Llega el turno de las pensiones: las claves de la reforma

Miguel Máiquez, 25/12/2010

Acu­ci­a­do por la necesi­dad de ata­jar el déficit, por la pre­sión de los organ­is­mos inter­na­cionales y por el inten­to de recu­per­ar una ima­gen de sol­ven­cia que le per­mi­ta devolver a los mer­ca­dos la con­fi­an­za en sus posi­bil­i­dades de recu­peración económi­ca, el Gob­ier­no no está dis­puesto a retrasar por más tiem­po ningu­na de sus medi­das anti­cri­sis, incluyen­do la polémi­ca refor­ma del sis­tema de pen­siones.

Con el argu­men­to de que el mod­e­lo actu­al resul­ta insostenible, aunque sea a largo pla­zo, la prop­ues­ta que pre­vis­i­ble­mente apro­bará el Ejec­u­ti­vo el próx­i­mo 28 de enero con­tem­pla, entre otras medi­das, ele­var la edad de jubi­lación has­ta los 67 años. En el debate par­la­men­tario estarán tam­bién sobre la mesa las pre­ju­bi­la­ciones, las can­ti­dades que se pagarán o se dejarán de pagar, los peri­o­dos de cál­cu­lo, la pro­lon­gación de la vida laboral…

Esta mis­ma sem­ana, el Pacto de Tole­do, cuyo bene­plác­i­to es nece­sario, en prin­ci­pio, a la hora de abor­dar cualquier cam­bio en el sis­tema de pen­siones español, cer­ró su informe de recomen­da­ciones sobre la refor­ma «con mucho acuer­do y algún desacuer­do» entre los par­tidos, según explicó el pres­i­dente de la Comisión no per­ma­nente del Pacto en el Con­gre­so, Juan Mora­no. Existe, en cualquier caso, el con­vencimien­to cada vez may­or de que el Gob­ier­no acabará imponien­do su propuesta.

I. EL CONTEXTO

Cada vez más viejos

El baby boom de prin­ci­p­ios de los 60 duró unos 20 años, pero después se paró en seco y la natal­i­dad se frenó (España tiene actual­mente una de las tasas de hijos por mujer más bajas del mundo).

Así, en los años 70, con una población de 34 mil­lones de per­sonas, había 20,4 mil­lones de tra­ba­jadores y sólo 3,3 mil­lones de jubi­la­dos. Ello hizo posi­ble que los ben­efi­cios obtenidos por la Seguri­dad Social finan­ciasen inclu­so la sanidad públi­ca. Sin embar­go, y según las proyec­ciones del Insti­tu­to Nacional de Estadís­ti­ca, la pirámide se inver­tirá en 2050, con 53 mil­lones de habi­tantes, de los cuales 22 mil­lones tra­ba­jarán y 15 mil­lones estarán jubi­la­dos, con muchos años de cobro de pen­sión por delante gra­cias al aumen­to en la esper­an­za de vida.

Esto sig­nifi­ca que cuan­do las gen­era­ciones naci­das a par­tir de los años 70 lleguen a la edad de jubi­larse, el número de pen­sion­istas super­ará en mucho al actu­al, en relación al número de tra­ba­jadores que hacen posi­ble, con sus coti­za­ciones, el pago de las pensiones.

En las condi­ciones actuales, por otro lado, el flu­jo migra­to­rio no es sufi­ciente para equi­li­brar la bal­an­za, por más que la lle­ga­da de cer­ca de cin­co mil­lones de coti­zantes en diez años hiciese pen­sar en un prin­ci­pio que el sis­tema podría res­pi­rar por esa vía.

Cada vez más tarde

Por otra parte, los jóvenes tar­dan cada vez más en con­seguir un tra­ba­jo, lo que, unido a los datos ante­ri­ores, neu­tral­iza el hecho de que cada vez haya más afil­i­a­dos a la Seguri­dad Social (con la excep­ción del descen­so esta­cional pro­duci­do el pasa­do mes de agos­to, la ten­den­cia se mantiene al alza mes a mes). Cada año la nómi­na de la Seguri­dad Social es may­or y el número de coti­zantes, menor.
Invi­able

El Gob­ier­no entiende que, con una natal­i­dad en descen­so, una esper­an­za de vida cada vez may­or y un gran incre­men­to del número de pen­sion­istas, el mod­e­lo actu­al (basa­do en que las coti­za­ciones de unos pagan las pen­siones de otros) resul­ta insostenible a largo plazo.

En el doc­u­men­to con que acom­pañó su prop­ues­ta para la refor­ma del sis­tema de pen­siones, el Ejec­u­ti­vo señal­a­ba, entre otras cosas, que «la ele­va­da esper­an­za de vida de los españoles, y su rápi­do crec­imien­to, con espe­cial inten­si­dad en el caso de la esper­an­za de vida de las per­sonas que cumplen 65 años, hace nece­saria una actuación más deci­di­da para garan­ti­zar el cur­so para­le­lo de los indi­cadores del sis­tema, impre­scindible para ase­gu­rar la evolu­ción acom­pasa­da entre ingre­sos y gastos».

Las previsiones

En apoyo de esta tesis, los cál­cu­los del Gob­ier­no indi­can que de aquí a 30 años se pagarán casi el doble de pen­siones que aho­ra: 15,3 mil­lones frente a los 8,5 mil­lones actuales, y eso, asum­ien­do que cada vez se abusa menos de las pre­ju­bi­la­ciones, que cada vez se conce­den menos pen­siones de inca­paci­dad, que las car­reras de coti­zación son cada vez más largas y que se pro­ducen cada vez menos despi­dos al final de la vida laboral.

España gas­ta aho­ra en pen­siones el 8,8% de su PIB, lo que tam­poco es tan­to si se com­para con la media euro­pea, que está en el 10,1%. De man­ten­erse el sis­tema actu­al, según las proyec­ciones más pes­imis­tas de la UE,  y den­tro de lo difí­cil que resul­ta hac­er pre­vi­siones para den­tro de medio siglo, para el año 2060 el por­centa­je del gas­to en pen­siones en España se ele­vará has­ta el 15,1%, una cifra que, en todo caso, resul­ta equiv­a­lente a lo que actual­mente están gas­tan­do ya país­es como Fran­cia (13%) o Italia (14%).

Las soluciones

Para evi­tar el colap­so del mod­e­lo sin salirse del sis­tema económi­co imper­ante exis­ten, en prin­ci­pio, dos alter­na­ti­vas: Pagar lo que falte por medio de impuestos, con car­go a los Pre­supuestos Gen­erales del Esta­do (algo seme­jante a lo que estarían hacien­do país­es como Aus­tria o Dina­mar­ca), o hac­er las pen­siones más baratas, reducien­do tan­to la cuan­tía de las pen­siones en sí (con­gelán­dolas), como los años pre­vis­tos para su dis­frute (retrasan­do la edad de jubi­lación, lo que, además, aumen­ta el tiem­po de coti­zación). El Gob­ier­no ha opta­do por la segun­da opción.

A ello ha con­tribui­do el hecho de que, al igual que los gob­ier­nos de los demás país­es europeos más cas­ti­ga­dos por la cri­sis, el Ejec­u­ti­vo español tiene como primer obje­ti­vo reducir el déficit públi­co, den­tro de las medi­das de recu­peración financiera. Le empu­jan en ese sen­ti­do tan­to la necesi­dad de esta­bi­lizar la bal­an­za de pagos como la pre­sión inter­na­cional y de los mer­ca­dos, porque cuan­to may­or es nues­tra deu­da, más difí­cil le resul­ta al Esta­do encon­trar quien le preste dinero en condi­ciones favor­ables y no abusivas.

Las condiciones

En cualquier caso, la super­viven­cia del sis­tema de pen­siones depende tam­bién, en bue­na medi­da, de otra serie de condi­ciones de carác­ter más estruc­tur­al, al mar­gen de la refor­ma actu­al. Una de las más impor­tantes pasa inevitable­mente por reducir la ele­vadísi­ma tasa de desem­pleo y con­ver­tir en coti­zantes a los cer­ca de cua­tro mil­lones y medio de para­dos exis­tentes en nue­stro país (la tasa más alta de Europa), un gran por­centa­je de los cuales son para­dos jóvenes.

La ple­na inte­gración de la población inmi­grante en el mer­ca­do lab­o­ral, y la lucha con­tra la economía sumergi­da o el fraude fis­cal son otros fac­tores clave.

II. LA REFORMA

Los puntos fundamentales

  • Edad de jubi­lación. El Gob­ier­no quiere retrasar­la has­ta los 67 años. Actual­mente está, como regla gen­er­al, en los 65 (el sis­tema no ha vari­a­do des­de que se implan­tó en el año 1911). No obstante, los tra­ba­jadores con más de 36 años de coti­zación podrán seguir jubilán­dose a los 65, así como aque­l­los colec­tivos con «empleos de espe­cial dureza». La nue­va edad de jubi­lación es el pun­to más polémi­co has­ta el momen­to, y se ha encon­tra­do con la oposi­ción de la may­oría de gru­pos políti­cos, inclu­i­do el PP, y de los sindi­catos. Por otra parte, des­de enero de 2008, cualquier tra­ba­jor puede aplazar vol­un­tari­a­mente su jubi­lación a una edad pos­te­ri­or a los 65 años. Los fun­cionar­ios públi­cos encuadra­dos en el Rég­i­men de Clases Pasi­vas ‑docentes uni­ver­si­tar­ios, jue­ces, fis­cales, sec­re­tar­ios judi­ciales, reg­istradores de la propiedad- ya podían pror­rog­ar su jubi­lación has­ta los 70 años.
  • Años coti­zan­do. Aho­ra es nece­sario haber coti­za­do al menos 15 años para acced­er a una pen­sión. El Gob­ier­no, argu­men­tan­do que hay que adap­tar el sis­tema al resto de la euro­zona, quiere que sean 20 y lle­gar después, de man­era pro­gre­si­va, a 25.
  • Cóm­puto de la pen­sión. Según la ley actu­al, para cal­cu­lar el importe de la pen­sión se tienen en cuen­ta los últi­mos 15 años de vida lab­o­ral. La refor­ma supon­dría pro­lon­gar este peri­o­do a los últi­mos 20 años. Este ámbito es el úni­co de gran cal­a­do en el que has­ta aho­ra se han puesto de acuer­do el Gob­ier­no y el PP. Los gru­pos de izquier­da están en con­tra, y ale­gan que para la may­oría de los tra­ba­jadores supon­drá una pen­sión más baja.
  • Cobro com­ple­to de la pen­sión. Para cobrar la pen­sión ínte­gra es nece­sario haber coti­za­do 35 años, un peri­o­do que algunos anal­is­tas con­sid­er­an nece­sario ele­var si se quiere garan­ti­zar la via­bil­i­dad del sistema.
  • Edad legal frente a edad real. En la actu­al­i­dad, un gran número de tra­ba­jadores se jubi­la antes de los 65 años a cam­bio de perder una parte de la pen­sión, lo que hace que la edad real de jubi­lación esté situ­a­da entre los 62,6 y los 63,5 años, según dis­tin­tos informes. La may­oría de los gru­pos abo­ga por que, inde­pen­di­en­te­mente de cuál sea la edad legal de jubi­lación, se incen­tive más la per­ma­nen­cia en el mer­ca­do de tra­ba­jo con bonifi­ca­ciones por cada año extra tra­ba­ja­do. Además, se espera que el Gob­ier­no endurez­ca las condi­ciones exigi­das a las empre­sas cuan­do quier­an pre­ju­bi­lar a tra­ba­jadores.
  • Viudedad y orfan­dad. El Ejec­u­ti­vo quiere tam­bién pon­er lim­ita­ciones a las pen­siones de viudedad y hac­er que las pen­siones de orfan­dad sean más equitativas.
  • Con­gelación. Al mar­gen de estas medi­das, el Gob­ier­no decidió en mayo, de for­ma uni­lat­er­al, que el año que viene se con­ge­larán las pen­siones por primera vez en 25 años. Quedarán fuera las no con­tribu­ti­vas y las mín­i­mas y, pre­vis­i­ble­mente, la Seguri­dad Social se ahor­rará 1.500 mil­lones de euros.

El proceso, paso a paso

1. La prop­ues­ta del Gobierno

El doc­u­men­to con la prop­ues­ta fue aproba­do por el Con­se­jo de Min­istros el pasa­do 29 de enero.

2. El Pacto de Toledo

Las líneas maes­tras del sis­tema públi­co de pen­siones las establece des­de 1995 la Comisión del Pacto de Tole­do, donde están rep­re­sen­ta­dos todos los gru­pos par­la­men­tar­ios. Esta Comisión acordó en su día acel­er­ar los tra­ba­jos sobre la refor­ma, y el pasa­do miér­coles cer­ró un informe de recomen­da­ciones en el que se refle­ja el desacuer­do may­ori­tario de que la edad de jubi­lación se eleve a los 67 años.

El doc­u­men­to, que con­tiene cer­ca de 20 recomen­da­ciones, se votará en la Comisión de Seguimien­to del Pacto el próx­i­mo 29 de diciem­bre. El PP ha anun­ci­a­do que, aunque en con­jun­to votará a favor del dic­ta­men, no descar­ta pre­sen­tar un voto par­tic­u­lar a la recomen­dación de retrasar la jubi­lación. IU, ERC y BNG votarán en con­tra de todo el documento.

Entre las prin­ci­pales recomen­da­ciones del informe se encuen­tran, además, las siguientes:

  • Se cen­sura la con­gelación de las pen­siones dec­re­ta­da por el Gob­ier­no para 2011, y se pide que se defien­da por ley el man­ten­imien­to del poder adquis­i­ti­vo de los pensionistas.
  • Se pro­pone una mejo­ra de las pen­siones de viudedad para los may­ores de 65 años, así como ampli­ar el cobro de la prestación de orfan­dad des­de los actuales 22 años a los 25.
  • Se recomien­da que las pen­siones por inca­paci­dad sean com­pat­i­bles con la real­ización de una activi­dad lab­o­ral, con el obje­ti­vo de favore­cer la acti­vación de las per­sonas con algún tipo de discapacidad.

3. La mesa de diálogo

Una vez que pre­sen­ta­do el informe del Pacto de Tole­do, estas recomen­da­ciones pasarán a la mesa de diál­o­go en la que el Gob­ier­no, los sindi­catos y los empre­sar­ios tratarán de acer­car posturas.

4. El trámite parlamentario

El Gob­ier­no tiene pre­vis­to apro­bar la refor­ma en el Con­se­jo de Min­istros del 28 de enero, tras lo cual el tex­to deberá ser vota­do en el Par­la­men­to, donde los social­is­tas nece­si­tan el apoyo de algún grupo par­la­men­tario ya que no cuen­tan con may­oría absoluta.

Pese a que el Gob­ier­no ha man­i­fes­ta­do su deseo de que la refor­ma de pen­siones se enmar­que en el Pacto de Tole­do, la necesi­dad de aplacar a los mer­ca­dos con refor­mas con­tun­dentes pre­sion­ará al Ejec­u­ti­vo para que apruebe la refor­ma con o sin el apoyo de todas las fuerzas políti­cas y los sindicatos.

En el caso de haber con­sen­so con otros gru­pos, la refor­ma ten­dría la for­ma de proyec­to de ley y pasaría por el trámite par­la­men­tario antes de entrar en vig­or. Si el Gob­ier­no la aprue­ba medi­ante decre­to ley, la entra­da en vig­or sería inmedi­a­ta pero después requeriría la con­va­l­i­dación del Parlamento.

5. La aplicación

El Gob­ier­no ha indi­ca­do que su plan es intro­ducir la refor­ma de man­era grad­ual. Así, las medi­das empezarían a apli­carse en 2013 y, en prin­ci­pio, no afec­tarían a los actuales pen­sion­istas. Luego se irían implan­tan­do de for­ma pro­gre­si­va has­ta 2025: Los que se jubi­la­ran en 2013 ten­drían que hac­er­lo a los 65 años y dos meses; los de 2014, a los 65 y cua­tro meses, etc.

A favor y en contra

Además de con­sid­er­ar que, por lo expuesto ante­ri­or­mente, el actu­al sis­tema resul­ta insostenible, los defen­sores de la refor­ma insis­ten en que es nece­sario revis­ar un mod­e­lo que fue idea­do para car­reras lab­o­rales que dura­ban mucho más que aho­ra (en muchos casos, des­de los 17 ó 18 años has­ta los 65), ya que la vida lab­o­ral media actu­al, en el caso de los varones, es de unos 39 años. En este sen­ti­do, la actu­al cri­sis económi­ca, y la con­sigu­iente pér­di­da de puestos de tra­ba­jo, ha ade­lan­ta­do más aún la edad real de jubi­lación. Desta­can asimis­mo que este tipo de medi­das ya se han comen­za­do a pon­er en mar­cha en var­ios país­es europeos con situa­ciones demográ­fi­cas sim­i­lares a la de España.

Por con­tra, los sindi­catos may­ori­tar­ios (UGT y CC OO) han cal­i­fi­ca­do la refor­ma de «innece­saria e irre­spon­s­able». Para CC OO, «el sis­tema actu­al es sostenible y tiene una situación financiera sanea­da, y la prue­ba es que está resistien­do mejor los embat­es de la cri­sis que otros aspec­tos de nues­tra economía». Según UGT, «el sis­tema públi­co de pen­siones es bara­to y sol­vente» y «todas las predic­ciones ante­ri­ores sobre el futuro del sis­tema han fal­la­do». Los sindi­catos rec­haz­an el retra­so en la edad de jubi­lación y apues­tan por la jubi­lación flex­i­ble, incen­ti­van­do el retra­so vol­un­tario después de los 65 años y com­pat­i­bi­lizán­do­lo con el ade­lan­to de esta edad en los tér­mi­nos vigentes actualmente.

Quién ha dicho qué

  • José Luis Rodríguez Zap­a­tero, pres­i­dente del Gob­ier­no: «La refor­ma de pen­siones no bus­ca un mod­e­lo pri­va­do, sino reforzar el públi­co».
  • Vale­ri­ano Gómez, min­istro de Tra­ba­jo e Inmi­gración: «[En los casos de pre­ju­bi­la­ciones a los 55 años] la empre­sa tam­bién debería pagar y no descar­gar todos los costes en el sis­tema de pro­tec­ción social».
  • Mar­i­ano Rajoy, pres­i­dente del PP: «No es fácil lle­gar a un acuer­do con el Gob­ier­no para refor­mar el sis­tema de pen­siones, ya que [el Ejec­u­ti­vo], sin con­sul­tar abso­lu­ta­mente con nadie, ha con­ge­la­do las presta­ciones y ha dado un golpe de muerte al con­sen­so que rep­re­senta­ba el Pacto de Toledo».
  • Gas­par Lla­mazares (IU): «El Gob­ier­no está en rebeldía con el Par­la­men­to y con los ciu­dadanos y ha roto sus com­pro­misos elec­torales, por lo que el Pacto de Tole­do sale tocado».
  • Emilio Olabar­ría, por­tavoz del PNV en la Comisión del Pacto de Tole­do: «Intentare­mos aprox­i­mar pos­turas en torno al desacuer­do sobre la edad de jubi­lación, pero no ten­emos ningún com­pro­miso con el Gob­ier­no para votar a favor del proyec­to de ley».
  • Car­les Cam­puzano (CiU): «El Ejec­u­ti­vo debe nego­ciar con los agentes sociales; lo con­trario sería un error. […] No somos par­tidar­ios de tocar la edad de jubi­lación, sino de facil­i­tar la pro­lon­gación de la edad real y recono­cer largas car­reras de cotización».
  • Jean-Claude Trichet, pres­i­dente del Ban­co Cen­tral Europeo: «Es extremada­mente impor­tante que España pro­fundice en las refor­mas estruc­turales, sobre todo en la del mer­ca­do lab­o­ral y en la de las pen­siones».
  • OCDE (Orga­ni­zación para la Coop­eración y el Desar­rol­lo Económi­co): «La ele­vación de 65 a 67 años de la edad de jubi­lación debe ten­er una pri­or­i­dad alta en la refor­ma de las pen­siones en España. El sis­tema actu­al español es demasi­a­do gen­eroso».

III. ALGUNOS DATOS

  • Según el Insti­tu­to Nacional de Estadís­ti­ca, la población may­or de 65 años se dupli­cará en 40 años y supon­drá el 31% del total. Por cada 10 per­sonas en edad de tra­ba­jar en 2050 habrá 9 poten­cial­mente inac­ti­vas (menores de 16 años o may­ores de 65).
  • Las cuen­tas de la Seguri­dad Social arro­jaron un sal­do pos­i­ti­vo de 8.501,83 mil­lones de euros en 2009, un 0,81% del PIB, pero a causa de la cri­sis este superávit se redu­jo un 41,07% respec­to del año ante­ri­or (5.926,4 mil­lones menos que en 2008). Además tiene una deu­da aplaza­da de unos 8.000 mil­lones y la tasa de morosi­dad en 2009 fue del 1,99%, infe­ri­or var­ios pun­tos a la de las enti­dades financieras.
  • La pre­visión del Gob­ier­no es que este año el superávit de la Seguri­dad Social sea del 0,2% del PIB.
  • La pen­sión media de jubi­lación del sis­tema de la Seguri­dad Social se situó el pasa­do 1 de febrero en 877,12 euros, lo que rep­re­sen­ta un aumen­to del 3,5% respec­to al mis­mo mes del ejer­ci­cio prece­dente, según el Min­is­te­rio de Tra­ba­jo.
  • La pen­sión media total (jubi­lación, inca­paci­dad per­ma­nente, viudedad, orfan­dad y a favor de famil­iares) ascendió a 774,15 euros al mes, con un aumen­to inter­an­u­al del 3,4%.
  • El número de pen­siones con­tribu­ti­vas de la Seguri­dad Social fue de 8.611.931, lo que supone un 1,7% más que en febrero del año pasado.
  • Según Tra­ba­jo, el gas­to que supone el pago men­su­al de todas las pen­siones sumó 6.667 mil­lones de euros, el 5,1% más que un año antes.
  • Todas las pen­siones ‑8,5 mil­lones- subirán a par­tir del 1 de enero un 1,3%, a pesar de la con­gelación pre­vista para 2011. Esta subi­da cor­re­sponde a la difer­en­cia entre el IPC de noviem­bre -2,3%- y la reval­orización de las pen­siones a prin­ci­p­ios de 2010, que fue de 1%. La difer­en­cia se com­pen­sará a través de una paga a finales de enero. Las pen­siones mín­i­mas y no con­tribu­ti­vas subirán un 2,3%, porque están exen­tas de la con­gelación y sí se revalorizan,de modo que al 1,3% se le suma otro 1% de reval­orización para el año 2011.
  • A un 80% de los españoles les gus­taría ahor­rar para la vejez, pero sólo un 21% lo hace, debido que «no existe sufi­ciente cul­tura de ahor­ro o jubi­lación en España», según un estu­dio de la escuela de nego­cios Esade.

IV. EN EUROPA

En la Unión Euro­pea, la dis­min­u­ción del número de coti­zantes y el aumen­to de la longev­i­dad han lle­va­do a muchos país­es a retrasar la edad de jubi­lación y a endure­cer las condi­ciones para acced­er a una pen­sión. Al menos seis de ellos (Aus­tria, Gre­cia, Hun­gría, Litu­a­nia, Mal­ta y la Repúbli­ca Checa) subirán esta edad has­ta los 65 años, Italia estu­dia ele­var­la a los 66,7 (para los hom­bres), Ale­ma­nia y Dina­mar­ca a los 67, y el Reino Unido a los 68. En Fran­cia, la edad mín­i­ma de retiro se alargará de 60 a 62 años y la que da dere­cho a una pen­sión com­ple­ta, de 65 a 67 años.

En todos estos país­es el retra­so de la jubi­lación se hará de for­ma pau­lati­na y comen­zará a apli­carse a par­tir de 2020, mien­tras que a cor­to pla­zo algunos de los Esta­dos miem­bros (Ale­ma­nia, Gre­cia, Esto­nia, Litu­a­nia) han deci­di­do con­ge­lar las pen­siones en 2011. Otros, como Sue­cia, las dis­minuirán un 4,3%.

Por otra parte, en 14 Esta­dos de la UE exis­ten difer­entes edades de jubi­lación para hom­bres y mujeres, aunque más de la mitad de ellos alcan­zarán la igual­dad a medio o largo plazo.

Algunos país­es, como Aus­tria, Bél­gi­ca, Fin­lan­dia o Fran­cia, bonif­i­can el retra­so de la jubi­lación, mien­tras que Aus­tria, además, penal­iza la jubi­lación antic­i­pa­da, con la inten­ción de que desa­parez­ca por com­ple­to en 2017.

Otros 15 Esta­dos miem­bros incluyen la esper­an­za de vida en el cál­cu­lo de la pen­sión como mecan­is­mo per­iódi­co de ajuste. Es el caso de Por­tu­gal, donde las per­sonas que se jubilen el próx­i­mo año van a ten­er una penal­ización del 3,14% en el val­or de la pen­sión debido a la subi­da de la edad media de vida, lo que se puede com­pen­sar con unos meses más de trabajo.

La edad media de sal­i­da del mer­ca­do lab­o­ral en la UE en 2008 era de 61,4 años frente a los 59,9 años de 2001, en tan­to que en España se ha pasa­do en ese peri­o­do de 60,3 a 62,6 años.

 Edad pre­vista o acor­da­da
en la últi­ma reforma
Edad
ante­ri­or
Edad
media
Gas­to en pen­siones
(% del PIB)
Ale­ma­nia676561,712,7
Dina­mar­ca676561,310,6
ESPAÑA676562,68,8
Fran­cia626059,313,2
Gre­cia60 (sec­tor públi­co),
65 (pri­va­do, ambos sexos)
60 (sec­tor públi­co)
65 (pri­va­do, hom­bres)
60 (pri­va­do, mujeres)
61,411,9
ItaliaEntre 65 y 66,7 (hom­bres),
61 (mujeres
57 (has­ta 2008)60,814,7
Norue­gaEntre los 62 y los 6762644,6
Por­tu­gal65La mis­ma62,613
Reino Unido686563,110,7

V. UN POCO DE HISTORIA

El dis­eño del sis­tema de pen­siones en España ha sufri­do diver­sas refor­mas des­de medi­a­dos de los ochen­ta. Los dis­tin­tos Ejec­u­tivos han jus­ti­fi­ca­do las medi­das adop­tadas en la necesi­dad de garan­ti­zar la sol­i­dari­dad y la con­tribu­tivi­dad del sis­tema, y para avan­zar en una may­or pro­por­cional­i­dad entre las coti­za­ciones real­izadas y las presta­ciones obtenidas.

La primera huelga general

La refor­ma del sis­tema públi­co de pen­siones comen­zó en España en 1985, con la Ley de Medi­das Urgentes para la Racional­ización de la Estruc­tura y Acción Pro­tec­to­ra de la Seguri­dad Social. La nor­ma­ti­va, que supu­so un endurec­imien­to de los req­ui­si­tos de acce­so al sis­tema de pen­siones y un ajuste financiero en presta­ciones, fue con­tes­ta­da por los sindi­catos con la primera huel­ga gen­er­al de la democracia.

Fue pre­cisa­mente la con­ve­nien­cia de que la refor­ma de las pen­siones estu­viese al mar­gen de la com­pe­ten­cia elec­toral y gozase del con­sen­so de todos los agentes sociales lo que dio ori­gen al Pacto de Tole­do, cuyo tex­to recomend­a­ba la sep­a­ración de las fuentes de finan­ciación, el man­ten­imien­to del poder adquis­i­ti­vo de las pen­siones y la con­sti­tu­ción de reser­vas para per­oo­dos de baja­da de ingresos.

De 10 a 15 años

La Ley de Con­sol­i­dación y Racional­ización de 1997 fue el resul­ta­do del com­pro­miso adquiri­do por todas las fuerzas sociales en el Pacto de Tole­do. El peri­o­do mín­i­mo de coti­zación para acced­er a una pen­sión pasó de 10 a 15 años, se amplió el perío­do de cál­cu­lo de la pen­sión de 2 a 8 años y se con­troló el acce­so a las pen­siones por invalidez.

Esta ley intro­du­jo por primera vez de for­ma per­ma­nente la reval­orización automáti­ca de las pen­siones y pro­pu­so la con­sti­tu­ción de un fon­do de reser­va con car­go a los exce­dentes de coti­za­ciones sociales.

Incentivos para retrasar la jubilación

En la mis­ma línea se fir­mó en 2001 el Acuer­do sobre Mejo­ra y Desar­rol­lo del Sis­tema de Pro­tec­ción Social, que mejora­ba las pen­siones mín­i­mas y las de viudedad y orfan­dad, y establecía incen­tivos para retrasar la edad de jubilación.

El Gob­ier­no se com­pro­metió entonces a per­mi­tir la jubi­lación antic­i­pa­da a par­tir de los 61 años a tra­ba­jadores afil­i­a­dos a la Seguri­dad Social.

Parejas de hecho

La nor­ma­ti­va más reciente rel­a­ti­va a pen­siones es la Ley de Medi­das en Mate­ria de Seguri­dad Social de 2007, que leg­is­la sobre los com­pro­misos del acuer­do fir­ma­do el 13 de julio de 2006 por los agentes sociales y el Gobierno.

El tex­to con­tem­pla la exten­sión de la pen­sión de viudedad a las pare­jas de hecho y rec­om­pen­sa la pro­lon­gación de la vida lab­o­ral, aunque endurece el peri­o­do mín­i­mo nece­sario para acced­er a pen­sión y restringe el acce­so a la jubi­lación parcial.

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