Puede que el economista canadiense Robert Mundell no sea especialmente conocido más allá de los círculos especializados, pero si hubiese que señalar a alguien como ‘el padre del euro’, este profesor, Premio Nobel de Economía en 1999, y casi octogenario ya, sería, probablemente, el candidato número uno.
Unos veinte años antes de que 17 estados europeos decidiesen dar el paso más ambicioso en la historia de la Unión y adoptasen el euro como moneda común, Mundell escribió, a principios de los setenta, una serie de trabajos sobre las «áreas monetarias óptimas» que acabaron constituyendo el armazón básico de lo que sería la Eurozona.
En aquellos trabajos Mundell llegaba a la conclusión de que, en cualquier región dentro de una zona monetaria, si se quiere mantener un nivel de empleo, una condición básica es evitar los «choques asimétricos», recurriendo, por ejemplo, a una movilidad laboral real. En Europa, la eliminación de barreras legales para el movimiento de trabajadores creó un mercado laboral único, pero las diferencias económicas, lingüísticas y culturales, así como la falta de un auténtico poder central y coordinado, hicieron que la movilidad laboral al estilo estadounidense resultase inalcanzable. En este aspecto, como en muchos otros, Europa no fue capaz de evitar los «choques asimétricos».
El resultado es que existe una moneda única, pero funcionando en territorios con realidades muy diferentes, y con poca posibilidad de ser equilibrados. Esto, en un contexto de recesión económica, con una crisis de deuda galopante en las partes más débiles, y bajo el fuego continuo de los mercados especulativos, acaba desencadenando una tensión difícilmente soportable para la moneda común.
Y la solución quirúrgica de extirpar el órgano infectado para mantener vivo al resto del organismo, es decir, la salida de Grecia de la zona euro, en este caso, no es considerada aceptable por los gobernantes de la Eurozona, que temen un irreversible efecto dominó cuyo resultado sería, al final, la muerte del paciente. O, lo que es lo mismo, el fin del euro, o su transformación en algo completamente diferente, en un escenario en el que la moneda única podría tal vez sobrevivir en los países del norte (Alemania, Francia), con Italia y España como posibles acompañantes, pero en el que el euro, tal y como lo conocemos hoy, habría dejado de existir.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué se va a hacer para intentar solucionarlo? ¿Con qué consecuencias? ¿Hay otras alternativas? ¿Qué pasaría si se acaba el euro? ¿Vale la pena salvarlo?
Defectos de nacimiento
No son pocos los analistas que piensan que la actual crisis del euro es consecuencia de múltiples errores que se cometieron a la hora de crear la unión monetaria. El argumento principal es que no se puede crear una unión monetaria sin tener antes una unión fiscal y también política, y que una unión monetaria sólo es económicamente factible en el caso de que los países miembros de la misma constituyan un área económica homogénea.
La consecuencia fundamental de estas carencias sería la existencia de dos grupos de países claramente diferenciados, con la consiguiente ralentización del crecimiento económico de la Eurozona, a lo que habría que unir, según estos expertos, los perjuicios que ha ocasionando la política monetaria impuesta, principalmente desde el año 2001, por el Banco Central Europeo (BCE).
Una disciplina fiscal única entre los países miembros habría permitido alcanzar la austeridad en el gasto público con presupuestos equilibrados y bajo endeudamiento soberano, pero las diferenciasentre los países periféricos (Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda) y el núcleo duro de la UE (Alemania, Francia), en vez de disminuir, aumentaron, lo que ha acabado poniendo en peligro el proyecto de la moneda única.
Por otra parte, los pactos de estabilidad y crecimiento, vitales para apuntalar el euro como moneda con futuro, no se aplicaron con la suficiente firmeza: Alemania, por ejemplo, incumplió desde el principio los criterios para mantenerse en la zona euro. Eso sin contar con que Grecia mintió para entrar en la Eurozona, ya que en realidad no estaba preparada para su ingreso en la unión monetaria (cuando Yorgos Papandreu ganó las elecciones desveló un déficit del 12,7% del PIB, frente al 3% que esgrimía el anterior gobierno).
La herida se abre
A pesar de estos problemas de fondo, el euro se presentó desde un principio como una moneda firme y estable. Esto hizo que los inversores no se preocupasen excesivamente por la inflación cuando compraron bonos de países de la Eurozona y, como resultado, Grecia fue capaz de emitir bonos a tasas de interés más bajas de lo que hubiera sido capaz antes de adoptar el euro. En parte debido a que podía pedir dinero prestado más barato, Atenas disparó sus gastos.
El gasto desorbitado es, al menos, una de las interpretaciones de las causas del déficit griego. Otra lo relaciona más con las decisiones del anterior gobierno conservador heleno de no aplicar políticas fiscales más duras, y destaca que el problema del déficit se basa más en la falta de ingresos al Estado (impuestos), que en un gasto público capaz de generar inversión y de impulsar la actividad económica y el empleo.
Sea como fuere, el caso griego es el más extremo, pero no el único. La mayoría de los países de la UE navegaron durante años en un supuesto mar de aguas tranquilas que, con el estallido de la crisis económica global, resultó ser un espejismo. El gasto sin control, la cultura de endeudamiento y los créditos baratos que engrosaban las arcas de los bancos y el supuesto bienestar de sus clientes, la demonización de los impuestos, y, en el caso de España, situaciones como la burbuja inmobiliaria, acabaron dando sus frutos.
La actividad económica cayó, las arcas públicas se vaciaron y los Estados se vieron obligados recurrir a la deuda para hacer frente a su déficit, incluyendo el coste de tener que rescatar con dinero del contribuyentea entidades bancarias que corrían, y aún corren, el riesgo de hundirse.
Y es en este contexto cuando llega el pánico de las bolsas (a menudo, irracional, ya que la deuda pública de la Eurozona en conjunto no es tan grande, comparada con la de otros países ricos, como Estados Unidos o Japón) y los envites de los especuladores.
Desde principios del año pasado, los países de la zona euro han sufrido un problema de confianza sin precedentes, con ataques especulativos sobre los bonos públicos de varios de sus miembros, turbulencias en sus mercados financieros y bursátiles, y una caída del valor cambiario de la moneda única con respecto al dólar, en un ambiente de incertidumbre y dificultad por alcanzar un acuerdo colectivo que muchos analistas no dudan en calificar de lentitud exasperante.
No hay que olvidar que los mercados financieros ganan fuerza presionando al euro y especulando sobre el fin de la moneda (o su disolución parcial) porque saben que la alternativa para muchos países (mantenerse en la Eurozona a costa de exigir grandes sacrificios a sus ciudadanos), es muy difícil y conlleva grandes costos políticos.
La primera víctima propiciatoria de esta crisis fue la propia Grecia, y de su salvación depende ahora, en buena medida, la salvación del euro mismo. Tras innumerables intentos fallidos, rescates realizados y aún por definir, draconianas medidas de austeridad y aplazamientos, los líderes europeos decidieron finalmente esta semana en Bruselas (bien podría haber sido en las Termópilas) entrar a quirófano, no para extirpar, sino, como dijo el líder parlamentario alemán del opositor Partido Socialdemócrata, Frank Walter Steinmeier, para «operar a corazón abierto».
A corazón abierto
La operación acordada el pasado miércoles tras horas de negociaciones es una apuesta clara por la continuidad de la moneda única y un intento de inyectar confianza en los mercados que, al menos de momento, parece haber dado cierto resultado (las bolsas de medio mundo se desbocaron al día siguiente). Eso sí, costará una fortuna, tendrá consecuencias para los ciudadanos y, según muchos analistas, puede que solo sirva para ganar tiempo (lo que no es poco), antes de que el marcapasos vuelva a fallar.
Para empezar, y a modo de cortafuegos para frenar la extensión del pánico a importantes países vulnerables pero todavía solventes (especialmente Italia, el país de la Eurozona con la segunda mayor carga de deuda, después de Grecia, y a España), el refuerzo de la capacidad de préstamo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) pasará de 440.000 millones de euros a un billón de euros.
La cifra es redonda, pero aún no está del todo claro de dónde va a salir todo ese dinero. De momento se barajan dos opciones principales: Ofrecer un seguro para los compradores de deuda, lo que haría los bonos más atractivos y bajaría los intereses a pagar, y establecer un instrumento de inversión especial en el que podrían participar grandes operadores privados y públicos, incluyendo países emergentes como China, lo que no deja de tener su coste político, dejando a un lado incluso el hecho de que el déficit en derechos humanos deje de ser un problema cuando se trata de solucionar el déficit económico.
La segunda pata del banco es reducir la deuda griega a la mitad. La llamada «quita» (renuncia de los acreedores a parte de lo que se les debe) supone, al menos, acabar con la falsa ilusión de que Atenas podría acabar pagando todo lo que debe a base de ajustes y austeridad, pero algunos analistas la ven insuficiente: El último informe de la troika supervisora (UE, BCE y FMI) indica que el país heleno necesita una quita del 60% para que sus finanzas sean sostenibles.
El objetivo es que la deuda griega se reduzca hasta el 120% del PIB en 2020, aunque las previsiones apuntan a que la deuda ascenderá al 172,7% del PIB este año. La quita, además, es, en principio, voluntaria, por lo que el deudor (Grecia) deberá negociar con los acreedores (bancos) la forma en que estos renuncian a su parte. Y tampoco es gratis. Aún está por ver las exigencias que deberá cumplir Atenas.
La quita de la deuda griega encontró una gran oposición de Francia, cuyos bancos se encuentran entre los principales acreedores del país heleno. En este sentido, un problema puede ser que, en función de los bonos soberanos que tengan, los bancos sufran pérdidas tales que acaben siendo necesarios nuevos rescates.
La tercera gran decisión, por último, fue un compromiso de recapitalización de la banca europea con 106.000 millones de euros, lo que implica elevar las exigencias de capital de máxima calidad de las instituciones financieras hasta el 9% antes de julio de 2012. Esto significa que los bancos tendrán que conseguir esa cantidad de dinero (captándolo en los mercados) en ese plazo de tiempo.
Los bancos (y especialmente la banca española, a la que, dado su tamaño respecto a la economía nacional y su peso en Europa, le toca hacerse con unos 26.000 millones, 17.000 millones restando los bonos convertibles) tendrán que esforzarse en conseguir financiación por ellos mismos, lo que puede traducirse en menos margen para conceder créditos a los consumidores, un grifo que ya está, de por sí, bastante cerrado. El peligro es que se ralentice más aún la actividad económica, al tener las empresas y las familias más problemas para financiar sus gastos.
¿Y el Banco Central Europeo?
En Bruselas tienen claro que el BCE no es la Reserva Federal de EE UU, pero algunos expertos creen que lo que de verdad marcaría una diferencia es la implicación explícita del Banco Central Europeo como prestamista, y recuerdan que, en tanto ente emisor del euro, el BCE podría inyectar en el mercado cantidades ilimitadas.
El problema es que la idea de un banco central financiando de forma indirecta a los gobiernos despierta temores de que se dispare la inflación, especialmente en Alemania, donde aún no se ha superado del todo el trauma de la crisis de los años 20, cuando para solucionar los problemas económicos tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, el gobierno recurrió al viejo truco de imprimir dinero, y una barra de pan llegó a costar 1 billón de marcos. No en vano, una de las condiciones que impuso Helmut Kohl para aceptar el euro fue que el Banco Central Europeo no solo tuviese su sede en Alemania, sino que, al igual que el Bundesbank, adoptase como principal misión contener la inflación.
En cualquier caso, el BCE sí interviene, pero de un modo más indirecto, comprando deuda de los Estados en los mercados secundarios.
Un cirujano jefe
Además de las medidas mencionadas, la Comisión Europea presentará en las próximas semanas un plan de refuerzo del gobierno económico europeo que convertirá al actual comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, en comisario especializado en el euro, una figura que controlará las decisiones de los socios de la moneda única y asumirá la coordinación de las políticas de vigilancia de presupuestos prevista en la serie de seis medidas de gobierno económico propuesta hace más de un año por Bruselas y a la que ahora se quiere dar nueva forma.
«Míster Euro», como ya le ha apodado la eurodiputada liberal holandesa Corien Wortmann-Kool será, además, un nuevo vicepresidente de la Comisión Europea (el séptimo).
Una vacuna con condiciones
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, confirmó el mes pasado ante el pleno del Parlamento Europeo que propondrá una serie de opciones para la creación de los llamados eurobonos (emitir deuda común europea en lugar de títulos nacionales), pero advirtió de que «no serán la panacea».
Algunos gobiernos europeos, incluido el español, ven en la emisión de estos eurobonos una posible salida a la grave crisis de deuda, que ha elevado la prima de riesgo de los países periféricos a máximos históricos. Alemania, sin embargo, ha manifestado en múltiples ocasiones su rechazo a la creación de títulos de deuda comunitarios.
Los eurobonos supondrían que países con una situación financiera tan diferente como Grecia y Alemania equiparasen el precio y las condiciones de su deuda al presentarla en bloque y de forma homogénea ante los inversores. Así, los países en apuros reforzarían su confianza en detrimento de las economías consideradas a la cabeza de Europa.
Muchos defensores de los eurobonos creen que hasta que Alemania, la ‘locomotora’ de Europa, no avale la deuda de todos los miembros de la eurozona, la unión monetaria seguirá de crisis en crisis, ya que los inversores y acreedores siempre querrán que los más endeudados paguen un interés mayor cuando emiten títulos públicos. El BCE puede reducir temporalmente este interés comprando deuda de los Estados, como ha hecho con España e Italia, pero no es una solución permanente.
Alemania, sin embargo, no está dispuesta a que se emitan bonos conjuntos, mientras los estados tengan total libertad fiscal y puedan recaudar impuestos y gastar como quieran. La solución, por tanto, sería una política de impuestos y gasto común, fijada en Bruselas.
Eutanasia
En medio de todas las voces que ofrecen distintos modos de salvar al euro, son también cada vez más quienes piensan que quizá lo más conveniente sea, simplemente, dejarlo morir. La opción es un auténtico tabú para la UE, que ni siquiera se plantea la posibilidad, pero algunos analistas, críticos con la política de la Eurozona, o simplemente euroescépticos, lo consideran la única alternativa viable, ya sea de forma parcial (dejando que Grecia abandone la moneda única), o total.
En el caso de Grecia, Atenas podría declararse en suspensión de pagos (‘default’) y abandonar el euro para así poder devaluar el dracma de cara a ganar competitividad y reducir la deuda. Esta idea está inspirada en el ‘corralito’ argentino de 2001, y conllevaría un bloqueo de depósitos para evitar la fuga de capitales hacia otros países más seguros, la conversión de todas las cuentas bancarias a la nueva moneda, y su devaluación. La idea es provocar un ajuste brutal y rápido, evitando entrar en una depresión económica prolongada y, al igual que en Argentina, volver a crecer en poco tiempo de manera más acelerada.
Tras la hipotética salida de Grecia, otros países periféricos podrían verse tentados a volver a sus monedas propias, lo que no solo conllevaría el riesgo de generar (aún más) una Europa de dos velocidades, sino que, según los análisis más alarmistas, causaría el colapso del sistema financiero y dispararía las primas de riesgo, poniendo la economía «al ralentí» y afectando a todos los mercados, incluyendo los de Asia y Estados Unidos.
Otros expertos, sin embargo, no solo rechazan este escenario, sino que van aún más allá en el planteamiento contrario. El economista estadounidense Mark Weisbrot, por ejemplo, niega que la desaparición del euro, o de la Eurozona, suponga el fin de la Unión Europea, recordando que se trata de conceptos diferentes: «Dinamarca, Suecia y el Reino Unido, por ejemplo, son parte de la UE, pero no de la unión monetaria. No hay razón para que no pueda avanzar el proyecto europeo, y prosperar la UE, sin el euro», indica. Y añade: «Las economías más débiles de la zona euro ‑Grecia, Portugal, Irlanda y España- se enfrentan ya a una perspectiva de años de castigo económico, incluyendo niveles extremadamente elevados de desempleo. Puesto que la clave de todo este suplicio autoinfligido consiste en salvar el euro, vale la pena preguntarse si vale la pena salvar el euro. Y vale la pena hacerse esta pregunta desde el punto de vista de la mayoría de europeos que trabajan para vivir».
En este sentido, Weisbrot y otros destacan el «carácter conservador» de la unión monetaria y denuncian que, en vez de intentar salir de la recesión por medio de estímulos fiscales o monetarios, como hicieron la mayoría de los gobiernos del mundo golpeados por la crisis en 2009, los países europeos más castigados se ven forzados por Bruselas a hacer lo contrario, con un enorme coste social.
«La naturaleza derechista de la unión monetaria quedó institucionalizada desde el principio. Las normas que limitan la deuda pública al 60% del PIB y los déficits presupuestarios anuales al 3% del PIB, aunque violados en la práctica, resultan innecesariamente restrictivos en tiempos de recesión y elevado desempleo. El mandato del Banco Central Europeo de preocuparse sólo por la inflación y nada por el desempleo es otro feo indicador. La Reserva Federal estadouniense, por ejemplo, es una institución conservadora, pero por lo menos la ley le exige que se preocupe tanto del empleo como de la inflación», afirma Weisbrot.