En agos­to de 2007, durante un duro dis­cur­so pro­nun­ci­a­do en ple­na cam­paña elec­toral, Barack Oba­ma acusó al Gob­ier­no de George W. Bush de haber «impul­sa­do una fal­sa elec­ción entre las lib­er­tades que apre­ci­amos y la seguri­dad que ofre­ce­mos». Oba­ma prometió entonces que, de ser elegi­do pres­i­dente, «no habrá más escuchas ile­gales a ciu­dadanos amer­i­canos, ni más doc­u­men­tos de Seguri­dad Nacional para espi­ar a ciu­dadanos que no son sospe­chosos de haber cometi­do un crimen. No es eso lo que hace fal­ta para der­ro­tar al terrorismo».

El pasa­do 7 de junio, con la tor­men­ta de críti­cas por el espi­ona­je de su Gob­ier­no a mil­lones de ciu­dadanos recién desa­ta­da, el pres­i­dente, con un tono mucho más come­di­do esta vez, decía: «En un sen­ti­do abstrac­to, puedes que­jarte del Gran Her­mano y de que éste sea un pro­gra­ma [de vig­i­lan­cia] poten­cial­mente fuera de con­trol, pero cuan­do real­mente te fijas en los detalles, creo que hemos con­segui­do el equi­lib­rio ade­cua­do. […] «Las mod­estas inva­siones de pri­vaci­dad que supone con­seguir un número de telé­fono y la duración [de una lla­ma­da], sin mirar el nom­bre asig­na­do ni el con­tenido, merecían la pena para nosotros. No podemos ten­er una seguri­dad al cien por cien y una pri­vaci­dad al cien por cien, con cero incon­ve­nientes. Como sociedad, vamos a ten­er que tomar decisiones».

Des­de hace unos días cir­cu­la por Inter­net un mon­ta­je en el que, sobre una de las imá­genes más famosas de la cam­paña elec­toral de Oba­ma, se ha susti­tu­i­do el famoso eslo­gan «Yes We Can» (sí, nosotros podemos) por el bas­tante menos épi­co «Yes We Scan» (sí, nosotros escaneamos). Es un buen resumen, y no solo del escán­da­lo que está sacu­d­i­en­do a la Admin­is­tración del pres­i­dente esta­dounidense, tras la fil­tración que nos ha per­mi­ti­do enter­arnos de la vig­i­lan­cia sec­re­ta de las tele­co­mu­ni­ca­ciones de usuar­ios efec­tu­a­da por la Agen­cia Nacional de Inteligen­cia (NSA). La bro­ma sin­te­ti­za tam­bién la evolu­ción sufri­da por aquel Oba­ma que prometía una trans­paren­cia total, y que, seis años y una reelec­ción después, parece más cer­ca de ese Gran Her­mano orwelliano al que él mis­mo hace ref­er­en­cia con algo de ironía y una especie de resignación.

Quienes excu­san al pres­i­dente hablan de un sis­tema de vig­i­lan­cia desco­mu­nal y difí­cil de con­tro­lar, bue­na parte del cual se encuen­tra en manos pri­vadas, y que fue hereda­do de los años de George W. Bush y el apo­geo de la «guer­ra con­tra el ter­ror­is­mo». La obsesión por la seguri­dad tras los aten­ta­dos del 11‑S, uni­da a la propia ide­ología del Gob­ier­no de entonces, hicieron de aque­l­la una época en la que, efec­ti­va­mente, llovieron los dólares para la NSA, se pro­du­jo una gran descen­tral­ización y se mul­ti­pli­caron los recur­sos, los medios y el per­son­al, todo ello ampara­do por leyes donde la pri­vaci­dad de los ciu­dadanos era la últi­ma de las preocupaciones.

Para quienes no están dis­puestos a dis­cul­par­le, sin embar­go, Oba­ma ha tenido tiem­po de sobra de pon­er orden y de actu­ar de acuer­do con las ideas que decía defend­er. Como en el caso de Guan­tá­namo, tal vez no sea él el respon­s­able de su creación, pero tam­poco ha elim­i­na­do, o, al menos, cor­regi­do, el problema.

En el fon­do de toda la polémi­ca sub­y­ace el eter­no debate entre pri­vaci­dad y seguri­dad, y la dis­cusión sobre cuáles son los límites de los Esta­dos a la hora de vig­i­lar y, supues­ta­mente, pro­te­ger, a los ciu­dadanos. Y en un Occi­dente hiper­conec­ta­do, espe­cial­mente a través de Inter­net, el debate ha cruza­do, evi­den­te­mente, las fron­teras de Esta­dos Unidos.

El escán­da­lo no hace más que cre­cer. Primero supi­mos que el Gob­ier­no de EE UU había esta­do inter­vinien­do líneas tele­fóni­cas de peri­odis­tas, en con­cre­to, de la agen­cia esta­dounidense AP. Era, no obstante, ape­nas un aper­i­ti­vo. El pla­to fuerte llegó hace aprox­i­mada­mente una sem­ana, cuan­do un extéc­ni­co de la CIA y de la NSA, Edward Snow­den, rev­eló el espi­ona­je masi­vo de lla­madas y datos de Inter­net por parte de las autori­dades. Y este mis­mo sába­do, Face­book y Microsoft han infor­ma­do de que el Ejec­u­ti­vo les pidió datos de 19.000 y 32.000 usuar­ios, respec­ti­va­mente, en un peri­o­do de seis meses. Habrá más: Google está nego­cian­do con la Admin­is­tración para difundir tam­bién sus pro­pios datos en los próx­i­mos días.

Estas son, en pre­gun­tas y respues­tas, algu­nas de las claves sobre lo que sabe­mos has­ta ahora.

¿Cómo ha estado espiando el Gobierno de EE UU a los ciudadanos?

El diario británi­co The Guardian y el esta­dounidense The Wash­ing­ton Post infor­maron el pasa­do 6 de junio de que la NSA toma­ba reg­istros diar­ios de lla­madas tele­fóni­cas de mil­lones de usuar­ios de la oper­ado­ra de tele­fonía Ver­i­zon, en vir­tud de una orden judi­cial secreta.

The Guardian explic­a­ba que había tenido acce­so a una copia de esa dis­posi­ción judi­cial, emi­ti­da en abril, y en la que se exigía a la com­pañía tele­fóni­ca que facil­i­tase a la NSA, «de man­era con­tin­ua» y «a diario», infor­ma­ción de todas las lla­madas de telé­fono, tan­to inter­nas como entre EE UU y otros países.

El doc­u­men­to mostra­ba que bajo la Admin­is­tración de Barack Oba­ma se habían efec­tu­a­do reg­istros de comu­ni­ca­ciones de mil­lones de ciu­dadanos esta­dounidens­es de man­era indis­crim­i­na­da y sin ten­er en cuen­ta si los autores de las lla­madas han cometi­do algún delito.

La denom­i­na­da Corte Extran­jera de Vig­i­lan­cia de Inteligen­cia (FISA), que es sec­re­ta, fue la encar­ga­da de con­ced­er la orden al FBI, con lo que facil­ita­ba al Gob­ier­no una autori­dad ilim­i­ta­da para obten­er datos durante un peri­o­do especí­fi­co de tres meses, que final­iza el 19 de julio.

Bajo los tér­mi­nos de esta orden se entre­gan los dos números tele­fóni­cos (emisor y recep­tor), al igual que otros datos, como la local­ización y duración de las lla­madas. El con­tenido de la lla­ma­da en sí o los datos per­son­ales (el nom­bre, por ejem­p­lo) de los usuar­ios no está cubier­to por la orden, pero los datos obtenidos per­mi­tirían iden­ti­ficar fácil­mente a los clientes de la com­pañía afectados.

Además, el pro­gra­ma PRISM (clasi­fi­ca­do como alto secre­to) per­mite acced­er direc­ta­mente a los servi­dores de nueve de las may­ores empre­sas de Inter­net para vig­i­lar men­sajes, vídeos o fotos en el extran­jero con los que encon­trar, en prin­ci­pio, patrones rela­ciona­dos con activi­dades terroristas.

¿Qué es PRISM?

PRISM (pris­ma) es el nom­bre en clave de un pro­gra­ma de recolec­ción de datos que surgió de la ley Pro­tect Amer­i­ca (pro­te­ger Améri­ca), aproba­da por el Con­gre­so de EE UU en 2007, y que per­mite la inter­ceptación de comu­ni­ca­ciones a extran­jeros sin orden judicial.

El pro­gra­ma está dis­eña­do para usar­lo, en teoría, como una her­ramien­ta de lucha con­tra el ter­ror­is­mo que posi­bili­ta a las autori­dades esta­dounidens­es acced­er a los datos y a la infor­ma­ción ref­er­ente a los sospe­chosos de ser una ame­naza para la seguri­dad nacional. Esa infor­ma­ción se requiere con el fin de «plan­i­ficar efi­caz­mente la detec­ción direc­ta y seguimien­to de las activi­dades nar­coter­ror­is­tas ilegales».

¿Por qué se creó?

Antes de 2001, el Gob­ier­no fed­er­al nece­sita­ba la aprobación de un juez para poder leer los corre­os elec­tróni­cos, no solo de los esta­dounidens­es, sino tam­bién de los extran­jeros. Después de los ataques del 11‑S, sin embar­go, Bush autor­izó en secre­to a la NSA para que obviara esa aprobación y pudiera leer cuen­tas de correo elec­tróni­co de extran­jeros en tiem­po real.

El escán­da­lo fue destapa­do por The New York Times, después de haber retenido la noti­cia durante un año entero por razones de seguri­dad nacional. Bush apeló entonces al Con­gre­so, argu­men­tan­do que obten­er la aprobación de un tri­bunal era demasi­a­do arduo. Como había demasi­a­dos men­sajes de correo elec­tróni­co para mon­i­tore­ar, obten­er autor­iza­ciones para cada uno de ellos lle­varía demasi­a­do tiem­po. El Con­gre­so estu­vo de acuer­do, con lo que se sen­taron las bases legales para la creación de PRISM.

Actual­mente, el Gob­ier­no nece­si­ta explicar al Con­gre­so y a un tri­bunal secre­to cómo planea exac­ta­mente con­seguir infor­ma­ción (corre­os elec­tróni­cos, video­con­fer­en­cias de Skype, men­sajes de Face­book). Una vez que ese tri­bunal aprue­ba las nor­mas de recopi­lación, el Gob­ier­no tiene las manos libres. A juz­gar por lo pub­li­ca­do estos días, PRISM puede obten­er una gran can­ti­dad de datos, y hac­er­lo ráp­i­da­mente. Un doc­u­men­to de la NSA indi­ca que PRISM era el pro­gra­ma de espi­ona­je «más uti­liza­do» por la agencia.

¿De dónde salen los datos?

Según los doc­u­men­tos pub­li­ca­dos por The Wash­ing­ton Post y The Guardian, la NSA tiene, con el fin de super­vis­ar datos, acce­so direc­to a los sis­temas de nueve de las may­ores empre­sas y sube­m­pre­sas de Inter­net: Face­book, Hot­mail, Yahoo, Google, Skype, PalTalk, Aol, YouTube y Gmail. Hot­mail y Skype pertenecen a Microssoft; YouTube y Gmail, a Google. Otros ser­vi­cios, como Drop­box, eran tam­bién can­didatos a entrar en la lista.

La afir­ma­ción de algu­nas de estas empre­sas de que no pro­por­cio­nan acce­so «direc­to» a sus sis­temas plantea la posi­bil­i­dad de que la NSA pue­da ten­er un acce­so «indi­rec­to», tal vez a través de una API, lo que sug­iere que, en cualquier caso, las empre­sas cooperaron.

¿Y Twitter?

En la lista desta­ca la ausen­cia de una de las redes sociales más impor­tantes: Twit­ter. Según expli­ca la BBC, por su nat­u­raleza de men­sajes cor­tos y, en gen­er­al, públi­cos –excep­to los denom­i­na­dos DM o men­sajes direc­tos– Twit­ter no com­pens­a­ba en el cál­cu­lo cos­to-ben­efi­cio de la inver­sión de tiem­po y recur­sos para analizar sus datos.

La cade­na públi­ca británi­ca añade que existe tam­bién otra razón: «Históri­ca­mente, Twit­ter ha defen­di­do los dere­chos legales de pri­vaci­dad de sus usuar­ios, dan­do inclu­so batal­las en la corte por defend­er que son sus twit­teros, y nadie más, los dueños de la infor­ma­ción que trans­miten, por lo que no habría per­mi­ti­do acce­so direc­to ni indi­rec­to a sus servidores».

Como ejem­p­lo puede recor­darse el caso de Mal­com Har­ris, un ciu­dadano esta­dounidense acu­sa­do de alteración del orden públi­co en relación con una protes­ta del movimien­to Occu­py. Twit­ter pre­sen­tó una moción (que no pros­peró) en la corte estatal de Nue­va York para anu­lar una orden judi­cial que les solic­ita­ba pedir a Har­ris sus comu­ni­ca­ciones en esta red social.

¿A quién se espía?

El direc­tor de Inteligen­cia Nacional, James R. Clap­per, ha nega­do categóri­ca­mente que PRISM espi­ara a ciu­dadanos esta­dounidens­es, pero no ha dado más detalles. The Wash­ing­ton Post ase­gu­ra que los recolec­tores de datos están «seguros al menos al 51%» de que los obje­tivos eran extran­jeros. Si es así, exis­ten muchas posi­bil­i­dades de que se hayan recogi­do datos de ciu­dadanos de EE UU de for­ma «acci­den­tal».

La ver­sión ofi­cial, sin embar­go, es difí­cil de com­pag­i­nar con, por ejem­p­lo, los datos rev­e­la­dos este sába­do por Face­book y Microsoft, según los cuales la red social recibió peti­ciones de datos por parte del Gob­ier­no esta­dounidense de has­ta 19.000 usuar­ios, y la com­pañía infor­máti­ca de has­ta 32.000, en el últi­mo semes­tre del año pasado.

Face­book ha pre­cisa­do que las peti­ciones de infor­ma­ción iban «des­de asun­tos como un sher­iff local tratan­do de encon­trar a un niño desa­pare­ci­do, has­ta un jefe poli­cial fed­er­al que perseguía a un fugi­ti­vo, un depar­ta­men­to poli­cial que inves­ti­ga­ba un asalto o un fun­cionario de la Seguri­dad Nacional inves­ti­gan­do una ame­naza terrorista».

¿Por qué es un precedente grave?

Porque este méto­do de vig­i­lan­cia del trá­fi­co en Inter­net abre la posi­bil­i­dad de recoger datos en EE UU indi­crim­i­nada­mente y sin necesi­dad de una orden judi­cial. El extéc­ni­co de Inteligen­cia que fil­tró la infor­ma­ción, Edward Snow­den, ase­gu­ra que lo hizo porque con­sid­era que el papel de la NSA es una «intro­misión grave en la intimidad».

¿Es ilegal?

No. El Gob­ier­no ha uti­liza­do todas las autor­iza­ciones par­la­men­tarias y judi­ciales nece­sarias para poder actu­ar. Otra cosa, como expli­ca des­de Wash­ing­ton Anto­nio Caño en El País, es que pue­da con­sid­er­arse «una inmoral­i­dad y un atro­pel­lo de las lib­er­tades públi­cas, algo en lo que las autori­dades de todos los país­es incur­ren fre­cuente­mente con la ley en la mano». No obstante, añade, «el juicio de esa acti­tud puede pro­ducir resul­ta­dos dis­tin­tos si se obser­va des­de el con­cep­to lib­er­al e indi­vid­u­al­ista, en cuyo caso el vere­dic­to sería severo, o des­de una idea más esta­tista sobre el papel del Gob­ier­no, que podría dic­tar una sen­ten­cia más benevolente».

El diario The New York Times señal­a­ba a este respec­to en un edi­to­r­i­al muy críti­co con Oba­ma que «el tema no es si el Gob­ier­no debe perseguir vig­orosa­mente a los ter­ror­is­tas. La pre­gun­ta es si los obje­tivos de seguri­dad pueden ser logra­dos con medios menos intru­sivos o exhaus­tivos, sin afec­tar a las lib­er­tades democráti­cas o a los dere­chos bási­cos», y agre­ga­ba que la recolec­ción de los reg­istros tele­fóni­cos «altera de man­era fun­da­men­tal la relación entre los indi­vid­u­os y su gob­ier­no». El diario con­sid­er­a­ba que, medi­ante la infor­ma­ción obteni­da, el Gob­ier­no puede des­cubrir detalles ínti­mos de la vida y las creen­cias de una per­sona, des­de incli­na­ciones políti­cas y ori­entación sex­u­al, has­ta si comete infi­del­i­dades con su pareja.

Por su parte, Human Rights Watch emi­tió un comu­ni­ca­do en el que ase­gu­ra que las prác­ti­cas de espi­ona­je del Gob­ier­no de EE UU son una vio­lación de la pri­vaci­dad «inimag­in­able hace ape­nas unos años», y urge por ello al Con­gre­so esta­dounidense a «reeval­u­ar y ree­scribir las leyes de espi­ona­je inter­no, con el fin de que respon­dan a los avances tec­nológi­cos contemporáneos».

¿Ha habido alguna respuesta legal contra el Gobierno?

Sí. El Gob­ier­no de Oba­ma se enfrenta a una deman­da de la Unión de Lib­er­tades Civiles de Esta­dos Unidos (ACLU), que con­sid­era incon­sti­tu­cionales las activi­dades de la NSA y aspi­ra a lle­gar al Tri­bunal Supremo.

¿Cómo ha salido a la luz el escándalo?

El men­ciona­do extéc­ni­co pri­va­do de la NSA, Edward Snow­den, entregó a The Guardian y, después, a The Wash­ing­ton Post, dos doc­u­men­tos que recogían otros tan­tos pro­gra­mas secre­tos de espi­ona­je del Gob­ier­no de EE UU. El primero se ocu­pa del reg­istro de los números de telé­fono y duración de las lla­madas tele­fóni­cas de Ver­i­zon; el segun­do es el pro­gra­ma PRISM.

¿Quién es Edward Snowden?

Héroe para unos, traidor para otros, Edward Snow­den (de 29 años de edad y naci­do en Eliz­a­beth City, Car­oli­na del Norte) es un infor­máti­co que inten­tó ingre­sar en las Fuerzas Espe­ciales esta­dounidens­es, pero fue descar­ta­do como con­se­cuen­cia de un acci­dente de trá­fi­co en el que se frac­turó las dos pier­nas. Tras ser rec­haz­a­do, comen­zó a tra­ba­jar como guardia de seguri­dad, primero en la NSA y más tarde, en la CIA.

A par­tir de 2007 comien­za a tra­ba­jar como infor­máti­co para la propia CIA y lle­ga a ser el respon­s­able de man­ten­imien­to de su red de seguri­dad en Gine­bra (Suiza). Dos años después es con­trata­do por una empre­sa pri­va­da que tra­ba­ja­ba para la NSA en Japón. Cuan­do en mayo de 2013 aban­dona jun­to a su novia su res­i­den­cia en Hawai, llev­a­ba tres meses con­trata­do por la empre­sa Booz Allen Hamil­ton como admin­istrador de sis­temas de la NSA.

En la entre­vista que con­cedió a The Guardian tras la fil­tración de los doc­u­men­tos, Snow­den declaró: «Estoy dis­puesto a sac­ri­ficar todo eso [su vida ante­ri­or, incluyen­do un suel­do anu­al de unos 200.000 dólares] porque no puedo en bue­na con­cien­cia per­mi­tir que el Gob­ier­no esta­dounidense destruya la pri­vaci­dad, la lib­er­tad de Inter­net y los dere­chos bási­cos de la gente de todo el mun­do con esta máquina de vig­i­lan­cia masi­va que están con­struyen­do en secreto».

¿Qué le puede pasar?

Las autori­dades esta­dounidens­es han abier­to una inves­ti­gación penal con­tra Snow­den para «deten­er­lo», según infor­mó esta sem­ana en el Con­gre­so el direc­tor del FBI, Robert Mueller. De momen­to, se encuen­tra refu­gia­do en Hong Kong, donde quiere per­manecer y luchar con­tra cualquier solic­i­tud de extradi­ción por parte de EE UU, según ha declarado.

Pablo Par­do, cor­re­spon­sal de El Mun­do en EE UU, expli­ca que «es difí­cil pro­bar que Snow­den sea un traidor. En primer lugar, porque no parece que se haya unido a ningún ene­mi­go de EE UU. En segun­do lugar porque, inclu­so aunque hubiera actu­a­do en coor­di­nación con algu­na orga­ni­zación o país, la jurispru­den­cia del Supre­mo esta­dounidense indi­ca que el acu­sa­do debe haber colab­o­ra­do acti­va­mente con ellos».

En la his­to­ria de EE UU no lle­ga a 40 el número de per­sonas con­de­nadas por traición, pero, según añade Par­do, lo que ha hecho Snow­den entra per­fec­ta­mente den­tro de la Ley de Espi­ona­je de 1917. «Y con ella en la mano, tam­bién puede ser con­de­na­do a muerte, aunque esa posi­bil­i­dad parece remo­ta. Una opción más prob­a­ble es que, si fuera con­de­na­do, se pasase el resto de la vida en la cárcel».

¿Qué opina la gente?

La opinión públi­ca esta­dounidense per­manece divi­di­da sobre qué le debe esper­ar al joven, y sobre si actuó cor­rec­ta­mente al fil­trar a los dos diar­ios la infor­ma­ción sec­re­ta, de acuer­do con una encues­ta de la revista Time. El son­deo refle­ja que para un 54% de los entre­vis­ta­dos Snow­den hizo «algo bueno», mien­tras un 30% disiente al respec­to. Un 53% opina que debe ser proce­sa­do. Has­ta un 70% de los jóvenes de entre 18 y 34 años ven con buenos ojos la fil­tración del extéc­ni­co de la CIA, pero ese por­centa­je baja al 47% en el grupo de per­sonas de más de 55 años.

¿Cómo ha reaccionado el Gobierno estadounidense?

La Casa Blan­ca defendió este jueves la necesi­dad de reg­is­trar las lla­madas tele­fóni­cas. Un alto fun­cionario del Gob­ier­no de Oba­ma insis­tió en que las prác­ti­cas de la NSA no incluyen la recopi­lación «del con­tenido de ningu­na comu­ni­cación ni el nom­bre de ningún suscrip­tor», y, aunque evitó con­fir­mar que exista esa orden judi­cial, señaló que «infor­ma­ción como la que describe The Guardian ha sido una her­ramien­ta críti­ca a la hora de pro­te­ger a la nación de ame­nazas ter­ror­is­tas con­tra Esta­dos Unidos».

Por otra parte, la Casa Blan­ca infor­mó asimis­mo este viernes de que Oba­ma expli­cará esta sem­ana en la reunión del G‑8 «la impor­tan­cia» de los pro­gra­mas secre­tos de la NSA que reg­is­tran datos dig­i­tales de extran­jeros para evi­tar com­plots ter­ror­is­tas. El asesor adjun­to de Seguri­dad Nacional de la Casa Blan­ca, Ben Rhodes, anun­ció que el pres­i­dente expli­cará a los líderes europeos que acabar con ese tipo de vig­i­lan­cia «elim­i­naría una her­ramien­ta esen­cial» para la «seguri­dad compartida».

¿Qué ha dicho la Unión Europea?

Rep­re­sen­tantes de los prin­ci­pales gru­pos políti­cos del Par­la­men­to Europeo han pedi­do a la Comisión Euro­pea que exi­ja expli­ca­ciones a EE UU por la uti­lización del pro­gra­ma PRISM y se han mostra­do «pre­ocu­pa­dos» por la vig­i­lan­cia a ciu­dadanos europeos. Así lo expe­saron en un debate con­vo­ca­do con carác­ter urgente, en el que se pidió ten­er en cuen­ta este tema en las próx­i­mas nego­cia­ciones del acuer­do de libre com­er­cio entre la UE y EE UU.

El comis­ario respon­s­able de Pro­tec­ción de los Con­sum­i­dores, Tonio Borg, indicó que PRISM y la ley que lo ampara «poten­cial­mente ponen en ries­go el dere­cho fun­da­men­tal a la pri­vaci­dad y la pro­tec­ción de datos de los ciu­dadanos europeos». «No nos gus­ta el niv­el de pro­tec­ción de datos que ofrece EE UU, sobre todo por la facil­i­dad con la que se puede ten­er acce­so a la infor­ma­ción de una per­sona y sin que haya super­visión públi­ca», añadió.

Este viernes, la UE y EE UU acor­daron estable­cer un «grupo de exper­tos» para abor­dar con­jun­ta­mente el asun­to de la pro­tec­ción de datos, después de que Bruse­las pidiese más trans­paren­cia sobre el pro­ce­so de recopi­lación y gestión de la información.

¿Qué es la NSA y cómo funciona?

No es tan cono­ci­da como la CIA o el FBI, pero la NSA (Nation­al Secu­ri­ty Agency, o Agen­cia de Seguri­dad Nacional) es uno de los pilares fun­da­men­tales de los ser­vi­cios de inteligen­cia esta­dounidens­es. Su fun­ción prin­ci­pal es la inter­ceptación de comu­ni­ca­ciones man­tenidas por (en teoría) ciu­dadanos no esta­dounidens­es, y está divi­di­da en dos partes: el Direc­to­rio de Señales de Inteligen­cia, para infor­ma­ción trans­mi­ti­da por actores exter­nos, tan­to en el extran­jero como en EE UU, y el Direc­to­rio de Garan­tía de Infor­ma­ción, que pro­tege los sis­temas de infor­ma­ción nacionales. Cada día, según infor­ma ABC, inter­cep­ta y alma­ce­na 1.700 mil­lones de corre­os elec­tróni­cos, lla­madas tele­fóni­cas y otros ele­men­tos de comunicación.

La NSA, en la que tra­ba­jan más de 30.000 per­sonas, depende del Depar­ta­men­to (min­is­te­rio) de Defen­sa, y actual­mente está dirigi­da por el gen­er­al Kei­th Alexan­der. Fue crea­da por el pres­i­dente Har­ry Tru­man en 1952.

¿Cómo es la protección de datos personales en España?

La intim­i­dad es uno de los dere­chos fun­da­men­tales recogi­dos en la Con­sti­tu­ción Españo­la, cuyo artícu­lo 18 establece que «se garan­ti­za el secre­to de las comu­ni­ca­ciones y, en espe­cial, de las postales, telegrá­fi­cas y tele­fóni­cas, sal­vo res­olu­ción judi­cial», añadién­dose que «la Ley lim­i­tará el uso de la infor­máti­ca para garan­ti­zar el hon­or y la intim­i­dad per­son­al y famil­iar de los ciu­dadanos y el pleno ejer­ci­cio de sus derechos».

Por otra parte, la Ley Orgáni­ca 15/1999 de Pro­tec­ción de Datos es aplic­a­ble a todos los datos de carác­ter per­son­al, enten­di­dos como tales «cualquier infor­ma­ción con­cerniente a per­sonas físi­cas iden­ti­fi­cadas e iden­ti­fi­ca­bles que sean sus­cep­ti­bles de tratamien­to, y a toda modal­i­dad de uso pos­te­ri­or de estos datos». La ley incluye los ficheros y tratamien­tos de datos de carác­ter per­son­al real­iza­dos por sus respon­s­ables, sean estos de tit­u­lar­i­dad públi­ca o privada.

En la nor­ma se reco­gen una serie de medi­das de oblig­a­do cumplim­ien­to para todas las empre­sas y enti­dades públi­cas que dispon­gan de datos de carác­ter per­son­al, inde­pen­di­en­te­mente del soporte en el cual estén alma­ce­na­dos. De su cumplim­ien­to vela la Agen­cia Españo­la de Pro­tec­ción de Datos.

¿Y en Europa?

En gen­er­al, las leg­is­la­ciones para la pro­tec­ción de datos en Inter­net varían mucho de unos país­es a otros, inclu­so den­tro de Europa, y entre este con­ti­nente y Esta­dos Unidos. Según expli­ca a El Mun­do el exde­cano del cole­gio Ofi­cial de Inge­nieros de Tele­co­mu­ni­cación Jorge Pérez, coau­tor del libro El debate sobre la pri­vaci­dad y seguri­dad en la Red: reg­u­lación y mer­ca­dos (Ariel), «en Europa la ley pro­tege más la infor­ma­ción per­son­al que en EE UU, en donde los entornos son más abier­tos y se antepone la respon­s­abil­i­dad indi­vid­ual en el uso de datos personales».

En el ámbito europeo, la gestión de los datos per­son­ales por parte de las autori­dades está reg­u­la­da por la Direc­ti­va 95/46/CE, «un mar­co des­ti­na­do a estable­cer un equi­lib­rio entre un niv­el ele­va­do de pro­tec­ción de la vida pri­va­da de las per­sonas y la libre cir­cu­lación de datos per­son­ales den­tro de la Unión Euro­pea». Con ese obje­to, la Direc­ti­va fija límites estric­tos para la recogi­da y uti­lización de los datos per­son­ales y solici­ta la creación, en cada Esta­do miem­bro, de un organ­is­mo nacional inde­pen­di­ente encar­ga­do de su protección.

La nor­ma especi­fi­ca, en cualquier caso, que se podrá «lim­i­tar el alcance de los prin­ci­p­ios rel­a­tivos a la cal­i­dad de los datos, la infor­ma­ción del intere­sa­do, el dere­cho de acce­so y la pub­li­ci­dad de los tratamien­tos con obje­to de sal­va­guardar, entre otras cosas, la seguri­dad del Esta­do, la defen­sa, la seguri­dad públi­ca, la repre­sión de infrac­ciones penales, un interés económi­co y financiero impor­tante de un Esta­do miem­bro o de la UE o la pro­tec­ción del interesado».