta aho­ra, una cor­rup­ción generalizada.

El caso sale a la luz

En 2003 y 2007, Mer­ca­sevil­la eje­cutó sendos ERE, costea­d­os en parte por la Jun­ta de Andalucía. El comité de empre­sa denun­ció que en el primero de ellos se encon­tra­ba un «intru­so» (alguien que había recibido una pre­ju­bi­lación sin haber tra­ba­ja­do para la empre­sa) y, pos­te­ri­or­mente, la inves­ti­gación des­cubrió más casos fraudulentos.

La Guardia Civ­il rev­eló la exis­ten­cia de un com­ple­jo sis­tema para con­ced­er ayu­das mil­lonar­ias (proce­dentes de la Jun­ta de Andalucía) «basán­dose en deci­siones dis­cre­cionales», y que pudo ser uti­liza­do en las pre­ju­bi­la­ciones de más de 60 empre­sas acogi­das a los planes guber­na­men­tales de empleo entre los años 2001 y 2010. Estas ayu­das habrían ben­e­fi­ci­a­do a per­sonas aje­nas a los ERE, sin dere­cho a percibirlas.

El 24 abril de 2009, el entonces por­tavoz del PP en el Ayun­tamien­to de Sevil­la, Juan Igna­cio Zoi­do, denun­ció, además, el pre­sun­to inten­to de cobro de comi­siones a unos empre­sar­ios por parte de dos exdi­rec­tivos de Mercasevilla.

La jueza tit­u­lar del juz­ga­do número 6 de Sevil­la, Mer­cedes Alaya, asum­ió la instruc­ción del caso.

Cuánto dinero se movía y cómo

La actuación judi­cial se basa en tres grandes aspec­tos. Por un lado se inves­ti­ga a los men­ciona­dos «intru­sos» (al menos 126), cuyos casos supo­nen un fraude total de unos 12,3 mil­lones de euros. En segun­do lugar están las ayu­das (unos 73 mil­lones de euros), direc­tas e injus­ti­fi­cadas, que se con­cedieron a empre­sas, algu­nas de ellas pertenecientes a excon­ce­jales del PSOE. El ter­cer aparta­do cor­re­sponde a las comi­siones abu­si­vas (cer­ca de 50 mil­lones de euros) que se cobraron por trami­tar los ERE, y de las que se ben­e­fi­cia­ron con­sul­toras, abo­ga­dos e intermediarios.

En total, se cal­cu­la que el fraude asciende a unos 130 mil­lones de euros. Según la jueza instruc­to­ra del caso, el dinero salía del pro­gra­ma pre­supues­tario 31L, cono­ci­do como «fon­do de rep­tiles», y se repartía entre las ase­gu­rado­ras, que finan­cia­ban las pre­ju­bi­la­ciones, los despa­chos de abo­ga­dos que se encar­ga­ban de los trámites y altos car­gos de la Jun­ta que percibían comi­siones de los mediadores.

Por otro lado, la causa bus­ca deter­mi­nar asimis­mo la respon­s­abil­i­dad del Gob­ier­no andaluz, ya que informes de la Inter­ven­ción de la Jun­ta aler­taron des­de 2005 de que la Con­se­jería de Empleo pre­scindía «de for­ma abso­lu­ta del pro­ced­imien­to admin­is­tra­ti­vo pre­vis­to en la ley» al pagar los ERE, y el expres­i­dente de la Jun­ta José Anto­nio Griñán era con­se­jero de Economía y Hacien­da cuan­do la Inter­ven­ción elaboró esos documentos.

Primer imputado en prisión

En mar­zo de 2011 la jueza Alaya admite a la Jun­ta de Andalucía como acusación par­tic­u­lar en el caso, y, en julio de ese mis­mo año, el Tri­bunal de Cuen­tas del Esta­do ini­cia una audi­toría sobre los ERE tras una denun­cia del PP. El 2 de agos­to un juz­ga­do de Sevil­la orde­na a 16 pre­ju­bi­la­dos irreg­u­lares de Mer­ca­sevil­la que devuel­van el dinero públi­co recibido.

En mar­zo de 2012 ingre­sa en prisión el exdi­rec­tor gen­er­al de Tra­ba­jo, Fran­cis­co Javier Guer­rero Benítez. Es el primer imputa­do en la cár­cel. Juan Fran­cis­co Tru­jil­lo, chófer de Guer­rero, declara ante la jueza que lle­garon a gas­tar has­ta 25.000 euros men­su­ales de dinero públi­co en cocaína.

El 3 de abril, José Anto­nio Griñán ase­gu­ra en su com­pare­cen­cia ante el pleno del Par­la­men­to andaluz que puede decir «sin bajar la mira­da» que su Gob­ier­no es «hon­ra­do».

Operación Heracles

En la madru­ga­da del 19 de mar­zo de 2013 la Guardia Civ­il detiene a 22 per­sonas por orden de la jueza Alaya. La operación, cono­ci­da como «Her­a­cles» y desar­rol­la­da en en diver­sas local­i­dades de Sevil­la, Huel­va, Jaén, Cádiz, Madrid, Barcelona y Las Pal­mas, está dirigi­da con­tra los inter­me­di­ar­ios de los ERE fraud­u­len­tos. Las empre­sas ase­gu­rado­ras Vitalia y Uniter, recep­toras de impor­tantes comi­siones, son investigadas.

De los 22 detenidos ocho pasan a dis­posi­ción judi­cial y cua­tro quedan en lib­er­tad con car­gos. La jueza orde­na el ingre­so en prisión para siete imputa­dos: Anto­nio Albar­racín, exdi­rec­ti­vo de Vitalia; Juan Lan­zas, sindi­cal­ista y pre­sun­to medi­ador en la tra­ma; Eduar­do Pas­cual, coor­di­nador de Vitalia; María Vaqué, direc­to­ra gen­er­al de esta ase­gu­rado­ra; Ismael Sier­ra, cuña­do del «con­seguidor» Juan Lan­zas y dueño de una empre­sa pre­sun­ta­mente uti­liza­da para intro­ducir las comi­siones en el mer­ca­do financiero; Eduar­do Leal del Real, propi­etario de las empre­sa Atra­do Men­sajería y Estu­dios Agen­ciales, a las que Alaya impu­ta la mis­ma fun­ción; y el men­ciona­do Fran­cis­co Javier Guer­rero.

Comisión de investigación

En junio de 2012 el Par­la­men­to de Andalucía crea una comisión para inves­ti­gar la relación de los poderes públi­cos con el fraude. La comisión comien­za sus tra­ba­jos el 21 de agos­to y los con­cluye el 28 de noviem­bre de 2012 sin un acuer­do entre las tres for­ma­ciones. El PSOE limi­ta las respon­s­abil­i­dades políti­cas al exdi­rec­tor gen­er­al de Empleo, Fran­cis­co Javier Guer­rero; IU las ele­va has­ta los excon­se­jeros Anto­nio Fer­nán­dez y José Anto­nio Viera; el PP respon­s­abi­liza al entonces pres­i­dente de la Jun­ta, Manuel Chaves, y al que fuera su con­se­jero de Economía y Hacien­da en el momen­to del fraude, el expres­i­dente andaluz José Anto­nio Griñán, a quien lle­ga a cal­i­ficar de «cajero de los ERE».

Las aseguradoras

El 24 abril de 2012 la juez Alaya blo­quea 84 cuen­tas de José González Mata, dueño de la ase­gu­rado­ra Uniter, y el 17 de junio le impu­ta ocho deli­tos y ele­va a 51 mil­lones sus cobros, dec­re­tan­do su ingre­so en prisión un día después, eludi­ble bajo fian­za de 600.000 euros.

Con respec­to a la ase­gu­rado­ra Vitalia, la Fis­calía Anti­cor­rup­ción pide el 8 de mayo de ese año una fian­za de 258 mil­lones de euros a cada uno de los exdi­rec­tivos de esta empre­sa imputa­dos en la nue­va fase del pro­ce­so. Un mes después, en junio, un informe de la Guardia Civ­il señala que la fed­eración de Indus­tria de CC OO recomendó no tra­ba­jar con Vitalia.

El día 23 de ese mes, la jueza autor­iza a la Guardia Civ­il a reg­is­trar sedes de otra ase­gu­rado­ra impli­ca­da, Gen­er­ali, para ver­i­ficar los fon­dos real­mente apor­ta­dos por la Junta.

Retraso y nuevos detalles

El 23 de mayo de 2012, el pres­i­dente del Tri­bunal Supre­mo, Gon­za­lo Molin­er, afir­ma que no ve «nor­mal ni acept­able» que algunos imputa­dos en los ERE fraud­u­len­tos lleven tres años sin declarar ante la jueza, si bien, «de momen­to», no cree que haya moti­vo para expe­di­en­tar a la instructora.

Una sem­ana después, Alaya lev­an­ta el secre­to sumar­i­al sobre la últi­ma fase del caso, y el 3 de junio la Guardia Civ­il cal­cu­la en 7,6 mil­lones de euros el dinero que fue trans­feri­do a los sindi­catos por medi­ado­ras en los ERE entre 2000 y 2010.

Peticiones de cárcel

La Fis­calía de Sevil­la pide en junio de 2012 nueve años de cár­cel para Eduar­do Leal del Real y ocho y medio para Juan Fran­cis­co Algar­ín, ambos imputa­dos como testa­fer­ros. La Audi­en­cia de Sevil­la, por su parte, amplía la imputación a Daniel Alber­to Rivera, direc­tor gen­er­al de Empleo de la Jun­ta entre 2010 y 2012.

Mien­tras, el con­se­jero del­e­ga­do de Con­struc­ciones Juan de Rob­les, Eduar­do Báñez, her­mano de la actu­al min­is­tra de Empleo, nie­ga con­niven­cia con otra empre­sas que acud­ieron al con­cur­so de com­pra de los ter­renos de Mercasevilla.

Una exministra y 20 ex altos cargos

El caso da un salto cual­i­ta­ti­vo el 2 de julio de 2013, al imputar la jueza Alaya a la exmin­is­tra Mag­dale­na Álvarez (tit­u­lar de Fomen­to con el Gob­ier­no social­ista entre 2004 y 2009, y excon­se­jera de Economía de la Jun­ta de Andalucía) y a otros veinte ex altos car­gos de la Jun­ta, por pre­sun­tos deli­tos de malver­sación y pre­var­i­cación.

En su auto, Alaya argu­men­tó que la exmin­is­tra fue la per­sona que dic­tó en 2003 las nor­mas en las que se recogía el con­cep­to pre­supues­tario de las trans­fer­en­cias de finan­ciación para pagar ayu­das soci­o­lab­o­rales, algo «abso­lu­ta­mente inade­cua­do». En su declaración ante la jueza (el 8 de octubre), Álvarez negó haber recibido pre­siones para per­mi­tir el sis­tema de los ERE.

La Jun­ta de Andalucía recur­rió el auto de imputación en el que está inclu­i­da la exmin­is­tra, pero el recur­so fue rec­haz­a­do por la jueza el 22 de julio. Por su parte, el Par­la­men­to andaluz rec­hazó una proposi­ción no de ley del PP que pedía exten­der la respon­s­abil­i­dad políti­ca del caso a todos los altos car­gos de Empleo y Hacien­da de la Jun­ta entre 2001 y 2010.

Apuntando a la presidencia

El 23 de junio es imputa­do Anto­nio Rivas, del­e­ga­do de la Con­se­jería de Empleo en Sevil­la entre 2004 y 2010, por autor­izar el ERE de Mer­ca­sevil­la y la inclusión de tres «intru­sos», y un mes más tarde el ex inter­ven­tor gen­er­al de la Jun­ta Manuel Gómez Martínez declara ante la juez que su depar­ta­men­to recogía en sus suce­sivos informes las irreg­u­lar­i­dades sobre el sis­tema de pago de los ERE fal­sos. El 6 de agos­to, la jueza Alaya impu­ta a otras 23 per­sonas, entre ellas, dos hijos del empre­sario José María Ruiz Mateos.

Final­mente, el 10 de sep­tiem­bre, la mag­istra­da solici­ta la imputación de los expres­i­dentes de la Jun­ta José Anto­nio Griñán y Manuel Chaves, y de los excon­se­jeros Car­men Martínez Aguayo, Anto­nio Ávi­la, José Anto­nio Viera, Manuel Recio y Fran­cis­co Valle­jo. El auto cae como una bom­ba en medios políti­cos, y algu­nas fuentes del ámbito judi­cial desta­can que no se entiende por qué la jueza, cur­ti­da en imputa­ciones (llev­a­ba ya más de 120 en el caso), es impre­cisa y «deja abier­to el pro­ced­imien­to». Tam­bién resul­ta imputa­do, pos­te­ri­or­mente,  Anto­nio Diz-Lois, exjefe de ser­vi­cio de la Direc­ción Gen­er­al de Tra­ba­jo de la Jun­ta de Andalucía.

El 24 sep­tiem­bre Alaya cul­pa al exdi­rec­tor gen­er­al de Pre­supuestos de la Jun­ta Bue­naven­tu­ra Aguil­era, quien se acoge a su dere­cho a no declarar, de fin­gir cam­bios para man­ten­er el fraude de los ERE, y el 3 de octubre impu­ta al exvice­con­se­jero de Economía José Salgueiro por ser uno de los pro­mo­tores de la trama.

La lista de imputa­dos supera ya las 170 personas.

«Dolor y vergüenza»

La recién nom­bra­da nue­va pres­i­den­ta de la Jun­ta de Andalucía, Susana Díaz, ase­gu­ra el 14 de sep­tiem­bre en una entre­vista a El País que le avergüen­za la cor­rup­ción «se llame como se llame. Sea ERE, Gür­tel o Bárce­nas», y recuer­da que cuan­do ostenta­ba el car­go de sec­re­taria de Orga­ni­zación del PSOE‑A, «pedí perdón por el caso de los ERE porque me causa dolor y vergüen­za», aña­di­en­do que, como jefa del Ejec­u­ti­vo andaluz, aho­ra y «siem­pre» pedirá perdón por el asunto.

Operación Heracles II

El 8 de octubre se lan­za la segun­da fase de la Opera­cion Her­a­cles, con diez detenidos, entre ellos var­ios diri­gentes sindi­cales y el direc­tor de una ofic­i­na ban­car­ia. Se tra­ta del sec­re­tario gen­er­al de UGT en Cádiz, Sal­vador Mera, el exsec­re­tario de Desar­rol­lo Indus­tri­al de CC OO, Rober­to Car­mona; el direc­tor de Empleo de la Diputación de Sevil­la has­ta su deten­ción, Enrique Rodríguez; Fran­cis­co Casa­do, exsindi­cal­ista de CC OO en Cór­do­ba; Ger­ar­do de la Cruz, exdi­rec­tor de una ofic­i­na de Caja San Fer­nan­do en Caza­l­la de la Sier­ra; Ángel Que­sa­da del Valle, apoder­a­do de la empre­sa que ges­tiona el hotel Rey don Pedro de Tor­re­moli­nos (Mála­ga), y el empre­sario sevil­lano José Joaquín Bar­ne­to. Todos ellos son puestos en lib­er­tad con car­gos unos días después.

Insultos y abucheos a la jueza

Un grupo de sindi­cal­is­tas recibe con insul­tos y abucheos a la jueza Alaya al lle­gar ésta a los juz­ga­dos el 10 de octubre. Tan­to los sec­re­tar­ios gen­erales de UGT y CC OO, Cán­di­do Mén­dez e Igna­cio Fer­nán­dez Toxo, como el fis­cal gen­er­al del Esta­do, Eduar­do Tor­res-Dulce, crit­i­can la protes­ta. La mag­istra­da recibe, además, el apoyo de los jue­ces de Sevil­la.

Fianzas millonarias

El 16 de octubre, la jueza Alaya impone una fian­za de respon­s­abil­i­dad civ­il de un mil­lón de euros al ex direc­tor gen­er­al de Pre­supuestos de la Jun­ta de Andalucía Bue­naven­tu­ra Aguil­era, imputa­do en la causa por los pre­sun­tos deli­tos de pre­var­i­cación y malver­sación de cau­dales públi­cos, y un día después establece una fian­za de 7.282.653,31 euros para el exvice­con­se­jero de Empleo de la Jun­ta de Andalucía Jus­to Mañas, además de la pro­hibi­ción «abso­lu­ta» de salir de España, que se le retire el pas­aporte y que com­parez­ca ante el juz­ga­do de man­era per­iódi­ca. La defen­sa mantiene que las actua­ciones de Mañas estu­vieron aval­adas por informes de la Jun­ta. Según Alaya, Mañas «no hizo nada para evi­tar los pagos ni la refi­nan­ciación de las pólizas».

El 18 de octubre, la jueza establece otra fian­za, esta vez de 2.142.722 euros, para el expar­la­men­tario andaluz del PSOE Ramón Díaz. Díaz ya com­pare­ció como imputa­do ante la jueza y, al igual que Bue­naven­tu­ra Aguil­era, se acogió a su dere­cho con­sti­tu­cional a no declarar, después de que la mag­istra­da le imputara tres deli­tos de pre­var­i­cación, malver­sación de cau­dales públi­cos y trá­fi­co de influencias.

Antes, el 23 de sep­tiem­bre, Alaya había impuesto una fian­za de 46.666.666 euros al exvice­con­se­jero de Pres­i­den­cia y exdi­rec­tor gen­er­al de Pre­supuestos de la Jun­ta de Andalucía Anto­nio Vicente Lozano.

Los principales imputados

• Anto­nio Fer­nán­dez. Con­se­jero de Empleo entre 2004 y 2010 y, des­de 2000, vicepres­i­dente del Insti­tu­to de Fomen­to de Andalucía (IFA), organ­is­mo encar­ga­do de otor­gar las ayu­das cues­tion­adas (actual­mente, Agen­cia IDEA), con car­go a la par­ti­da 31L. Ingresó en prisión el 24 de abril de 2012 y sal­ió el 10 de agos­to. Imputa­do en los deli­tos de nego­ciación pro­hibi­da a fun­cionario, malver­sación de fon­dos públi­cos, fraude en sub­ven­ciones, pre­var­i­cación, cohe­cho y falsedad en documento.
• Juan Fran­cis­co Algar­ín. Según la inves­ti­gación actuó de testa­fer­ro de varias empre­sas uti­lizadas en la tra­ma cor­rup­ta. Encar­ce­la­do en enero de 2013, fue lib­er­a­do sin fian­za el 21 de mar­zo de ese año. Imputa­do por malver­sación de cau­dales públi­cos, cohe­cho, blan­queo de cap­i­tales, falsedad doc­u­men­tal y aso­ciación ilícita.
• Fran­cis­co Javier Guer­rero. Direc­tor gen­er­al de Empleo de 1999 a 2008. Prin­ci­pal impli­ca­do en el caso, se encar­gó de fir­mar las ayu­das cues­tion­adas. Entró en prisión el 20 de mar­zo de 2012 y sal­ió el 5 de junio. Pos­te­ri­or­mente fue encar­ce­la­do en mar­zo de 2013. Está imputa­do por, entre otros, deli­tos de falsedad en doc­u­men­to ofi­cial y mer­can­til, pre­var­i­cación, cohe­cho y malver­sación de cau­dales públicos.
• Juan Fran­cis­co Tru­jil­lo. Chófer de Fran­cis­co Guer­rero, ingresó en prisión el 22 de mar­zo de 2012 y sal­ió el 15 de octubre. Imputa­do por los deli­tos de falsedad, malver­sación, cohe­cho y trá­fi­co de influ­en­cias. Ante la juez declaró que gasta­ba jun­to a su jefe 25.000 euros sem­anales en cocaí­na, alco­hol y prostitución.
• Anto­nio Rivas. Del­e­ga­do de Empleo de la Jun­ta en Sevil­la entre 2004 y 2010. Imputa­do por su «acti­va par­tic­i­pación» en var­ios ERE irregulares.
• Ramón Díaz Alcaraz. Asesor de la Con­se­jería de Empleo con Anto­nio Fer­nán­dez. Imputa­do por su relación con var­ios ERE fraudulentos.
• Agustín Bar­berá. Vice­con­se­jero con Anto­nio Fer­nán­dez. Imputa­do por malver­sación, falsedad, pre­var­i­cación, y omisión del deber de denun­ciar delitos.
• Juan Márquez. Susti­tu­to de Fran­cis­co Javier Guer­rero al frente de la Direc­ción Gen­er­al de Empleo entre 2008 y 2010. Imputa­do por cua­tro deli­tos de pre­var­i­cación, omisión del deber de denun­ciar deli­tos, malver­sación y falsedad en doc­u­men­to oficial.
• Daniel Rivera. Direc­tor Gen­er­al de Empleo des­de 2010 has­ta 2012. Imputa­do por pre­var­i­cación, omisión del deber de denun­ciar deli­tos, malver­sación e infi­del­i­dad en la cus­to­dia de documentos.
• Juan Rodríguez Cor­dobés. Del­e­ga­do de Tra­ba­jo y Asun­tos Sociales de 1999 a 2000. Imputa­do por tres deli­tos de pre­var­i­cación, malver­sación y obten­ción fraud­u­len­ta de ayudas.
• Juan Lan­zas. Exsec­re­tario gen­er­al de la Fed­eración de Ali­mentación. Imputa­do por malver­sación, pre­var­i­cación, falsedad en doc­u­men­to ofi­cial, aso­ciación ilíci­ta y cohe­cho. Ingresó en prisión el 22 de mar­zo de 2013.
• Anto­nio Albar­racín. Exdi­rec­ti­vo de la con­sul­to­ra Vitalia, una de las empre­sas uti­lizadas en el fraude. Está acu­sa­do de apropi­arse de 3,7 mil­lones de euros. Ingresó en prisión el 22 de mar­zo de 2013.
• Eduar­do Leal del Real. Admin­istrador de dos empre­sas pre­sun­ta­mente uti­lizadas por la tra­ma, ingresó en prisión el 23 de mar­zo de 2013 acu­sa­do de malver­sación, aso­ciación ilíci­ta, falsedad doc­u­men­tal y un deli­to con­tra la Hacien­da Pública.
• Ismael Sier­ra. Cuña­do de Juan Lan­zas. Imputa­do por malver­sación, aso­ciación ilíci­ta, falsedad doc­u­men­tal y un deli­to con­tra la Hacien­da Públi­ca ingresó en prisión el 23 de mar­zo de 2013. Sal­ió tres días después tras pagar una fian­za de 50.000 euros.
• Eduar­do Pas­cual. Exdi­rec­ti­vo de Vitalia en Barcelona. Imputa­do por cohe­cho, malver­sación de cau­dales públi­cos, blan­queo de cap­i­tales, deli­to fis­cal y falsedad doc­u­men­tal. Ingresó en prisión el 23 de mar­zo. En lib­er­tad bajo fianza.
• María Vaqué. Exdi­rec­ti­va de Vitalia en Barcelona. Ingresó en prisión el 23 de mar­zo. En lib­er­tad bajo fian­za.
• Jesús Bor­dal­lo. Ex direc­tor com­er­cial de la ase­gu­rado­ra Vitalia en Andalucía. El 21 de mar­zo de 2013 quedó en lib­er­tad sin fian­za tras declarar ante la juez Alaya.
• Ángel Rodríguez de la Bor­bol­la. Exal­calde social­ista de Caza­l­la de Sier­ra y her­mano del expres­i­dente andaluz José Rodríguez de la Bor­bol­la. Imputa­do por obten­er supues­ta­mente más de 9 mil­lones de euros en ayu­das «con total ausen­cia de pro­ced­imien­to y sin medi­ar solicitud».
• Mag­dale­na Álvarez. Con­se­jera andaluza de Economía y Hacien­da entre 1994 y 2004, y min­is­tra de Fomen­to entre 2004 y 2009. Des­de junio de 2010 es vicepres­i­den­ta del Ban­co Europeo de Inver­siones. Imputa­da por pre­sun­tos deli­tos de malver­sación y pre­var­i­cación Según el auto fue quien dic­tó en 2003 las nor­mas en las que se recogía el con­cep­to pre­supues­tario de las trans­fer­en­cias de finan­ciación para pagar ayu­das soci­o­lab­o­rales, algo «abso­lu­ta­mente inadecuado».
• Manuel Gómez Martínez. Inter­ven­tor Gen­er­al de la Jun­ta de Andalucía des­de el 21 de mayo de 2000 has­ta el 15 de abril de 2010.
• Anto­nio Lozano. Direc­tor gen­er­al de Pre­supuestos de la Jun­ta de Andalucía entre 2002 y 2009.
• José Salgueiro Car­mona.Vice­con­se­jero de Hacien­da des­de 1990 al 7 de febrero de 2004.
• Bue­naven­tu­ra Aguil­era Díaz. Direc­tor Gen­er­al de Pre­supuestos des­de el 30 de abril de 2009 has­ta el 4 de junio de 2012
• Anto­nio Estepa Giménez. Sec­re­tario Gen­er­al de Hacien­da des­de el 21 de mayo de 2000 has­ta el 15 de mayo de 2004.
• Juan Fran­cis­co Sánchez Gar­cía. Sec­re­tario Gen­er­al Téc­ni­co de la Con­se­jería de Empleo de 2000 a 2004 y pos­te­ri­or­mente Sec­re­tario Gen­er­al Téc­ni­co en la Con­se­jería de Inno­vación de 2004 a 2010 y Direc­tor de Admin­is­tración y Finan­zas de IDEA de mayo de 2010 has­ta el 30 de octubre de 2012.
• Javier Agua­do Hino­jal. Sec­re­tario Gen­er­al Téc­ni­co de la Con­se­jería de Empleo des­de el 2 de mayo de 2004 has­ta el 3 de mayo de 2008.
• Lour­des Med­i­na Varo. Sec­re­taria Gen­er­al Téc­ni­co de la Con­se­jería de Empleo des­de el 3 de mayo de 2008 has­ta el 17 de mayo de 2012.
• Jus­to Mañas Alcón. Vice­con­se­jero de Empleo des­de el 1 de abril de 2010 has­ta el 10 de mayo de 2012.
• Juan Luque Alfon­so. Inter­ven­tor Del­e­ga­do de Empleo des­de el 5 de noviem­bre de 2008 has­ta el momen­to de su imputación.
• Gon­za­lo Suárez Martín. Vice­con­se­jero de Inno­vación des­de el 8 de mayo de 2004 has­ta el 19 de mar­zo de 2005.
• Jesús María Rodríguez Román. Vice­con­se­jero de Inno­vación des­de el 19 de mar­zo de 2005 has­ta el 1 de abril de 2010.
• Miguel Ángel Ser­ra­no Aguilar. Direc­tor Gen­er­al del IFA/IDEA des­de mayo de 2004 has­ta el 14 de mayo de 2008.
• Jac­in­to Cañete Rol­loso. Direc­tor Gen­er­al de IDEA des­de el 14 de mayo de 2008 has­ta el 22 de diciem­bre de 2009.
• Anto­nio Valverde Ramos. Direc­tor Gen­er­al de IDEA des­de el 22 de diciem­bre de 2009.
• Anto­nio Lara Revil­la. Direc­tor Gen­er­al de IFA des­de el 30 de abril de 2002 has­ta el 28 de enero de 2003.
• Fran­cis­co Mencía Morales. Direc­tor Gen­er­al de IFA des­de el 28 de enero de 2003 has­ta mayo de 2004.
• Pablo Mil­lán Márquez. Direc­tor Gen­er­al de Finan­zas del IFA/IDEA des­de 1999 has­ta 2004.
• Juan Velaquiroga. Direc­tor Gen­er­al de Finan­zas del IFA/IDEA des­de 2004 has­ta junio de 2008.
• Car­los Leal Bon­mati. Direc­tor del bufete de abo­ga­dos sevil­lano Estu­dios Jurídi­cos Vil­lasís, acu­sa­do de ocho deli­tos por su mediación en los ERE.