Por primera vez en la his­to­ria de la democ­ra­cia españo­la, un par­tido políti­co, Unió Democráti­ca de Catalun­ya, ha recono­ci­do haberse finan­cia­do ile­gal­mente y se ha com­pro­meti­do a devolver el dinero recibido. No lo ha hecho, sin embar­go, movi­do por el arrepen­timien­to o en una rue­da de pren­sa ante la opinión públi­ca, sino en una sede judi­cial, y con el obje­ti­vo de con­seguir un pacto que reba­je la pena a los imputa­dos y evite a su líder, Josep Antoni Duran Llei­da, ten­er que declarar como tes­ti­go ante un juez. El reconocimien­to de este com­por­tamien­to delic­ti­vo tam­poco ha supuesto que Duran Llei­da, respon­s­able de la for­ma­ción, se plantee dim­i­tir. El par­tido ha recono­ci­do que cobró el dinero, pero insiste en que, «más allá de los imputa­dos, Unió ignor­a­ba el ori­gen ilíc­i­to de las can­ti­dades o pagos realizados».

Sean cuales sean los motivos o las con­se­cuen­cias, el reconocimien­to de Unió supone un hito den­tro de la larga cade­na de casos de finan­ciación irreg­u­lar que, des­de hace décadas, com­parten muchos de los prin­ci­pales par­tidos políti­cos españoles, y que es una de las prin­ci­pales causas del descrédi­to que sufren ante bue­na parte de la sociedad. Has­ta aho­ra los escán­da­los se han soli­do sal­dar con la caí­da de respon­s­ables par­tic­u­lares, cabezas de tur­co que, aunque han daña­do la ima­gen del par­tido afec­ta­do, han logra­do tam­bién sal­var los mue­bles de la for­ma­ción como tal.

Otra cosa es el efec­to real que este hito pue­da supon­er, tenien­do en cuen­ta que la finan­ciación ile­gal de los par­tidos no está con­tem­pla­da en el Códi­go Penal, y con­sideran­do la fal­ta de trans­paren­cia que, en gen­er­al, y a pesar de haberse aproba­do ya dos nor­mas reg­u­la­to­rias (las leyes orgáni­cas 3/1987, y, después, la 8/2007), sufre la leg­is­lación españo­la en lo que respec­ta a la finan­ciación de los par­tidos políticos.

Un informe emi­ti­do en abril de 2011 por el Grupo de Esta­dos Con­tra la Cor­rup­ción (GRECO) del Con­se­jo de Europa, por ejem­p­lo, sus­pendía a España por no haber cumpli­do ningu­na de sus recomen­da­ciones para sub­sa­nar las defi­cien­cias exis­tentes en el sis­tema de finan­ciación de las for­ma­ciones políti­cas. Según este informe, las cuen­tas de las agru­pa­ciones locales siguen sien­do opacas; no se pre­sen­ta infor­ma­ción sufi­ciente sobre las fun­da­ciones vin­cu­ladas a par­tidos o sobre las (altísi­mas) deu­das de éstos con las enti­dades de crédi­to; no existe una reg­u­lación para deter­mi­nar el límite de endeu­damien­to o las condi­ciones de los prés­ta­mos, que pueden lle­gar a con­fundirse con dona­ciones; las con­tabil­i­dades de los par­tidos siguen cri­te­rios difer­entes, y resul­ta muy com­pli­ca­do com­para­r­las entre sí; no se des­ti­nan bas­tantes medios para el con­trol inter­no, no se real­izan audi­torías externas…

Este es un repa­so a algunos de los casos más son­ados de pre­sun­ta finan­ciación irreg­u­lar de par­tidos políti­cos des­de el ini­cio de la democracia.

Pallerols

El lla­ma­do «caso Pallerols», ref­er­ente a la finan­ciación ile­gal de Unió Democráti­ca de Catalun­ya (UDC), sal­ió a la luz a finales de la déca­da de los noven­ta, durante los últi­mos años del Gob­ier­no de Jor­di Pujol. El juicio se ha evi­ta­do aho­ra, esta mis­ma sem­ana, tras un acuer­do entre las partes, según el cual los acu­sa­dos y UDC se com­pro­m­e­ten a devolver 388.000 euros de sub­ven­ciones públi­cas que fueron desvi­a­dos por la tra­ma del caso.

En su escrito de acusación pro­vi­sion­al, el fis­cal denun­ció que los imputa­dos (un total de seis, para quienes pedía penas de has­ta once años de cár­cel) adju­di­caron entre 1994 y 1999 cur­sos de for­ma­ción para desem­plea­d­os por un total de 8,8 mil­lones de euros des­de el depar­ta­men­to de Tra­ba­jo de la Gen­er­al­i­tat, dirigi­do entonces por UDC, a tres sociedades del empre­sario andor­ra­no Fidel Pallerols, a cam­bio de que éste devolviera un 10% del importe, que en bue­na parte acabó en manos de Unió. Los fon­dos de estos cur­sos pro­cedían de las arcas de la Unión Europea.

El fis­cal con­sid­er­a­ba que el entonces direc­tor gen­er­al de Ocu­pación del Gob­ier­no autónomo catalán, Lluis Gavaldá, jugó un papel «deter­mi­nante» en la tra­ma, al igual que la exdi­rec­to­ra gen­er­al de Ocu­pación Dolors Llorens, ya que ambos inter­vinieron «de for­ma deci­si­va» en la con­ce­sión de las sub­ven­ciones y se lucraron con la operación. Para ambos el min­is­te­rio públi­co pedía nueve años de cárcel.

Las peti­ciones fis­cales más ele­vadas eran, no obstante, para el exdiri­gente de Unió Vicenç Gavaldá, her­mano del exdi­rec­tor de Tra­ba­jo, a quien el fis­cal iden­ti­fi­ca­ba como el urdi­dor de la tra­ma y para quien solic­ita­ba once años de cár­cel, los mis­mos que pedía para el pro­pio Fidel Pallerols, el empre­sario supues­ta­mente ben­e­fi­ci­a­do. El fis­cal excul­pa­ba al entonces con­seller de Tra­ba­jo, Ignasi Far­reras, por con­sid­er­ar que, si bien era la per­sona que firma­ba la con­ce­sión de las sub­ven­ciones, lo hacía como resul­ta­do de una «mera revisión for­mal del expediente».

El pasa­do 8 de enero, las partes lle­garon a un acuer­do «in extrem­is», que evi­ta el juicio y en con­se­cuen­cia una posi­ble sen­ten­cia con­de­na­to­ria para alguno de los acu­sa­dos. El acuer­do con­tem­pla que los proce­sa­dos asumen que desviaron los fon­dos a través de las sociedades de Pallerols, y acep­tan, de for­ma sol­i­daria con UDC, devolver los 388.000 euros desviados.

Unió ha pedi­do dis­cul­pas, pero descar­ta dimi­siones porque ase­gu­ra que «desconocía» los hechos.

Matas

El pasa­do mes de noviem­bre, el juez que instruye el «caso Over Mar­ket­ing», José Cas­tro, imputó al expres­i­dente del Gob­ier­no balear Jaume Matas en la causa que inves­ti­ga la pre­sun­ta finan­ciación ile­gal del PP en las islas. Tam­bién fueron imputa­dos el exdel­e­ga­do del Gob­ier­no cen­tral en Balear­es y excon­se­jero de Inte­ri­or, José María Rodríguez, y el cuña­do de Matas y exte­sorero del PP balear, Fer­nan­do Areal.

En este caso se inves­ti­gan las con­trat­a­ciones del Gob­ier­no de Matas (2003–2007) con la empre­sa Over por un val­or total de 3,5 mil­lones de euros, tra­ba­jos que supues­ta­mente estu­vieron amaña­dos o se jus­ti­fi­caron con fac­turas fal­sas o infladas y que, según sospecha la Fis­calía, eran en real­i­dad una man­era de pagar a la empre­sa con dinero públi­co sus labores para el PP balear.

Daniel Mer­ca­do, máx­i­mo respon­s­able de Over Mar­ket­ing, empre­sa rela­ciona­da con la tra­ma Gür­tel, afir­mó al juez que pactó con Matas cobrar parte de los gas­tos de la cam­paña elec­toral que hizo para el PP balear con con­tratos públi­cos del Gob­ier­no de las islas. «Existía un acuer­do con Jaume Matas de que parte de los gas­tos elec­torales que se debían cobrar en negro y no se cobraron quedarían com­pen­sa­dos con el vol­u­men de adju­di­ca­ciones de con­tratos públi­cos que se me prometieron, y de hecho así sucedió. Otros gas­tos elec­torales dis­tin­tos sí se cobraron en negro», ase­guró Mer­ca­do al juez.

La Caixa

En noviem­bre de 2005 se supo que el PSC (Par­tido de los Social­is­tas de Cataluña, aso­ci­a­do al PSOE) había con­segui­do que La Caixa le con­donara el 45% de la deu­da ven­ci­da que arras­tra­ba des­de 1994. En total, se trata­ba de 6,57 mil­lones de euros per­don­a­dos. El resto (7,81 mil­lones) fue rene­go­ci­a­do, con un tipo de interés tres veces infe­ri­or al aplic­a­ble en 1994.

El PP exigió al PSC que pagase la deu­da, así como la dimisión de su líder, el entonces min­istro de Indus­tria, Tur­is­mo y Com­er­cio, José Mon­til­la, quien declaró que no había «nada que ocul­tar», ya que no se había «nego­ci­a­do ni fir­ma­do crédi­to alguno».

El Tri­bunal del Cuen­tas ase­guró por su parte que el par­tido no había apor­ta­do «la doc­u­mentación acred­i­ta­ti­va cor­re­spon­di­ente del acuer­do alcan­za­do con la enti­dad financiera a finales de 2004».

Filesa

En el denom­i­na­do «caso File­sa» se inves­tigó la creación de una tra­ma de empre­sas (File­sa, Male­sa y Time-Export) cuyo fin, según estable­ció como proba­do la Judi­catu­ra, era la finan­ciación ile­gal del PSOE, para hac­er frente a los gas­tos orig­i­na­dos por las cam­pañas elec­torales del año 1989. La finan­ciación ile­gal con­sistía en inflar con­tratos públi­cos para recibir la comisión cor­re­spon­di­ente. Muchos de los car­gos, no obstante, fueron reti­ra­dos porque en el momen­to en que se cometieron los hechos delic­tivos no existía el deli­to tip­i­fi­ca­do como finan­ciación irreg­u­lar de los par­tidos políticos.

La inves­ti­gación la llevó a cabo el juez Mari­no Bar­bero, mag­istra­do del Tri­bunal Supre­mo. El 5 de mayo de 1995, el juez instruc­tor dic­tó auto de con­clusión del sumario con­tra 39 per­sonas, imputadas por los pre­sun­tos deli­tos de falsedad en doc­u­men­to mer­can­til, fis­cal, malver­sación de fon­dos públi­cos, apropiación inde­bi­da, falsedad en doc­u­men­to públi­co, deli­to mon­e­tario, trá­fi­co de influ­en­cias y aso­ciación ilíci­ta. Entre los impli­ca­dos se encon­tra­ban el senador social­ista y diputa­do autonómi­co Josep María Sala, el diputa­do del PSOE por Barcelona Car­los Navar­ro y el respon­s­able de finan­zas del par­tido, Guiller­mo Gale­ote. Además, fueron proce­sa­dos los gestores de File­sa, Luis Oliv­eró y Alber­to Flo­res, los empre­sar­ios Euge­nio Marín y Fran­cis­co Moli­na, así como la sec­re­taria de Finan­zas del PSOE, Aida Álvarez y su mari­do, Miguel Molle­do. De la inves­ti­gación se des­glosó pos­te­ri­or­mente el lla­ma­do «Caso Ave».

El juicio comen­zó en 1997, con el número de acu­sa­dos reba­ja­do a doce (José María Sala , Car­los Navar­ro, Luis Oliv­eró, Alber­to Flo­res, Aida Álvarez, Miguel Guiller­mo Molle­do, Luis Sánchez Mar­cos, Fran­cis­co Javier Igle­sias, Julio Calle­ja, Juan Anto­nio Molin, Euge­nio Gar­cía y Diego Ramos). Sala, con­de­na­do a tres años de prisión, cumplió solo dos de sen­ten­cia, al sus­pender­la el Tri­bunal Con­sti­tu­cional. Car­los Navar­ro y los respon­s­ables de File­sa, Luis Oliv­eró y Alber­to Flo­res, fueron con­de­na­dos por el Supre­mo a once años de prisión a cada uno, pero en diciem­bre de 2000 obtu­vieron un indul­to par­cial, con­ce­di­do por el Gob­ier­no de José María Aznar, que redu­jo sus penas a la mitad. Los tres dis­fruta­ban ya entonces del ter­cer gra­do pen­i­ten­cia­rio. El resto de los proce­sa­dos pagaron mul­tas y cumpli­eron penas menores.

Naseiro

El 28 de noviem­bre de 1989, la Policía inter­vi­no el telé­fono de Rafael Palop (her­mano del con­ce­jal del PP en el Ayun­tamien­to valen­ciano Sal­vador Palop) para perseguir a una orga­ni­zación de trá­fi­co de cocaí­na. La inves­ti­gación ini­cial, sin embar­go, fue rel­e­ga­da, al detec­tarse en las con­ver­sa­ciones la exis­ten­cia de comi­siones des­ti­nadas al PP a cam­bio de licen­cias urbanís­ti­cas. Entre los imputa­dos estu­vieron Rosendo Naseiro (coor­di­nador de Finan­zas del PP), Ángel Sanchís (diputa­do de PP por Valen­cia) y Arturo Moreno (vices­ec­re­tario de PP).

El «caso Naseiro» estal­ló poco después de la lle­ga­da al poder de José María Aznar, quien ordenó una inves­ti­gación den­tro de su par­tido y solic­itó que se abri­era una comisión de inves­ti­gación en el Con­gre­so, rec­haz­a­da por los social­is­tas. Var­ios miem­bros del PP fueron expulsados.

El Tri­bunal Supre­mo archivó el caso debido a irreg­u­lar­i­dades en la instruc­ción del sumario, ya que las escuchas tele­fóni­cas se habían orde­na­do para inves­ti­gar úni­ca­mente el caso de nar­cotrá­fi­co y, por tan­to, su uti­lización en el pre­sun­to deli­to de finan­ciación ile­gal no con­ta­ba con super­visión judi­cial. El Tri­bunal ordenó la pos­te­ri­or destruc­ción de las cin­tas incul­pa­to­rias con las con­ver­sa­ciones de los impli­ca­dos que, no obstante, se pueden leer en las hemerote­cas dado su val­or históri­co, aunque jurídica­mente care­cen de val­or probatorio.

En una de las cin­tas, Vicente Sanz (expres­i­dente de la diputación de Valen­cia por el PP) afir­ma en una con­ver­sación con Eduar­do Zaplana (expres­i­dente de la Gen­er­al­i­tat Valen­ciana y exmin­istro del últi­mo gob­ier­no de Aznar): «Estoy en la políti­ca para forrarme».

Tragaperras

En mar­zo de 1990 se destaparon una serie de irreg­u­lar­i­dades en la con­ce­sión de per­misos de explotación de máquinas tra­gaper­ras que el Gob­ier­no vas­co, del PNV, habría cometi­do des­de 1984 en la Direc­ción de Juego. El nego­cio ile­gal, del que forma­ban parte numerosas empre­sas en las que tra­ba­ja­ban per­sonas afines a este par­tido, gen­eró unos ben­efi­cios supe­ri­ores a los 10.000 mil­lones de pesetas.

El PNV acabó recono­cien­do, según el Tri­bunal Vas­co de Cuen­tas, que en total existían 2.503 licen­cias ile­gales de este tipo exis­tentes en la comu­nidad. Sin embar­go, var­ios empre­sar­ios del sec­tor, que acusaron a PNV de haber recibido impor­tantes can­ti­dades de dinero a cam­bio de per­misos irreg­u­lares, cifraron las mis­mas en casi 7.000.

En el caso estu­vieron impli­ca­dos, todos ellos acu­sa­dos de malver­sación de fon­dos, pre­var­i­cación, falsedad en doc­u­men­to públi­co y finan­ciación irreg­u­lar de par­tido políti­co, José Joaquín Por­tuon­do y Alfre­do Peña (direc­tor y sub­di­rec­tor de Juego, respec­ti­va­mente), Luis María Reto­laza (con­se­jero del Inte­ri­or vas­co) e Igna­cio Goiri (direc­tor de Hacien­da de Vizcaya).

La juez instruc­to­ra del caso lo cer­ró en junio de 1993 al no hal­lar «indi­cios racionales» de que se hubiera cometi­do un delito.

Casinos

El direc­tor financiero de Casi­nos-Invera­ma, Jaime Sen­tís, pre­sen­tó en enero de 1990 una denun­cia en el juz­ga­do, en la que acus­a­ba al pres­i­dente de la sociedad, Artur Suqué, de haber desvi­a­do más de 3.000 mil­lones de pese­tas de la empre­sa, 1.000 de los cuales fueron a finan­ciar irreg­u­lar­mente a Con­vergèn­cia Democràti­ca de Catalun­ya (CDC), el par­tido de Jor­di Pujol.

El juez de Barcelona Ramón Gomis estu­vo siete años y medio instruyen­do la causa y el 30 de junio de 1997 acordó final­mente su archi­vo. El mag­istra­do admitía que CDC se había finan­cia­do con dinero de Casi­nos, pero pre­cis­a­ba que no hubo deli­to, a pesar de recono­cer que las jus­ti­fi­ca­ciones de las sal­i­das de dinero se realizaron con fac­turas que cal­i­fi­ca­ba de «men­daces». El juez explic­a­ba asimis­mo que qued­a­ba fuera de su com­pe­ten­cia «el juicio de moral­i­dad o val­o­ración políti­ca que mere­cen las aporta­ciones de fon­dos» a par­tidos políti­cos que se real­izan al mar­gen de la ley, y record­a­ba que en el caso File­sa el Tri­bunal Supre­mo sen­ten­ció que no existía el deli­to de finan­ciación ile­gal o encu­bier­ta de par­tidos políticos.

El lla­ma­do «caso Casi­nos» quedó cer­ra­do defin­i­ti­va­mente en diciem­bre de 1998, al rec­haz­ar la Audi­en­cia de Barcelona el últi­mo recur­so que podía haber­lo reabier­to, y que había pre­sen­ta­do el pro­pio Sentís.

Flick

El dinero del con­sor­cio indus­tri­al alemán Flick (impli­ca­do en varias tra­mas de cor­rup­ción políti­ca en Ale­ma­nia) con­tribuyó al desar­rol­lo de for­ma­ción de algunos sindi­catos y par­tidos españoles, así como a la finan­ciación de sus cam­pañas, entre 1980 y 1985, cuan­do desta­cadas fun­da­ciones ale­m­anas entre­garon en mar­cos el equiv­a­lente a unos 3.000 mil­lones de pesetas.

Según doc­u­mentación pub­li­ca­da por la agen­cia Efe, la fun­dación Ebert (socialdemócra­ta) donó 1.230 mil­lones de pese­tas a PSOE, UGT, Insti­tu­to de Admin­is­tración Munic­i­pal y las fun­da­ciones Pablo Igle­sias y Largo Caballero; Kon­rad Ade­nauer (democris­tiana) cedió 670 mil­lones a USO y la fun­dación Human­is­mo y Democ­ra­cia; Friedrich Nau­mann (lib­er­al) entregó 523 mil­lones a Esquer­ra Repub­li­cana de Cataluña, Par­tido Reformista Democráti­co, aso­ciación Nue­va Gen­eración, Casa Lib­er­al de Barcelona y al Insti­tu­to de Estu­dios Sociales; y Hans Sei­del, vin­cu­la­da a gru­pos de extrema derecha, dio 466 mil­lones al Insti­tu­to de Estu­dios Sociales y colaboró con la antigua AP.

La ram­i­fi­cación españo­la del caso sal­ió a la luz cuan­do, en 1984, el diputa­do socialdemócra­ta alemán Peter Struck declaró en la pren­sa que otro diputa­do del mis­mo par­tido habría entre­ga­do un mil­lón de mar­cos de la tra­ma de cor­rup­ción a Felipe González, lo que provocó la céle­bre frase del entonces pres­i­dente del Gob­ier­no español: «No he recibido ni un duro, ni una pese­ta, ni de Flick ni de Flock».

Los impli­ca­dos admi­tieron los hechos en la comisión de inves­ti­gación, pero indi­caron que se pro­du­jeron un año antes de que se pro­hi­biera a los par­tidos españoles recibir dona­ciones extran­jeras. Final­mente, el Con­gre­so de los Diputa­dos absolvió a Felipe González con 263 votos a favor, aproban­do las con­clu­siones elab­o­radas por la comisión acer­ca de la inex­is­ten­cia de prue­bas y la falsedad de las declaraciones.

Zamora

En los primeros meses de 1997 aparecieron infor­ma­ciones en el diario El País sobre las denun­cias que el con­struc­tor zamora­no y mil­i­tante del PP Eduar­do Cor­rales había ver­tido sobre altos car­gos de este par­tido, rel­a­ti­vas al pre­sun­to cobro de comi­siones, entre 1987 y 1991, por la antigua AP de Zamo­ra a con­struc­tores de esa provin­cia. A la denun­cia de Cor­rales se sumó la del tam­bién con­struc­tor Mar­i­ano San­tarén, quien afir­mó igual­mente que a los con­struc­tores se les exigía el 8% de cada obra públi­ca concedida.

Cor­rales, por su parte, acusó al entonces pres­i­dente del Gob­ier­no, José María Aznar, de haber cobra­do comi­siones durante su eta­pa al frente del PP autonómi­co y después de la comu­nidad castel­lano-leone­sa, a cam­bio de la adju­di­cación de obras por la Diputación provin­cial. Según las acusa­ciones, los con­struc­tores César Martínez y Anto­nio San Gre­go­rio entre­garon a Aznar, en vísperas de los comi­cios autonómi­cos de 1987, dos talones ban­car­ios por un total de tres mil­lones de pese­tas des­ti­na­dos a «ayu­dar» a la cam­paña electoral.

Cor­rales afir­mó asimis­mo que en 1987 diri­gentes locales del par­tido recau­daron 40 mil­lones de pese­tas entre con­struc­tores de Zamo­ra a fin de «com­prar» al diputa­do social­ista y con­ce­jal de Toro José Luis Antor­re­na para que votara a favor del can­dida­to pop­u­lar Luis Cid como pres­i­dente de la Diputación.

Otros impli­ca­dos en el caso fueron José Manuel Peñalosa (por­tavoz de PP en Comisión de Con­trol de RTVE en el Con­gre­so), José Anto­nio Abad (alto car­go de Diputación zamorana), los her­manos Par­da y su fir­ma Ertasa, Manuel Tábara y su empre­sa Her­tasa, el con­struc­tor Her­minio Montero.

En julio de 2000, el mag­istra­do tit­u­lar del Juz­ga­do de Instruc­ción número cua­tro de Zamo­ra, Anto­nio Fran­cis­co Casa­do, emi­tió un auto por el que archiv­a­ba las dili­gen­cias del caso. Según el juez, no existía cred­i­bil­i­dad en las denun­cias ni había prue­bas suficientes.

Caja de Ronda

En 1990, la Caja de Ron­da (actu­al Uni­ca­ja) declaró como fal­li­dos diver­sos crédi­tos (311 mil­lones de pese­tas) con­ce­di­dos al PSOE y cor­rió a car­go de parte (un 40%) de los gas­tos de la cam­paña social­ista para los comi­cios andaluces de 1986. El pres­i­dente de la enti­dad financiera era entonces Braulio Medel, que fue des­ti­na­do a pre­sidir la Con­fed­eración Españo­la de Cajas de Ahor­ros medi­ante un even­tu­al apoyo socialista.

Por otro lado, se supo que Caja de Ron­da había presta­do al ban­co BEF durante seis meses segui­dos un total de 12.500 mil­lones de pese­tas, suma de la que se cree extra­jo la can­ti­dad de 6.000 para el pres­i­dente cántabro Juan Hor­maechea, cuan­do la línea cred­iti­cia de la caja con el ban­co era solo de 657 millones.

Cuiña

El PP gal­lego abrió un sumario a José Cuiña Cre­spo (sec­re­tario gen­er­al del PP autonómi­co y con­se­jero de Orde­nación Ter­ri­to­r­i­al) el 3 de abril de 1992, tras acusar­le el BNG de malver­sación, pre­var­i­cación y falsedad de doc­u­men­tos por su respon­s­abil­i­dad direc­ta en con­trat­a­ciones irreg­u­lares de obras (incumplim­ien­tos de trámites legales y enmien­das de fac­turas). El BNG afir­mó que dos par­tidas pre­supues­tarias de 971 mil­lones de pese­tas en total habían servi­do para pagar la cam­paña de Fra­ga a la Pres­i­den­cia de la Xun­ta de 1989 y los gas­tos elec­torales de los comi­cios munic­i­pales de 1991.

Ferraz

El 25 de mayo de 1993, el diario El Mun­do pub­licó que Rafael Del­ga­do, sec­re­tario par­tic­u­lar de Alfon­so Guer­ra, apare­ció asid­u­a­mente en Fer­raz durante 1986 con bol­sas de deporte «reple­tas de mil­lones», según expli­caron al per­iódi­co diver­sos emplea­d­os y exem­plea­d­os de la cita­da sede social­ista. El recuen­to, según las mis­mas fuentes, tenía lugar en el cuar­to de la foto­copi­ado­ra de la quin­ta plan­ta, jus­to enci­ma de los despa­chos de Felipe González y Alfon­so Guer­ra. Al pare­cer, el dinero era deposi­ta­do después en una cuen­ta cor­ri­ente abier­ta por el PSOE en la sucur­sal de Caja­madrid de la calle Barceló. El PSOE ingresó en 1986 más de 1.500 mil­lones de pese­tas, según con­sta­ba en los archivos de la enti­dad bancaria.

El diario señaló que este par­tido ocultó al Tri­bunal de Cuen­tas en 1988 los ingre­sos de 1987 pre­sun­ta­mente ile­gales (4.409 mil­lones de pese­tas), los cuales con­sta­ban en el bal­ance como «ingre­sos var­ios», y declaró sólo 4.250 millones.

Sellberg

Entre 1981 y 1983, la empre­sa Sell­berg habría paga­do comi­siones al PSOE a cam­bio de la con­ce­sión de con­tratas munic­i­pales para la recogi­da de basur­as en Madrid. Alon­so Puer­ta (teniente de alcalde con Tier­no Galván) fue expul­sa­do de su car­go y del PSOE poco tiem­po después de haber­lo denunciado.

---

Con infor­ma­ción de la agen­cia Efe