La decisión del juez Garzón de elab­o­rar un cen­so de desa­pare­ci­dos durante la Guer­ra Civ­il y el fran­quis­mo ha vuel­to a desa­tar la polémi­ca. El mag­istra­do ha pedi­do esta sem­ana a ayun­tamien­tos e insti­tu­ciones un lis­ta­do de las víc­ti­mas, cuyo número puede super­ar las 30.000.

En siete años se han exhuma­do ya más de un cen­te­nar de fos­as comunes. 

Todas las claves del requer­im­ien­to judi­cial, las reac­ciones y los prob­le­mas que supone, en 50 pre­gun­tas y respuestas.

1. ¿Qué ha pedido el juez Garzón? 

El juez de la Audi­en­cia Nacional Bal­tasar Garzón ha abier­to dili­gen­cias para requerir a diver­sas insti­tu­ciones lis­ta­dos y datos de los desa­pare­ci­dos durante la Guer­ra Civ­il y el franquismo.

2. ¿Cuántos desaparecidos hay?

Se desconoce el número exac­to, pero, en cualquier caso, dece­nas de miles. Las aso­cia­ciones para la Recu­peración de la Memo­ria Históri­ca cal­cu­lan en torno a los 30.000, si bien algu­nas fuentes ele­van esta cifra a 50.000. La inmen­sa may­oría fueron asesina­dos al comien­zo del con­flic­to, en el ver­a­no de 1936, y pertenecían al ban­do repub­li­cano (casi todos los muer­tos del otro ban­do, fueron exhuma­dos al con­cluir la guerra).

3. ¿Cómo ‘desaparecieron’?

Miles de hom­bres y mujeres civiles fueron ‘pasea­d­os’ has­ta zonas de cam­po donde eran eje­cu­ta­dos y enter­ra­dos luego en fos­as comunes, otros salían muer­tos de las cárce­les donde se encon­tra­ban pre­sos (en las «sacas») o eran fusila­dos directamente.

4. ¿A quién ha solicitado el juez Garzón los datos? 

El juez ha dirigi­do prov­i­den­cias a cua­tro ayun­tamien­tos (Madrid, Grana­da, Sevil­la y Cór­do­ba), a la Con­fer­en­cia Epis­co­pal Españo­la, a la Abadía Bene­dicti­na de la San­ta Cruz del Valle de los Caí­dos y a la Del­e­gación de Pat­ri­mo­nio Nacional en San Loren­zo del Esco­r­i­al, al Cen­tro Nacional de Memo­ria Históri­ca, al Archi­vo Gen­er­al de la Admin­is­tración, a la Direc­ción Gen­er­al de los Reg­istros y del Notari­a­do y a otros organismos.

5. ¿Con qué fin? 

Garzón pre­tende elab­o­rar un cen­so de desa­pare­ci­dos durante la Guer­ra Civ­il y el fran­quis­mo y deter­mi­nar si su juz­ga­do, el número 5 de la Audi­en­cia Nacional, es o no com­pe­tente para inves­ti­gar estos crímenes.

6. ¿Por qué Garzón?

Porque fue él quien esta­ba de guardia en su juz­ga­do cuan­do, el 14 de diciem­bre de 2006, un grupo de abo­ga­dos rep­re­sen­tantes de aso­cia­ciones para la Recu­peración de la Memo­ria Históri­ca y un diputa­do social­ista pre­sen­taron un total de ocho denun­cias en las que solic­ita­ban una inves­ti­gación sobre las desapari­ciones, asesinatos, tor­turas y exil­ios for­zosos cometi­dos des­de 1936, año en que comen­zó la Guer­ra Civil.

7. ¿Por qué se presentaron las denuncias en esa fecha? 

Ese mis­mo día se debatía en el Con­gre­so, por primera vez, la Ley de Memo­ria Históri­ca.

8. ¿Qué es la Ley de Memoria Histórica? 

Es la Ley, aproba­da final­mente por el Con­gre­so de los Diputa­dos el 31 de octubre de 2007, por la que se recono­cen y amplían dere­chos y se estable­cen medi­das en favor de quienes padecieron per­se­cu­ción o vio­len­cia durante la Guer­ra Civ­il y la dic­tadu­ra. El proyec­to de ley fue aproba­do por el Con­se­jo de Min­istros el 31 de junio de 2008, tras el com­pro­miso en ese sen­ti­do del pres­i­dente del Gob­ier­no, José Luis Rodríguez Zapatero.

La Ley, en con­tra de la cual votaron el Par­tido Pop­u­lar y Esquer­ra Repub­li­cana de Catalun­ya, incluye el reconocimien­to de las víc­ti­mas de ambos ban­dos durante la Guer­ra Civ­il, así como el de las vic­ti­mas de la dic­tadu­ra, y el dere­cho de éstas a obten­er una declaración de reparación y reconocimien­to personal.

Tam­bién con­tem­pla la aper­tu­ra de fos­as comunes en las que aún yacen los restos de los que fueron repre­sali­a­dos por los sub­l­e­va­dos, la reti­ra­da de los sím­bo­los fran­quis­tas de las vías públi­cas, la con­ce­sión de la nacional­i­dad españo­la a los hijos y nietos de los repub­li­canos exil­i­a­dos bajo la dic­tadu­ra y a los brigadis­tas inter­na­cionales, o la creación del Cen­tro Doc­u­men­tal de la Memo­ria Históri­ca.

9. ¿A qué hacen referencia las denuncias? 

A difer­entes casos ocur­ri­dos en Navar­ra, Balear­es, Canarias, Cataluña, Gali­cia, Andalucía y, de for­ma genéri­ca, a la desapari­ción de unas 30.000 per­sonas durante esa época.

10. ¿En qué se apoyan? 

Las denun­cias con­sid­er­an que cabe exi­gir al Esta­do español respon­s­abil­i­dades por estos hechos, en el mar­co de obliga­ciones de com­pen­sación y reparación que dic­ta la actu­al Ley de Memo­ria Históri­ca y por la vio­lación del Dere­cho Internacional.

11. ¿Cuál es la postura personal del juez Garzón? 

Tenien­do el históri­co auto que dic­tó con­tra el ex dic­ta­dor chileno Augus­to Pinochet como prin­ci­pal ref­er­en­cia, el juez de la Audi­en­cia Nacional es famoso por su activis­mo en con­tra de que que­den impunes los crímenes cometi­dos durante las dic­taduras, ya sea por el paso del tiem­po o por con­flic­tos deriva­dos de las juris­dic­ciones nacionales respectivas.

En una entre­vista a 20 min­u­tos, real­iza­da antes de la aprobación de la Ley de Memo­ria Históri­ca, Garzón declaró que «después de todo este tiem­po será difí­cil encon­trar respon­s­abil­i­dad penal, pero ten­emos que inten­tar estable­cer, al menos, un juicio históri­co claro de las vio­la­ciones masi­vas de los dere­chos fun­da­men­tales en la dic­tadu­ra. Con cer­rar los ojos no se olvi­dan los ciu­dadanos españoles que fueron asesina­dos, masacra­dos, mar­gin­a­dos y perseguidos».

12. ¿Cuánto tiempo tienen los denunciantes para aportar sus listas de desaparecidos?

Garzón dio el pasa­do martes a las aso­cia­ciones denun­ciantes un pla­zo de quince días para que aporten una «relación sis­temáti­ca de per­sonas desa­pare­ci­das y su ubi­cación». La Aso­ciación para la Recu­peración de la Memo­ria Históri­ca de Val­ladol­id ya ha anun­ci­a­do que va a remi­tir al juez Garzón 6.000 fichas de represaliados.

13. ¿Por qué tan poco tiempo? 

En su prov­i­den­cia, el juez expre­sa su inten­ción de obten­er los datos nece­sar­ios para dic­tar el auto en el que resolverá sobre su com­pe­ten­cia en el caso «con la may­or rapi­dez» posible.

14. ¿Qué deben presentar también los denunciantes? 

Las aso­cia­ciones per­son­adas en la causa ten­drán que apor­tar asimis­mo los datos que ten­gan sobre las per­sonas que estén real­izan­do actual­mente exhuma­ciones de víc­ti­mas, con el fin de que estas actua­ciones puedan ser con­tro­ladas por su juz­ga­do, «tan­to en su eje­cu­ción como en su resultado».

15. ¿Es la primera vez que el juez pide datos sobre los desaparecidos?

No. El pasa­do 23 de junio, y como paso pre­vio a su decisión, Garzón solic­itó al Min­is­te­rio de Defen­sa (tam­bién al de Inte­ri­or) un informe sobre estos desaparecidos.

16. ¿Ha respondido el Ministerio de Defensa?

Aún no. En este momen­to está elab­o­ran­do una respues­ta a una segun­da peti­ción, real­iza­da el 28 de agosto.

17. ¿Qué ha requerido el juez a la Conferencia Episcopal? 

Que todas las par­ro­quias de España per­mi­tan el acce­so a la Policía Judi­cial para que los agentes puedan iden­ti­ficar a posi­bles víc­ti­mas desaparecidas.

18. ¿Cuántas parroquias hay en España? 

22.827.

19. ¿Por qué pide esta información a la Iglesia? 

Las par­ro­quias guardan en sus libros de difun­tos infor­ma­ción que puede resul­tar clave a la hora de inves­ti­gar los nom­bres y otros datos de los desaparecidos.

20. ¿Cómo han respondido los obispos?

De momen­to, y aunque este viernes aún esta­ban estu­dian­do la prov­i­den­cia del juez Garzón para dar una respues­ta, fuentes de la Con­fer­en­cia Epis­co­pal han señal­a­do que ésta podría declararse incom­pe­tente a la hora de facil­i­tar el acce­so a los archivos de las par­ro­quias, ya que la últi­ma pal­abra la ten­drán las propias par­ro­quias o, en su caso, las difer­entes dióce­sis (hay 70 en total), que cuen­tan con autonomía decisoria. 

De este modo, podría ocur­rir que algunos obis­pos se negasen, lo que impediría la elab­o­ración de un cen­so com­ple­to. Por otra parte, las par­ro­quias cuen­tan con lis­ta­dos de fal­l­e­ci­dos, pero no de desaparecidos.

En cualquier caso, es prob­a­ble que el Epis­co­pa­do con­sidere que el cauce cor­rec­to es realizar un requer­im­ien­to con­cre­to a cada par­ro­quia u obis­pa­do, indi­can­do los datos per­son­ales de cada fal­l­e­ci­do Los obis­pos podrían debatir el tema en su primer comité ejec­u­ti­vo del nue­vo cur­so, que se cel­e­brará el próx­i­mo día 11.

21. ¿Puede negarse la Iglesia a facilitar la información requerida?

En el artícu­lo I de los Acuer­dos entre el Esta­do español y el Vat­i­cano (de 1979) se dice que «el Esta­do respe­ta y pro­tege la invi­o­la­bil­i­dad de los archivos, reg­istros y demás doc­u­men­tos pertenecientes a la Con­fer­en­cia Epis­co­pal Españo­la, a las Curias epis­co­pales, a las Curias de los supe­ri­ores may­ores de las Órdenes y Con­gre­ga­ciones reli­giosas, a las par­ro­quias y a otras insti­tu­ciones y enti­dades ecle­siás­ti­cas». Exper­tos en Dere­cho ecle­siás­ti­co con­sul­ta­dos por el diario Públi­co con­sid­er­an que, amparán­dose en esta leg­is­lación, la Igle­sia podría negarse a ced­er cualquier infor­ma­ción rel­a­ti­va a sus archivos.

22. ¿Qué ha solicitado a la Abadía del Valle de los Caídos?

El juez recla­ma, tan­to a esta insti­tu­ción como a la Del­e­gación del Pat­ri­mo­nio Nacional en San Loren­zo del Esco­r­i­al que le pro­por­cio­nen los nom­bres de las per­sonas que están enter­radas en este lugar.

23. ¿Qué registros hay allí? 

La abadía del Valle de los Caí­dos cuen­ta con un reg­istro de unos 34.000 fal­l­e­ci­dos, según el abad, Ansel­mo Álvarez, quien, no obstante, ha declar­a­do a la Cade­na Ser que todos ellos son muer­tos «durante la guer­ra o en acciones de guer­ra». El abad ase­guró asimis­mo que en la abadía no existe ningún lis­ta­do de fusila­dos durante la guer­ra civ­il y los primeros años de la dic­tadu­ra franquista.

24. ¿Qué deben aportar los ayuntamientos? 

Garzón ha pedi­do a los alcaldes de Grana­da, Cór­do­ba, Sevil­la y Madrid que le noti­fiquen el nom­bre, fecha y lugar de nacimien­to, res­i­den­cia y fil­iación de las per­sonas enter­radas en fos­as comunes de sus local­i­dades a par­tir del 17 de julio de 1936 y «como con­se­cuen­cia direc­ta del denom­i­na­do ‘alza­mien­to nacional’ y la situación de Guer­ra Civ­il que provocó y la pos­guer­ra bajo el manda­to del nue­vo rég­i­men en España». El requer­im­ien­to se refiere, conc­re­ta­mente, a los cemente­rios de San José, en Grana­da; Nues­tra Seño­ra de la Salud y San Rafael, en Cór­do­ba, y San Fer­nan­do, en Sevil­la. Fer­nan­do Magán, el abo­ga­do de la Aso­ciación para la Recu­peración de la Memo­ria Históri­ca, cal­cu­la que en el cemente­rio madrileño de La Almu­de­na hay datos de más de 3.000 fusila­dos, en libros fecha­dos entre 1939 y 1940.

25. ¿Cómo han respondido a la petición del juez? 

Los cua­tro alcaldes afec­ta­dos han expre­sa­do ya su inten­ción de colaborar.

El alcalde de Madrid, Alber­to Ruiz-Gal­lardón (PP), ha ase­gu­ra­do que el Ayun­tamien­to acatará «siem­pre» cualquier decisión judi­cial y que, por tan­to, cumplirá «en todos los tér­mi­nos» el requer­im­ien­to solic­i­ta­do por el juez Garzón.

La alcalde­sa de Cór­do­ba, Rosa Aguilar (IU), afir­mó que su Ayun­tamien­to colab­o­rará con el juez «en la medi­da de sus posi­bil­i­dades para ofre­cer aque­l­lo que se le requiera, que ten­ga y conoz­ca sobre los desa­pare­ci­dos en la Guer­ra Civ­il». Aguilar añadió que colab­o­rará «des­de la nor­mal­i­dad, la tran­quil­i­dad y un espíritu total de con­cor­dia», por lo que espera «que no se reabran heri­das a raíz de esta ini­cia­ti­va», ya que, «es nor­mal que cualquier famil­iar de una per­sona desa­pare­ci­da quiera encon­trar­lo para poder enterrarlo».

El Ayun­tamien­to de Sevil­la (PSOE), a través de su Archi­vo Históri­co, ha empeza­do ya a inves­ti­gar y a recabar los datos de repre­sali­a­dos en la ciu­dad (se cal­cu­la que fueron unos 8.000).

En Grana­da, tan­to el Gob­ier­no munic­i­pal (PP) como la Uni­ver­si­dad (insti­tu­ción a la que tam­bién se han pedi­do datos) se han mostra­do asimis­mo dis­puestos a colab­o­rar. El inves­ti­gador de la Uni­ver­si­dad de Grana­da Rafael Gil Bracero tiene ya una lista con unos 4.000 fal­l­e­ci­dos iden­ti­fi­ca­dos (cal­cu­la que el total puede ascen­der a 10.000), y ha elab­o­ra­do un mapa con más de 80 fos­as comunes de Granada.

26. ¿Qué se ha pedido al Archivo General de la Administración?

Que emi­ta un informe o iden­ti­fique el organ­is­mo que pue­da dic­t­a­m­i­nar sobre la cifra de desaparecidos.

27. ¿Y al Centro Documental de Memoria Histórica? 

El juez quiere que le facilite todos los ficheros que posea ref­er­entes al Tri­bunal Espe­cial para la Repre­sión de la Mason­ería y el Comu­nis­mo.

28. ¿Quién apoya la decisión de Garzón?

• Las aso­cia­ciones para la Recu­peración de la Memo­ria Históri­ca y la Fed­eración de Aso­cia­ciones de Foros de la Memo­ria, que colab­o­rarán con el juez, al tiem­po que denun­cian el hecho de que has­ta aho­ra los juz­ga­dos hayan resuel­to que los crímenes denun­ci­a­dos han pre­scrito. Recuer­dan que «el fran­quis­mo no es un rég­i­men que abar­có exclu­si­va­mente los años 30 ó 40 del siglo XX, sino que se extiende legal­mente y en sus efec­tos al menos has­ta las primeras elec­ciones democráti­cas de 1977, e inclu­so has­ta la pro­mul­gación de la Con­sti­tu­ción de 1978». Añaden que «en 2008 es inex­cus­able que las fuerzas políti­cas y el con­jun­to de la sociedad españo­la se planteen la nul­i­dad de la sinies­tra Ley de Amnistía de 1977, una aber­ración en tér­mi­nos de Dere­chos Humanos y Dere­cho Penal Inter­na­cional, que con­vierte a nue­stro país en un oasis de impunidad».
• Amnistía Inter­na­cional , que con­sid­era la decisión judi­cial «un paso más para que las víc­ti­mas puedan ten­er acce­so a la ver­dad, la jus­ti­cia y la reparación».
• El pres­i­dente del Con­gre­so, José Bono («es algo jus­to, líc­i­to y com­pren­si­ble»), y la sec­re­taria de Orga­ni­zación del PSOE, Leire Pajín («una decisión lóg­i­ca y de jus­ti­cia para hon­rar a los muer­tos»). Tam­bién el pres­i­dente de la Jun­ta de Extremadu­ra, Juan Car­los Rodríguez Ibar­ra, si bien éste crit­icó a Garzón por «quer­er ir a por el Nobel».
• El vices­ec­re­tario gen­er­al del PP, Este­ban González Pons («las famil­ias de los desa­pare­ci­dos tienen todo el dere­cho del mun­do a saber dónde están y a que la Admin­is­tración les ayude a encontrarlo»).
• Izquier­da Uni­da y enti­dades y par­tidos de izquier­da como ERC, ICV o la Fun­dación Pere Ardía­ca (del Par­tido de los Comu­nistas de Cataluña).

29. ¿Qué dice el Gobierno?

El pres­i­dente, José Luis Rodríguez Zap­a­tero, señaló que la ini­cia­ti­va de Garzón «merece el respeto» del Gob­ier­no, pero añadió que «lo más pru­dente es no realizar valoraciones».

El min­istro del Inte­ri­or, Alfre­do Pérez Rubal­ca­ba, cal­i­ficó la decisión de «sen­sa­ta» y dijo no enten­der que pue­da «molestar» a nadie. No opinó sobre la via­bil­i­dad del pro­ced­imien­to penal.

Para el min­istro de Jus­ti­cia, Mar­i­ano Fer­nán­dez Berme­jo, la decisión judi­cial es «una bue­na for­ma de pon­er las cosas en su sitio» que «con­tará con todo el apoyo que se merece» por parte de su departamento.

30. ¿Qué críticas ha recibido la decisión y de quién?

La ini­cia­ti­va de Garzón ha sido crit­i­ca­da por diver­sas aso­cia­ciones de jue­ces, como la Aso­ciación Pro­fe­sion­al de la Mag­i­s­tratu­ra, para la que el obje­ti­vo de las inves­ti­ga­ciones penales no es abrir causas gen­erales, y que ha lle­ga­do a pedir a la Fis­calía que recur­ra la prov­i­den­cia del juez; la Aso­ciación de Jue­ces y Mag­istra­dos Fran­cis­co de Vito­ria, o Jue­ces para la Democ­ra­cia, que cree que el cen­so debería hac­er­lo el Gob­ier­no y no medi­ante un pro­ce­so judi­cial, y ase­gu­ra que la decisión judi­cial tiene «poco futuro».

Des­de el PP, su pres­i­dente, Mar­i­ano Rajoy , dijo que no es par­tidario de «reabrir las heri­das del pasa­do, porque no con­duce a nada». El eurodiputa­do Jaime May­or Ore­ja cal­i­ficó la decisión de Garzón de «dis­parate» y el fun­dador del par­tido, Manuel Fra­ga, ha indi­ca­do que «del otro lado hubo muchas más barrabasadas».

Difer­entes juris­tas han señal­a­do que la prov­i­den­cia olvi­da los acuer­dos Igle­sia-Esta­do, y se pre­gun­tan tam­bién a quién puede acusar el juez Garzón.

31. ¿Qué problemas jurídicos puede haber? 

Por un lado, la decisión puede verse afec­ta­da por la Ley de Amnistía de 1979, si bien algunos exper­tos, como el abo­ga­do de las aso­cia­ciones para la Recu­peración de la Memo­ria, Fer­nan­do Magán, con­sid­er­an que esa nor­ma es pre­con­sti­tu­cional, que fue crea­da para la reha­bil­itación de pre­sos políti­cos y que el tiem­po la ha inval­i­da­do. Por otra parte, los juz­ga­dos han rec­haz­a­do has­ta aho­ra las denun­cias pre­sen­tadas ale­gan­do la pre­scrip­ción de los deli­tos. El hecho de que durante la Tran­si­ción no existiera una rup­tura legal ha hecho que, por ejem­p­lo, y según infor­mó El País, la sala de lo Mil­i­tar del Tri­bunal Supre­mo haya rec­haz­a­do sis­temáti­ca­mente la revisión de juicios sumarísi­mos del fran­quis­mo, real­iza­dos sin garan­tía legal, porque con­sid­era que se lle­varon a cabo según la legal­i­dad vigente y por tan­to son legítimos.

32. ¿Cuáles son los problemas técnicos?

La elab­o­ración de un cen­so como el que pre­tende realizar Garzón puede lle­var años, ya que no existe ningún organ­is­mo públi­co que ten­ga un cen­so de desa­pare­ci­dos en toda España. Roge­lio Blan­co, direc­tor Gen­er­al del Libro de Archivos y Bib­liote­cas del Min­is­te­rio de Cul­tura, señaló al diario El País que «el Fichero Gen­er­al con­tiene tres mil­lones de fichas de nom­bres de per­sonas que sufrieron la repre­sión, pero toda esa infor­ma­ción no está informa­ti­za­da, está sin tratar y, además, está real­iza­da con fines repre­sores, no archiveros, por policías, no por pro­fe­sion­ales, por lo que ten­dría que ser contrastada».

33. ¿Tiene el Gobierno algún registro de desaparecidos del franquismo? 

No. Pese a que el juez Garzón lo ha requeri­do, en la actu­al­i­dad no existe un informe glob­al ni de desa­pare­ci­dos ni de fos­as comunes.

34. ¿Hay algún censo oficial? 

Has­ta aho­ra, sólo las comu­nidades de Andalucía y Cataluña han comen­za­do a elab­o­rar un mapa de fos­as comunes en sus ter­ri­to­rios, en proyec­tos que incluyen tam­bién la inves­ti­gación sobre desa­pare­ci­dos. La Gen­er­al­i­tat ha iden­ti­fi­ca­do 179 fos­as de la Guer­ra Civ­il y 2.171 desa­pare­ci­dos. La Jun­ta de Andalucía inten­ta localizar a cer­ca de 10.000 víc­ti­mas en unos 300 enterramientos.

35. ¿Cuánto dinero costaría encontrar a todos los desaparecidos? 

Suponien­do que los costes de las exhuma­ciones real­izadas has­ta aho­ra no varíen, y que el total de desa­pare­ci­dos ascien­da has­ta 50.000 per­sonas, las labores para desen­ter­rar­los e iden­ti­fi­car­los a todos podrían costar unos 60 mil­lones de euros.

36. ¿Quién los está buscando actualmente? 

Pese a que la Ley de Memo­ria Históri­ca obliga al Gob­ier­no a realizar un mapa de fos­as comunes, has­ta aho­ra, y sal­vo algu­nas excep­ciones de ayun­tamien­tos ais­la­dos y las dos comu­nidades autóno­mas men­cionadas, las exhuma­ciones las han venido real­izan­do enti­dades pri­vadas y ONG como el Foro por la Memo­ria y la Aso­ciación para la Recu­peración de la Memo­ria Histórica.

37. ¿Cuándo se empezaron a exhumar las primeras fosas? 

Aunque la búsque­da y los desen­ter­ramien­tos empezaron a realizarse de un modo más sis­temáti­co a finales de los años noven­ta, el conocimien­to por parte de los veci­nos de los emplaza­mien­tos de muchas fos­as comunes per­mi­tió lle­var a cabo exhuma­ciones mucho antes, sobre todo en los munici­p­ios donde, con la democ­ra­cia, lle­garon al poder par­tidos de izquier­da. En 1979, por ejem­p­lo, por ini­cia­ti­va de un alcalde, los restos de cin­co desa­pare­ci­dos de Tor­re­sandi­no (Bur­gos) se exhumaron de una fosa común en un monte de un pueblo cer­cano, La Horra.

38. ¿Cuántas fosas comunes se han localizado y dónde?

La Aso­ciación para la Recu­peración de la Memo­ria Históri­ca lle­va exhumadas en algo más de siete años 110 fos­as comunes y local­izadas alrede­dor de 300, gra­cias a la recla­mación de famil­iares y veci­nos de las víc­ti­mas. Casi la mitad de estos enter­ramien­tos se encuen­tran en Castil­la y León, prin­ci­pal­mente en las provin­cias de Bur­gos y León.

39. ¿Cuántos muertos se han encontrado hasta ahora? 

En torno al millar.

40. ¿En qué estado se encuentra la Ley de Memoria Histórica? 

Ocho meses después de su aprobación, la Ley ape­nas ha sido desar­rol­la­da aún por el Gobierno.

41. ¿Qué se ha hecho ya? 

El Min­is­te­rio de Jus­ti­cia ha con­clu­i­do la redac­ción del reglamen­to que desar­rol­lará el pun­to de la ley por el que se creará una declaración solemne de reparación y reconocimien­to per­son­al para las víc­ti­mas. Este reconocimien­to ofi­cial no impli­ca, sin embar­go, la nul­i­dad de las con­de­nas dic­tadas durante el fran­quis­mo ni com­pen­sación económi­ca alguna.

42. ¿Ha pedido ya alguien este reconocimiento?

Jus­ti­cia ase­gu­ra que lo han solic­i­ta­do ya 90 per­sonas, según infor­mó El País.

43. ¿Qué se le ha criticado a la ley?

El PP y los medios de comu­ni­cación más con­ser­vadores están en con­tra porque con­sid­er­an que la Ley «abre vie­jas heridas». 

Par­tidos políti­cos como IU, ERC o ICV, así como las aso­cia­ciones por la Recu­peración de la Memo­ria Históri­ca, la han crit­i­ca­do tam­bién, por su parte, por ser demasi­a­do «tib­ia» e «insat­is­fac­to­ria». IU lamen­tó en su día la «fal­ta de valen­tía» del Ejec­u­ti­vo, al apro­bar una ley que, «para evi­tar la con­frontación con la derecha, no cumple las expec­ta­ti­vas de los repub­li­canos ni de los antifranquistas».

44. ¿Cómo la defendió el Ejecutivo? 

El Gob­ier­no destacó que la Ley «ayu­da a cica­trizar sin reabrir, con­tribuye a sumar y no a dividir y per­mite cer­rar con hon­or para todos un capí­tu­lo trági­co de la historia».

45. ¿Qué dijo Amnistía Internacional? 

Cal­i­ficó la Ley de Memo­ria Históri­ca como «decep­cio­nante», ya que «se ale­ja de las nor­mas inter­na­cionales de dere­chos humanos, olvi­da la jus­ti­cia, no repara ade­cuada­mente a las víc­ti­mas y no avan­za de man­era sus­tan­cial en la búsque­da de la verdad».

46. ¿Ha habido alguna condena oficial al franquismo en España? 

Sí. El 20 de noviem­bre de 2002, en el 27 aniver­sario de la muerte de Fran­co, y con José María Aznar (PP) como pres­i­dente del Gob­ier­no, todos los gru­pos del Con­gre­so acor­daron por una­n­im­i­dad la primera y, has­ta la fecha, úni­ca con­de­na ofi­cial al fran­quis­mo en el Par­la­men­to. La res­olu­ción incluyó el reconocimien­to moral de las víc­ti­mas de la Guer­ra Civ­il y del fran­quis­mo, y en ella se insta­ba al Gob­ier­no a pon­er en mar­cha de for­ma urgente una políti­ca de pro­tec­ción económi­ca y social de los exiliados.

47. ¿Y en Europa? 

Coin­ci­di­en­do con el 70 aniver­sario del golpe de Esta­do que des­en­ca­denó la Guer­ra Civ­il, en julio de 2006 el Par­la­men­to Europeo con­denó por primera vez en la his­to­ria el fran­quis­mo. Fue durante un debate en el que par­tic­i­paron los jefes de los dis­tin­tos gru­pos políti­cos y en el que se dejó con­stan­cia de que «Europa dejó solos a los españoles».

48. ¿Cuántas personas murieron en la Guerra Civil? 

El número total de muer­tos durante la con­tien­da (1936–1939) sigue suje­to a una gran polémi­ca. No obstante, son muchas las fuentes que lo sitúan entre 500.000 y 800.000. Una gran can­ti­dad de estas víc­ti­mas fueron, en cualquier caso, civiles asesina­dos en las reta­guardias de ambos ban­dos (unos 40.000 en la de la zona repub­li­cana, según el juicio fran­quista pos­te­ri­or a la guer­ra, y unos 100.000 en la de la zona franquista).

49. ¿Cuántas murieron durante la represión posterior? 

Tam­poco aquí hay con­sen­so. La cifra podría lle­gar has­ta las 40.000 personas.

50. ¿Qué eco ha tenido la decisión de Garzón en la prensa internacional? 

La decisión judi­cial ha ocu­pa­do un gran espa­cio en muchos de los prin­ci­pales diar­ios del mun­do. En Fran­cia, el diario Lib­er­a­tion tit­uló: «El fin de los tabúes judi­ciales sobre las atro­ci­dades del fran­quis­mo», y Le Monde se pre­gunt­a­ba si «más de seten­ta años después la jus­ti­cia españo­la podrá hac­er la luz sobre las exac­ciones (cobros injus­tos y vio­len­tos) del rég­i­men fran­quista». El diario británi­co The Guardian destacó que «un juez tra­ta de aclarar el des­ti­no de las víc­ti­mas de Fran­co» y, en EE UU, The New York Times indi­ca­ba en su cróni­ca que «en los dos ban­dos se cometieron atro­ci­dades, pero gen­eral­mente se con­sid­era que los fascis­tas vic­to­riosos de Fran­co fueron respon­s­ables de la may­or parte».