El Par­la­men­to catalán aprobó este viernes una res­olu­ción de los socios del Gob­ier­no que tiene como fin elab­o­rar un pro­to­co­lo de actuación para la pro­tec­ción de pros­ti­tu­tas y víc­ti­mas de explotación sex­u­al. En ella se ins­ta al Gob­ier­no de la Gen­er­al­i­tat a leg­is­lar sobre la cuestión, y se rec­haza pro­hibir esta actividad. 

Es la últi­ma ini­cia­ti­va políti­ca has­ta aho­ra en España sobre un tema de debate como pocos, que afec­ta direc­ta­mente a cer­ca de 400.000 per­sonas y que ha dado un gran vuel­co en las últi­mas dos décadas debido al incre­men­to del trá­fi­co de mujeres.

La pros­ti­tu­ción en España no es legal ni ile­gal. No está reg­u­la­da. Su ejer­ci­cio está suje­to úni­ca­mente a los reglamen­tos munic­i­pales, y nor­mal­mente sólo cuan­do se tra­ta de cues­tiones de «orden públi­co». No está tip­i­fi­ca­da como deli­to (siem­pre que se trate de may­ores de edad) y, por lo tan­to, no es punible. Tam­poco controlable.

La pros­ti­tu­ción, una real­i­dad uni­ver­sal, sigue sien­do una asig­natu­ra pen­di­ente para la may­oría de las democ­ra­cias avan­zadas, España inclu­i­da. Algunos país­es han afronta­do el prob­le­ma des­de difer­entes pun­tos de vista, con may­or o menor éxi­to, pero la respues­ta no es sencilla.

En el cen­tro del debate, tres pos­turas fun­da­men­tales: Reg­u­lar­la como un tra­ba­jo más para aumen­tar el con­trol y la pro­tec­ción de las mujeres; man­ten­er la situación actu­al de ale­gal­i­dad y apos­tar por la per­se­cu­ción de las mafias; y sim­ple­mente pro­hibir­la. Para­le­la­mente sur­gen tam­bién otras ini­cia­ti­vas, como la per­se­cu­ción penal de los clientes, o la pro­hibi­ción o reg­u­lación de los anun­cios de con­tac­tos en la prensa.

Éste es un recor­ri­do por las difer­entes pos­turas ante el prob­le­ma, los datos de la pros­ti­tu­ción en España, las ini­cia­ti­vas, tan­to aquí como en otros país­es europeos, y la situación de las prostitutas.

LOS DATOS

• Se cal­cu­la que en España tra­ba­jan en la pros­ti­tu­ción entre 300.000 y 400.000 mujeres. La pros­ti­tu­ción en nue­stro país se car­ac­ter­i­za por su invis­i­bil­i­dad. La pros­ti­tu­ción que se conoce, la vis­i­ble, es la de la calle, que es la minori­taria (supone un 20% del total).
• El 90% de las pros­ti­tu­tas que ejercen en España son extran­jeras y la may­oría no tienen pape­les, lo que impli­ca un gra­do espe­cial­mente alto de vul­ner­a­bil­i­dad. No ten­er un tra­ba­jo reg­u­la­do les impi­de reg­u­larizar su situación en España y, además, son víc­ti­mas mucho más fáciles para las mafias.
• El 90% de las mujeres que prac­ti­can la pros­ti­tu­ción lo hacen de for­ma forza­da, según una ponen­cia par­la­men­taria de febrero de 2007.
• Cada pros­ti­tu­ta gana una media de 123 euros al día.
• El nego­cio mueve unos 18.000 mil­lones de euros al año.
• La may­oría es dinero negro.
• Cada año pasan por España hacia la UE entre 200.000 y 300.000 mujeres des­ti­nadas al trá­fi­co sexual.
• Las deu­das que con­traen para que las traigan a España oscilan entre los 3.000 y los 45.000 euros.
• En 2004 sólo un 1,2% denun­ció esta situación.
• Entre 2003 y 2008 fueron detenidos en España 7.300 inte­grantes de redes mafiosas rela­cionadas con la pros­ti­tu­ción. En 2007 hubo 523 opera­ciones poli­ciales con­tra estas mafias, un 16% más que en 2006.
• El Cen­tro de Inteligen­cia con­tra el Crimen Orga­ni­za­do tiene com­puta­dos, en una base recien­te­mente crea­da, más de 200 gru­pos de traf­i­cantes desarticulados.
• En España exis­ten unos 3.600 bur­de­les (A Coruña, con 76 locales de alterne, es la que más tiene).
• El 27% de los españoles de entre 18 y 48 años reconoce haber con­trata­do algu­na vez los ser­vi­cios de una pros­ti­tu­ta, según un informe del Insti­tu­to Nacional de Estadís­ti­ca (INE).
• Los españoles se gas­tan cada día 50 mil­lones de euros en prostitución.
• Si la pros­ti­tu­ción fuese legal y las pros­ti­tu­tas coti­za­sen, la Seguri­dad Social se embol­saría unos 1.124 mil­lones de euros, según cál­cu­los de la Agen­cia Trib­u­taria real­iza­dos en 2005.
• Entre enero y sep­tiem­bre de este año, la Guardia Urbana de Barcelona iden­ti­ficó, sólo en el dis­tri­to de Ciu­tat Vel­la, un total de 6.350 pros­ti­tu­tas que ejer­cían en la calle, una prác­ti­ca pena­da con la orde­nan­za sobre civis­mo con mul­tas de has­ta 750 euros.
• En Europa cada tra­ba­jado­ra sex­u­al deja un ben­efi­cio de 100.000 euros por año a cada prox­ene­ta y cada uno de ellos regen­ta al menos entre 20y 25 mujeres.
• Dos ter­ceras partes de las per­sonas que tra­ba­jan ile­gal­mente en la lla­ma­da «indus­tria del sexo» en la Unión Euro­pea provienen de Europa Oriental.
• El nego­cio de la pros­ti­tu­ción es el segun­do nego­cio mundi­al más lucra­ti­vo, tras el trá­fi­co de armas y antes que el trá­fi­co de drogas.
• Cada año, aprox­i­mada­mente 4 mil­lones de mujeres y niñas son com­pradas y ven­di­das mundial­mente, con el obje­to de forzarlas a la pros­ti­tu­ción, la esclav­i­tud o el matrimonio.

EL DEBATE

Éstas son las prin­ci­pales pos­turas en el debate sobre cómo afrontar el prob­le­ma de la pros­ti­tu­ción en España:

1. No regularla

Un prob­le­ma jurídi­co y un favor a las mafias. La ponen­cia par­la­men­taria que en 2007 deter­minó que el 90% de las mujeres que ejercen las pros­ti­tu­ción en España la prac­ti­can de for­ma forza­da, con­cluyó en su dic­ta­men final que el ofi­cio no debe ser reg­u­la­do. La ponen­cia recal­có que la reg­u­lación con­sol­i­daría a las mafias, y señaló asimis­mo, por otra parte, los graves prob­le­mas jurídi­cos que con­ll­e­varía, al entrar en col­isión con los artícu­los 9 y 14 de la Con­sti­tu­ción, ref­er­entes a la obligación de los poderes públi­cos de pro­mover la lib­er­tad del individuo.

Explotación y degradación. El Gob­ier­no se opone a la reg­u­lación. Con­sid­era que no puede nor­malizar un ofi­cio que supone explotación para las mujeres, pero entiende que tam­poco puede pro­hibir­lo porque ello con­ll­e­varía, entre otras cosas, una may­or mar­gin­al­ización. Lo que mantiene es que, apli­can­do el Plan Inte­gral de Lucha con­tra la Tra­ta de Seres Humanos con fines de explotación sex­u­al en España, aproba­do el pasa­do mes de diciem­bre, se debe diri­gir la batal­la direc­ta­mente con­tra las mafias y la explotación de las mujeres. «No podemos per­mi­tir que en pleno siglo XXI un número impor­tante de mujeres vean pisotea­d­os sus dere­chos y sean con­ver­tidas en meros obje­tos, en mer­cancía, para ben­efi­cio de prox­ene­tas y redes», ase­guró la min­is­tra de Igual­dad, Bib­iana Aído, en su últi­ma inter­ven­ción en la Cámara Baja. Según el min­istro del Inte­ri­or, Alfre­do Pérez Rubal­ca­ba, «la degradación que supone la pros­ti­tu­ción hace que, des­de cier­ta per­spec­ti­va, sea un ofi­cio que casi debería ser prohibido».

Como el mal­tra­to. «Reg­u­lar­lo sería orga­ni­zar la indus­tria del sexo», señala Rosario Car­race­do, de la Platafor­ma Estatal de Orga­ni­za­ciones de Mujeres por la Abol­i­ción de la Pros­ti­tu­ción: «Nor­malizar el uso sex­u­al del cuer­po de la mujer es como orga­ni­zar los golpes que se propinan a las mal­tratadas. No sólo hay que perseguir a prox­ene­tas y clientes. Debe­mos crear una sociedad donde el sexo sea entre per­sonas libres».

2. Regularla

Relación lab­o­ral. Los empre­sar­ios de los locales de alterne defien­den con con­tun­den­cia la necesi­dad de apro­bar un mar­co jurídi­co, «una leg­is­lación gen­er­al», para que que­den reg­u­ladas no sólo las licen­cias de los establec­imien­tos, sino las rela­ciones lab­o­rales de las mujeres.

Inspec­ciones y con­troles. «Es una activi­dad que se debe hac­er en un mar­co ade­cua­do, que esté reg­u­lar­iza­do, que esté inspec­ciona­do y con­tro­la­do y no es la calle, ni los pisos de comu­nidad de propi­etar­ios el lugar ade­cua­do, ya que por el dere­cho de invi­o­la­bil­i­dad de domi­cilio per­mite la actuación más impune de las mafias», ase­gura­ba a Efe el sec­re­tario gen­er­al de la Aso­ciación Nacional de Locales de Alterne, José Luis Rober­to. Según él, las pros­ti­tu­tas deben ser autóno­mas, «deben tra­ba­jar por cuen­ta propia, porque es una activi­dad que no se puede impon­er un horario, ni una dis­ci­plina lab­o­ral, sino que deben tra­ba­jar cuan­do ellas con­sid­eren con­ve­niente y man­ten­er rela­ciones con quien quieran».

Vol­un­tarias. Para Cristi­na Garaizábal, de Het­aira, Colec­ti­vo en Defen­sa de los Dere­chos de las Pros­ti­tu­tas, «es nece­sario recono­cer los dere­chos de las tra­ba­jado­ras del sexo. La pros­ti­tu­ción puede ser ejer­ci­da de for­ma vol­un­taria. Hablar de pros­ti­tu­ción como obligación es volver invis­i­ble a quien decide ejercer­la porque gana más dinero o le da más lib­er­tad. Nos duele ser tratadas siem­pre como víc­ti­mas. Hay que luchar con­tra las mafias y pro­te­ger a las víc­ti­mas, además de legalizar a las pros­ti­tu­tas voluntarias».

Hipocre­sía. La cen­tral sindi­cal CC OO denun­ció la «hipocre­sía» y fal­ta de actuación del Gob­ier­no y del Par­la­men­to, que siguen sin actu­ar ni reg­u­lar la pros­ti­tu­ción como activi­dad lab­o­ral, lo que obliga a las pros­ti­tu­tas a seguir ejer­cien­do este tra­ba­jo sin pro­tec­ción de ningún tipo ni garan­tías laborales.

3. Prohibirla y perseguir a los clientes

Esclav­i­tud. La may­oría de las orga­ni­za­ciones fem­i­nistas exi­gen la abol­i­ción de la pros­ti­tu­ción. Para la pres­i­den­ta de la Aso­ciación de Mujeres Juris­tas Themis, Altami­ra Gon­za­lo, la pros­ti­tu­ción es una «for­ma de esclav­i­tud de las mujeres» y reg­u­lar­la sig­nifi­ca «con­sol­i­dar­la y for­t­ale­cer­la». «No creemos que un mujer sea libre para dedi­carse a la pros­ti­tu­ción, sino que es víc­ti­ma de situa­ciones muy duras y de esas mafias que se deben com­bat­ir de man­era efi­caz», añade.

Códi­go Penal. Themis y otras aso­cia­ciones plantean además que la batal­la poli­cial y jurídi­ca debe ir dirigi­da a penalizar a los clientes, cre­an­do un nue­vo deli­to en el Códi­go Penal, que establez­ca que es deli­to solic­i­tar favores sex­u­ales a cam­bio de dinero. La pros­ti­tu­ción, señalan, existe porque hay deman­da. Com­parte esta prop­ues­ta Yolan­da Besteiro, de la Fed­eración de Mujeres Pro­gre­sis­tas, quien opina que la actu­al leg­is­lación «legit­i­ma las casas de prostitución».

Exclusión. La pres­i­den­ta en España de Médi­cos del Mun­do, Tere­sa González, señala por su parte que «habría que inver­tir la razón de ser del debate para estigma­ti­zar a los con­sum­i­dores de sexo y apo­yar a unas víc­ti­mas que sufren prob­le­mas de exclusión».

PARTIDOS Y LÍDERES POLÍTICOS

El debate sobre la degradación de la pros­ti­tu­ción, surgi­do este ver­a­no en Barcelona, se ha exten­di­do a más ciu­dades, pero ni par­tidos ni admin­is­tra­ciones coin­ci­den en cómo afrontar este problema.

PSOE. El PSOE no es par­tidario de reg­u­lar la pros­ti­tu­ción, por con­sid­er­ar que la may­oría de las mujeres que la ejercen lo hacen de una for­ma forza­da y que sería tan­to como reg­u­lar el tra­ba­jo infan­til.
La par­la­men­taria social­ista Ele­na Valen­ciano señaló que reg­u­lar la pros­ti­tu­ción no tiene «ningún sen­ti­do», y advir­tió de que el prob­le­ma no ha sido resuel­to por ningún país, ni a través de la pro­hibi­ción ni a través de la reg­u­lación. No obstante, el alcalde de Barcelona, el social­ista Jor­di Hereu, pidió una leg­is­lación gen­er­al, del Gob­ier­no cen­tral o del autonómi­co, que ayude a los munici­p­ios a lim­i­tar la expan­sión de la pros­ti­tu­ción en los espa­cios públicos.

PP. Tam­poco en el seno del PP son coin­ci­dentes todas las pos­turas. Frente a la prop­ues­ta de la pres­i­den­ta de la Comu­nidad de Madrid, Esper­an­za Aguirre, de reg­u­lar la pros­ti­tu­ción, el con­ce­jal del PP en Barcelona Alber­to Fer­nán­dez Díaz ha insis­ti­do en que la solu­ción debe ser «mano dura» y una pro­hibi­ción expre­sa de esta prác­ti­ca. La teniente de alcalde y del­e­ga­da de Medio Ambi­ente del Ayun­tamien­to de Madrid, Ana Botel­la, se mostró «rad­i­cal­mente en con­tra» de reg­u­larizar la pros­ti­tu­ción, «un rég­i­men de semi­esclav­i­tud que, de legal­izase, sería como legalizar al prox­ene­ta», dijo. El sec­re­tario de Comu­ni­cación del PP, Este­ban González Pons, ha señal­a­do que su par­tido está a favor de solu­ciones «com­ple­jas» en el prob­le­ma de la pros­ti­tu­ción, y ha sub­raya­do que defend­er la lib­er­tad de las mujeres para no ejercer­la debe ser más impor­tante que el prob­le­ma de orden públi­co que genera.

ERC. Esquer­ra Repub­li­cana de Catalun­ya (ERC) pre­sen­tó en el Con­gre­so una moción en la que solic­ita­ba al Gob­ier­no que desar­rolle, «den­tro del rég­i­men de tra­ba­jadores autónomos o de emplea­d­os del hog­ar de la Seguri­dad Social», una reg­u­lación especí­fi­ca para las pros­ti­tu­tas, así como que tome las medi­das opor­tu­nas para suprim­ir los anun­cios de con­tac­tos en los medios de comu­ni­cación gen­er­al­is­tas. La prop­ues­ta fue rec­haz­a­da por todos los gru­pos par­la­men­tar­ios, el pasa­do 22 de septiembre.

IU. Izquier­da Uni­da está en con­tra de la legal­ización. Según Gas­par Lla­mazares, «bue­na parte de la pros­ti­tu­ción es explotación, secue­stro de per­sonas, chan­ta­je. Eso no se puede legitimar».

INICIATIVAS

En Llei­da, el Ayun­tamien­to (PSOE) ha comen­za­do a mul­tar a pros­ti­tu­tas que ejercen en la calle, tras la aprobación el pasa­do mes de febrero de una nor­ma que pro­híbe ejercer la pros­ti­tu­ción en la vía pública.

En Grana­da, Castellde­fels o Figueres se han aproba­do medi­das seme­jantes, con mul­tas de has­ta 3.000 euros.

En Barcelona, la con­ce­jala de Ciu­tat Vel­la, Itziar González, planteó hace unas sem­anas incluir prostíbu­los legales en el bar­rio del Raval. Y ciu­dades como Valen­cia y Castel­lón han aproba­do orde­nan­zas munic­i­pales que las mul­tan por estar en la calle. No obstante, para la por­tavoz de la Aso­ciación para la Rein­ser­ción de Mujeres Pros­ti­tu­idas, Rocío Mora, «lim­i­tar la pros­ti­tu­ción de la calle es trasladar el prob­le­ma a otro sitio, no erradi­car­lo: las mujeres acabarán con­fi­nadas en pisos, donde es más fácil obligar­las a prostituirse».

FUERA DE ESPAÑA

Las leyes sobre pros­ti­tu­ción son muy difer­entes depen­di­en­do de los país­es, des­de la pena de muerte que se impone a las mujeres que la prac­ti­can en algunos país­es islámi­cos, has­ta su con­sid­eración como ciu­dadanas que ejercen una pro­fe­sión, como es el caso de Holan­da, donde tam­bién es legal regen­tar un bur­del y anun­ciar los ser­vi­cios en los medios de comunicación.

La situación holan­desa es muy sim­i­lar a la de Ale­ma­nia, mien­tras que en Sue­cia se per­sigue la adquisi­ción de estos ser­vi­cios, pero no la labor de las pros­ti­tu­tas. Un 75% de los sue­cos apoya la ley vigente, según las últi­mas encues­tas, aunque sólo un 20% cree en su efec­tivi­dad, según infor­ma El País. Leyes pare­ci­das han empeza­do a apli­carse tam­bién en Norue­ga e Islandia.

En Irlan­da (uno de los país­es más estric­tos), Mal­ta o Rumanía hay mul­tas y penas de cár­cel. En Suiza y Aus­tralia es legal, pero está muy reg­u­la­da y en prác­ti­ca­mente todo EE UU está prohibida.

Otros país­es han apos­ta­do deci­di­da­mente por penalizar los bur­de­les. Es el caso de Bél­gi­ca, Fran­cia o Chipre, donde la pros­ti­tu­ción no es un deli­to, sal­vo que se ejerza en un bur­del. En Italia este tipo de locales está expre­sa­mente prohibido.

En Aus­tria la pros­ti­tu­ción está reg­u­la­da y las pros­ti­tu­tas tienen la obligación de reg­is­trarse, y en Gre­cia sólo es legal si se ejerce en aparta­men­tos privados.

La leg­is­lación en toda la UE, en cualquier caso, es bas­tante ambigua. Frente a los casos extremos de Holan­da, por un lado, o Irlan­da, por el otro, la may­oría de los país­es se sitúan en un plano inter­me­dio de ale­gal­i­dad (ni se pro­híbe ni se regula).

Todos, no obstante, tienen leyes estric­tas con­tra el trá­fi­co de per­sonas para la explotación y el tra­ba­jo sex­u­al de menores. Y en todos el prob­le­ma sigue sin resol­verse de un modo claro. El Gob­ier­no holandés, por ejem­p­lo, ya ha recono­ci­do que su sis­tema no fun­ciona y está preparan­do modificaciones.

LOS ANUNCIOS DE CONTACTOS

Uno de los cen­tros del debate sobre la pros­ti­tu­ción se encuen­tra en los anun­cios de con­tac­tos sex­u­ales que, a difer­en­cia de los demás per­iódi­cos no sen­sa­cional­is­tas del resto de Europa, pub­li­can la inmen­sa may­oría de los diar­ios españoles.

El diario 20Minutos fue el primero en España en rec­haz­ar ese tipo de pub­li­ci­dad, una ini­cia­ti­va a la que se sumó después Públi­co. La decisión fue toma­da en febrero de 2007, coin­ci­di­en­do con el informe de la Comisión Mix­ta de los Dere­chos de la Mujer que apos­tó por no legalizar la pros­ti­tu­ción y recomendó a los medios de comu­ni­cación que suprim­iesen los anun­cios de con­tac­tos.

El Gob­ier­no pre­tende pro­mover un con­trol sobre este tipo de pub­li­ci­dad en su men­ciona­do Plan con­tra la Tra­ta de Seres Humanos. La min­is­tra de Igual­dad, Bib­iana Aído, ha cal­i­fi­ca­do los anun­cios de con­tac­tos de «vergüen­za» y se ha mostra­do con­ven­ci­da de que los medios de comu­ni­cación dejarán de pub­lic­i­tar­los «cuan­do sus cir­cun­stan­cias se lo permitan».

Una comisión par­la­men­taria cal­culó en 2007 que los per­iódi­cos españoles ganan unos 40 mil­lones de euros anuales con este tipo de anuncios.

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Con infor­ma­ción de A. Martín, J. Mesa, D. Fer­nán­dez y R. Queimaliños