El que parecía el yer­no per­fec­to (en tér­mi­nos de ima­gen para la monar­quía, al menos) podría haber sali­do rana. Iña­ki Urdan­garin, mari­do de la infan­ta Cristi­na, deportista de élite, exmedal­lista olímpi­co, posee­dor de un innegable don de gentes, en aparentes buenos tér­mi­nos con el resto de la Famil­ia Real, y has­ta guapo, está sien­do inves­ti­ga­do por una tra­ma de cor­rup­ción de var­ios mil­lones de euros. Euros sali­dos, además, del bol­sil­lo del contribuyente.

La tra­ma por la que, según todos los indi­cios, puede acabar imputa­do el yer­no del Rey, for­ma parte del laber­in­to del caso ‘Pal­ma Are­na’, y lo que ha trascen­di­do has­ta aho­ra del sumario judi­cial es, de lle­gar a ser proba­do, muy grave.

Estas son las claves de la lla­ma­da téc­ni­ca­mente ‘Operación Babel’, más cono­ci­da ya como ‘caso Urdangarin’.

El Instituto Nóos

Entre 2004 y 2006 Iña­ki Urdan­garin fue el pres­i­dente del Insi­tu­to Nóos, una fun­dación ofi­cial­mente sin áni­mo de lucro, rela­ciona­da con la orga­ni­zación de even­tos deportivos y con ser­vi­cios de asesoría en cues­tiones de ima­gen, y que ape­nas había tenido activi­dad rel­e­vante des­de su creación, en el año 1999.

Durante la época de la pres­i­den­cia de Urdan­garin, sin embar­go, la fun­dación sale de su letar­go: En 2004, nada más pon­erse al frente de Nóos, el duque de Pal­ma con­tac­ta con José Luis ‘Pepote’ Ballester, direc­tor de Deportes del Gob­ier­no de Jaume Matas (PP) y ami­go del Príncipe Felipe. Poco después ofrece sus ser­vi­cios al Gob­ier­no balear para orga­ni­zar un foro deportivo.

Los contratos

Entre 2004 y 2007, en ple­na época expan­si­va de gas­to públi­co y con el ‘boom’ inmo­bil­iario desa­ta­do, el gob­ier­no de Balear­es, el de la Comu­nidad Valen­ciana y el Ayun­tamien­to de Valen­cia suscri­bieron var­ios con­ve­nios a dedo con Nóos por val­or de mil­lones de euros: 2,3 mil­lones en el caso del Gob­ier­no balear y más de 3,7 mil­lones en el caso de las insti­tu­ciones valencianas.

En con­cre­to, el Gob­ier­no balear pagó a Nóos 1,2 mil­lones de euros en 2005 y 1,1 mil­lones en 2006 por la orga­ni­zación de sendas cum­bres turís­ti­co-deporti­vas, en el mar­co del lla­ma­do Fórum Illes Balears. Los pagos se hicieron a través de la Fun­dación Ille­sport y del Insti­tu­to Balear de Tur­is­mo (Ibatur).

La Gen­er­al­i­tat Valen­ciana y el Ayun­tamien­to de Valen­cia, por su parte, pagaron al Insti­tu­to, con dinero del pro­pio Gob­ier­no autonómi­co, de la Ciu­dad de las Artes y de las Cien­cias, y de la Fun­dación Tur­is­mo Valen­cia (munic­i­pal), 900.000 euros por la orga­ni­zación de la reunión inter­na­cional sobre tur­is­mo y deporte «Valen­cia Sum­mit» en 2004, otros tan­tos por lo mis­mo en 2005, y 900.000 más en 2006. Por los gas­tos de rep­re­sentación y alo­jamien­to de los par­tic­i­pantes en la cum­bre de 2005, Nóos recibió, además, 700.000 euros, y por hac­erse car­go de la can­di­datu­ra de Valen­cia para los Jue­gos Europeos en 2006, otros 382.000.

Quién es quién

El núcleo duro del Insti­tu­to Nóos, es decir, el equipo que ges­tion­a­ba la fun­dación y toma­ba las deci­siones, esta­ba for­ma­do por el pro­pio Iña­ki Urdan­garin, admin­istrador en 2003 y pres­i­dente entre 2004 y 2006; Diego Tor­res, ger­ente entre 2004 y 2006, y pres­i­dente tras la sal­i­da de Urdan­garin, en ese últi­mo año; Ana María Tejeiro, respon­s­able del área jurídi­co fis­cal y esposa de Tor­res; Miguel Tejeiro, sec­re­tario y her­mano de Ana María, y Mar­cos Tejeiro, respon­s­able del área con­table y her­mano de los dos anteriores.

Todos ellos, menos Urdan­garin, están actual­mente imputados.

El hilo del caso ‘Palma Arena’

Las irreg­u­lar­i­dades en las cuen­tas del insti­tu­to Nóos salen a la luz como con­se­cuen­cia de las inves­ti­ga­ciones del caso ‘Pal­ma Are­na’, una tra­ma de cor­rup­ción en el Gob­ier­no balear que comen­zó a destaparse en agos­to de 2008, y en la que hay ya más de una trein­te­na de imputa­dos, entre políti­cos, car­gos ejec­u­tivos y per­son­al téc­ni­co, sien­do el prin­ci­pal proce­sa­do el expres­i­dente autonómi­co de Balear­es Jaume Matas.

El 22 de julio del año pasa­do, el juez José Cas­tro, instruc­tor del ‘caso Pal­ma Are­na’, abrió una nue­va pieza en la causa (la número 25, bau­ti­za­da como ‘operación Babel’), en la que pedía infor­ma­ción sobre los con­ve­nios fir­ma­dos en los años 2005 y 2006 entre Ille­sport e Ibatur, depen­di­entes del Gob­ier­no balear, y el Insti­tu­to Nóos para la orga­ni­zación del Fórum Illes Balears. El juez requería al Insti­tu­to Nóos que acred­i­tase «haber ren­di­do cuen­tas de la inver­sión de los fon­dos recibidos para la eje­cu­ción de los referi­dos con­ve­nios y, en caso pos­i­ti­vo, que aporte las cor­re­spon­di­entes justificaciones».

Adjudicaciones a dedo y sobrecostes

Los expe­di­entes admin­is­tra­tivos esta­ban pla­ga­dos de irreg­u­lar­i­dades. Para empezar, porque la adju­di­cación de los con­ve­nios se hizo sin con­cur­so públi­co, y, además, porque las enti­dades públi­cas no pueden fir­mar este tipo de acuer­dos con empre­sas pri­vadas a no ser que se jus­ti­fique que estas son las úni­cas que pueden prestar el ser­vi­cio. De hecho, en febrero de 2006, el PSIB-PSOE ya había pre­gun­ta­do al Ejec­u­ti­vo balear por la supues­ta exis­ten­cia de pagos irreg­u­lares a los orga­ni­zadores de este foro.

El fis­cal sospechó entonces que Nóos había desvi­a­do un mil­lón de euros de los 2,3 mil­lones fac­tura­dos por los foros de Balear­es, con un sobre­coste del 170%.

El pasa­do 2 de junio, el juez Cas­tro citó como imputa­do a Diego Tor­res. En su declaración, Tor­res defendió la legal­i­dad de los dos con­ve­nios fir­ma­dos con el Gob­ier­no balear.

El 19 de julio, el mag­istra­do imputó a José Luis ‘Pepote’ Ballester y al exger­ente del Insti­tu­to Balear de Tur­is­mo, Raimun­do Alabern, por el men­ciona­do pre­sun­to desvío de 2,3 mil­lones de euros.

Cuatro comidas y tres cenas: 80.000 euros

El pasa­do 8 de noviem­bre, el fis­cal anti­cor­rup­ción de Balear­es, Pedro Hor­rach, dirigió un reg­istro en las ofic­i­nas de Barcelona de una red de sociedades vin­cu­ladas al Insti­tu­to Nóos. La Policía reg­istró tam­bién la casa de Tor­res y recogió de las sedes de la Con­sel­le­ria de Pres­i­den­cia de la Gen­er­al­i­tat Valen­ciana y de la Ciu­dad de las Artes y las Cien­cias doc­u­mentación sobre los con­tratos fir­ma­dos con Nóos.

Final­mente, el 9 de noviem­bre, Anti­cor­rup­ción apun­tó a que tan­to Urdan­garin, como su antiguo socio, Diego Tor­res, urdieron «un entra­ma­do soci­etario cuan­do ambos esta­ban al frente del Insti­tu­to Nóos con el fin de apoder­arse de los fon­dos públi­cos y pri­va­dos que recibía esta fun­dación», y que, para ello, se fija­ban pre­cios «total­mente despro­por­ciona­dos» por los ser­vi­cios que presta­ban a la Admin­is­tración, y se sim­u­la­ban asimis­mo tra­ba­jos ficticios.

¿Como de despro­por­ciona­dos? El sumario de la causa detal­la, por ejem­p­lo, un pre­supuesto de 240.000 euros para via­jes y alo­jamien­to de unas 100 per­sonas, de los que 85.000 eran para los desplaza­mien­tos de los exper­tos inter­na­cionales, otro tan­to para los hote­les donde dor­mían, y 80.000 para gas­tos de cater­ing (cua­tro comi­das, tres cenas y seis ‘cof­fee breaks’, según infor­mó El País).

Otro ejem­p­lo: El Gob­ier­no balear pagó en 2007 445.000 euros al Insti­tu­to Nóos por crear el Obser­va­to­rio Per­ma­nente de Deporte y Tur­is­mo, un organ­is­mo que nun­ca llegó a fun­cionar.

Bajo el paraguas del altruismo

La Fis­calía indi­ca que la úni­ca final­i­dad persegui­da por Urdan­garin y Tor­res con la toma del con­trol de Nóos era «con­tar con la cober­tu­ra de una aso­ciación que for­mal­mente no perseguía áni­mo de lucro, una especie de ONG ded­i­ca­da a proyec­tos sociales», con el fin de «rodearse del pres­ti­gio social deriva­do […] y evi­tar sus­pi­ca­cias por parte de ter­ceros al finan­cia­rse bási­ca­mente con fon­dos de organ­is­mos públicos».

La trama

Según detal­la la Fis­calía, Nóos fija­ba los pre­cios por sus ser­vi­cios y, tras recibir los fon­dos, sim­u­la­ba la con­trat­ación de activi­dades fic­ti­cias con una serie de empre­sas mer­can­tiles que forma­ban su entra­ma­do soci­etario, fac­turan­do por importes supe­ri­ores a los ser­vi­cios real­mente presta­dos, y emi­tien­do las fac­turas con­tra Nóos. De este modo, los fon­dos públi­cos acaba­ban en manos de las empre­sas mer­can­tiles con­tro­ladas por Tor­res y Urdangarin.

En con­cre­to, las enti­dades pre­sun­ta­mente uti­lizadas por ambos eran, según el auto, Nóos Con­sul­toría Estratég­i­ca, Aizoon S.L., Vir­tu­al Strate­gies S.L., Shiri­aima­su, Intu­it Strat­e­gy Inno­vat y De Goes Cen­ter For Stake­hold­er Management.

El doc­u­men­to judi­cial indi­ca que tan­to Nóos como las sociedades vin­cu­ladas tenían, como mín­i­mo des­de el año 2006, el mis­mo domi­cilio real social, lo que «rev­ela que el con­trol» de las mis­mas «esta­ba en manos de los diri­gentes del Insti­tu­to Nóos».

Sin miedo

En algunos casos, y a pesar de que se trata­ba de fon­dos públi­cos, todo ese dinero ni siquiera esta­ba respal­da­do por doc­u­men­to alguno. Hay reci­bos fal­sos y nómi­nas de emplea­d­os que no tienen nada que ver con los con­ve­nios firmados.

La sen­sación de impunidad debía de ser muy grande: Según la inves­ti­gación, algu­nas fac­turas jus­ti­f­i­can gas­tos de un con­gre­so cel­e­bra­do en Pal­ma de Mal­lor­ca con reci­bos de ser­vi­cios presta­dos tiem­po antes en la Comu­nidad Valenciana.

El pelotazo

De acuer­do con las inves­ti­ga­ciones, aún pro­vi­sion­ales, Urdan­garin habría amasa­do des­de 2004 un pat­ri­mo­nio per­son­al supe­ri­or a los 11 mil­lones de euros. A su nom­bre tiene un pala­cio de ocho mil­lones de euros en Barcelona, y además es dueño de un pat­ri­mo­nio inmo­bil­iario de cer­ca de 1,3 mil­lones de euros (cin­co pisos en Pal­ma y otro en Tar­rasa) y de activos por val­or de 1,8 mil­lones en sus empresas.

Y aún fal­ta por cal­cu­lar todo el dinero ocul­to bajo otras fir­mas o sociedades, o las can­ti­dades que la tra­ma de empre­sas de Nóos pue­da haber eva­di­do al extran­jero. De acuer­do con una infor­ma­ción pub­li­ca­da por El Mun­do, el fis­cal atribuye al duque de Pal­ma una pre­sun­ta evasión de cap­i­tales a paraí­sos fis­cales de Belice y el Reino Unido. De momen­to, los fis­cales cal­cu­lan que el mari­do de la infan­ta y su socio se habrían lle­va­do al menos 650.000 euros a Belice, a través de «una estruc­tura soci­etaria fiduciaria».

Más de cien clientes

Según infor­mó el diario Públi­co, Hacien­da cifra en más de 16 mil­lones de euros la tra­ma pre­sun­ta­mente urdi­da por Urdan­garin, que en nueve años habría fac­tura­do a 103 clientes, entre los que se encuen­tran algu­nas de las prin­ci­pales empre­sas del país.

Casi el 40% de los ingre­sos totales del ‘hold­ing’ salieron de las arcas públi­cas (no solo de los gob­ier­nos autonómi­cos de Balear­es y la Comu­nidad Valen­ciana, sino tam­bién de ayun­tamien­tos como los de Alcalá de Henares, Valen­cia, Barcelona, Mataró o La Galera, en Tar­rag­o­na), pero las empre­sas pri­vadas tam­bién pagaron. De acuer­do con el diario El Mun­do, com­pañías como Tele­fóni­ca y Acer­alia, o insti­tu­ciones como la Sociedad Gen­er­al de Autores (SGAE) realizaron pagos a Nóos por estu­dios para mejo­rar su ima­gen u orga­ni­zar actos insti­tu­cionales. En el caso de la enti­dad que dirigía Ted­dy Bautista la fac­tura superó los 400.000 euros. Nóos cobró tam­bién de equipos de fút­bol como el Valen­cia o el Vil­lare­al. El con­jun­to de Castel­lón llegó a abonar 690.000 euros por un informe de una dece­na de folios.

Los respon­s­ables del Insti­tuo Nóos no solo se con­trata­ban a sí mis­mos a través de las mer­can­tiles que con­tro­la­ban, sino que, además, por medio de estas, y según infor­mó ABC, pre­sen­taron y habrían cobra­do fac­turas por un importe glob­al de más de 1,7 mil­lones de euros en 2007, cuan­do la enti­dad sin áni­mo de lucro ya no tenía activi­dad alguna.

«Credibilidad»

El expres­i­dente del Gob­ier­no balear Jaume Matas ha admi­ti­do que el acta en la que con­s­ta una reunión man­teni­da con Urdan­garin, para apro­bar uno de los pagos a Nóos, «no respondía a la real­i­dad», ya que sus colab­o­radores ni siquiera se habrían reunido con el duque, si bien jus­ti­ficó que se trataría de una «prác­ti­ca habit­u­al» por ser un doc­u­men­to pri­va­do naci­do en el seno de la fun­dación Illesport.

Matas tomó la decisión políti­ca de respal­dar esta ini­cia­ti­va, según dijo, por ser «una ofer­ta des­de una insti­tu­ción sin áni­mo de lucro pre­si­di­da por alguien de la cred­i­bil­i­dad de Urdangarin».

La peti­ción del expres­i­dente balear de que el caso pase a la Audi­en­cia Nacional ha sido rec­haz­a­da por Anti­cor­rup­ción.

La imputación de Urdangarin

Los inves­ti­gadores judi­ciales de la pieza sep­a­ra­da número 25 del ‘caso Pal­ma Are­na’ tienen pre­vis­to finalizar en menos de dos meses el estu­dio de toda la doc­u­mentación incau­ta­da en los reg­istros. Según fuentes cer­canas a la inves­ti­gación citadas por El País, a par­tir de ese momen­to citarán como imputa­do a Iña­ki Urdangarin.

Diego Tor­res, por su parte, lle­va seis meses imputa­do por falsedad doc­u­men­tal, pre­var­i­cación, fraude a la Admin­is­tración y malver­sación de fon­dos públicos.

Los cua­tro deli­tos que inves­ti­ga el juz­ga­do de instruc­ción núnero 3 de Pal­ma de Mal­lor­ca ‑malver­sación de cau­dales públi­cos, trá­fi­co de influ­en­cias, cohe­cho y falsedad doc­u­men­tal- están pena­dos con 15 años de prisión.

¿Y la infanta?

La infan­ta Cristi­na es vocal de una de las empre­sas ben­e­fi­ci­adas, Aizoon S.L., una pro­mo­to­ra famil­iar de la que su mari­do es admin­istrador y a la que Urdan­garin habría desvi­a­do parte del dinero públi­co. Su fir­ma aparece, asimis­mo como vocal, en el equipo saliente del acta de ren­o­vación de la jun­ta del Insti­tu­to Nóos.

No obstante, los inves­ti­gadores judi­ciales con­sid­er­an que, tan­to ella como su sec­re­tario, Car­los Gar­cía Reven­ga, tesorero de la jun­ta direc­ti­va de Nóos has­ta 2006, esta­ban «aparta­dos del conocimien­to del área financiera». Para ello se apoy­an en la declaración poli­cial de Ignasi de Juan Creix Bretón, quien colaboró en Nóos en 2006.

Según las fuentes jurídi­cas men­cionadas por El País, la infan­ta no será imputa­da porque ni el juez José Cas­tro, que instruye el caso, ni los fis­cales que lo inves­ti­gan la incluyen den­tro del «cír­cu­lo cer­ra­do de toma de deci­siones» del entra­ma­do que dirigía su marido.

¿Qué ha dicho el duque?

De momen­to, no mucho. El pasa­do 11 de noviem­bre, un día después de que el fis­cal Anti­cor­rup­ción de Balear­es tomase declaración a varias per­sonas impli­cadas en la supues­ta tra­ma, Urdan­garin afir­mó que defend­erá su «hon­or­a­bil­i­dad e inocen­cia» en relación con su gestión al frente del Insti­tu­to Nóos.

«Cuan­do conoz­ca los por­menores de las dili­gen­cias pre­vias del Juz­ga­do de Instruc­ción número 3 de Pal­ma de Mal­lor­ca, que en este momen­to son for­mal­mente sec­re­tas, podré pro­nun­cia­rme sobre su con­tenido», dijo en una nota envi­a­da des­de Wash­ing­ton, donde reside. El duque de Pal­ma insis­tió en que defend­erá su «hon­or­a­bil­i­dad e inocen­cia en este asun­to des­de la con­vic­ción de que mi actuación pro­fe­sion­al ha sido siem­pre correcta».

Su segun­da declaración la real­izó este mis­mo sába­do, y se cen­tró en desvin­cu­lar a la Casa Real del escán­da­lo: En una con­ver­sación tele­fóni­ca con la agen­cia Efe, Urdan­garin leyó el sigu­iente comu­ni­ca­do: «Ante la acu­mu­lación de infor­ma­ciones y comen­tar­ios apare­ci­dos en los medios de comu­ni­cación rel­a­tivos a mis actua­ciones pro­fe­sion­ales, deseo pun­tu­alizar que lamen­to pro­fun­da­mente que los mis­mos estén cau­san­do un grave per­juicio a la ima­gen de mi famil­ia y de la Casa de su Majes­tad el Rey, que nada tienen que ver con mis activi­dades pri­vadas. Infor­mo asimis­mo [de] que he des­ig­na­do asesor jurídi­co y por­tavoz a Don Mario Pas­cual Vives, letra­do del Cole­gio de Abo­ga­dos de Barcelona, que será la per­sona autor­iza­da a hablar en mi nombre».

¿Y la Casa Real?

La Casa Real dijo este sába­do que no va a hac­er ningu­na declaración sobre el comu­ni­ca­do del duque de Pal­ma. Ante­ri­or­mente, la insti­tu­ción había expre­sa­do su «respeto abso­lu­to» por las actua­ciones y deci­siones judi­ciales en marcha.

Zarzuela tam­bién ha deja­do claro que no tiene ningún plan para desvin­cu­lar a las infan­tas Ele­na y Cristi­na, o al pro­pio Iña­ki Urdan­garin, del núcleo de la Famil­ia Real, «cuya com­posi­ción viene reg­u­la­da por un decre­to de 1981». Esta declaración la hizo la Casa Real en respues­ta a diver­sas infor­ma­ciones pub­li­cadas en relación a un supuesto plan para lim­i­tar los miem­bros de la Famil­ia Real a los reyes, los príncipes y sus hijas Leonor y Sofía, e ir lim­i­tan­do poco a poco la activi­dad insti­tu­cional de la infan­ta Ele­na y los duques de Palma.

¿Qué dicen los partidos políticos?

El PSOE y el PP reit­er­aron este sába­do su respeto a las deci­siones judi­ciales de for­ma gen­er­al y, en par­tic­u­lar, en el ‘caso Pal­ma Are­na’, así como a las actua­ciones que deci­da Urdan­garin ante la inves­ti­gación de que es obje­to en este asun­to. Fuentes de ambos par­tidos se lim­i­taron a expre­sar ese respeto y a defend­er la pre­sun­ción de inocencia.

El líder de IU, Cayo Lara, ha señal­a­do, con cier­ta ironía, que el duque de Pal­ma debería pon­er su car­go «a dis­posi­ción» de la Casa Real, de la mis­ma man­era que la Monar­quía ten­dría que pon­er «su Casa Real» a dis­posi­ción de la sober­anía popular.

Los diputa­dos de Esquer­ra Uni­da en Les Corts Valen­cianes han envi­a­do una car­ta a Urdan­garin, en la que le exi­gen que devuel­va los fon­dos públi­cos «que le fueron otor­ga­dos en su momen­to» y que «cola­bore con la jus­ti­cia apor­tan­do todas la doc­u­mentación e infor­ma­ción que se le requiera».