Ya se sabe que todo lo que sube, tarde o tem­pra­no, ten­drá que bajar. El prob­le­ma es que algu­nas bajadas son en caí­da libre, sobre todo si la subi­da se ha hecho con tram­pa y sin paracaídas.

Hace cin­co años, la Comu­nidad Valen­ciana parecía ten­er el límite en el cielo: Boom inmo­bil­iario, políti­cos que no deja­ban de inau­gu­rar obras y de recolec­tar votos, dinero a espuer­tas fluyen­do de ban­cos y cajas de ahor­ro… Eran los tiem­pos de la Copa Améri­ca de vela, del esplen­dor de la Ciu­dad de las Cien­cias y de los con­tratos mil­lonar­ios con el Insti­tu­to Nóos para la cel­e­bración de grandes cum­bres inter­na­cionales sobre tur­is­mo y deporte; los tiem­pos de las can­di­dat­uras a los Jue­gos Europeos y de las ges­tiones para con­seguir que los bóli­dos de la Fór­mu­la 1 recor­riesen las calles de la cap­i­tal del Turia a una veloci­dad solo super­a­da por el rit­mo de la recal­i­fi­cación urbanística.

La Comu­nidad Valen­ciana, gob­er­na­da inin­ter­rump­i­da­mente por el PP des­de 1995, era el ejem­p­lo a seguir, al menos, para los diri­gentes de este par­tido, y pese a los casos de cor­rup­ción que no deja­ban de aflo­rar. En enero de 2008, cuan­do lo peor de la cri­sis enseña­ba ya sus dientes, el actu­al pres­i­dente del Gob­ier­no, Mar­i­ano Rajoy, ponía como ejem­p­lo de bue­na gestión económi­ca al Con­sell de Fran­cis­co Camps y afirma­ba: «Ése es el mod­e­lo que yo quiero aplicar para el Gob­ier­no de España». Javier Are­nas, can­dida­to entonces del PP a la pres­i­den­cia de la Jun­ta de Andalucía, ase­gura­ba por su parte que «gob­ernar no es gas­tar más, sino gas­tar mejor. Gob­ernar es imi­tar a Camps».

Hoy, cin­co años después de la cel­e­bración de aque­l­la Copa Améri­ca, un año después de que Alber­to Fab­ra sucediese al dim­i­ti­do Fran­cis­co Camps al frente de la Gen­er­al­i­tat, y un año después, tam­bién, de la inter­ven­ción de la Caja Mediter­rá­neo (CAM), la Comu­nidad Valen­ciana tiene las arcas vacías, un sis­tema financiero desa­pare­ci­do, los fun­cionar­ios y los estu­di­antes en pie de guer­ra, la sanidad públi­ca ame­naza­da, una tele­visión autonómi­ca en coma, dece­nas de políti­cos imputa­dos por, o acu­sa­dos de, cor­rup­ción, un puña­do de megaproyec­tos fra­casa­dos y bas­tante menos respal­do políti­co (no hay ningún valen­ciano en el gob­ier­no de Rajoy ni en ningu­na sec­re­taría de Esta­do). Este viernes, se con­vir­tió, además, en la primera comu­nidad en solic­i­tar la adhe­sión al fon­do de liq­uidez autonómi­co del Esta­do, es decir, en pedir un rescate financiero.

Este es un repa­so a los frentes abier­tos en una de las comu­nidades con may­or poten­cial de crec­imien­to del país, y a la que algunos han lle­ga­do a cal­i­ficar, sin embar­go, como «la Gre­cia española».

En quiebra

La deu­da públi­ca recono­ci­da de la Comu­nidad Valen­ciana supera los 20.000 mil­lones de euros (más del 20,5% de su PIB), una situación que llevó al pleno del Gob­ier­no valen­ciano a acor­dar este viernes solic­i­tar la adhe­sión al fon­do de liq­uidez autonómi­co, lo que per­mi­tirá a la Gen­er­al­i­tat «hac­er frente a los vencimien­tos de deu­da en 2012», y apor­tar «seguri­dad en el cumplim­ien­to de las obliga­ciones financieras». La creación de este fon­do de rescate, dota­do en total con 18.000 mil­lones de euros, fue deci­di­da por el Con­se­jo de Min­istros el pasa­do día 13, y aproba­da el pasa­do jueves en el Congreso.

La luz roja se encendió en diciem­bre pasa­do, cuan­do la Gen­er­al­i­tat tuvo que pedir ayu­da al Gob­ier­no cen­tral para poder afrontar el vencimien­to de un crédi­to de 123 mil­lones de euros con­cen­di­do por el Deustche Bank. El Min­is­te­rio de Hacien­da habil­itó entonces una línea espe­cial de crédi­to para las autonomías, y la Comu­nidad Valen­ciana pidió 1.022 mil­lones de euros al Insti­tu­to de Crédi­to Ofi­cial (ICO). Con su deu­da situ­a­da a niv­el de bono basura por las agen­cias cal­i­fi­cado­ras de ries­go, la Gen­er­al­i­tat pidió en mayo una ampliación del crédi­to de 1.678 mil­lones, y volvió a pedir otros 4.000 mil­lones en abril, lo que supone más del 23% de todo lo solic­i­ta­do por las autonomías has­ta la fecha.

La Comu­nidad Valen­ciana es una de las ocho autonomías amon­es­tadas por el min­istro de Hacien­da, Cristóbal Mon­toro, por los prob­le­mas para cumplir con el obje­ti­vo de déficit del 1,5% del PIB.

Parados y emigrantes

Al igual que en el resto del país, el desem­pleo es, jun­to al déficit públi­co, el otro gran prob­le­ma de la Comu­nidad Valen­ciana. La bue­na noti­cia es que bajó en el mes de junio (un 1,59% menos); la mala, que lo hizo por deba­jo de la media españo­la (-2,10%). No obstante, en el últi­mo año, el paro ha subido en la Comu­nidad Valen­ciana un 8,66%, menos que la media del país, que ha sido del 11,97%. Solo tuvieron un menor crec­imien­to del paro en el últi­mo año Cataluña y Baleares.

En con­cre­to, la Comu­nidad Valen­ciana reg­istró en junio 9.104 para­dos menos, con lo que el total de desem­plea­d­os se situó en 564.130. De ellos, 52.165 son menores de 25 años. Del total de 575.857 con­tratos en la comu­nidad, el 8,36% es indefinido y el 91,64% de carác­ter temporal.

Según cál­cu­los del Insti­tu­to Nacional de Estadís­ti­ca, un total de 4.408 per­sonas emi­graron al extran­jero des­de la Comu­ni­ad Valen­ciana en el primer semes­tre de este año, solo por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía.

Una banca demolida

En 2009, dos de las tres prin­ci­pales enti­dades financieras de la Comu­nidad Valen­ciana, Ban­ca­ja y Caja Mediter­rá­neo (CAM), ocu­pa­ban el ter­cer y cuar­to puesto, respec­ti­va­mente, en la clasi­fi­cación de las enti­dades de ahor­ro españo­las. La ter­cera gran pata del sis­tema ban­car­io local, el Ban­co de Valen­cia, gan­a­ba en 2008 unos 150 mil­lones de euros. Hoy, la CAM y el Ban­co de Valen­cia han sido inter­venidas y Ban­ca­ja está integra­da, sin poder ejec­u­ti­vo, en la aho­ra nacional­iza­da Bankia.

La desin­te­gración del sis­tema financiero valen­ciano es con­se­cuen­cia direc­ta de una pési­ma gestión, en para­le­lo al aumen­to del con­trol políti­co sobre las enti­dades ban­car­ias, un con­trol que comen­zó a hac­erse más inten­so durante el gob­ier­no de Eduar­do Zaplana (PP, 1995–2002). La lle­ga­da a los con­se­jos de admin­is­tración de políti­cos y pro­mo­tores inmo­bil­iar­ios empu­jó a las cajas valen­cianas a finan­ciar megaproyec­tos como Ter­ra Míti­ca (Benidorm), la Ciu­dad de las Artes y las Cien­cias (Valen­cia) o la Ciu­dad de la Luz (Ali­cante), a par­tic­i­par en sociedades como la que ges­tiona la Fór­mu­la 1 en Valen­cia, a car­gar con deu­da públi­ca emi­ti­da por la Gen­er­al­i­tat o inclu­so a finan­ciar a equipos de fút­bol, como el Valen­cia CF.

La poca rentabil­i­dad de muchos de estos proyec­tos y, sobre todo, el aumen­to de la morosi­dad al estal­lar la bur­bu­ja del ladrillo, llevó a las enti­dades financieras, que habían lle­ga­do a duplicar sus nego­cios inmo­bil­iar­ios entre 2003 y 2005, a la ruina.

Ban­ca­ja se inte­gró en la funes­ta Bankia en mar­zo de 2011, y la CAM -«lo peor de lo peor», en pal­abras del exgob­er­nador del Ban­co de España, Miguel Ángel Fer­nán­dez Ordóñez- fue inter­veni­da en julio de ese mis­mo año, después de admi­tir ini­cial­mente pér­di­das de 1.136 mil­lones de euros. La Caja Mediter­rá­neo está aho­ra en manos del Ban­co de Sabadell, y su ante­ri­or jun­ta direc­ti­va tiene abier­to un pro­ce­so en la Audi­en­cia Nacional, acu­sa­da de deli­to soci­etario, estafa, manip­u­lación del pre­cio de las cosas y apropiación inde­bi­da. En noviem­bre de 2011 le tocó el turno al Ban­co de Valen­cia, que fue inter­venido por el de España tras des­cubrirse un déficit de unos 800 mil­lones de euros.

Grandes proyectos fracasados

La Comu­nidad Valen­ciana ha sido esce­nario en la últi­ma déca­da de la creación de grandes proyec­tos que, aunque pudieron con­tribuir ini­cial­mente a la proyec­ción nacional e inter­na­cional de la ima­gen de la comu­nidad, no han acaba­do de cua­jar ni de ofre­cer la rentabil­i­dad esper­a­da, han dis­para­do la deu­da públi­ca y pri­va­da, y han sido, en algunos casos, autén­ti­cas platafor­mas para el enriquec­imien­to rápi­do de sus pro­mo­tores o para pre­sun­tos casos de cor­rup­ción. Cua­tro ejemplos:

• Ter­ra Míti­ca, el par­que de atrac­ciones lev­an­ta­do por Zaplana en Benidorm con dinero de Ban­ca­ja, la CAM, empre­sar­ios pri­va­dos y la Gen­er­al­i­tat, costó 377 mil­lones de euros. Tras entrar en sus­pen­sión de pagos en 2004 y reg­is­trar pér­di­das con­tin­u­adas, aho­ra pertenece al grupo Aqua­lan­dia, que lo com­pró en 2010 por 65 mil­lones de euros, casi seis veces menos de lo que costó originalmente.
• La Ciu­dad de la Luz, en Ali­cante, un gran cen­tro audio­vi­su­al de ocio de 320.000 met­ros cuadra­dos ded­i­ca­do al mun­do cin­e­matográ­fi­co, y con­stru­i­do en el año 2000 con dinero de la Gen­er­al­i­tat, recono­ció en octubre de 2011 una deu­da por pagos pen­di­entes de 8,5 mil­lones de euros. Está inm­er­sa en un rosario de pro­ce­sos judi­ciales, y la sociedad que la explota, Agua­mar­ga Gestión de Estu­dios, entró en con­cur­so de acree­dores en diciem­bre de ese mis­mo año.
• El Aerop­uer­to de Castel­lón ha costa­do unos 200 mil­lones de euros, de los que unos 70 mil­lones han sali­do de las arcas públi­cas. Está inau­gu­ra­do, pero no tiene aún per­miso para la nave­gación aérea. Tam­poco tiene aviones, sal­vo el que ador­na la estat­ua que lo pre­side, inspi­ra­da en la per­sona de la que par­tió el proyec­to, el aho­ra expres­i­dente de la diputación de Castel­lón, Car­los Fab­ra (PP, 1995 — 2011). Fab­ra está imputa­do judi­cial­mente por diver­sos deli­tos de trá­fi­co de influ­en­cias, cohe­cho y deli­to fis­cal. Con­ce­bido teóri­ca­mente para afi­an­zar la economía de la provin­cia a través del ocio, jun­to a futur­os par­ques temáti­cos («Mun­do Ilusión»), tor­neos inter­na­cionales de golf (12 cam­pos proyec­ta­dos) y enclaves res­i­den­ciales ya exis­tentes (Mari­na d’Or), el aerop­uer­to iba a dar ser­vi­cio a los ocu­pantes de 40.000 vivien­das de una nue­va macrour­ban­ización, con la con­sigu­iente recal­i­fi­cación de ter­renos. Ni las vivien­das, ni los cam­pos de golf, ni el par­que temáti­co se han construido.
• El gran pre­mio de Fór­mu­la 1 en Valen­cia fue anun­ci­a­do en 2007 por Bernie Eccle­stone, pres­i­dente y direc­tor ejec­u­ti­vo de la com­peti­ción, tras las ges­tiones de Fran­cis­co Camps, y con la condi­ción de que éste ganase las elec­ciones autonómi­cas. Pese a que Camps ase­guró que el cir­cuito sería finan­cia­do por pro­mo­tores pri­va­dos, el Con­sell tuvo que acabar pagan­do 80 mil­lones de euros. Según infor­mó El País, la cel­e­bración de los siete grandes pre­mios pro­gra­ma­dos le van a supon­er a las arcas públi­cas valen­cianas más de 244 mil­lones, entre los pagos a Eccle­stone, las infraestruc­turas para la car­rera y el canon que paga la tele­visión valen­ciana por retrans­mi­tir los grandes pre­mios. De acuer­do con el men­ciona­do diario, el actu­al gob­ier­no de Alber­to Fab­ra ha inten­ta­do anu­lar los con­tratos, pero se ha encon­tra­do con que la penal­ización es casi tan cara como la cel­e­bración del even­to. Eccle­stone, entre tan­to, ya ha con­fir­ma­do que a par­tir de 2013 Valen­cia deberá alternarse con Barcelona para la orga­ni­zación del gran pre­mio en España, una coop­eración que nego­cian ambas ciudades.

Escándalos y políticos bajo sospecha

La Comu­nidad Valen­ciana osten­ta un triste récord de pro­ce­sos por cor­rup­ción en los últi­mos años:

• En el caso de los tra­jes, la ver­tiente valen­ciana del caso Gür­tel, se inves­ti­garon los rega­los otor­ga­dos al entonces pres­i­dente de la Gen­er­al­i­tat valen­ciana, Fran­cis­co Camps, y a otros altos car­gos de su gob­ier­no a cam­bio de adju­di­ca­ciones públi­cas o actos orga­ni­za­dos por el PP en la región. Fueron imputa­dos el pro­pio Camps, que ter­minó dim­i­tien­do de su car­go, y el ex sec­re­tario gen­er­al del PP de la Comu­nidad Valen­ciana, Ricar­do Cos­ta. Víc­tor Cam­pos, exvi­cepres­i­dente de la Gen­er­al­i­tat, y Rafael Betoret, exjefe de gabi­nete de la Con­sellería de Tur­is­mo, se declararon cul­pa­bles. El 25 de enero de 2012, Camps y Cos­ta fueron absuel­tos por un jura­do pop­u­lar. El Par­tido Social­ista del País Valen­ciano (PSPV) ha recur­ri­do el archi­vo de la causa inter­ponien­do un recur­so de casación ante el Tri­bunal Supremo.
• En el caso Nóos, una de las piezas del caso Pal­ma Are­na, está imputa­do el duque de Pal­ma, Iña­ki Urdan­garin. Según la inves­ti­gación, el mari­do de la infan­ta Ele­na y uno de sus socios, Diego Tor­res, tam­bién imputa­do, se habrían embol­sa­do grandes can­ti­dades de dinero públi­co entre 2005 y 2007 a través de la orga­ni­zación sin áni­mo de lucro Fun­dación Nóos, que Urdan­garin presidía. Nóos operó, sobre todo, con los gob­ier­nos pop­u­lares de Balear­es y la Comu­nidad Valenciana.
• En el caso Bru­gal, empre­sar­ios ali­can­ti­nos vin­cu­la­dos al sec­tor de la recogi­da de basur­as y al urban­is­mo habrían sobor­na­do a políti­cos del PP a cam­bio de adju­di­ca­ciones y otros favores. La causa tiene una vein­te­na de ram­i­fi­ca­ciones en las que están imputa­dos los empre­sar­ios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, además del líder del PP de Ali­cante, José Joaquín Ripoll. El sumario tam­bién impli­ca a la alcalde­sa de la ciu­dad, Sonia Castedo.

Según pub­licó a prinici­p­ios de este mes el diario El Mun­do, de los 55 diputa­dos del Par­tido Pop­u­lar en el Par­la­men­to valen­ciano, once están o bien imputa­dos, o bien acu­sa­dos en dis­tin­tos casos de cor­rup­ción en cur­so. Si el PP los expul­sase del par­tido, perdería la may­oría abso­lu­ta en las Cortes.

Se tra­ta, en con­cre­to, de Ricar­do Cos­ta (por­tavoz de Economía en las Cortes y sec­re­tario gen­er­al del grupo pop­u­lar, imputa­do por la pre­sun­ta finan­ciación irreg­u­lar del PP valen­ciano), Vicente Ram­bla (coor­di­nador de Economía del grupo pop­u­lar, imputa­do en el mis­mo caso), David Ser­ra (por­tavoz adjun­to del PP, imputa­do en Gür­tel), Mila­grosa Martínez (actu­al alcalde­sa de Nov­el­da, imputa­da por pre­var­i­cación y cohe­cho por con­tratos adju­di­ca­dos cuan­do era con­sellera de Tur­is­mo), Angéli­ca Such (sec­re­taria de la mesa de las Cortes Valen­cianas,  imputa­da por supues­tas irreg­u­lar­i­dades en con­trat­a­ciones de Fitur), Yolan­da Gar­cía (exte­sor­era del grupo par­la­men­tario pop­u­lar, imputa­da tam­bién por la pre­sun­ta finan­ciación ile­gal del par­tido), Rafael Blas­co (por­tavoz del PP en las Cortes Valen­cianas, acu­sa­do de deli­tos de pre­var­i­cación, cohe­cho, trá­fi­co de influ­en­cias, falsedad doc­u­men­tal y malver­sación de cau­dales públi­cos), Sonia Caste­do (alcalde­sa de Ali­cante y diputa­da, impli­ca­da en el caso Bru­gal), Luis Díaz Alperi (ante­cesor de Caste­do, acu­sa­do de los mis­mos deli­tos que ésta), Pedro Ángel Hernán­dez Mateo (diputa­do en las Cortes y ex alcalde de Tor­re­vie­ja, imputa­do por supues­tas irreg­u­lar­i­dades en con­tratos de adju­di­ciación), y Mayte Par­ra (alcalde­sa de Ibi, inves­ti­ga­da por todas las con­trat­a­ciones que ha for­mal­iza­do su ayun­tamien­to en los últi­mos años).

Privatización de la sanidad

Los suce­sivos crédi­tos con­cen­di­dos a la Comu­nidad Valen­ciana para hac­er frente a su deu­da han con­ll­e­va­do el pre­cio de un duro plan de aus­teri­dad que incluye la pri­va­ti­zación de toda la gestión no asis­ten­cial de la sanidad, grandes recortes y despi­dos en el sec­tor público.

En una de las medi­das que ha cau­sa­do más polémi­ca has­ta la fecha, el gob­ier­no de Alber­to Fab­ra anun­ció el pasa­do mes de abril su inten­ción de pri­va­ti­zar la gestión de todos los hos­pi­tales públi­cos de la comu­nidad a par­tir de 2013. El vicepres­i­dente del Con­sell, José Cís­car, explicó que ese «cam­bio de mod­e­lo», que, según dijo, per­mi­tirá ahor­rar 443 mil­lones­de euros al año, es «nece­sario para garan­ti­zar a los valen­cianos en el futuro una sanidad públi­ca, uni­ver­sal, gra­tui­ta y sostenible».

Cís­car insis­tió en que seguirán sien­do gra­tu­itos los ser­vi­cios de pre­ven­ción, diag­nós­ti­co, tratamien­to y reha­bil­itación que se hagan en los cen­tros san­i­tar­ios, y que no se va a cobrar por la asis­ten­cia san­i­taria, mien­tras que por primera vez los para­dos sin prestación no pagarán nada por medica­men­tos. Tam­bién ase­guró que es la úni­ca medi­da que podrá evi­tar una subi­da de impuestos que supon­dría un coste anu­al de 500 euros por ciudadano.

Esta ini­cia­ti­va se suma a la medi­da anun­ci­a­da tam­bién por la Gen­er­al­i­tat de elim­i­nar per­son­al de los hos­pi­tales para ahor­rar 69 mil­lones de euros y reba­jar en 260 mil­lones de euros la fac­tura farmacéutica.

Recortes y despidos

Con respec­to a los despi­dos y recortes en otros ámbitos, y con el obje­ti­vo de reducir los pre­supuestos en 1.500 mil­lones de euros, el Con­sell ha anun­ci­a­do, entre otras deci­siones, la reestruc­turación de 26 sociedades mer­can­tiles, 16 enti­dades de dere­cho públi­co y 35 fun­da­ciones; recortes en los con­ser­va­to­rios de músi­ca por el 55% del pre­supuesto, lo que pone en peli­gro la per­ma­nen­cia de 62 con­ser­va­to­rios, 1.200 puestos de tra­ba­jo y la enseñan­za de 8.500 alum­nos; rea­gru­pación de empre­sas públi­cas; supre­sión de 704 empleos insti­tu­cionales y 165 lib­er­a­dos sindi­cales; un recorte en la finan­ciación del Cen­tro de Inves­ti­gación Príncipe Felipe que supon­drá un expe­di­ente de reg­u­lación de empleo (ERE) para 108 de sus 245 tra­ba­jadores, el cierre de 16 lab­o­ra­to­rios y la supre­sión de 14 líneas de inves­ti­gación; con­gelación del suel­do de los fun­cionar­ios; reduc­ción del 30% en las becas uni­ver­si­tarias; 20 mil­lones de euros menos para las uni­ver­si­dades públi­cas valen­cianas, y menores ayu­das al trans­porte públi­co y al alquiler.

La Radiotele­visión Valen­ciana (RTVV), por su parte, anun­ció el pasa­do día 16 un Expe­di­ente de Reg­u­lación de Empleo que afec­tará a 1.295 tra­ba­jadores, con lo que la plan­til­la quedaría reduci­da a 400 pro­fe­sion­ales. Según la prop­ues­ta de la direc­ción del grupo,  este ajuste supone un ahor­ro supe­ri­or a los 54 mil­lones de euros, al pasar de un gas­to en per­son­al de 73,8 mil­lones en 2011 a los 17,7 mil­lones pre­vis­tos para 2013.